Leticia Ánimas Vargas
Jueves, Enero 30, 2014
Plantean ante Segob, Economía y Semarnat frenar los proyectos mineros e hidroeléctricos en el país.
Huauchinango, Pue.- Frenar su política de exterminio “para no dar un tiro de gracia al país” al desarrollar la industria minera y la cancelación de las más de 90 concesiones otorgadas en la Sierra Norte de Puebla, fueron las demandas presentada por Tetela Hacia el Futuro y la Asamblea del Territorio a funcionarios del gobierno federal.
PRONUNCIAMIENTO
DENUNCIAMOS CAMPAÑA PÚBLICA PARA DESLEGITIMAR ACTIVIDADES DE DEFENSORES E INSTITUCIONES
DE DERECHOS HUMANOS, AMBIENTALES Y DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE A NIVEL NACIONAL
La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:
El senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga, dijo que en el estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)de Uruguya, se establece que se utilizará una sustancia llamada poliacrilamida en cantidades de hasta 1.700 toneladas diarias. La poliacrilamida contiene acrilamida y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha catalogado a esta sustancia como «probablemente carcinógeno para los humanos». A su vez, la Agencia de Protección de Ambiente de Estados Unidos (EPA) señala que la «exposición repetida a la acrilamida es probable que cause cáncer en humanos.» La Unión Europea la tiene catalogada como cancerígeno «categoría 2» (sustancia que debe ser tratada como si fuera carcinógena en humanos).
EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.