De manera criminal Gobierno autoriza a Pascua Lama a contaminar las aguas y la población tras modificación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
“No entendemos como la Doctora Bachelet ha permitido este cambio criminal”
En medio de nuevas declaraciones de Barrick que intentan una vez más reflotar el paralizado ambientalmente proyecto Pascua Lama, dando palabras de buena crianza a través de su Director René Muga[1], y anunciando de que “responsablemente” están pensando realizar cambios estructurales a un proyecto que las comunidades ya han demostrado es inviable y que sea cual sea la forma que pretendan llevarlo a cabo lo rechazarán[2], han salido las mismas a denunciar una sórdida y criminal acción realizada de manera coordinada y conjunta entre Gobierno y Barrick para viabilizar dicho proyecto a toda costa: han elevado los límites autorizados de metales pesados y químicos en el agua, permitiéndose con ello ocultar los episodios de contaminación y decidiéndose con ello matar a población silenciosamente.



“El recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver el conflicto”, dijo el fallo.
Los afectados rechazan cualquier modificación que quiera hacer la minera e insisten que solo conversan con grupos minoritarios de habitantes, los que no son opiniones representantivas del sentir local.
Comunidad indígena quechua denuncia graves impactos ambientales producidos por proyecto de minera canadiense en la región de Tarapacá. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desconoció los riesgos para la comunidad originaria pese al historial de la empresa en la primera fase del proyectominero Quebrada Blanca, perteneciente a la empresa canadiense Teck y en un 10 por ciento a la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Trabajadores del lugar acusaron que el accidente ocasionó un derrame de tambores con sustancias peligrosas, entre los que destacan ácidos, grasas y petróleo. Los contaminantes habrían llegado al río Valeriano, afluente del río Huasco, contaminándolo gravemente. Se hicieron las denuncias correspondientes a la Fiscalía, la Superintendencia de Medio Ambiente, Sernageomin, Dirección General de Aguas y Seremia de Salud, exigiendo análisis de agua para el resguardo de la comunidad así como la fiscalización en terreno. Sin embargo, a la fecha no han recibido respuesta.
Una negociación fallida y una respuesta que nunca llegó por parte de Anglo American acusan los trabajadores subcontratistas de la minera Los Bronces, para la movilización que comenzó anoche con barricadas.
La Comunidad Indígena de Huatacondo (Región de Tarapacá, comuna de Pozo Almonte) se encuentra indignada con la minera Teck Quebrada Blanca por no reconocer ningún impacto ambiental en su territorio en el Estudio de Impacto Ambiental presentado al servicio de Evaluación Ambiental por la ampliación de su mina QB2, con una inversión de 5000 millones de dólares.(1)
La empresa construyó un tranque calificado por la Corte Suprema como peligro para la vida humana, secó el estero Pupío, desviará la energía del proyecto Alto Maipo para ampliar sus faenas, está eliminando sus desechos a Argentina y exterminó el único bosque de canelo del planeta. La autoridad solo aplicó una multa de tres millones de dólares en 2014 y hoy interpone nueve querellas las que pueden terminar sólo en una declaración de buenas prácticas.
“Está claro que ambas firmas están incumpliendo normas respecto del uso de agua para la extracción del litio. Hay normas bien establecidas al respecto que, de respetarse, no generarían los problemas ambientales que hoy tenemos en el Salar de Atacama”, indicó el integrante de la Comisión de Minería, Marcos Espinosa.
Caimanes, Chile 29 Octubre