El presidente uruguayo, José Mujica, admitió ayer que la instalación de la minera Aratirí es una cuestión para el próximo gobierno y que el proyecto se enfrió luego de muchas idas y venidas, dijeron miembros de la Asociación Rural al diario El País. El proyecto es muy cuestionado por amplios sectores del campo y la ciudad y motivó masivas movilizaciones.
Mujica confesó ayer ante miembros de la ARU que hace falta más análisis antes de otorgar los permisos a la empresa, que esperaba invertir más de 3.000 millones de dólares en el emprendimiento.
El presidente se presentó en un almuerzo invitado por la gremial y se espera que el sábado sea orador en el cierre de la Expo Prado. Allí hablará en público de Aratirí.
Con los votos de la bancada frenteamplista, la Cámara de Diputados se encamina a derogar los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó que prohibieron la explotación minera metalífera de gran porte en su territorio y declararon reserva ambiental a toda la zona rural del departamento.
El fiscal Enrique Viana presentará una medida cautelar que impida que hasta tanto la Suprema Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de minería, para el caso particular, no se firme el contrato con Aratirí.
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a autoridades municipales y al grupo de ciudadanos que se oponen a los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó, por los que se declara prohibida la explotación minera metalífera de gran porte y se declara reserva ambiental a toda la zona rural del referido departamento.
Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo, volvieron a marchar este viernes por sexto año consecutivo por el Centro contra el proyecto minero Aratirí.
La firma de origen indio Zamin Ferrous (Aratirí) tendrá 12 meses desde el momento en que firme el contrato con el Poder Ejecutivo para extraer hierro de la zona de Valentines (Treinta y Tres) y demostrar su capacidad financiera. Primero, y antes de que se cumplan seis meses de ese acuerdo, la empresa extranjera tendrá que mostrarle al gobierno cuál es su capital propio y, a su vez, qué porcentaje de la inversión representa ese monto. Luego, en el plazo de un año, tendrá que completar la información de su espalda financiera, ya sea con préstamos o líneas de crédito. Si cumplido ese plazo Aratirí no cumple con la exigencia establecida en la ley de minería de gran porte, el contrato cae. El escenario, entonces, se abre para que se licite el derecho de explotación, o bien el Estado decida entrar al negocio. Para eso, se deberá crear una empresa o un ente.
La campaña lanzada por el Movimiento Uruguay Libre para la realización de un plebiscito nacional que prohiba la minería metalífera a cielo abierto ha puesto en evidencia la preocupación existente en la población por los efectos económicos, sociales y ambientales de este tipo de proyectos. Se reafirma así la necesidad de una información amplia y confiable, así como de una instancia de participación democrática donde el pueblo decida si este es el futuro deseado.
PERFIL: Nació hace cincuenta y cuatro años en Montevideo, en el barrio La Comercial, donde vivió casi toda su vida y ahora vive en Cordón. Es casado y tiene una hija. Estudió Medicina pero, como trabajaba en el tema de militancia ambiental, terminó haciendo unos cursos con los franciscanos sobre Ecología Social.
Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que «sin garantías suficientes» el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener «ni la experiencia ni el capital» para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay «le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica», señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: «la minería puede ser un gran negocio en Uruguay» pero no «para Uruguay».
Los cálculos oficiales de recaudación estatal por la extracción del hierro de Valentines, en lugar de los us$400 millones anuales anunciados, no superará los us$260 millones anuales y seguramente será mucho menor. Los cálculos oficiales son erróneos porque no tiene en cuenta las deducciones del impuesto a la renta, la facturación del proyecto valúa los precios del mineral puesto en China, sin descontar el flete y el seguro de la carga, que significa una reducción del 30% en la facturación y computa un Canon de Producción del 5% del valor del mineral exportado, cuando la porción correspondiente al estado es de 3%.