Arsénico, plomo, uranio… En Johannesburgo, decenas de miles de sudafricanos viven al pie de montañas de residuos mineros, vestigios de la explotación aurífera que enriqueció el país pero amenaza ahora la salud de los habitantes de los “townships”.

“Mire el estado de mi campo de espinacas, esa arena amarilla de ahí lo destruye todo”, lamentó Thabo Nguban, de 50 años, que explota desde 1990 un terreno agrícola al pie de una escombrera tóxica de Snake Park, al norte del suburbio de Soweto.

La fiebre del oro que conquistó la región desde 1886 dejó tras de sí montañas de tierra y de residuos varios que, en su mayoría, están llenos de sustancias peligrosas.

Más de 200 de esas colinas contaminadas por metales pesados, entre ellos uranio, crecieron alrededor de Johannesburgo, según un estudio de la Clínica Internacional para los Derechos Humanos de la universidad estadounidense de Harvard.

“Los días de lluvia, el agua de la montaña riega mi campo (…) Este mes, 22 de mis lechones murieron, probablemente por la mina”, dijo Nguban.

Cuando esos residuos entran en contacto con el agua, la oxidación produce una disolución mineral ácida extremadamente peligrosa.

Para impedir la contaminación de las casas vecinas, la empresa propietaria de la escombrera construyó un estanque de almacenamiento que permite que el agua contaminada se evapore. Pero el dique de contención está mal conservado, y desde hace un año, el agua ácida se derrama hasta la explotación de Nguban.

“No paro de toser (…), mi hija de cuatro años también”, aseguró el agricultor, que culpa a su “verdura química” y la “arena tóxica” de esos problemas de salud.

El suyo no es un caso aislado. Muchos barrios de Soweto, un “township” de millón y medio de habitantes, sufren las consecuencias de la herencia minera de la mayor ciudad del país.

Atrapada en el polvo

A 20 kilómetros al este de Snake Park, se encuentra Riverlea extension 1, un barrio de 2.500 habitantes. Tres colinas de polvo rodean la pequeña casa en ruinas de Rose Plaatjies.

Esta obrera jubilada vive allí desde 1962. Se vio obligada, al igual que otros cientos de miles de sudafricanas, a mudarse en ese barrio para respetar la política de separación de razas del régimen del apartheid. Los negros fueron a Soweto; los mestizos, como ella, a Riverlea.

A sus 63 años, Plaatjies padece insuficiencia respiratoria y no puede vivir sin su concentrador de oxígeno. “Estoy enferma por culpa del polvo” de las minas, afirmó.

Durante los meses secos de julio y agosto, el viento desplaza toneladas de arena de las escombreras que llenan las calles, cubren la ropa, se infiltran en las casas y contaminan la comida.

“En casi cada calles de Riverlea, encontrará a un habitante con asistencia respiratoria”, explica David Van Wyck, investigador de la fundación Benchmark, una oenegé cristiana sudafricana.

En Riverlea, más de la mitad de los habitantes dicen sufrir de tos, asma, sinusitis o tuberculosis, reveló un estudio realizado por Benchmark.

Las estadísticas confirman que Riverlea es una anomalía. Los casos de enfermedades respiratorias y cardíacas en ancianos son más numerosos que en las comunidades con condiciones socioeconómicas similares, afirma el Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica.

‘Escépticos’

Pero, a falta de estudios epidemiológicos de mayor alcance, los investigadores y las autoridades se muestran reacios a atribuir las enfermedades que sufre la población a las montañas de residuos.

“No existen estudios médicos que demuestren un vínculo de causa y efecto con las escombreras”, dijo una de las responsables del Consejo de Investigaciones, Angela Mathee.

Semejantes estudios son responsabilidad del gobierno, que no los encarga, lamenta.

En teoría, la ley impone a las compañías mineras que gestionen sus desechos. Pero los esfuerzos de las autoridades por hacer respetar esa norma son “lentos e insuficientes”, aseguró la Clínica Internacional para los Derechos Humanos de Harvard.

En una entrevista en 2016 para un medio local, el primer ejecutivo de DRD Gold, propietario de varias escombreras, Niël Pretorius, dijo ser “escéptico respecto a las quejas” de los habitantes.

Su empresa se sintió sin embargo obligada a invertir en más de 300 hectáreas de escombreras para reducir los niveles de polvo levantados por cualquier ráfaga de viento.

Pero “venga en agosto, íya verá! Eso no funciona, íel polvo sigue aquí!”, lamentó Rose Plaatjies.

“A los dueños de las montañas no les importa que nuestra comunidad sufra”, aseguró la sexagenaria. “Nadie quiere ser considerado culpable de este desastre”.

Fuente:https://www.laopinion.com.co/mundo/contaminacion-y-pobreza-herencia-de-la-mineria-de-oro-146570

Huelva , España.- La compañía que explota las minas de Riotinto, Atalaya Mining, aún no ha construido y puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas fundamental para corregir y minimizar el vertido de aguas ácidas de mina a los ríos Tinto y Odiel que desembocan en la ría de Huelva. La advertencia llega de la mano de Ecologistas en Acción mientras que fuentes de la empresa, que lleva tres años operativa y más de una década presente en la Cuenca, han reconocido que la planta no estáe: en funcionamiento.

La construcción de la planta de tratamiento de aguas ácidas es condición indispensable para el buen y correcto funcionamiento de la explotación minera y para evitar que las aguas del lavado mineral, altamente contaminadas, acaben sin depurar ni tratar en el agua de los ríos que tienen su vertiente en el complejo minero. Fue precisamente la Junta de Andalucía quien incluyó esta exigencia, y otras 300, entre los condicionantes legales para dar luz verde a la Autorización Ambiental Unificada otorgada en marzo de 2014.

La AAU concedida a favor del promotor, Emed Mining (Atalaya Mining) imponía el control de aguas y prohibía taxativamente el vertido sin control a cauce público. Unos vertidos que alcanzan cotas importantes al haber ‘desaparecido’ los 3 hectómetros cúbicos (tres mil millones de litros) de aguas ácidas que contenía la zona de laboreo de Cerro Colorado.

Las organizaciones ecologistas tienen claro que gran parte de esas aguas contaminadas en el proceso industrial y de forma natural han ido a parar al Tinto durante meses, “incumpliendo la normativa ambiental impuesta en la Autorización Ambiental Unificada”, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, Antonio Ramos.

Por su parte, la empresa minera no reconoce estos vertidos masivos y asegura, a través de su servicio de comunicación, que las aguas de Cerro Colorado han sido reutilizadas en el proceso industrial, máxime cuando nos encontramos en período de sequía y no hay apenas agua dulce disponible para poner a disposición de la explotación.

La Autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente andaluza no solo prohibía los vertidos mineros a cauce público sino que también apuntaba que todos los efluentes “deberán dirigirse a una estación depuradora”. Sólo se permitirían los vertidos de esta planta (inexistente) si se cumplen los valores límite de emisión establecidos en la legislación vigente y en la AAU.

En la Autorización Ambiental emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se establece también la obligación de restaurar todas las escombreras incluidas en el ámbito de la explotación minera. Y se añade que la contaminación difusa procedente de antiguas escombreras tendrá que ir reduciéndose progresivamente de acuerdo con el programa de restauración de las mismas, que garantizará que en el plazo de once años la carga contaminante que actualmente llega a los ríos se reduzca en un 100%.

Memoria Ambiental de Atalaya Mining

La empresa Atalaya Riotinto Minera, propiedad de Atalaya Mining PLC, hizo pública su Memoria Ambiental en 2015. En ella se comprometía expresamente a poner en marcha y cumplir exhaustivamente la legislación y reglamentación aplicable, así como otros requisitos que la empresa suscriba y que afecte al Proyecto Riotinto.

La empresa ha anunciado públicamente tanto en su Memoria Ambiental como en circulares y publicidad internacional (cotiza en los grandes mercados mundiales de metales) que trabaja bajo el principio de ‘vertido cero’ de las aguas del proceso minero. Aunque en el documento subraya que el Proyecto Riotinto tiene otorgada una autorización para la descarga a cauce público, previa neutralización en la planta de tratamiento de aguas, de 2,6 Mm3/año de aguas procedentes del desaguado de las cortas existentes y lixiviados de los frentes de escombreras activos en el proyecto de explotación.

En cuanto a las aguas ácidas estancadas en Cerro Colorado, la empresa reconocía en su Memoria Ambiental la existencia de 3Hm3 que creía necesario gestionar. Por eso el proyecto presentado a las autoridades contemplaba el bombeo de esta agua a la planta de tratamiento diseñada al efecto dentro de las instalaciones mineras con el objeto de acondicionarla e introducirla como agua fresca en el proceso de tratamiento mineral.

Las aguas procedentes de los lixiviados (drenajes) de las escombreras activas, según el compromiso de reapertura, la AAU otorgada por la Junta y la Memoria Ambiental, también deben ser recogidas en balsas diseñadas y acondicionadas al efecto para su posterior bombeo hacia la planta de tratamiento de agua, donde serían incorporadas en el proceso de tratamiento mineral.

La compañía que explota las minas de Riotinto, Atalaya Mining, aún no ha construido y puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas fundamental para corregir y minimizar el vertido de aguas ácidas de mina a los ríos Tinto y Odiel que desembocan en la ría de Huelva. La advertencia llega de la mano de Ecologistas en Acción mientras que fuentes de la empresa, que lleva tres años operativa y más de una década presente en la Cuenca, han reconocido que la planta no está en funcionamiento.

La construcción de la planta de tratamiento de aguas ácidas es condición indispensable para el buen y correcto funcionamiento de la explotación minera y para evitar que las aguas del lavado mineral, altamente contaminadas, acaben sin depurar ni tratar en el agua de los ríos que tienen su vertiente en el complejo minero. Fue precisamente la Junta de Andalucía quien incluyó esta exigencia, y otras 300, entre los condicionantes legales para dar luz verde a la Autorización Ambiental Unificada otorgada en marzo de 2014.

La AAU concedida a favor del promotor, Emed Mining (Atalaya Mining) imponía el control de aguas y prohibía taxativamente el vertido sin control a cauce público. Unos vertidos que alcanzan cotas importantes al haber ‘desaparecido’ los 3 hectómetros cúbicos (tres mil millones de litros) de aguas ácidas que contenía la zona de laboreo de Cerro Colorado.

Las organizaciones ecologistas tienen claro que gran parte de esas aguas contaminadas en el proceso industrial y de forma natural han ido a parar al Tinto durante meses, “incumpliendo la normativa ambiental impuesta en la Autorización Ambiental Unificada”, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, Antonio Ramos.

Por su parte, la empresa minera no reconoce estos vertidos masivos y asegura, a través de su servicio de comunicación, que las aguas de Cerro Colorado han sido reutilizadas en el proceso industrial, máxime cuando nos encontramos en período de sequía y no hay apenas agua dulce disponible para poner a disposición de la explotación.

La Autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente andaluza no solo prohibía los vertidos mineros a cauce público sino que también apuntaba que todos los efluentes “deberán dirigirse a una estación depuradora”. Sólo se permitirían los vertidos de esta planta (inexistente) si se cumplen los valores límite de emisión establecidos en la legislación vigente y en la AAU.

En la Autorización Ambiental emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se establece también la obligación de restaurar todas las escombreras incluidas en el ámbito de la explotación minera. Y se añade que la contaminación difusa procedente de antiguas escombreras tendrá que ir reduciéndose progresivamente de acuerdo con el programa de restauración de las mismas, que garantizará que en el plazo de once años la carga contaminante que actualmente llega a los ríos se reduzca en un 100%.

unta y la Memoria Ambiental, también deben ser recogidas en balsas diseñadas y acondicionadas al efecto para su posterior bombeo hacia la planta de tratamiento de agua, donde serían incorporadas en el proceso de tratamiento mineral.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38398-desaparecen-3-000-millones-de-litros-de-aguas-acidas-en-la-mina-de-riotinto

ESPAÑA:- Un proyecto de mina a cielo abierto de la empresa australiana Plymouth en colaboración con el Grupo Sacyr amenaza la Montaña de Cáceres y a la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Primeros de julio. Pedro conduce a los hombres que vienen a comprarle la corcha de los árboles hacia la parte alta de su finca, en el valle de la montaña de Cáceres. «¿Qué hacen ustedes aquí?», dice a unos trabajadores a los que pilla in fraganti desbrozando vegetación, cortando madroñeras y alcornoques y marcando con pintura azul para abrir un camino en su propiedad. «Estamos preparando esto para meter las máquinas de las perforaciones. La empresa nos ha mandado, dice que ya ha hablado con el dueño», le responde uno de ellos. Pero a Pedro nadie le ha preguntado o informado sobre las prospecciones.

Pedro (que prefiere no dar su nombre real) es uno de los vecinos de la Montaña de Cáceres, donde tienen sus viviendas más de 300 cacereños, la mayoría en terrenos heredados. Y allí, en su ladera, Valoriza Minería, filial de Grupo Sacyr, tiene el proyecto de construir una mina a cielo abierto. El pasado mes de junio, la Junta de Extremadura le concedía un permiso de investigación que autoriza a hacer prospecciones en dos cuadrículas mineras (una cuadrícula equivale a 30 hectáreas). La finca de Pedro se encuentra en una de ellas.

«Ha sido un error, mi jefe le llamará para aclararlo”, dice el trabajador. Una semana más tarde, el jefe, Ismael Solaz, acude a casa de Pedro para enseñarle los planos del proyecto «Mina de Valdeflores-San José». En él, su vivienda, construcción de finales del siglo XIX que él mismo ha restaurado, aparece como vertedero de rocas. Tras explicarle el proyecto, Solaz le ofrece un contrato de 400 euros para tener acceso a su finca durante dos años e investigar si hay mineral. «El contrato es leonino», afirma Pedro.

La multinacional australiana Plymouth, en colaboración con la empresa española Grupo Sacyr, y su filial Valoriza Minería, que a su vez ha creado una pequeña empresa para este proyecto, Tecnología Extremeña del Litio, solicitaron el 10 de octubre el permiso de explotación a la Junta de Extremadura. Desde entonces empezó a correr el plazo de tres meses que tiene la promotora para presentar el proyecto de su mina a cielo abierto.

«Nos alarmó cuando descubrimos que estaban haciendo las prospecciones», afirma Sonia Hurtado, integrante del grupo de coordinación de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. La mina ocasionaría la pérdida del paraje, la posible contaminación de los acuíferos por filtración y afectaría directamente a Cáceres, por situarse a menos de tres kilómetros del núcleo urbano.

Ildefonso Calvo, concejal del Ayuntamiento por Cáceres Tú (Podemos), también se pronuncia contra este proyecto. «Al ser una explotación a cielo abierto va a generar un volumen importante de polvo, cuando sople el viento en dirección a Cáceres, estamos hablando de 10, 12 o 15 kilómetros, por lo que todo el perímetro de la ciudad de Cáceres podría resultar afectado. Además, el hospital de referencia, que se está construyendo todavía, está a dos kilómetros de la explotación», comenta.

Un proyecto tratado con oscurantismo

Valoriza Minería comenzó su estudio hace 16 meses. Con los datos obtenidos, afirma que extraería 15.000 toneladas de litio para baterías al año. Según los datos recogidos por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, España posee un 2% del litio mundial (irónicamente, el país que más litio tiene es Australia), y en Valdeflores solo hay 0,62 gramos de litio por cada 100 gramos de roca. La empresa, con una inversión intencional (depende de inversores) de 273 millones de dólares, afirma poder obtener 10.000 dólares por tonelada de litio, un total de 150 millones al año, 3.600 millones en los 24 años de vida que calculan que tendrá la explotación.

«El proyecto se ha tratado con oscurantismo», comenta Sonia Hurtado. Plymouth lleva en Bolsa con el proyecto de mina de San José desde el mes de abril de 2017. En sus informes se habla de la mina de San José, y no es hasta el último, del 10 de octubre, en el que ya aparece la palabra «Cáceres». Y en ningún caso se indica que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

¿Por qué trataría Sacyr de ocultar la ciudad a sus inversores? «Nuestro socio Plymouth es quien elabora las presentaciones y mapas. Las presentaciones las realiza para Australia, donde está localizada la empresa, por lo que especifica el país y una ubicación aproximada de la mina», contesta Luis Ignacio Alonso Martínez, de Grupo Sacyr. Ildefonso Calvo tiene otra opinión: «Porque no es cualquier ciudad, es una capital de provincia y, si esto se conociera, posiblemente caerían sus inversores. En Australia estaría prohibido».

El principal beneficio que generaría la explotación, según Plymouth, sería la creación de empleo en una región que, ciertamente, lo necesita mucho. Pero incluso este beneficio ha sido puesto en duda desde el Ayuntamiento y la Plataforma. «En las minas que hay ahora mismo de estas características los trabajadores son entre 15 y 20. Los 106 puestos (de los que habla la empresa), sí, pero al inicio, para construir las balsas y contratar técnicos. En los 20 o 25 años de explotación, no. Funciona con maquinaria muy especializada y es probable que trajesen sus cuadrillas de trabajadores», sostiene Sonia Hurtado. Prima la explotación a cielo abierto especialmente porque es más barata, porque necesita menos mano de obra que la minería tradicional.

Sonia Hurtado afirma que Tecnología Extremeña del Litio, que además tiene su sede fiscal en Madrid, “es solo una tapadera. Compartiendo información con las protestas ciudadanas de otras minas cercanas y viendo cómo se han ido desarrollando esos proyectos a nivel administrativo, hemos visto que hay claramente un patrón».

“Nadie sabe nada” en las administraciones

Será la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe elaborar la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura la que determinará la viabilidad del proyecto. «Una vez que se complete el expediente podremos iniciar los trámites que marca la legislación, entre los que se encuentra la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que requiere la necesaria participación pública», ha asegurado Olga García, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.

Si la DIA de la Junta de Extremadura es positiva, el Ayuntamiento no tiene potestad para parar el proyecto. «El Ayuntamiento tiene que conceder licencia de explotación y licencia de obras, pero para negarse a conceder estas licencias tiene que tener una base jurídica suficiente, no puede oponerse porque sí”, afirma el concejal de Cáceres Tú, que añade que «se podría ver obligado a conceder esos permisos si realmente no está convencido de su oposición, porque si lo está se buscarán todos los argumentos posibles. El equipo de gobierno todavía no tiene una posición».

El Ayuntamiento responde a las peticiones de los vecinos y periodistas que no dispone de información, que la Junta aún no le ha proporcionado datos del proyecto. La Junta, por su parte, alega lo mismo, falta de información reclamada a la empresa. Nadie sabe nada pero las prospecciones ya se han realizado.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento esperan la información solicitada a la Junta por una moción urgente, aprobada por unanimidad en pleno municipal, y declaran que ofrecerán esta información con la máxima transparencia. A falta de esta información, el PP, partido en el gobierno de Cáceres, se opone a tomar una postura al respecto: «Manifestarse a favor o en contra de algo que se desconoce sería una temeridad. Desde el equipo de Gobierno se ha señalado que se velará por el cumplimiento de la legalidad en cualquier iniciativa que se quiera desarrollar, a la vez que apoyará cualquier proyecto que sea bueno para la ciudad».

Pedro, el propietario más afectado por el proyecto, ha escrito cartas formales al Ayuntamiento, pero la respuesta es siempre la misma: no hay información. «A ver si la alcaldesa se digna a hablar con los vecinos», se queja.

Salvando la montaña

Desde la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres han presentado, en colaboración con Acima, alegaciones contra el proyecto minero, entre ellas una alegación ante la Junta de Extremadura por vulneración del Convenio Aarhus, que obliga a la transparencia y participación ciudadana en la gestión de proyectos que afectan a la población de manera directa.

La alegación, que se interpuso cuando la empresa presentó una solicitud de investigación para 44 cuadrículas mineras más, consiguió que el pasado 6 de noviembre la Junta denegase el permiso temporalmente, a la espera de cumplir los plazos apropiados para la consulta ciudadana. «Está en nuestra línea de acción convocar una manifestación, pero queremos que sea masiva. El objetivo es sensibilizar y movilizar a la gente de los barrios primero, proporcionar la información y que la gente libremente decida si esto es bueno o malo para Cáceres», dicen desde la Plataforma, que ha recogido ya 6.550 firmas contra la mina.

El movimiento cívico Salvemos la Montaña de Cáceres nació el pasado verano como plataforma de control y oposición al proyecto de mina en Valdeflores. Los primeros en acudir a la convocatoria fueron los grupos ecologistas, así como los vecinos directamente afectados que viven en la sierra. La Plataforma cuenta hoy con más de 200 miembros. Además de ciudadanos de Cáceres, colaboran organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Adenex, Acima, Seo Bird Life, Arba o Amigos de la Rivera del Marco.

Si el proyecto de mina Valdeflores-San José sale adelante, Cáceres sería la segunda ciudad del mundo más próxima a una mina de estas características. La otra está en Cerro de Pasco, en Perú, donde el cráter se va tragando la ciudad y los barrios tienen que ser desplazados cada cierto tiempo.

Además, si Valoriza Minería consigue el permiso de explotación, Pedro podría ser expropiado, según la preconstitucional Ley de Minas, de 1973, ya que su parcela se encuentra dentro de una cuadrícula minera. «Vivo con la sensación de quedarme sin casa, ni siquiera sé si me podrían expropiar o no, nadie me ha explicado nada», afirma.

La montaña de Cáceres y todo lo que esta implica está en manos de la Junta de Extremadura, pero también de la participación ciudadana. Ildefonso Calvo afirma que «la participación ciudadana en este tipo de protesta es mínima, pero sí que se está generando una corriente de opinión. Desde el Ayuntamiento ya se han dado cuenta de que no es todo tan bonito como en un principio se imaginaba, no es solo creación de empleo, sino que va a tener un coste muy alto para la ciudadanía».

Tras las reducciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a los monumentos nacionales de Bears Ears y Grand-Stair Escalante, nueve organizaciones civiles, entre las que figuran el Consejo de la Defensa de Recursos Naturales, la Alianza por la Vida Silvestre del Sur de Utah y Earthjustice, formalizaron una demanda contra del presidente Trump y de los funcionarios Ryan Zinke, Brian Steed, Sonny Perdue y Tony Tooke, bajo el argumento de que se ha excedido la autoridad delegada a su oficina y se ha violado la Ley de Antigüedades de 1906, además de la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense.  

Respecto a la decisión de Trump de fragmentar estas áreas y cuya intención implícita es dar paso libre a la explotación de combustibles fósiles y minería, la presidenta del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), Rhea Suh, expresó que “su mandato no solamente es ilegal, sino también un serio agravio a todo estadounidense que valora la herencia natural de nuestro país”.

Detalló que ese paisaje con sus petroglifos, aldeas de piedra y resplandor natural, ha sido el hogar de pueblos indígenas por miles de años.

“Estamos mirando hacia pelear en la corte para preservar por siempre estos tesoros históricos, naturales y culturales que están en custodia para las generaciones futuras”, explicó Suh.

Las modificaciones mandatadas por Trump implica, se dijo a la agencia Inter News Service (INS), que esas zonas podrían quedar desprotegidas a no sólo la construcción de caminos que impactarían gravemente en el entorno ambiental, así como la realización de pastoreo, por la gran demanda que representa la producción de carne para consumo humano, una de las actividades que más contribuyen a la destrucción de hábitats, una de las causas del calentamiento global.

Una investigación realizada por la activista Karen Janett Carranza Jiménez indica que previo a la presentación de la demanda por estas nueve organizaciones, el pasado 4 de diciembre, día en que se anunció la fragmentación y disminución a estas áreas protegidas, tres de las cinco tribus que habitan la zona hicieron lo propio ante los juzgados, bajo la representación del Fondo de los Derechos de los Nativos Americanos (NARF, siglas en inglés).

Las naciones soberanas de nativos Hopi, Navajo, Pueblo de Zuni, Ute Indian y Ute Mountain Ute fueron las que en el periodo del exmandatario Barack Obama pugnaron por la  protección del Monumento Nacional de Bears Ears, para tratar de contrarrestar los saqueos de sitios arqueológicos, espirituales y culturales que en ellos se encuentran.

Ese 4 de diciembre, el presidente Trump declaró respecto a la decisión que tomó en torno a Bears Ears y  Grand-Stair Escalante que “algunas personas piensan que los recursos naturales de Utah deben estar controlados por unos cuantos y distantes burócratas en Washington. ¿Y adivinen qué?, están mal”.

Natalie Landreth, miembro del cuerpo de abogados de NARF, se pronunció con relación al tema porque “la administración de Trump no está diciendo la verdad”.

“El monumento de Bears Ears, tal y como fue creado por el presidente Obama, preservó la cacería, pesca, derechos de recolección y pastoreo, y protegió a estas increíbles tierras de los saqueos inmensurables y de desarrollos petroleros, de gas y minerales. Sin importar lo que haya dicho el presidente Trump, su acción (de reducir Bears Ears) hace lo contrario, bajo sus propios términos, en 60 días las tierras estarán abiertas para entrar, localizar, seleccionar y vender bajo la disposición de las leyes relativas a los arrendamientos minerales y geotérmicos; así como localizar, entrar y patentar bajo las leyes de minería”, explicó la abogada Landreth.

Se detalla en la demanda que Trump busca la manera de beneficiar a los productores de energías fósiles, así como a la industria que ofrece un desarrollo comercial a costa de la salud de ecosistemas y millones de estadounidenses, aminorando las aportaciones de los recursos naturales y de los beneficios ambientales y recreativos que éstos representan.

Fuente:http://www.elvocero.com/el-mundo/denuncian-a-trump-por-da-o-ambiental/article_cd792796-e81a-11e7-acf6-33b5991145c3.html

Obama paralizó el proyecto de Twin Metals Minnesota por los riesgos «graves e irreparables» que sufriría un refugio medioambiental de Minnesota.

Medios estadounidenses resaltaron nexo de Ivanka Trump con Andrónico Luksic.

El Gobierno de EE.UU., presidido por Donald Trump, renovará las licencias para la minería de cobre y níquel cerca de un refugio salvaje en Minesota, en una marcha atrás en la regulación medioambiental impulsada por la Administración previa de Barack Obama, informó este sábado el Departamento del Interior.

La medida permitirá dar vía libre a los planes de la empresa Twin Metals Minnesota, una filial del gigante minero chileno Antofagasta PLC, controlado por la familia del multimillonario Andronico Luksic.

La empresa había presentado un proyecto de explotación minera de cobre y níquel justo al lado del refugio medioambiental Boundary Waters Canoe Area Wilderness, un área de 450.000 kilómetros cuadrados de lagos y bosques en el norte de Minesota, cerca de la frontera con Canadá, y protegida desde 1926.

Sin embargo, el Gobierno de Obama había paralizado dos años atrás los planes por el riesgo de «graves e irreparables daño a este área de fauna salvaje único, irreemplazable e icónica».

La prensa estadounidense ha destacado que precisamente Luksic es quien arrienda la casa a la hija de Trump, Ivanka, y su esposo, Jared Kushner, por 15.000 dólares al mes.

Ambos trabajan como asesores presidenciales de Trump en la Casa Blanca.

Preguntado por la cuestión, un funcionario del Gobierno estadounidense, que solicitó el anonimato, aseguró que «ni la señora Trump ni el señor Trump estaban al tanto de la situación, no tienen nada que ver con ella, y nunca han conocido a su casero».

 Minera expresó su satisfacción

En un comunicado, Twin Metals Minnesota se mostró satisfecha por la decisión, que calificó como «un importante paso para asegurar la certidumbre de las inversiones en proyectos mineros en EE.UU. y reafirmar los derechos de propiedad y el estado de Derecho».

Esta zona cuenta con una de las mayores reservas mundiales no explotadas de cobre y níquel del mundo, indicó la empresa al presentar el proyecto, con un valor estimado de 40.000 millones de dólares.

Twin Metals Minnesota promete invertir más de 2.800 millones de dólares y generar 650 empleos directos.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ha revertido numerosas regulaciones de Obama y prometido devolver la pujanza al sector minero y energético de EE.UU., que considera asfixiado por el exceso celo de su predecesor en materia medioambiental.

Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/donald-trump/trump-desbloquea-licencia-minera-y-da-via-libre-a-proyecto-de-filial-de/2017-12-23/222448.html

España.- El año 2017 ha sido el del punto final de uno de los proyectos más controvertidos que han querido llevarse a cabo en Castilla-La Mancha. Los riesgos para especies protegidas, la falta de agua y la protesta social han dado al traste con el objetivo de Quantum de extraer monacita del Campo de Montiel. Tras más de tres años de proceso administrativo, el Gobierno regional emitió declaración negativa de impacto ambiental.

A casi todo el mundo le pasaron desapercibidos los permisos de investigación que el Gobierno de María Dolores de Cospedal concedía en 2014 para que la empresa minera Quantum pudiera realizar las primeras ‘catas’ en el Campo de Montiel. Fue en junio de 2015, a punto de cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando un documento en el Diario Oficial establecía, con el Ejecutivo aún en funciones, que esas primeras operaciones  no requerían declaración de impacto ambiental y recibían por tanto luz verde. Con ello empezó un procedimiento administrativo que ha durado casi tres años y que finalizó hace poco más de una semana, cuando se publicó la  declaración negativa de impacto ambiental de esta iniciativa después de varios informes desfavorables, resoluciones parlamentarias y manifestaciones ciudadanas contra un controvertido proyecto que ya no se realizará.

¿Para qué servían esas primeras ‘catas’? La promotora quería tantear el suelo de esta comarca de Ciudad Real para su proyecto de extracción minera de tierras raras, monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, y que ha generado conflictos entre la Unión Europea y China, este último país como principal exportador. Unos meses después, ya con Emiliano García-Page en la Junta, saltaban las primeras alarmas. Nació la Plataforma Sí a la Tierra Viva, agrupando a ciudadanos de varios pueblos afectados como Torrenueva o Torre de Juan Abad, así como a ecologistas y expertos que empezaron a alertar sobre los riesgos de este tipo de minería.

Las denuncias de este colectivo se iniciaron a raíz de lo que consideraron  “dudas y opacidad” en torno al proyecto. Por entonces apenas se conocían los planes de la empresa minera y el portavoz de la Plataforma, Luis Manuel Ginés, apuntó desde el principio a la “complicidad” tanto de la Junta como del PSOE debido a la “falta de información” desde los ayuntamientos. Parte esas alarmas se atenuaron cuando el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, aseguró que el proyecto minero no saldría adelante si había riesgo medioambiental y oposición social. Por entonces, la Junta afirmaba no estar “ni a favor ni en contra” de los objetivos de Quantum.

Después la pelota cayó en la Consejería de Medio Ambiente. La promotora quería en un principio una toma de agua de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas, en una comarca con clara escasez de recursos hídricos. Así lo manifestó la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su primer informe, un texto que agravó la polémica y que comenzó a sentar las bases de otros riesgos: para la salud, para el medio ambiente, para la agricultura vitivinícola y para el desarrollo socio-económico de la zona. Hasta el  Consejo de Seguridad Nuclear y la Defensora del Pueblo se adhirieron con respectivos informes a los riesgos de esta minería a cielo abierto.

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo,  adelantó entonces a eldiarioclm.es que sería en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde el promotor debía demostrar que su proyecto fuera “inocuo para la calidad y la disponibilidad del agua”, así como para los recursos agrícolas de la comarca. Afirmó que la Consejería garantizaría el análisis de esas afecciones. Y efectivamente así fue. Un año y medio después, la amenaza al patrimonio natural y  a las especies protegidas como el lince ibérico ha sido la que ha tumbado el proyecto.

Entre medias, los detractores de la Plataforma también llegaron a poner en tela de juicio el propio procedimiento administrativo. Afirman que se dividió en varias piezas y pidieron que todos los expedientes se agruparan en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “pareciera que había un menor impacto ambiental”. Desde el Gobierno regional era otro el punto de vista: “la individualidad de cada expediente viene marcada por su consideración como expediente minero”, pero el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental “podrá requerir que se entren a analizar los efectos sinérgicos de los expedientes más próximos”.

A partir de entonces, el proceso se dividió entre las movilizaciones ciudadanas, de las más participativas conocidas en la comarca, y las Cortes regionales, donde llegaron a aprobarse  hasta tres resoluciones pidiendo el archivo “inmediato” del proyecto minero. Estas iniciativas parlamentarias las capitaneó el diputado de Podemos David Llorente y curiosamente se aprobaron tras recibir el apoyo del PP, partido que había iniciado los trámites. Por su parte, desde el Gobierno siguieron defendiendo la legalidad del proceso y remitiendo a la declaración de impacto ambiental. Pero incluso antes de que esta se aprobara ya el propio presidente, Emiliano García-Page, manifestó su rechazo a este tipo de minería. Con ello daba las pistas sobre su futuro.

Áreas importantes para las aves / Cartografía del MAPAMA / Quantum-Advisian
En cuanto a la empresa promotora, defendió su iniciativa prácticamente hasta el final. En el documento de alcance que le solicitó el Gobierno castellano-manchego rebajó las cantidades de agua que necesitaría para la extracción de monacita y abogó por pozos, desaladoras o incluso camiones cisterna. A sus alegaciones incorporó informes que negaban muchos de los riesgos apuntados y subrayó que en realidad se trataba “de una gravera”.

Pero el resultado al final fue el previsible. A finales de octubre la Junta anunciaba informe desfavorable al proyecto y anunciaba que no habría minería de tierras raras en el Campo de Montiel por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico. “Esto pone fin al proceso”, repitió en varias ocasiones el consejero Martínez Arroyo. Con ello se daba ‘carpetazo’ a uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura y triunfaba ese ‘no a la mina’ repetido en las manifestaciones.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva celebró ampliamente esta decisión y anunció que seguirá trabajando para tener una ley regional que establezca limitaciones a esta minería e impida la implantación  de proyectos en el futuro. En esta misión se encuentra el diputado David Llorente, que se ha comprometido en este objetivo y que también se congratuló del final del proyecto, contra la “oligarquía de las tierras raras”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38324-tierras-raras-vs-tierras-vivas-asi-triunfo-el-no-a-la-mina-en-ciudad-real

El presidente de EEUU quiere asegurarse la primacía de la explotación de los recursos económicos que la industria aerospacial va a permitir.

Un comentario del presidente de EEUU, Donald Trump, al firmar la Directiva de Política Espacial que ordena al director de la NASA a liderar un programa de exploración espacial innovador para enviar astronautas estadounidenses de nuevo a la Luna y, a largo plazo, a Marte, llama particularmente la atención. «Esto es muy excitante, y muy importante para nuestro país, y también significa puestos de trabajo. ¡Trabajos! Y nos encantan los puestos de trabajo, ¿verdad?».

Podría pensarse que se refiere a un plan de contratación para empleados de la NASA y sus empresas subsidiarias. Sin embargo, la directiva no contiene especificaciones en cuanto a presupuestos o plazos para la Agencia Espacial. Lo que Trump tiene en mente es usarla como trampolín para que empresas privadas estadounidenses emprendan la conquista de las oportunidades comerciales que ofrece nuestro satélite y su órbita, de la minería al turismo espacial.

La medida también tiene una medida militar y estratégica, según confiesa él mismo. «El espacio tiene que ver con muchas otras aplicaciones, incluida una aplicación militar. Así que somos los líderes, y vamos a seguir siendo los líderes, y vamos a incrementarlo significativamente». El arrebato de retórica trumpista es un reto para las agencias espaciales de países competidores, pero también de potencias emergentes expansionistas como China y la India.

El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe específicamente la «explotación unilateral y privada de los recursos económicos», pero eso no ha impedido que varias empresas se lancen al desarrollo de tecnología para la minería espacial. Y si Donald Trump ya desdeña los tratados internacionales que afectan a la Tierra, es demasiado optimista confiar en que respeta al espacio gris legislativo del espacio.

De hecho, conocer los planes de la NASA para fomentar la explotación económica espacial fue una de las prioridades del equipo de Trump cuando accedió a la Casa Blanca, según reveló una filtración el pasado abril. «Provean datos y ejemplos de cómo la NASA desarrolla tecnología en colaboración con la industria privada, por ejemplo tipos de contratos o acuerdos y atribuciones de propiedad intelectual. El interés está en conocer cómo se difuminan los proyectos subvencionados por el Gobierno o no» – era la solicitud remitida a la administración Obama saliente.

La respuesta por parte de la Agencia incidía en los planes de privatización a cambio de poder seguir investigando: «La NASA contempla un futuro en el que la órbita cercana de la Tierra sea principalmente el dominio de la actividad comercial mientras la NASA lidera a sus socios internacionales y comerciales en la exploración del espacio profundo». Adjuntaban un Powerpoint describiendo los planes para la minería en la Luna, describiendo como paso previo la necesidad de enviar una misión de prospección, ya que los depósitos son difíciles de localizar desde la Tierra.

¿Dónde está el negocio en la Luna?

Hay cientos de miles de millones de dólares flotando sobre nuestras cabezas, en forma de recursos raros. Los asteroides contienen metales del grupo del platino extremadamente valiosos que hacen que los cazadores de meteoritos se peleen por los que caen a tierra. La revista Forbes revelaba el pasado enero que el Gobierno de Luxemburgo está invirtiendo intensamente en desarrollar la minería de asteroides.

Empresas como Space X de Elon Musk y Virgin también compiten por este mercado emergente. En cuanto a la Luna, ha vuelto a considerarse un objetivo idóneo por los indicios de agua y metano, que facilitarían tanto la implantación de una base como la creación de combustibles. El recurso más preciado aquí sería el Helio-3, inexistente en la Tierra pero una potencial fuente de energía nuclear segura, ya que no es radioactivo.

Las posibilidades de crear un asentamiento permanente tanto en la Luna como en Marte están sobre las mesas de diseño tanto de las agencias espaciales como de iniciativas privadas. No se trata solo de minería, exploración y defensa: hay emprendedores tratando de financiar hoteles lunares. La colonización espacial ha sido comparada a cómo brotaron las megaciudades del Golfo Pérsico favorecidas por los recursos económicos pese a las condiciones extremas. No es casualidad por tanto que Dubái planee un emirato en el planeta rojo.

Fuente:https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20171212/268973451_0.html

El presidente estadounidense, Donald Trump, redujo este lunes por decreto el área de dos enormes parques naturales nacionales en el estado de Utah (oeste) en unos 8.000 kilómetros cuadrados, el mayor recorte hasta ahora de este tipo de áreas protegidas.

El mandatario dijo que ambas reservas, el Bears Ears y el Grand Staircase-Escalante, constituyen un ejemplo de la “extralimitación del gobierno en el manejo de tierras”, y los dividió reduciendo drásticamente su tamaño.

En el caso del parque Bears Ears, que tenía alrededor de 5.400 kilómetros cuadrados y fue creado por el expresidente Barack Obama en 2016, Trump decidió dividirlo en dos parques que juntos ocupan un área de unos 930 kilómetros cuadrados, un recorte de más de 80%.

En tanto, la enorme reserva natural de Staircase-Escalante fue divida en tres partes. Originalmente este parque y monumento nacional tenía unos 7.600 kilómetros cuadrados, pero con la división y reducción pasará a poco más de 4.000 km2.

“Las familias y comunidades de Utah aman más que nadie esta tierra y saben como cuidarla”, dijo el mandatario.

Estos territorios habían sido declarados protegidos por su belleza natural y porque albergan sitios arqueológicos únicos en el territorio estadounidense, en consonancia con la Ley de Antigüedades de 1906.

Trump afirmó este lunes que estos dos parques eran ejemplo de la “extralimitación” gubernamental ya que para delimitar el área se habían incorporado tierras de propiedad privada, aunque estas tierras incluyen áreas que pueblos indígenas consideran sagradas.

“DÍA TRISTE”

Con los decretos firmados este lunes, casi 8.000 kilómetros cuadrados retornarán a los propietarios originales, a pesar de la fuerte reacción por parte de comunidades indígenas, legisladores y grupos de la sociedad civil local.

Cuatro líderes del partido demócrata en el Congreso emitieron este lunes una nota oficial criticando la decisión presidencial por considerar que lo que ahora resta de esos territorios queda “bajo amenaza”.

En tanto, la fundación humanitaria PEW recordó que solamente el área de Bears Ears es “territorio sagrado para cinco naciones indígenas”, y que en ese parque están protegidos unos 100.000 sitios arqueológicos.

“Reducir este tesoro nacional en más de 80% rompiéndolo en un archipiélago de sitios menores y aislados es ignorar la importancia de preservar todo ese paisaje”, apuntó la entidad.

Diez organizaciones de protección ambiental, incluyendo el Sierra Club y el Wilderness Society (TWS) presentaron una demanda ante un tribunal de la capital, Washington DC.

Alegan que se trata de una “proclamación ilegal” que “pondrá en peligro tesoros geológicos y arqueológicos” e “ignorará 111 años de historia de protección ambiental”.

“Es un día triste para los indígenas y para Estados Unidos”, dijo Jonathan Nez de la Nación Navajo en un comunicado. “Sin embargo somos resilientes” y “vamos a luchar para honrar a nuestros ancestros guerreros”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/norteamerica/item/38181-trump-reduce-reservas-naturales-protegidas-para-explotacion-petrolera-y-minera

España.-Unión sin fisuras la del sector del mar de la Ría de Arousa contra la amenaza de reapertura de la mina de Touro, ubicada en plena cuenca del río Ulla. Responsables de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.

Unión sin fisuras la del sector del mar de la Ría de Arousa contra la amenaza de reapertura de la mina de Touro, ubicada en plena cuenca del río Ulla. Responsables de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, de diferentes cofradías, asociaciones de mariscadoras y agrupaciones de bateeiros comparecieron ayer para mostrar su rotundo rechazo a una explotación que, advierte, traerá “graves consecuencias” para la extracción pesquera y marisquera en Arousa.

La mina de Touro-O Pino (ubicada en la provincia de A Coruña) fue explotada a escala industrial entre los años 1970 y 1986 y hace unos meses que salió a la luz pública un proyecto de reapertura de esa explotación a cargo de una multinacional con sede en Chipre. Las alarmas, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, no tardaron en saltar.

El sector del mar arousano, en perfecta sintonía con la Plataforma Veciñal Mina Non, incide en que permitir la reapertura de la mina implica poner en marcha una “bomba de reloxería” con “consecuencias catastróficas” no solo para el mar arousano, sino también para “a saúde pública”.

Como portavoz de la PDRA, Xaquín Rubido, puso sobre la mesa el impacto que la reapertura de la mina puede tener para “o tecido socioprodutivo arousán”. Y es que, y así lo reseñan desde el sector, el Ulla desemboca directamente en bancos marisqueros, así como sirve de fuente de captación de agua potable para concellos de la zona tales como Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira, Pontecesures, Valga, Catoira o Vilagarcía. Reabrir la mina supone, según el sector, poner en riesgo vertidos continuados de residuos al Ulla con la consiguiente incidencia para la salud pública.

Ante tal situación el sector ya ha remitido cartas a la Consellería do Mar, Consellería de Medio Ambiente y Consellería de Industria para hablar directamente con sus principales responsables y poder así conocer de primera mano los pasos que va a dar la administración en este sentido. “Temos claro que queremos parar a reapertura da mina”, clamaban ayer de forma unánime.
A mayores presentarán mociones en todos los concellos para buscar el apoyo de las corporaciones contra lo que ellos mismos definen como “un proxecto de dimensións descoñecidas con gran afectación na Ría de Arousa”.

Xaquín Rubido define el “modus operandi” con este asunto como “o mesmo que fixemos contra a Lei de Acuicultura” y asegura que “presionaremos para que esta apertura da mina non se leve a cabo”. Apuntan que “faremos a presión sobre as administracións que faga falla”.
A mayores desde la PDRA y desde las diferentes cofradías iniciarán ahora una campaña informativa, con asambleas y reparto de boletines, para dar a conocer entre la ciudadanía la incidencia que la reapertura de la mina de Touro- O Pino tendría en la Ría de Arousa.

LAS CIFRAS

Representantes del sector manifestaban ayer en cifras la incidencia de la reapertura de la mina de Touro. Apuntaban que los materiales que se desperdicien de las extracciones ocuparán una superficie de 269 hectáreas lo que, en términos generales, equivaldría a la superficie que ocupan 538 campos de fútbol reglamentarios. Resaltan que hay un riesgo “moi alta” de ruptura de los diques de contención.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38264-frente-comun-del-sector-del-mar-de-arousa-contra-la-mina-de-cobre-de-touro