22-02-2017
ENTREVISTA. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se enfoca en la simplificación administrativa del sector. Confía en que al menos tres mineras retomen sus operaciones.

En un panorama de inversión minera en el que los megaproyectos han cumplido su ciclo, el despacho de Energía y Minas busca recuperar la confianza de los inversionistas y la ciudadanía, apunta su titular, Gonzalo Tamayo. Como ya lo ha anunciado desde su llegada al ministerio, dos son los aspectos que Tamayo apunta a solucionar: la reducción de costos administrativos y la gestión de conflictos sociales.

Esta semana, Tamayo y una delegación de otros funcionarios, que incluyen al primer ministro Fernando Zavala, se alistan para asistir a la Conferencia del PDAC (Prospectors&Developers Association of Canada), uno de los eventos de promoción minera más importantes del mundo que se realiza usualmente en marzo. Este año, al igual que el anterior, el Perú es nuevamente país patrocinador. Tras un 2016 que dejó una mejora considerable de los precios de los metales, la expectativa está en ver un PDAC más optimista, pues la asistencia a este evento ha caído consistentemente desde el 2014.

En esta entrevista, el ministro Tamayo detalla el estado de algunos proyectos mineros que liderarían la reactivación del sector hacia el 2018, las primeras simplificaciones administrativas que realizará y su visión de los fundamentos que respaldan la recuperación del precio del cobre, un metal que el Perú produjo por delante de China, por primera vez, en el 2016.
Ya ha anunciado que su expectativa para la reactivación minera está en el 2018. ¿A cuánto ascendería la inversión de esa reactivación?

Prefiero no dar números ahora. Lo que estamos viendo es que durante este 2017 y el próximo año hay un conjunto de proyectos mineros medianos en curso. Esperamos que haya decisiones, sobre todo en el segundo semestre, de Marcobre [Minsur], Pampa del Pongo [Zhongrong Xinda], Corani [Bear Creek], Michiquillay [Anglo American].
En el caso de Marcobre, operadora del proyecto Mina Justa de Minsur, ¿qué hace falta para que entre en operación?

Se están haciendo evaluaciones finales. Hay temas logísticos a los cuales hay que encontrar una solución portuaria. Pero ello es parte del desarrollo natural de un proyecto. La ventaja que tiene el proyecto es que está en una zona [Nazca] donde la posibilidad de conflictos sociales es menor que en otras.
¿La solución portuaria depende de las inversiones en puertos de la zona [Paita, Paracas]?

Efectivamente, en la zona hay interés de inversiones portuarias, probablemente de gran tamaño. Pero una mina como Justa necesita primero algún tipo de facilidad logística para, eventualmente, transportar combustibles, que podrían ir por tierra, y ácido sulfúrico. Para el embarque de concentrados, por ejemplo, necesitará algún tipo de puerto más sencillo en lugar de uno muy grande que tomará tiempo conseguir. Esperamos que la empresa anuncie pronto que va adelante con el proyecto.
¿Qué hay acerca de la mina Pampa de Pongo, en Arequipa? ¿Cuál es su estado de avance?

Este proyecto, al igual que Marcobre, está cerca a la costa, con un promotor que lo adquirió de otro anterior que tenía dificultades financieras. Está en el curso natural de avanzar, mas que haya una limitación [para su operación]. Marcobre, Pampa de Pongo y Quellaveco son proyectos cercanos a la costa, que tienen condiciones sociales favorables, y que tienen que completar su proceso de solución de necesidades logísticas o energéticas, salvo Quellaveco, donde la empresa tiene que tomar una decisión meramente financiera.
Las mejores expectativas mineras dependen más de la tendencia los precios de los metales. ¿No ve un riesgo de especulación, por ejemplo, en el cobre?

Es cierto que situaciones de corto plazo, como las huelgas en Chile, harán que el precio suba. Naturalmente, cuando ello regrese a la normalidad, el precio regresará a la baja. Pero la tendencia natural, considerando de dónde venía el precio del cobre hace unos meses, de US$2.30 a US$2.80 por libra, que son consecuencia de las interrupciones en cadenas de suministro, dice que hay sustento en base a la demanda de China, al plan de infraestructura de Estados Unidos, y a las limitaciones de costos en otros productores importantes que no citaré.

Además, desde una perspectiva de mediano plazo, los principales analistas del mercado plantean que el precio del cobre puede estar en US$3 la libra en el 2020 en términos reales, es decir, un precio nominal de US$3.20, con la volatilidad natural que ello implica. Sí, puede haber una corrección de corto plazo, pero el precio estructural es más alto de lo que se pensaba hace seis meses e incluso hace un año. Nadie toma decisiones sobre un precio del cobre que cayó 5 centavos, sino a largo plazo.
Sobre su asistencia al PDAC, ¿cuál será la propuesta del Perú para los inversionistas?

Estamos yendo con dos mensajes, pues reconocemos que el contexto de los últimos años nos ha afectado, no sólo por los precios internacionales, sino también porque la percepción de los inversionistas en dos aspectos.

El primero es la elevación de barreras burocráticas y costos administrativos. En los últimos cinco años hemos visto un aumento en los costos de transacción de llevar a cabo proyectos. Esto tiene que tienen que ver con la participación de nuevas agencias de gobierno donde se tienen que realizar trámites que, a veces, no van a la velocidad que se requiere. Estamos hablando de todo el proceso de descentralización de unas cinco entidades que antes no existían, desde Senace, Serfor, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y otras más. Necesitamos un esfuerzo claro de alinear a todas entidades para entender que el desarrollo de la minería moderna es una fuente importante de divisas para nuestro desarrollo.

El segundo tema es la gestión de conflictos sociales. Proyectos con nombres que uno reconoce rápidamente se han estancado. Una de las herramientas para sacar proyectos adelante es tener un trabajo más coordinado entre las diferentes entidades de gobierno, a fin de revertir la desconfianza sobre los ofrecimientos del gobierno central en cuanto a agua, saneamiento o educación.
Sobre los costos de transacción, ¿de qué forma y qué meta tiene el MEM para reducirlos? ¿Qué de diferente haría, por ejemplo, frente al gobierno anterior?

El gobierno anterior no promovió las actividades de recursos naturales y tenía un mensaje ambivalente. Si de las altas autoridades del gobierno anterior no había un mensaje claro sobre cómo impulsar la explotación sostenible de recursos naturales, difícilmente se avanza en las instancias intermedias. De otro lado, es difícil poner una meta porque [éstos costos] se relacionan, por ejemplo, a procedimientos que se inician de manera electrónica pero que terminan siendo impresos y van de ministerio a ministerio. Eso genera demoras.
¿Cuál sería un primer resultado de esta reducción de costos administrativos?

La modificación del reglamento de exploración, que esperamos tener a fin de mes, a más tardar a inicios de marzo.

Se trata de una simplificación administrativa, así como temas relacionados a la seguridad y capacitación, donde se nos fue un poco la mano y hay requerimientos excesivos que necesitan modificación.
Se ha incluido a Tía María en la cartera de proyectos para el 2019, ¿aún es posible sacarlo adelante?

¿Por qué alguien lo quitaría [de la cartera]? Lo que el ministerio está viendo es un conjunto de proyectos que merecen ser apoyados.

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/mineria/215829-mem-reglamento-de-exploracion-minera-se-modificaria-a-inicios-de-marzo/

20-02-2017, Latinominería
El OEFA señaló que desde 2010 hasta noviembre de 2016 se impusieron multas por un total de 1.906 infracciones por parte de empresas mineras.
Multas por unas 53.879 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a más de US$63 millones, son las que acumula el sector minero en Perú por infracciones a la legislación medioambiental, señaló el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a LATINOMINERÍA.

Considerando el periodo entre los años 2010 y noviembre de 2016, se contabilizaron un total de 1.906 infracciones por parte de empresas mineras , destacando el incumplimiento de los límites máximos  de efluentes minero metalúrgico, de las obligaciones del instrumento de gestión ambiental y de las normas de residuos sólidos.

Pese a lo anterior, el documento elaborado por la OEFA ,”El impacto de la fiscalización ambiental en el desempeño de las empresas mineras”, indica que entre los años 2013 y 2014 se registró una reducción mayor al 50% de la cantidad de hallazgos detectados en el sector.

“Ello nos da a entender que ha mejorado el desempeño ambiental en el ámbito minero, por lo que debe proseguirse con mayor énfasis la labor de fiscalización”, señalaron desde el organismo.

Además, el documento destaca que en los años revisados no se detectaron incumplimientos catalogados como “críticos”, mientras que los “significativos” bajaron de 20 en  2013 a ocho en  2014 y  los “moderados” disminuyeron de  590 a 284.

[El impacto de la fiscalización ambiental en el desempeño de las empresas mineras]

El OEFA inició sus actividades de supervisión en 2010, tras una serie de mecanismos de perfeccionamiento que significó el traspaso de la fiscalización ambiental del sector minero desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

“La fiscalización ambiental en el Perú se ha ido especializando con el paso del tiempo. Incluso en el periodo del OEFA, la fiscalización ha avanzado de un enfoque punitivo a un enfoque preventivo, en la que se promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales no solo a través de la imposición de multas, sino también del otorgamiento de incentivos“, indicaron.
http://www.latinomineria.com/2017/02/mineria-peru-acumula-multas-mas-us63-millones-desde-2010/

17-02-2017
La abogada de la Municipalidad provincial de San Pablo (Cajamarca), Nelly Ledesma Raraz, exhortó a los integrantes del Tribunal Constitucional (TC) a ser imparciales y justos al pronunciarse sobre el litigio que enfrenta el municipio con la empresa minera Yanacocha por las lagunas de Alto Perú.
El caso se encuentra en manos del máximo ente constitucional luego de dos sentencias a favor de la Municipalidad Provincial de San Pablo.

“Estamos haciendo un llamado público a los magistrados del Tribunal Constitucional para que impartan justicia de forma imparcial. Acá hay un bien jurídico sumamente importante y delicado que es el agua, y no se está tomando el peso jurídico que deberían darle”, declaró la abogada ante en el programa «No Hay Derecho», de Ideeleradio.

Ledesma manifestó su desconfianza ante lo que pueda resolver el magistrado del TC José Luis Sardón en el proceso, por sus vínculos con la empresa Yanacocha.

“Hace poco ha salido a la luz que uno de los magistrados que tenía el expediente, como vocal ponente, ha tenido una vinculación directa con una de las partes (Yanacocha). Estamos hablando del magistrado José Luis Sardón. Y nos ha llamado poderosamente la atención porque el magistrado debió de haberse inhibido por decoro, pero no lo hizo, y tenemos la legítima sospecha o preocupación de que el fallo pudiera salir adverso”, refirió la abogada.
El caso llega al Tribunal Constitucional luego de diez años de haberse iniciado. En dos oportunidades el municipio consiguió sentencias favorables del Poder Judicial.

El proceso se inició a raíz de una ordenanza del Concejo Provincial de San Pablo que declaraba la intangibilidad de las lagunas. Uno de los argumentos que llevaron a Yanacocha a apelar ante el TC es que la municipalidad no tiene competencia para declarar zonas de protección ambiental y que están limitando sus derecho al trabajo.
Una parte de la superficie de las lagunas de Alto Perú es propiedad de la minera Yanacocha, pero el municipio asegura que son de dominio público.❧
El Dato
En la provincia de San Pablo existen 284 lagunas que vienen siendo perjudicadas por la actividad mineras, lo que ha acentuado la escasez del agua en la región Cajamarca.
http://larepublica.pe/impresa/politica/849191-piden-al-tc-ser-imparcial-en-litigio-con-yanacocha-por-lagunas-en-cajamarca

Cuatro son socioambientales y uno de demarcación territorial, informó el representante de la Defensoría del Pueblo
16 de Febrero del 2017  Luz Alire
Según el último reporte correspondiente a enero del presente, la Defensoría del Pueblo registró un total de cinco conflictos sociales en Arequipa, de estos cuatro son socioambientales y uno de demarcación territorial, informó el representante regional Manuel Amat Llerena.

El primero continúa siendo el conflicto socio ambiental por el proyecto minero Tía María. “Si bien no hay actos hostiles ni manifestaciones contra el proyecto, debe ser negociado con urgencia por las autoridades”, expresó.

INFORMALES.- En segundo lugar, están los mineros informales, que en su mayoría se encuentran en Chala (Caravelí) y Ocoña (Camaná). Ellos piden facilidades para seguir operando mientras dure el proceso de formalización. Amat refirió que el último 06 de febrero el Ejecutivo notificó las disposiciones para inscripción en el Registro Integral para Formalización.

Otro conflicto social lo constituye la demarcación territorial entre Cayarani (Arequipa) y Chumbivilcas (Cusco). La delimitación territorial está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), refirió Manuel Amat.

El conflicto entre los pobladores de Umachulco (Castilla-alta) con la minera Buenaventura, es el cuatro de tipo social. Actualmente, se define el convenio de servidumbre entre ambas partes y proyectos de inversión de desarrollo de esta zona. Pese a que ya fue instalada la mesa de diálogo aún no hay acuerdos, indicó.

TAMBO EN LISTA. Sorprendentemente está en el quinto lugar de las alertas tempranas por el déficit hídrico que afecta a agricultores del Valle de Tambo. En este caso puntual, la Defensoría llamó la atención a las autoridades para evitar que se generen actos de protesta. El funcionario destacó el Acuerdo para el Desarrollo de Tambo, suscrito en la última visita al valle del presidente Pedro Pablo Kuczinsky con la gobernadora regional Yamila Osorio.

El compromiso de construcción de dos represas por parte del Gobierno, ayudaría a resolver el problema de escasez hídrica en el Valle de Tambo.

Precisó que todos están latentes a la fecha, no obstante, algunos de esos podrían pasar a activos en cualquier momento, dependerá del manejo de las autoridades.

MONITOREA ACUERDOS. La Defensoría del Pueblo está participando actualmente en dos mesas de diálogo. Una de ellas es sobre la minera Tambomayo en Caylloma, se mantiene como un ente observador de los acuerdos firmados y elevados a escritura publica, así mismo monitorea acuerdos tomados entre la minera, autoridades y representantes.

Sobre la disconformidad de los poblados de Llatica y Tapay con el proyecto minero, aseveró que hay un grupo de pobladores que continúan oponiéndose.

Al ser consultado sobre el rechazo de pescadores de Ocoña (Camaná) a la construcción de central hidroeléctrica en cauce de río a cargo de la empresa Ohysa, aseguró que están monitoreando la situación para ver cómo pueden colaborar y contribuir a una solución.

La intervención de la Defensoría en conflictos se realiza en tres fases, la participación preventiva entre las partes involucradas, la segunda fase de observación y mediación y finalmente la fase de ayuda tras incidentes que evidencian un conflicto abierto.

Ocoña. El quinto conflicto social involucraba a los pobladores y pescadores de Ocoña, quienes siguen oponiéndose a la aprobación del Estudio Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Ocoña 2010 de la empresa Ocoña -Hidro.

Según últimas declaraciones del alcalde provincial de Camaná, Jamil Vásquez, la obra haría desaparecer el recurso camarón en el lecho del río.

http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/existen-cinco-conflictos-latentes-en-la-region-arequipa-731595/

El dirigente minero, Pedro Tacanga, y el representante de los arqueólogos, Luis Aguirre, polemizaron sobre los estudios arqueológicos.
Redacción, 25 de enero del 2017
Una polémica surgió en torno a los restos arqueológicos en la región La Libertad. El presidente de la Federación de Mineros Artesanales en La Libertad, Pedro Tacanga, arremetió contra algunos arqueólogos al señalar que “les acabó el negocio”.
Explicó en RPP Noticias que, de acuerdo al decreto legislativo 1293, los mineros ya no necesitarán un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira) para extraer minerales, sino solo una declaración jurada. Estimó que ese documento cuesta más de 3 mil dólares

“Veo que están protestando y diciendo que con esta norma los mineros van a depredar las zonas arqueológicas, lo cual no es así”, manifestó Tacanga.

A su turno, el presidente de la Asociación de Arqueólogos del Norte, Luis Aguirre, rechazó de manera contundente las declaraciones del dirigente minero.

“Nosotros luchamos por el patrimonio, el cual pertenece a los peruanos. Ese es el fin, no el Cira, pues esto lo firma otro profesional, que puede ser un arquitecto o un ingeniero, ya no los arqueólogos”, expresó en RPP Noticias.

Sin embargo, agregó que sus colegas pedirán al Congreso de la República que permita que los arqueólogos firmen ese documento.

LAS BAMBAS

08 de febrero del 2017
Cientos de pobladores de la localidad de Challhuahuacho piden que se cumplan los compromisos de inversión y demandan la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
(Reuters) Pobladores de comunidades aledañas a la mina Las Bambas bloqueaban una vía alternativa que usaba la empresa para transportar sus minerales al puerto, en demanda de que se cumplan acuerdos alcanzados con el Gobierno y la empresa, informó el representante de la Defensoría del Pueblo en Apurímac, Artemio Solano.
Las Bambas usaba un camino alterno porque cuatro comunidades de la región andina de Apurímac mantienen bloqueada desde octubre la vía de acceso principal, alegando que se ven afectadas por el polvo y el ruido que genera el paso de los camiones.

Solano dijo a Reuters que cientos de pobladores de la localidad de Challhuahuacho piden que se cumplan los compromisos de inversión y demandan la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. “Reclaman obras de agua y desagüe y el inicio de la construcción de un hospital”, agregó.

Ejecutivos de la empresa consultados por Reuters no estuvieron inmediatamente disponibles para dar comentarios.

Las Bambas es controlada por MMG Ltd, filial de la corporación china Minmetals. Perú, cuya minería es clave para su economía, es el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Tenemos informes de esta situación, se está actuando, se está desarrollando un proceso de negociación, de diálogo con las comunidades”, afirmó el ministro de Defensa, Jorge Nieto.

Una persona murió en octubre tras un fuerte enfrentamiento entre los pobladores y la policía.

Las Bambas, que comenzó a operar en el 2015 tras una inversión de US$ 10,000 millones, apunta a producir unas 450,000 toneladas de cobre anual a plena capacidad.

http://gestion.pe/empresas/decenas-manifestantes-bloquean-via-alterna-acceso-mina-bambas-2181704

Eco América 09/02/2017
“La contaminación ambiental causada por las industrias extractivas sigue siendo la principal causa de conflicto social de Perú, de hecho, las comunidades indígenas y campesinas están luchando contra 156 gigantes mineros que, según ellos, amenazan sus recursos naturales y sus tierras.”
Indígenas y Campesinos contra la minería Triste realidad La Minera Antamina es la que ha causado más problemas, enfrentando conflictos en siete de sus proyectos mineros en todo el país, seguido por Hudbay Perú con cinco y por la Barrick Misquichilca (una subsidiaria de la canadiense Barrick Gold Corporation) con cuatro.
Las comunidades que enfrentan la mayoría de los proyectos mineros y los conflictos relacionados con la tierra se encuentran en la región de Apurimac, donde actualmente existen 25 de dichos conflictos. Apurimac es seguido por Ancash, que enfrenta 23 situaciones similares relacionadas con la tierra y Cusco, donde hay 22.

En total, en los últimos meses se registraron 102 protestas con un enfoque «socio-ambiental» en todo el país, pero sólo se están negociando 81 de dichos proyectos. De los 156 conflictos activos registrados por las autoridades, 57 de los cuales se consideran «latentes», más de tres cuartas partes están relacionados con cuestiones sociales y ambientales.

Los proyectos mineros son vistos como amenazantes para los recursos naturales, la salud y supervivencia futura de las comunidades rurales que viven en las cercanías. Violencia y discordia Al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas a fin del año pasado durante un enfrentamiento con la policía, como resultado de un diálogo fallido con el Consorcio Minero Horizonte sobre el proyecto Bernabé en la provincia de Pataz. El informe que fue elaborado y difundido por el Defensor del Pueblo, clasifica el muy controvertido proyecto Las Bambas, dirigido por la multinacional china MMG, como: bajo observación, ya que puede convertirse en un nuevo conflicto social y en el proyecto Tía María, que se asienta en la provincia de Arequipa se destaca que existe una “ausencia de diálogo” preocupante.

La industria minera sigue siendo una de las principales fuentes de comercio exterior del Perú, aunque la inversión en el sector ha caído con la caída de los precios internacionales de los productos básicos.
Perú es el segundo exportador mundial de cobre, con 70 por ciento de las exportaciones en estado bruto y 30 por ciento como metal purificado. La contaminación ambiental causada por las industrias extractivas sigue siendo la principal causa de conflicto social en el país, a veces explotando en una escalada de violencia incomprensible, habiendo otras formas de resolución de estos problemas.

Como muestra de lo hondo del componente violento, solo hay que recordar que durante el gobierno del presidente Ollanta Humala murieron 50 personas y 750 resultaron heridas, en enfrentamientos entre manifestantes ambientales y autoridades gubernamentales y las cosas van a peor.

Fuente: Eco América
http://www.ecoticias.com/eco-america/132239/Peru-Indigenas-Campesinos-contra-mineria

07 de febrero de 2017
Foto: CooperAcción
Como informamos ayer, en la provincia apurimeña de Cotabambas se dio inicio a una medida de fuerza por parte de autoridades y pobladores del distrito de Challhuahuacho, frente al aparente incumplimiento de varios compromisos del Poder Ejecutivo y la minera MMG – Las Bambas.

En paralelo, en Tambobamba, capital de la provincia, se frustró un acercamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, por haberse omitido la participación de las autoridades distritales y de los dirigentes sociales de Cotabambas.

Lo que viene ocurriendo en Challhuahuacho

El distrito viene acatando un paro de 72 horas. Según acordaron los dirigentes de las comunidades, a partir de hoy la protesta se radicalizaría. Desde el día de ayer establecimientos comerciales e instituciones permanecieron cerradas, la empresa minera MMG – Las Bambas tuvo el paso cerrado para transportar concentrados. Hoy empezarían a tomar las carreteras para interrumpir el tránsito.

Autoridades y pobladores mantienen el reclamo por el incumplimiento de los acuerdos pactados en la Mesa de Diálogo de Challhuahuacho. Reclaman diálogo directo con representantes del Ejecutivo para que puedan atender la demanda distrital y buscan diferenciarse de la agenda provincial.

En Tambobamba, desorden y falta de transparencia

El alcalde provincial, en coordinación con los alcaldes de los centros poblados, convocó a funcionarios de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) a la capital de la provincia de Cotabambas. Sin embargo, esta visita no fue comunicada adecuadamente a los dirigentes de Cotabambas y menos aún a los alcaldes distritales, lo que ha generado malestar, confusión y desorden.

La desinformación y una confusa metodología de trabajo, con mesas simultáneas, donde representantes de diversos ministerios y de la PCM daban información sobre el plan de desarrollo propuesto por el Ejecutivo, causo malestar en la población y en los alcaldes distritales, que han reclamado mayor transparencia. Frente a los reclamos, los funcionarios de la PCM alegaron que la actividad había sido programada y organizada en coordinación con el alcalde provincial y su equipo técnico.

Finalmente, las mesas fueron suspendidas y los dirigentes se reunieron para determinar qué pasos seguir para retomar el diálogo con el Ejecutivo de forma transparente y participativa.

Cajamarca
Empresa Coimolache deberá detener construcción de dos pozas de sedimentación
Lima 07 febrero 2017 – 3:16 pm, 0 comentarios
Agentes del OEFA corroboraron peligro para quebrada de continuar construcción de una poza.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una medida preventiva a la minera Coimolache ordenando paralizar de manera inmediata la construcción de dos pozas de sedimentación en la parte externa de un depósito de material estéril, por representar un peligro de afectación de la quebrada Tantahuatay.

La medida de la entidad fiscalizadora se aplicará respecto a la unidad minera Tantahuatay que se sitúa en los distritos de Hualgayoc y Chugur, región Cajamarca, se informó a INFOREGIÓN.

El OEFA observó que la minera, en un área de aproximadamente 7 200 metros cuadrados, removió la cobertura vegetal, topsoil y suelo para implementar dichas pozas, a una distancia de solo 10 metros de la quebrada, existiendo el riesgo de arrastre de sedimento hacia sus aguas en época de lluvias.

La medida preventiva también ordena a Coimolache presentar el cronograma para la remediación del área que sufrió la remoción de sus componentes naturales en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de que la empresa no cumpla, se efectuarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/oefa-ordena-detener-construccion-de-pozas-de-sedimentacion-de-minera-coimolache/