Tres organizaciones sociales de la región de Aysén presentaron el pasado 15 de febrero un requerimiento de participación ciudadana en la evaluación de las declaraciones de impacto ambiental, correspondientes a nuevas prospecciones mineras en las comunas de Río Ibáñez, Lago Verde, y Coyhaique.
El proyecto Terrazas de la compañía Red Hill busca instalar 101 plataformas de exploración en las cercanías de Puerto Ibáñez. Mientras, Minera El Toqui pretende crear 97 en Villa Amengual, bajo la prospección Santa Teresa, y cien en Rodeo Los Palos con su proyecto Katterfeld.
La solicitud de las organizaciones fue rechazada por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén, bajo el argumento de que no existen cargas ambientales por parte de los proyectos, lo que quiere decir que no generan “beneficios sociales” para la comunidad.
Según el reglamento del SEA, se entiende por beneficios sociales cualquier proyecto o actividad que cubra necesidades básicas de la comunidad, tales como planes de saneamiento, agua potable o energía. A pesar de que las mineras podrían generar nuevos empleos o provocar crecimiento económico, estos factores no son considerados en el reglamento para justificar la participación ciudadana.
Patricio Segura, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, indicó que esta decisión los tiene muy decepcionados, ya que demuestra que las autoridades están pensando en pro de las empresas y la minería.
Además, manifestó que “el Estado debería tener una postura mucho más proactiva respecto a que la ciudadanía se involucre en este tipo de iniciativas” para que puedan informarse, pues muchas veces se pone en riesgo su entorno y la biodiversidad de las zonas.
La participación ciudadana en declaraciones o estudios de impacto ambiental fue establecida por la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tiene como objetivo que las personas pueden informarse, opinar y generar observaciones.
Para Miriam Chible, de la Corporación Costa Carrera, este rechazo es una oportunidad para hacer un cambio en la legislación, pues no deberían existir reparos para incluir a la comunidad en el proceso de evaluación ambiental.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, el director regional, Claudio Aguirre, dijo que no puede opinar sobre el tema y que las razones del rechazo ya fueron entregadas en los oficios de resolución. Ahora las organizaciones están a la espera de la respuesta al recurso de reposición que presentaron para revocar el fallo.
Falta de interés municipal
Además de la participación ciudadana, la ley de Bases Generales de Medio Ambiente establece que se debe solicitar a las municipalidades y los gobiernos regionales su pronunciamiento en las evaluaciones de los proyectos que puedan influir en su área cercana. Esto tiene como fin que las autoridades puedan revisar si las actividades se relacionan o no con sus planes de desarrollo comunal.
A pesar de esta posibilidad, la municipalidad de Lago Verde, a cargo del alcalde UDI Nelson Opazo, no se pronunció ante la declaración de impacto ambiental de la prospección Santa Teresa que se instalará en la comuna. Lo mismo ocurrió con la municipalidad de Río Ibáñez, encabezada por el alcalde UDI Marcelo Santana, quienes no participaron en la evaluación del proyecto Terrazas, de la Compañía Red Hill.
En el caso de la prospección Katterfeld en Coyhaique, el municipio del alcalde PS Alejandro Huala sí hizo observaciones, indicando que “el proyecto no se relaciona directamente, desde el punto de vista ambiental, con los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal”.
El alcalde indicó que tienen mucho interés de participar en estars instancias, ya que los proyectos pueden generar daño en el sector. Además, señaló que su Plan de Desarrollo Comunal tiene como foco hacer crecer a la comuna en base a la actividad turística y no con la minería.
Sobre la nula participación de los municipios de Río Ibáñez y Lago Verde, Alejandro Huala dijo que no cree que exista desinterés por parte de las autoridades, sino que lo asocia a los pocos recursos que estos lugares tienen para realizar análisis técnicos en los proyectos que están en evaluación.
Este es el primer paso para la aplicación de la consulta popular que prohíbe la minería metálica en estas zonas. Las coordenadas aún no están claras.
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