Pasados 15 días desde que empezó a regir en el país la Ley 1658 de 2013, que prohibe el uso del mercurio en la minería, se detectó que las emisiones del metal han disminuido en las zonas urbanas del Nordeste y Bajo Cauca antioqueños y ahora se concentran en las zonas alejadas de los centros poblados.
Así lo reveló un estudio del programa Oro Legal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -Usaid-, adelantado en 2016 y 2017 en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre, Caucasia y Zaragoza (Antioquia); y Quibdó, Condoto e Istmina (Chocó).
Según concluyó la investigación, hay una significativa reducción del uso de este elemento químico en las minas.
Miguel Molano, subdirector del programa Oro Legal, resalta que este estudio en las subregiones no tiene precedentes, toda vez que antes se habían hecho mediciones y análisis en los tejidos vegetales y de animales, pero por primera vez se midieron las concentraciones de la atmósfera.
“El estudio lo repetimos año tras año y concluimos que la concentración ha disminuido en las vías principales aledañas a los sitios donde antes se ubicaban los quemaderos y compras de oro”, señaló. Sin embargo, explicó que las emisiones no han cesado sino que se trasladaron a la zona rural.
Para el caso de Segovia, por ejemplo, en 2016 la cabecera municipal registraba concentraciones por encima de los 1.000 nanogramos (ng) en el parque y zonas con población vulnerable. En 2017 se dieron las mismas concentraciones, pero redistribuidas en zonas perimetrales.
“Se detectó una mayor dispersión hacia las áreas periféricas, una situación que dificulta el control”, advirtió Peter Doyle, director de Oro Legal.
Lo positivo de este desplazamiento es que ya se afecta menos a los humanos, aunque se impactan más la flora y la fauna rurales.
Mercurio evitado
Pero no todas las maneras de extraer y procesar el oro arrojan los mismos resultados a la hora de evaluar los impactos del mercurio.
Usaid hizo tomas de muestras en 63 pequeñas unidades mineras ubicadas en el Bajo Cauca y el Nordeste, 25 de ellas de socavón, 25 de minidragas y 13 aluviales.
“Las unidades mineras que han recibido y en la actualidad reciben acompañamiento del programa Oro Legal de Usaid para su proceso de formalización, en los dos últimos años registran una eliminación aproximada de 7.8 toneladas de mercurio en Antioquia”, detalla el estudio.
Lo anterior obedece a la asistencia técnica y a los contratos y subcontratos de formalización establecidos entre los titulares y los pequeños mineros, lo que obliga a estos últimos a procesar su material en plantas de beneficio exentas de mercurio. Si bien su uso no ha cesado, ha mermado.
Así, mientras en 2016, en los tres tipos de minería, por cada gramo de oro producido se utilizaban 14 gramos de mercurio, en 2017 se bajó a 6,1 gramos de mercurio por cada gramo de oro generado.
Los precios se elevan
En cuanto al comercio del metal en las subregiones, Usaid halló que la prohibición de su uso ha disparado los precios. En diciembre de 2016, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2133, que estableció el proceso y el cupo permitido para la importación.
Para el periodo entre el 16 de septiembre de 2017 y el 15 de septiembre de 2020, el cupo de importación es de dos toneladas anuales y se podrá usar en otras actividades, pero no en minería.
La dificultad para acceder al mercurio generó un “mercado negro” que elevó el precio del kilo de $220.000 a $750.000. En septiembre de 2016, una pipeta de 34,5 kg se vendía en $5’400.000 al por mayor y hoy la misma cantidad cuesta $24’375.000.
“Suponemos que el mercurio que se usa en las minas entró ilegalmente al país”, admitió Molano. Pese a esta situación, los avances en la eliminación del metal han sido significativos y los reconoce la agencia estadounidense.
“El progreso en la reducción del mercurio ha sido impresionante (…); va a llegar el momento en el que los mineros no cuenten con la cultura, tecnología y las fuentes de financiamiento para su eliminación y van a necesitar más apoyo para lograrlo”, advirtió Peter Doyle, director de Oro Legal, teniendo en cuenta que el programa, en esta fase, termina en 2020 y no es seguro que se inicie un nuevo ciclo.
Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/mercurio-vuela-hacia-zonas-rurales-MA9075842
La Sierra Nevada de Santa Marta es el hogar de cuatro de los pueblos indígenas de la costa Caribe: kankuamos, arhuacos, wiwas y koguis; sin duda uno de los ecosistemas más importantes del país. A pesar de ello y de ser el sistema montañoso litoral más alto de Colombia, hoy se encuentra amenazado por la minería y otros factores externos como el cambio climático y el turismo descontrolado.
Estos mecanismos de participación no podrían vetar, en primera instancia, las iniciativas extractivas, según ponencia de la Corte Constitucional.
La semana pasada el país puso en marcha una de las medidas claves para frenar el flagelo de la contaminación por mercurio: entró en vigencia la prohibición de este elemento en la producción legal de minería de oro. Sin embargo, su alarmante uso ilegal sigue siendo el mayor obstáculo para que Colombia sea libre de este tóxico.
El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali está en una encrucijada por la minería ilegal de oro en pleno corazón de la reserva, el asentamiento de unas dos mil personas y la protección del agua que fabrica.
Un documento que llegó al Ministerio de Ambiente reveló que la compañía minera insiste en explotar minerales en ese municipio, a pesar del contundente resultado que prohibió ese tipo de actividades en ese lugar.
El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios se debate en el alto tribunal.
Pese a que AngloGold aseguró 15 meses atrás que respetaría la decisión de los cajamarcunos sobre prohibir la minería en su territorio después de una consulta popular, EL OLFATO conoció que la compañía solicitó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente el permiso de “sustracción temporal de un área de reserva forestal central”.
El alcalde del municipio de Salento, Quindío Juan Miguel Galvis dijo que su administración está dispuesta a sacar los recursos para realizar la consulta popular minera, ante la negativa del ministerio de hacienda y la registraduría de adelantar este mecanismo de participación ciudadana por falta de dinero.
A través de un comunicado a la opinión pública, los concejales de La Plata representados en la Mesa Directiva del Concejo Municipal, reiteraron su compromiso de no permitir que en el territorio se realicen actividades de explotación intensiva de los recursos naturales, específicamente mediante la extracción de minerales o la construcción de represas para generación hidroeléctrica. Con La Plata son diez las localidades huilenses que adoptaron como acuerdo municipal la defensa del patrimonio ecológico y cultural prohibiendo la megaminería y la construcción de represas.