Nosotros(as), representantes del Centro Alexander von Humboldt, tenemos a bien pronunciarnos EN APOYO a los líderes y lideresas de las comunidades del Municipio de Rancho Grande, instituciones, Iglesias, y las organizaciones de sociedad civil locales, en vista del proceso concesionario que está suscitando en el Municipio por el Proyecto “El Pavón”.
CONSIDERANDO QUE:
I
Desde el 2004, el proceso de obtención de la concesión minera en el Municipio de Rancho Grande ha sido viciado e ilegal, ya que desde sus inicios la empresa obtuvo un permiso ambiental para la exploración de la zona sin haber realizado Consulta Pública del Estudio de Impacto Ambiental, ni mucho menos haber contado con el Aval de Opinión de la Municipalidad de Rancho Grande y por ende, sin contar con el consentimiento previo e informado de las comunidades.
II
El proyecto minero “El Pavón”, como toda actividad extractiva, no es segura, lo único seguro son sus riegos ambientales y sociales. Cada una de sus fases contempla una serie de impactos inminentes, con consecuencias permanentes de corto, mediano y largo plazo, que están ligadas inevitablemente con el fin de la empresa, que es extraer cuanto más oro y plata sea posible. Iniciando por la tala rasa de bosques, la destrucción de los cerros y montañas que le dan el clima adecuado a la zona para el desarrollo de los cultivos locales, reducción del caudal de los ríos, dejando a las comunidades aledañas a la zonas de explotación, sin el recurso hídrico y sin el suelo fértil que es vital para su desarrollo económico y humano. Existen además, procesos asociadas este proyecto, para el procesamiento del mineral aurífero, para la cual hacen uso de cianuro, una sustancia altamente tóxica, y fácil de combinarse con los minerales y sustancias presentes en el medio, dispersando así fácilmente a través de los suelos y ríos, deteriorando la calidad del ambiente de otros Municipios del país.
III
La actividad minera en el Municipio de Rancho Grande representa una amenaza a los medios de vida de su población, quienes por años se han dedicado a la agricultura, y a la vez, una violación a su derecho constitucional de vivir en un ambiente sano. La minería cambia drásticamente los ecosistemas locales, lo que representa cambios irreversibles en la calidad del ambiente de un municipio, donde el clima, el suelo y el recurso hídrico son de los principales factores que definen su producción y por ende, son la base de su economía.
V
Nuestra organización no está en contra del progreso económico y social de los Municipios, por el contrario, promueve acciones conjuntas con los principales actores locales para mejorar la organización, capacidades y la producción que en definitiva contribuyen al desarrollo sostenible de sus comunidades. Pero sí estamos en contra de la destrucción de los recursos naturales por una actividad que no deja ningún tipo de beneficio económico ni social, sobre todo considerando que Nicaragua es un país altamente dependiente de sus recursos naturales, puesto que son el sustento directo de las poblaciones rurales y urbanas de nuestro país; cualquier proyecto que amenace con la destrucción del medio ambiente, incumpla con la legislación nacional, y con los derechos constitucionales de vivir en un ambiente sano, será un proyecto que no consideraremos ni económica, ni social, ni ambientalmente viable ni sostenible en el tiempo.
POR TANTO,
1. Apoyamos a los líderes, lideresas de las comunidades, Iglesias, y organizaciones de sociedad civil a nivel local, que han sumado esfuerzos desde hace años para continuar realizando acciones masivas en defensa de sus recursos naturales y sus comunidades, como la Marcha en contra de la Minería en Rancho Grande en la que hacemos presencia el día de hoy.
2. Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que, no siga los modelos extractivistas de otros países, que nuestra nación no siga dependiendo del avance tecnológico de las empresas transnacionales, donde los países que tienen los recursos (mineros, petroleros o madereros) se quedan con los impactos ambientales, sociales y un mínimo de impuestos, mientras las grandes empresas mineras como la B2Gold, se quedan con todo el recurso más el valor agregado del procesamiento de los mismos.
3. Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que, cambie sus políticas públicas, que en vez de ir encaminadas a promover la inversión extranjera directa, se
enfoque en fomentar el desarrollo local, mejorar las capacidades de los(as) productores(as) de nuestros Municipios, para ser más productivos, para dar
valor agregado a sus productos y que éstos llenen los estándares internacionales para realmente alcanzar los mercados globales de donde nos hemos quedado rezagados como país; que nos capacitemos y desarrollemos tecnológicamente como país, aprovechando eficientemente y de manera sostenible nuestros recursos naturales para el beneficio de las comunidades locales y el país en su conjunto, no dejando que el poder y la capacidad económica de las empresas faciliten que nuestro país sea saqueado sin nuestro consentimiento.
4. Instamos a las instituciones del Estado a que continúen su lucha coordinada con la población, y los distintos actores de su sociedad civil organizada, para evitar que proyectos que atentan contra los derechos humanos y contra la sostenibilidad de un Municipio que por años ha subsistido por sus propios
medios, no ingresen ni inicien operaciones de explotación ni ahora ni en los próximos años.
Dado en la ciudad de Matagalpa, a los 10 días del mes de Octubre del 2013.