Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
Los conflictos socioambientales producto de la vulneración de derechos por la imposición de la minería se multiplican por todo el país. Los dirigentes son criminalizados. Y el problema amenaza agravarse: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha anunciado inversiones por 41 mil millones de dólares en minería para los próximos diez años.
Dos tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera, incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal extractivista.
El 4 y 5 de diciembre de 2012, los jefes y representantes de las comunidades de los pueblos yanesha, asháninka, y shipibo de la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, realizaron su 19 Congreso Anual 2012, donde plantearon su rechazo unánime a las actividades de minería ilegal.
Por Marco Arana Zegarra*
La producción de plata de la minera peruana Volcan, la cuarta mayor productora mundial del metal, crecerá un 40% el próximo año a 30,000,000 de onzas como parte de la ampliación de sus unidades, dijo este sábado la compañía.
Un proyecto de ley remitido el 12 de diciembre al Congreso de la República busca fortalecer la fiscalización ambiental y plantea elevar las multas a las empresas que cometan infracciones ambientales de 10 000 UIT (S/. 36.5 millones) a 30 000 UIT (S/. 109.5 millones) para las faltas muy graves.
El cargamento de 10,000 toneladas métricas de concentrado de cobre partió el miércoles del terminal portuario con destino a China.
La Defensoría del Pueblo señala que 168 de ellos están activos y 62 en estado latente. Solo en el mes pasado registraron seis nuevos problemas ambientales.