El defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otárola, sostuvo que cerca de 37 mil menores de edad se encuentran en condición de desnutrición en varios municipios del departamento de La Guajira, ubicado en el extremo norte del país.
La información la dio a conocer en entrevista con RCN La Radio. Según explicó, la cifra forma parte de un informe entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Otárola advirtió también que si bien el número de menores fallecidos este año por desnutrición, según fuentes oficiales, es de 44, existe un “subregistro” que no se conoce y que llevaría a pensar que se trataría de una cantidad mayor.



Igual que la población mexicana, también la madre tierra sangra, porque el terrorismo contra los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, los estudiantes y los pobres en general, lo mismo se aplica a ella. A los primeros se les amenaza, encarcela, golpea, asesina o desaparece, mientras a la segunda se le extrae el agua que es la sangre que la alimenta y nos alimenta; se le contamina con los químicos que a diario se le arrojan y se le extraen los minerales, que es como extraerle los órganos que le dan vida. Eso me expresa un campesino como justificación de su oposición y la de sus compañeros a que en el territorio de su pueblo se construyan presas hidroeléctricas, se instalen las empresas mineras para extraer el oro; las petroleras que buscan hacerse del petróleo después que diputados y senadores modificaron la Constitución para que ya no haya prohibición de que las empresas privadas se apoderen de él.
Operaciones militares desarrolladas por la Tercera Brigada del Ejército Nacional en coordinación con el CTI, permitieron en las últimas horas golpear la minería ilegal en el norte del departamento del Cauca con la destrucción de una máquina retroexcavadora y la incautación de otras tres, dos motobombas y una trituradora clasificadora de oro.
La disputa por el agua en las áreas mineras entre comunidades e industria comenzó a evidenciarse, a través de conflictos sociales alertó el investigador de la Universidad de Sonora (Unison), Miguel Rangel Medina. Explicó que la cada vez más difícil disponibilidad de agua generó la competencia entre la actividad minera y las comunidades y poblaciones cercanas. Rangel Medina, profesor-investigador del Departamento de Geología de la Unison señaló que el cuidado del agua y del medio ambiente, así como las relaciones con la comunidad van de la mano en la minería. Consideró urgente la atención a estos temas por parte de especialistas, como geólogos, a fin de encontrar las soluciones más adecuadas en esos tres puntos que son el agua, el medio ambiente y las comunidades. Los profesionales de la geología que opten por desempeñarse en el campo de la minería, deberán enfrentar retos y actuar ante situaciones como extraer agua en zonas inundadas de una mina o bien una contingencia lluvias y escurrimientos extremos, anotó.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total temporal las actividades de beneficio de minerales de cobre que lleva a cabo la Minera Río Tinto en el Rosario, Chihuahua. La dependencia informó en un comunicado que esta acción obedece al hecho de que la empresa carece de autorización de impacto ambiental vigente emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Recordó que la empresa amparaba su actividad con una autorización de impacto ambiental que le fue otorgada en septiembre de 2008, con una vigencia de cinco años, sin embargo, continuó operando a pesar de que ese permiso ya no tenía vigencia.