EL NUEVO DÍA Los habitantes de las zonas afectadas recogieron más de 6 mil firmas en contra del proyecto.

23/02/2020
Luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) indicara que la licencia para realizar minería en el río Magdalena estaba suspendida, el alcalde de Coello, Evelio Caro Cañizares, afirmó que desde un inicio el municipio se manifestó en contra de esa posibilidad.

“Nosotros en el 2016 nos reunimos con quienes están solicitando esa licencia en el Concejo de Coello. Fuimos enfáticos y claros en que nos íbamos a oponer a esa licencia”, dijo el mandatario municipal.
La polémica, que alcanzó resonancia nacional, se generó cuando se conoció que la CAR le había otorgado un permiso de concesión en el río Magdalena para la explotación de materiales de construcción a las empresas Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (Proingecol S.A.S.) y Proacol.

Las personas que viven en los municipios ribereños, entre los que se encuentra Coello, aseguran que la licencia fue entregada sin la participación de las comunidades que viven en los sectores que se verían afectados.

Como protesta ante esa medida, se recogieron cerca de 6.700 firmas en contra del proyecto.
La CAR informó que, por ahora, no hay autorización de ningún tipo de extracción hasta que no se resuelva un recurso de reposición interpuesto por uno de los 130 terceros intervinientes en el proceso, dentro de los que se encuentran comunidades indígenas, campesinos y autoridades municipales.

“La misma Corporación pondrá en conocimiento de la decisión respectiva a la Procuraduría delegada ambiental, así como a los municipios respectivos y a las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, para lo que estimen pertinente y garanticen la legalidad del proceso”, manifestó la CAR en un comunicado de prensa.

Ahora la Corporación constituirá un equipo especial de expertos que analizarán tanto la parte técnica, como la social y la legal, en relación con los argumentos que se presenten, y hecho el análisis respectivo se pronunciará en relación con una eventual confirmación, modificación o revocatoria de la decisión adoptada.

Los pobladores de las zonas en donde este proyecto tendría incidencia afirman que afectaría la pesca, además de estar preocupados por la decisión que se tome una vez sea analizado el recurso de reposición.

Dentro de las afectaciones que el proyecto tendría los habitantes resaltan que no solo quedarían residuos de materiales tóxicos, “sino que se afectarían las dos únicas playas que tiene el río Magdalena, las cuales son utilizadas con fines turísticos y recreativos”, afirmaron pobladores de Girardot, el otro municipio que se vería afectado.

“Ahora tenemos que ponernos en la tarea de investigar y de mirar si se cumplen con los requisitos o si con el impacto del proyecto se beneficia la comunidad o no. Llamaremos a los jurídicos para que nos comencemos a poner en órbita con ese tema”, dijo el alcalde.

“El río Coello hasta hace dos años tenía 17 licencias expedidas y no estamos de acuerdo con ese tema porque eso es acabar con los ríos y lo que tenemos que hacer es preservar las fuentes hídricas porque a futuro tenemos que buscar que nuestros hijos gocen de unas fuentes hídricas en buenas condiciones”, finalizó.
https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/445705-suspenden-licencia-de-proyecto-minero-sobre-el-rio-magdalena-con-influencia

En los santanderes preparan una marcha para pedir que a Minesa no le aprueben la licencia ambiental para explotar oro en cercanías del páramo de Santurbán. La empresa defiende el proyecto y su gestión.

Marcha por Santurbán el 16 de marzo pedirá que no le den la licencia a Minesa Los ambientalistas consideran que la zona donde MInesa pretende trabajar hace “parte integral del ecosistema del complejo del páramo de Santurbán”. Y que el agua que sale de allí alimenta acueductos de 23 cabeceras municipales, entre ellas la de Bucaramanga.

Se acercan días clave tanto para la multinacional Minesa como para los detractores del proyecto de megaminería en cercanías al páramo de Santurbán, en Santander. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) está evaluando si concede la licencia ambiental para extraer oro en el proyecto Soto Norte, ubicado en los municipios de California y Suratá, con una vida útil de 25 años y una producción promedio anual de 410.000 onzas en concentrados polimetálicos.

Esta es la última etapa del proceso de licenciamiento. Minesa muestra optimismo: en su segundo intento por obtenerlo entregó las respuestas a los 107 requerimientos, información adicional que le pidió la autoridad sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Aunque la Anla no ha dado una fecha exacta para revelar la decisión, se calcula que lo hará en el segundo semestre de 2020.

Otro no al proyecto de Minesa en el páramo de Santurbán
En esta oportunidad, los ambientalistas le van a apostar a la calle para pedirle al Gobierno nacional que le niegue la licencia a Minesa. Quieren trasladar de Santander a Bogotá 3.000 personas en buses y a pie, en una larga caminata que servirá de antesala de la protesta del 16 de marzo. De Norte de Santander saldrían unas 300 personas de siete municipios. Una vez en la capital planean salir de la plaza de Bolívar a la una de la tarde, caminar por la carrera Séptima hasta el Ministerio de Ambiente, realizar un plantón, y después ir al Parque Nacional, donde un concierto cerrará la manifestación.

Minesa ya tiene algunos campamentos en la zona y está a la expectativa del pronunciamiento de la Anla sobre la licencia ambiental. Mientras tanto, centenares de santandereanos preparan la marcha del 16 de marzo.
Será una protesta cargada de símbolos, pues tendrá lugar el día de los Comuneros. El 16 de marzo de 1781 comenzó una revuelta en Socorro por los altos impuestos de la corona española cuando Manuela Beltrán rompió el edicto del Ayuntamiento. Más de 20.000 comuneros pretendían llegar hasta Santafé, pero los engañaron y los traicionaron en Zipaquirá. Como en aquellos tiempos, los santandereanos irán a la capital del país para reclamar por la defensa del agua y los páramos de Santurbán y Sumapaz. Además, entregarán un mensaje contundente: “Si se aprueba la licencia ambiental, Bucaramanga se para”, dijo Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del páramo de Santurbán.

La fecha también tiene un sentido práctico, la idea es que la marcha anteceda la audiencia pública ambiental –no vinculante– en la que tanto Minesa como la comunidad podrán hablar sobre el proyecto.

El debate
El proyecto Soto Norte tiene múltiples impactos. Sin embargo, el mayor debate gira en torno a si la mina va a afectar el páramo de Santurbán. Minesa asegura que el proyecto está en su totalidad fuera de esa zona, porque la parte más alta del proyecto queda a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más bajo del páramo está a 2.800 metros. Así que al mirar el límite del páramo es cierto que la mina no queda allí. Sin embargo, los ambientalistas consideran que la zona donde pretenden hacer la explotación hace “parte integral del ecosistema del complejo del páramo de Santurbán”, y que el agua que sale de allí alimenta acueductos de 23 cabeceras municipales, entre ellas la de Bucaramanga.

El enorme problema para delimitar el páramo de Santurbán
Otro tema álgido es la presa de relaves, a donde van a ir a parar los residuos del proceso minero. Los detractores del proyecto aseguran que esta generará impactos a perpetuidad porque no se puede desmontar y temen que los desechos contaminantes se filtren. Además, hay un mal antecedente: en Brasil una presa de relaves colapsó y causó una avalancha en Brumadinho que mató a más de un centenar de personas. En el caso del proyecto de Soto Norte, la presa quedará ubicada a 1.400 metros del casco urbano de Suratá. Minesa explica que esto no ocurriría porque en Brasil se vertía una especie de lodo, pero este será un depósito de residuos sólidos, similar a un relleno de arena seca y compacta, además protegida por una geomembrana. “El proyecto tiene una fase de cierre y poscierre lo suficientemente extensa (mínimo de 12 años), la cual exige un manejo exhaustivo, que será reglado y auditado”, aseguró la empresa.

Los activistas no solo abogan por el páramo, sino por el bosque altoandino, vital en la regulación hídrica. Según Minesa, el proyecto está concebido como una mina subterránea y por lo tanto “no impactará el bosque altoandino”. Sin embargo, en el Comité de Santurbán explican que la presa de relaves, ubicada en Suratá, está en medio del bosque altoandino, y para construirla van a tener que remover 19.000 árboles, la mayoría robles. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) emitió un concepto sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Asegura que “ninguna medida de mitigación o compensación podría resarcir el daño causado a este tipo de ecosistemas, ya que los procesos de restauración tomarían gran cantidad de años”.

En los carteles de los manifestantes suele decir “Ni Minesa ni Carrasquilla”, debido a que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla trabaja como ministro ad hoc de Ambiente en emitir un concepto vinculante al Consejo Técnico Consultivo de la Anla sobre el proyecto Soto Norte. Por primera vez se utiliza un comité de esta clase en el país en el proceso de licenciamiento y todavía no está claro su alcance.

El apoyo político
La defensa del agua y del páramo de Santurbán en Santander no tiene discusión. Se ha convertido a lo largo de los años en una bandera política con un fuerte componente jurídico. Es políticamente incorrecto defender la megaminería, por ejemplo. Por eso los mandatarios locales se han sumado a esa causa. Sin embargo, no es lo mismo decir que quieren cuidar el páramo a que están en contra de que Minesa tenga licencia ambiental. En ese sentido los políticos suelen buscar equilibrio para tratar de quedar bien en ambos sentidos.

Existen matices. Mientras los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga apoyan la marcha, los municipios directamente afectados no asistirán, pero tampoco defienden a Minesa. En el caso de California, un municipio que ha dependido de la pequeña minería, la alcaldesa Genny Gamboa explica que “no hay un modelo integral socioeconómico ni ambiental.” Y que por tanto los ciudadanos sienten que no tienen garantías “porque no hay empleo directo ni indirecto. Estamos en la mitad de una decisión del gobierno nacional, del área metropolitana y un proyecto de megaminería”, dice la alcaldesa. Sin embargo, Minesa asegura que en la Provincia de Soto Norte han invertido más de 30.000 millones de pesos en el programa de responsabilidad social. La alcaldesa de Suratá prefirió no pronunciarse sobre la marcha.

Santurbán: el tesoro de Los Andes
En contraste, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tiene un plan estructurado para apoyar las manifestaciones contra Minesa. Están diseñando una mesa de trabajo con expertos que analizarán el Estudio de Impacto Ambiental, al tiempo que adelantan acciones judiciales de la mano con el Comité de Santurbán.

Además, la alcaldía ejecutará una “estrategia de comunicación para sensibilizar” sobre la importancia de preservar estos ecosistemas. Cárdenas asegura que defenderá el páramo con “todas las herramientas que existan”. Además, hizo una declaración conjunta con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para apoyar la marcha del 16 de marzo. “Proteger el páramo de Santurbán no es hippismo ambiental, se trata de proteger la vida”, dijo López.

Sigue el pulso por el páramo de Santurbán
En Norte de Santander también hay apoyo político, aunque no en la misma magnitud. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, está de acuerdo con la marcha para defender el páramo de Santurbán que se encuentra en su mayor parte en su departamento. Y en la Asamblea apoyan al Comité para la defensa del agua y páramos de Norte de Santander para conseguir los buses que irán hasta Bogotá.

La marcha busca tener trascendencia nacional. Sin embargo, se trata de parar un proyecto que le aportará al país 100 millones de dólares anuales en impuestos y regalías, que promete generar 5.000 empleos, con una inversión de un millón de dólares por día en la fase de construcción. La Anla tiene la última palabra.
https://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-por-santurban-el-16-de-marzo-pedira-que-no-le-den-la-licencia-a-minesa/653177

18 Feb 2020
Redacción Economía.
En principio, la decisión cobija a cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería y a la empresa concesionaria Cerro Matoso S.A.

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento estimado en $619.680.857.421 contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa concesionaria de la explotación minera.

Según explicó la entidad, la decisión se tomó al cerrar una indagación preliminar en la que se estableció un detrimento fiscal por regalías no pagadas correctamente por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012, en la mina conocida como Cerro Matoso, en la jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba.

«La indagación preliminar se adelantó el año pasado luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, mediante Auto número 0002 del 18 de enero de 2019, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la liquidación y pago de regalías, en virtud de los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971, enfatizando que se analizara si se dedujeron costos no pertinentes en la liquidación de regalías de níquel y se determinara si se pagaron regalías por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel», se lee en el documento que publicó este martes la entidad.

De los $619.000 millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes

Otros $386.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados

Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado.

La Contraloría pudo determinar que los ingresos brutos del concesionario por la explotación del níquel entre 1982 y 2012 ascendieron a $23,6 billones y que sus costos y gastos totales en ese mismo período fueron de $9,7 billones incluyendo los no pertinentes aplicados a la liquidación de regalías.

«El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento», dijo Carlos Felipe Córdoba, contralor general.
https://www.elespectador.com/economia/contraloria-abrio-proceso-de-responsabilidad-fiscal-contra-cerro-matoso-por-regalias-de-niquel-articulo-905311

30/01/2020
La minería a cielo abierto causa impactos irreversibles en los bosques
Este panorama se evidencia en Chocó, en donde las alteraciones que ha sufrido el bosque húmedo por causa de esta actividad hacen prácticamente imposible que las áreas afectadas puedan volver a su condición inicial. Así lo señala un estudio de la Universidad Nacional.

El impacto que sobre los bosques tiene el desarrollo de actividades mineras a gran escala es drástico y se hace muy difícil llevar a cabo procesos de restauración en el largo plazo, lo que pone en duda la posibilidad de que se pueda recuperar la vegetación original.

Así se desprende de una investigación realizada por Giovanni Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional, quien en su tesis de grado caracterizó las especies vegetales de tres sectores de minas del corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto, en Chocó, abandonadas hace 30, 15 y 5 años, respectivamente.

Según el investigador, restaurar los ecosistemas forestales es una estrategia clave en la lucha contra las manifestaciones del cambio climático, dada la pérdida de biodiversidad y desertificación a la cual se enfrenta hoy el mundo. Adicionalmente, el desarrollo de estas iniciativas les ofrece oportunidades a las comunidades involucradas en dichos procesos, resultado de los productos y servicios que genera esta práctica.

Esta población, en donde se extrae oro, platino y plata, está ubicada al occidente del municipio de Condoto, en la subcuenca del río Opogodó, en jurisdicción del consejo comunitario mayor de Condoto.

Para el estudio fueron delimitadas 20 parcelas de 500 metros cuadrados de superficie, en las cuales se registró y midió la vegetación según la altura de los árboles, y los resultados fueron contrastados con los de un bosque testigo.

La investigación se soportó teniendo en cuenta diferentes sitios de “recuperación” que habían sido intervenidos con minería a cielo abierto. Ramírez, tuvo en cuenta un área de bosque con más de 30 años de sucesión y recuperación; otra con 15 años y una más con 5 años. Esta última rodeada de un bosque testigo sin evidencias de actividad minera.

Esto le permitió al investigador determinar que después de 30 años la comunidad vegetal se encuentra aproximadamente en un 50 por ciento de sus condiciones iniciales en cuanto a la composición florística, aunque esta nueva comunidad es completamente diferente a la del bosque testigo. Según Ramírez, esto evidencia que la actividad minera ocasiona una serie de transformaciones que hacen bastante improbable que se retorne a la condición inicial del bosque pluvial (húmedo).
En la zona de estudio aún existen áreas con una densa cobertura vegetal en las que no ha habido intervención antrópica, y se encuentran árboles con alturas entre 30 y 45 metros. También, dice, fueron halladas numerosas especies de palmas, entre ellas, la Mauritiella macroclada, endémica del Chocó biogeográfico.

En el estudio se evaluó la adaptabilidad de especies como la acacia (Acacia mangium) y la bija (Bixa orellana) en áreas degradadas por la actividad minera aluvial en Condoto.

El patrón caracterizado en la investigación muestra que la riqueza a nivel taxonómico aumenta en la medida en que avanza la recuperación; sin embargo, la diferencia entre las áreas que están en proceso de recuperación y las que no han sido sometidas a ningún tipo de intervención minera es amplia. Por ejemplo, el número de familias se ha incrementado de 16 en el área en recuperación de 5 años, a 23 en la de 30 años, mientras los géneros han pasado de 27 (5 años) a 40 (30 años) y el número de especies ha variado de 28 (5 años) a 52 (30 años). Este panorama dista bastante de la riqueza en el bosque testigo, el cual registra 41 familias, 101 géneros y 128 especies.

Los datos son muy dicientes, por ello Ramírez insiste en que si continúa la incorporación de nuevos territorios a la actividad minera a gran escala, los efectos perturbadores sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos irán en aumento.

Destaca, además, que la restauración de las áreas que han sido afectadas por este tipo de actividad requiere de planificación, pues su éxito no depende solo de plantar árboles, sino de una proyección cuidadosa que se debe basar en los conocimientos científicos necesarios para que los ecosistemas degradados efectivamente puedan sobrevivir y recuperarse de las diferentes presiones abióticas, bióticas y sociales.

Fuente: Semana Sostenible

La minería a cielo abierto causa impactos irreversibles en los bosques

Afecciones respiratorias en niños y adultos, así como problemas visuales y cutáneos denunciaron dos miembros del Resguardo Indígena Wayú Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, La Guajira.

Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana denunciaron que en su región se registran tales padecimientos de salud, al parecer, por la labor que adelanta la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Las mujeres, que actúan en representación de un menor de edad, solicitaron por vía legal la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad.

Para las demandantes tales garantías se encontrarían en grave peligro ante la cercanía del resguardo con la explotación minera adelantada por la empresa que desde hace décadas utiliza un mecanismo de extracción a cielo abierto, mediante voladura con explosivos, en un área que abarca 38.000 hectáreas, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado, ruidos constantes y olores prolongados que afectan la salud de su comunidad.

Las mujeres denuncian que el ‘Tajo Patilla’ y varios botaderos aledaños a este se encuentran aproximadamente a menos de dos kilómetros del resguardo, lo cual implica experimentar a diario explosiones que generan temblores y dispersión de polvillo de carbón que llega hasta sus casas, plantas y animales, esto sin contar con la producción de fuertes olores a azufre o carbón quemado producto de los constantes incendios de los taludes.

“La contaminación ambiental ha imposibilitado el acceso a fuentes de agua subterránea o superficial, por su acidez y abundante contenido de sulfatos y óxidos producto del polvillo de carbón que cae en los afluentes cercanos”, señalan en el documento que allegaron.

Añadieron también que las labores de la empresa Cerrejón han repercutido en una afectación cultural respecto a sus usos y costumbres, también ha generado la improductividad de sus suelos y el hacinamiento de su población ante la reiterada compra de predios que antes eran utilizados como caminos, vías de pastoreo, entre otros, y ahora son propiedad privada de la empresa.

Todos los argumentos y denuncias lo hicieron llegar vía acción judicial al Tribunal Superior de La Guajira en la que solicitaron el amparo de sus derechos, pero está les fue negada en primera instancia.

Al ser apelada, el documento llegó a la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, pero allí ratificaron la decisión.

Tras casi no conseguir mucho, el documento llegó al despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos quien destacó que “los derechos a la salud y a la integridad personal tienen carácter fundamental y su preservación es determinante para garantizar la vida humana en condiciones que resulten aptas para su desarrollo.

Por tanto, el ámbito de protección del medio ambiente en su dimensión colectiva, se instala en la salvaguarda de garantías individuales, que torna procedente esta acción de amparo”.

Además añadió, en razón al daño ambiental, que el Estado no sólo tiene la obligación de preservar, conservar y prevenir, sino también la de restaurar los recursos naturales de las contingencias del mundo físico y, particularmente, de las actividades extractivas.

Lo que debe hacer Carbones El Cerrejón

El magistrado Rojas, tras conocer la situación, ordenó a la empresa Carbones del Cerrejón que, en máximo un mes, como medida transitoria urgente, controle sus emisiones de material particulado de manera que la calidad del aire en el Resguardo Indígena mejore.

Igualmente, le ordenó a la empresa que en el mismo tiempo implemente medidas transitorias urgentes para reducir el riesgo que sus operaciones representan para la comunidad indígena.

Entre las acciones que debe realizar están labores de limpieza exhaustivas de polvillo de carbón en las viviendas del resguardo, los pozos de agua que utilizan sus habitantes y en la vegetación, además debe hacer un plan para que se disminuya el nivel de ruido que genera su actividad.

Del mismo modo, debe impedir la contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de escorrentía que provienen de la mina u otras zonas utilizadas por la empresa, además de implementar labores de prevención de incendios y apagar inmediatamente aquellos que se generan en los mantos de carbón y material estéril que se encuentren a menos de cinco kilómetros del resguardo.

Lo que debe hacer el Gobierno

El magistrado también consideró necesario vincular a sectores del Gobierno con el fin de mitigar la situación compleja que padece la comunidad, por lo que ordenó al Ministerio de Ambiente, de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Gobernación de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional del departamento que en el mismo tiempo conformen una Comisión Técnica.

El objetivo de la misma es determinar los factores de riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad, además deben identificar las alternativas que existen para prevenir, mitigar y corregir de manera definitiva tales riesgos en el corto, mediano y largo plazo.

Para ello, Rojas expuso que la Comisión tendrá que crear espacios de diálogo con la comunidad y la empresa Carbones del Cerrejón, así como solicitar a algunas organizaciones que rindan su concepto técnico al respecto.

Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y Corpoguajira en un plazo máximo de cuatro meses deberán implementar un sistema independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo Indígena y la calidad de agua en las fuentes hídricas que lo abastecen.

En este caso, las entidades deberán contar con instrumentos que midan la calidad de agua y del aire en la zona. Esto, además de hacer un análisis periódico de la composición química de dicho material, entre otras acciones.

Por último, entre más de 15 órdenes, el magistrado le dijo al Ministerio de Salud que en máximo dos meses cree una brigada de salud con la finalidad de hacer una valoración médica de los integrantes del Resguardo.

En dos meses también deberá construir un perfil epidemiológico de la comunidad, además de informar los resultados obtenidos a la Comisión Técnica y a las entidades prestadoras del servicio de salud que tengan como afiliados a integrantes del resguardo, para que realicen los tratamientos correspondientes, de conformidad con los procedimientos legales y reglamentarios a que haya lugar.

Fuente:https://www.laopinion.com.co/colombia/entre-explotaciones-mineras-y-enfermedades-de-los-wayu-191046?fbclid=IwAR3yU0LDX2SZFLs3izbO6gPdgzqcI2-y-UHSbysg8AJQZFAaFnKU9hp6L0c#OP

Las alteraciones que ha sufrido el bosque pluvial (húmedo) del Chocó por causa de la minería a cielo abierto hacen prácticamente imposible que este retorne a su condición inicial.

Así lo constató el estudiante Giovanni Ramírez, del Doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien en su tesis de grado caracterizó las especies vegetales de tres sectores de minas del corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto (Chocó), abandonadas hace 30, 15 y 5 años, con la tutoría del profesor Jesús Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales.

Para el investigador, restaurar los ecosistemas forestales es una estrategia clave en la lucha contra las manifestaciones del cambio climático –pérdida de biodiversidad y desertificación– y además les ofrece oportunidades de desarrollo a las comunidades involucradas en dichos procesos, dados los productos y servicios que genera esta práctica.

Esta población, de donde se extrae oro, platino y plata, está ubicada al occidente del municipio de Condoto, en la subcuenca del río Opogodó, en jurisdicción del consejo comunitario mayor de Condoto. Allá se llega por una ruta carreteable, a partir de una desviación en el costado occidental de la vía que de Condoto conduce a Nóvita.

Para el estudio se delimitaron 20 parcelas de 500 m² de superficie, en las cuales se registró y midió la vegetación según la altura de los árboles, y los resultados se contrastaron con los de un bosque testigo.

En tal sentido, se seleccionaron los siguientes sitios de “recuperación” que habían sido intervenidos con minería a cielo abierto: un área de bosque con más de 30 años de sucesión y recuperación; otra con 15 años de recuperación, que se encuentra rodeada por pozos de agua producto de la actividad minera, y una más con 5 años de sucesión, rodeada por cuerpos de agua, además de un bosque testigo sin evidencias de actividad minera.

Así, el investigador observó que después de 30 años la comunidad vegetal se encuentra aproximadamente en un 50 % de sus condiciones iniciales en cuanto a la composición florística, aunque esta nueva comunidad es completamente diferente a la del bosque testigo. Ello, según el doctorando, “evidencia que la actividad minera ocasiona una serie de transformaciones que hacen bastante improbable que se retorne a la condición inicial del bosque pluvial”.

En la zona de estudio todavía existen áreas con una densa cobertura vegetal en las que no ha habido intervención antrópica, y se encuentran árboles con alturas entre 30 y 45 m. También se hallaron numerosas especies de palmas, entre ellas Mauritiella macroclada (Burret), endémica del Choco biogeográfico.

En el estudio se evaluó la adaptabilidad de especies como la acacia (Acacia mangium) y la bija (Bixa orellana) en áreas degradadas por la actividad minera aluvial en Condoto (Chocó biogeográfico). Además se retomaron diagnósticos ambientales realizados por otros investigadores, según los cuales se advierte que aún persisten vacíos sobre los impactos reales en diferentes aspectos de la estructura y composición de los ecosistemas.

El patrón caracterizado en la investigación muestra que la riqueza a nivel taxonómico aumenta en la medida en que avanza la recuperación (fases de sucesión). El número de familias se ha incrementado de 16 en el área en recuperación de 5 años, a 23 en el área de 30 años. Los géneros han pasado de 27 (5 años) a 40 (30 años) y el número de especies ha variado de 28 (5 años) a 52 (30 años). Este panorama se aleja bastante de la riqueza en el bosque testigo, el cual registra 41 familias, 101 géneros y 128 especies, incluidas las epífitas.

Estas cifras, según el investigador, permiten concluir que el efecto de la intervención de la minería a cielo abierto sobre el bosque húmedo pluvial en localidades del Chocó biogeográfico es muy drástico y que los tiempos de restauración son muy lentos, lo cual genera incertidumbre sobre la posibilidad de que se restaure la vegetación original.

Por ello advierte que si continúa la incorporación de nuevos territorios a la actividad minera a gran escala, los efectos perturbadores sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos aumentarán.

Destaca además que la restauración requiere de planificación, pues su éxito no depende solo de plantar árboles, sino de una proyección cuidadosa que se debe basar en los conocimientos científicos necesarios para que los ecosistemas degradados efectivamente puedan sobrevivir y recuperarse de las diferentes presiones abióticas, bióticas y sociales. (Plantar un billón de árboles no ayudará a reducir el impacto del cambio climático)

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/por-mineria-cielo-abierto-los-bosques-de-condoto-choco-nunca-seran-los-mismos-articulo-901766?fbclid=IwAR0gcoyGXFicoyGYWEZ7KKVjcE58g8KcILpatI9kD_Vsagnmrfjpii8aGXs

Jaime Luis Arias creció en la ladera sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un macizo costero aislado en forma de pirámide en el norte de Colombia, Sierra Nevada es una de las montañas costeras más altas del planeta, con los picos nevados que se elevan desde el Mar Caribe hasta unos desconcertantes 5.800 metros (19.000 pies).

Los dramáticos cambios de elevación de la Sierra Nevada de Santa Marta han creado un vibrante reflejo de los numerosos ecosistemas de Colombia: selvas tropicales, sabanas, bosques secos tropicales, tundra alpina tropical, glaciares, desiertos y arrecifes de coral, con especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo. .

«Crecí con la gente de Kankuamo, en las tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta», dijo Arias. «Para nosotros, crecer allí es un gran privilegio, por eso lo llamamos ‘el corazón del mundo'».

Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. En sus creencias espirituales, Sierra Nevada se considera el corazón del mundo, donde cada elemento, objeto y organismo, desde el pico vertiginoso hasta la corriente suave, forma una parte indispensable de un cuerpo interconectado.

“Para nosotros, hay vida en todos los elementos. Los picos, ríos, animales, plantas, piedras y planetas están en constante interacción para lograr la armonía y el equilibrio en la naturaleza y con nosotros mismos «, dijo Arias. «Lo que afecta a uno, afecta a todo el ecosistema».

La Sierra Nevada cubre unos 17,000 kilómetros cuadrados (6,560 millas cuadradas). Las tierras altas y las tierras medias remotas están protegidas por un parque nacional junto con tres reservas indígenas que se superponen y exceden la tierra cubierta por el parque. Sin embargo, las comunidades indígenas que habitan en la remota región montañosa se consideran defensores de un territorio mucho más extenso que el que está oficialmente protegido.

La línea negra

Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.

El Consejo Territorial Indígena de Gobernadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC) describe la Línea Negra como “un gran sistema de nodos terrestres, marítimos y aéreos interconectados. Considerado como sagrado en su conjunto, es el espacio del que surge la cultura de los cuatro pueblos indígenas de Sierra Nevada, y donde se recrea «.

Pero con recursos valiosos bajo el pie, como el petróleo y el oro, hay visiones competitivas para el futuro de la Línea Negra. Arias dijo que la presión de los intereses mineros dentro de la Línea Negra aumentó hace 15 años bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno emprendió una serie de proyectos de infraestructura a gran escala en la región.

«Siempre ha habido presión sobre Sierra Nevada, pero fue bajo Uribe cuando explotó la cantidad de solicitudes y concesiones mineras», dijo Arias. «Ahora, la negligencia legislativa nos presenta 132 títulos mineros y 260 aplicaciones mineras para explotar minerales y carbono».

La Corte Constitucional explicó que la minería a cielo abierto que lleva a cabo Carbones del Cerrejón sería la causante de daños

La Corte Constitucional encontró cinco afectaciones a la comunidad Wayúu que se habrían producido por la actividad minera a cielo abierto que ha desarrollado empresa Carbones del Cerrejón. Estos resultados contradicen las afirmaciones de la corporación minera, que había asegurado ante el Alto Tribunal que su actividad a cielo abierto cumplía con los altos estándares de calidad.

Según Rcn Radio, polvillo de carbón al interior de los hogares de la comunidad, cenizas de carbón, hollín sobre la flora y la fauna cercana a las empresa, mezcla de químicos y gases son algunas de las consecuencias que encontró la Corte. Asímismo, dichas partículas podrían causar distintas enfermedades a los miembros de la comunidad indígena.

“Las entidades de control ambiental como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) corroboraron incumplimientos, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes y no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena”, explicó la Corte entre los resultados.

Fuente:https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-corte-encontro-afectaciones-a-la-comunidad-wayuu-ocasionadas-por-la-mineria-2949680?fbclid=IwAR0_ZnHhg0MemKUk3LsKKkzAkCIvd0tjhU949SQTqOUZJXCAcCWS61hFBnI

Andrés Pérez Hernández luchó hasta el último día de su gobierno por evitar la llegada de la megaminería a Jericó, municipio antioqueño en el que ejerció como alcalde desde 2016.

Sin embargo, su ímpetu y el de cientos de campesinos, emprendedores, jóvenes y empresarios que pelearon junto a él por esa causa, no fue suficiente y finalmente terminó siendo doblegado.

El hundimiento del proyecto de acuerdo municipal, a través del cual se pretendía blindar a Jericó del establecimiento de la minería a gran escala, partiendo de la reglamentación del uso del suelo, fue el golpe con el que terminó su batallar como mandatario.

La inasistencia el pasado domingo 29 de diciembre de 7 de los 11 concejales que integran esa corporación municipal, significaron el hundimiento del proyecto. Según el mandatario esto se debió a la presión, tanto política como administrativa, que ejerció el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, del Viceministerio de Minas y la Secretaría de Minas de Antioquia, entre otras entidades.

“La presión de afuera, del Gobierno, fue inadecuada, inoportuna, pero además irrespetuosa con la autonomía territorial. Esto llevó a que ese proyecto de acuerdo se hundiera en un municipio que es patrimonio de los colombianos y destino turístico sostenible”, dijo Pérez, quien teme que ahora esa población quede expuesta a las intenciones de una multinacional minera que tiene intereses serios en Jericó.

El mandatario se refiere a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), que tiene contemplado llevar a cabo un proyecto denominado Quebradona, en la vereda Vallecitos, en el que se producirían 6,13 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, durante los 21 años de operación que duraría la concesión.

“Esa empresa se supo mover e influenció al Gobierno nacional para que se entrometiera de manera inapropiada en las decisiones que son propias de la alcaldía municipal y la autonomía del Concejo”, mencionó.

Para el alcalde el proyecto de esquema de ordenamiento estaba muy bien sustentado y cumplía con todos los requisitos como, por ejemplo, el acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), así como con el concepto del Consejo Territorial de Planeación. “Yo como alcalde estaba atendiendo la lectura de la mayoría de los jericoanos que no queremos que se haga megaminería en Jericó, cuna de la santa Laura Montoya. Somos un destino turístico internacional, ya que somos sede del Hay Festival y por proyectos como ese, nuestra cultura y tradiciones se ven amenazadas”, recalcó.

“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.

Para ella la verdadera vocación de esa población es la agroindustria, el ecoturísmo, la cultura y el emprendimiento sostenible.

«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en una video-carta que le fue enviada en agosto de este año al presidente Iván Duque por parte de la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló, entre tanto, en una entrevista concedida a Semana Sostenible en agosto, que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.

Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por la división social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían con la llegada de gente foránea.

Semana Sostenible se intentó comunicar con AngloGold Ashanti pero no fue posible obtener respuesta.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/alcalde-de-jerico-senala-al-gobierno-nacional-de-querer-establecer-la-megamineria-en-ese-municipio/48295