“Barrick está comprando una llegada al sistema político y al mundo empresarial que pueda respaldar las próximas acciones que pretende emprender tanto en Chile como en Argentina”, sostiene el ambientalista y director de OLCA, Lucio Cuenca.

El reciente anuncio de la compañía canadiense Barrick Gold de nominar como “directora independiente” a la ex ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera, María Ignacia Benítez, fue calificado como una estrategia “muy agresiva” de nivel internacional para “incidir en las esferas más altas de los gobiernos”. Así lo expresó a El Ciudadano Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Cuenca sostiene que Benítez probablemente tiene un bagaje técnico como consultora ambiental, pero que paralelo a ello cuenta con vínculos del mundo empresarial y políticos en el actual gobierno que “seguramente es lo que a Barrick le interesa tener a su disposición con la incorporación de la ex ministra en su directorio”, señala. En ese sentido, argumenta que Barrick Gold es “muy agresiva en manejar las influencias políticas, cooptar estos apoyos para aceitar sus proyectos y desactivar conflictos”.

El ambientalista releva igualmente que la conformación del directorio de la compañía canadiense es transversal, ya que se encuentran el primer ministro de esa nación, Brian Mulroney; José María Aznar, ex presidente de España, o personalidades como John Ruggie, ex asistente consejero y director de planificación estratégica en las Naciones Unidas del Secretario General, Kofi Annan, quien -dice- construyó los “principios relativos a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos”, para luego pasar a ser parte de la transnacional. También se encuentra el chileno Andrónico Luksic en el consejo internacional, por lo tanto para Cuenca la incorporación de esta ex ministra responde a una estrategia “muy agresiva de cooptación para llegar a ciertas esferas del poder en nuestros países y resguardar los intereses de Barrick en la región”.

La incorporación de Benítez coincide con los intereses que tiene Barrick en América Latina, tanto con Veladero (Argentina) como con Pascua Lama (binacional), proyectos que están en la Cordillera de los Andes presentando graves problemas en el ámbito medioambiental. Pascua Lama se paralizó en la mitad de su construcción y la intención de la compañía canadiense –postula Lucio Cuenca- es “tratar de reflotar esos activos” porque la ex ministra Benítez “en su tiempo estuvo muy vinculada a estas grandes inversiones energéticas y mineras en nuestro país”.

De hecho, el ambientalista recuerda que María Ignacia Benítez en su rol como ministra “estuvo defendiendo Castilla” y que elaboró “toda la estrategia que intentaba revalidar el cuestionado y rechazado proyecto termoeléctrico en la evaluación ambiental”. Es más, denuncia que la ex secretaria de Estado estuvo detrás de todos los cambios de autoridades para tratar de revertir la decisión del ministerio de Salud. Hubo cambios de seremis y de directores de Salud en la región de Atacama, todo con la intensión -espeta Cuenca- “de cambiar la situación del proyecto Castilla”.

Fue tanto que la ex ministra Benítez en su momento se vio envuelta en una polémica con la Corte Suprema, pues a partir del fallo que rechazaba Castilla, Benítez acusó que el máximo tribunal se dedicaba a hacer activismo ambiental. Eso le valió una declaración de un pleno extraordinario donde calificaron sus dichos como una “intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución entrega a los Tribunales de Justicia”.

En definitiva, para Lucio Cuenca, Benítez es una persona que no solo tiene redes de influencia en el sector empresarial, sino que -señala- “tiene fuertes vínculos políticos con el gobierno de Piñera de esa época y, por lo tanto, también con el actual”. En el fondo, el ambientalista plantea que “Barrick está comprando ese tipo de servicios: una llegada al sistema político y al mundo empresarial que pueda respaldar las próximas acciones que pretende emprender tanto en Chile como en Argentina”.

Las polémicas de la ex ministra

Benítez como secretaria de Estado enfrentó iniciativas emblemáticas de forma muy polémica. En febrero de 2011 defendió a los proyectos de Isla Riesco y Castilla, afirmando que Chile necesitaba que se desarrollaran pero “no a cualquier precio” y que su cartera velaría para que se hicieran de forma sustentable. Al tiempo, se vio envuelta en la disputa con la Corte Suprema por Castilla.

En junio de 2012 se manifestó en contra de establecer restricción vehicular en la Región Metropolitana a los automóviles con sello verde, argumentando que “se restringe la libertad de uso”, pese a la calidad del aire que se estaba respirando ese invierno.

También fue parte de la crisis que enfrentó el gobierno de Piñera en Freirina, región de Atacama, con el proyecto de Agrosuper. Entonces, María Ignacia Benítez fue duramente cuestionada pues la consultora Gestión Ambiental Consultores (GAC) -donde trabajó como gerenta de Finanzas- le había realizado el Estudio de Impacto Ambiental a la faenadora de cerdos. Entonces, la ex ministra salió a desmentir cualquier relación con la tramitación de la iniciativa, expresando que “la empresa tramitó el estudio, pero no lo aprueba”. Junto con ello aseguró que como gerenta de Finanzas no tenía nada que ver con la evaluación del proyecto.

Tras dejar el cargo en junio 2014 -ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, Benítez manifestó que HidroAysén era muy relevante, calificándolo como uno de “energía limpia”. También señaló que el país debía tratar que estas iniciativas se pudieran desarrollar “compatibilizando el lugar donde se encuentran con medidas de mitigación y compensación adecuadas”. Tanto así que declaró: “no entiendo las razones del rechazo”. Además, apuntó a que si los grupos ecologistas se oponen a cualquier tipo de proyecto, “queda claro que no podemos seguir avanzando como país”.

María Ignacia Benítez ejerció como titular de la cartera cuando se paralizó Pascua-Lama por razones ambientales.

Una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Compañía Contractual Minera Candelaria presentaron cerca de 400 pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos mariscadores de la comuna de Caldera, por el derrame de concentrado de cobre proveniente de sus terminales en la bahía.

El recurso fue presentado, en el marco de la Ley de Navegación, por los pescadores del sector, quienes manifestaron su molestia por los daños a su fuente de trabajoproducto de los desechos mineros.

Acorde a lo manifestado por los trabajadores portuarios, el derrame de la sustancia podría provocar, además, daños físicos y psíquicos, por lo que estudian paralizar la pesca por el riesgo biológico.

El abogado de los pescadores, Cesar Barra, aseguró que los pescadores también se ven perjudicado por los daños a su fuente de trabajo producto de la contaminación.

El vocero de los pesadores, Enzo Checura, aseguró que la empresa no se ha manifestado respecto a la demanda impulsada por la colectividad, por lo que no descartaron continuar con la movilizaciones en paralelo al proceso judicial .

Las demandas ascienden a un monto de 16.500 millones de pesos, con la posibilidad de que aumente, ante la existencia de nuevos y posible pescadores que requieran demandar a la empresa.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2018/03/17/pescadores-de-caldera-demandan-a-minera-candelaria-por-derrame-de-concentrado-de-cobre.shtml

Comunidad Malalkawello de Pulotre, comuna de San Juan de la Costa, emitió una declaración pública dando cuenta del ingreso irregular de agentes quienes vienen realizando una serie de operaciones relacionadas a las fuentes de agua en el territorio, lo que estaría relacionado con fines mineros.

Declaración Pública Comunidad Malalkawello de Pulotre

La comunidad Indígena Malalkawello y sus vecinos de Pulotre, territorio mapuche huilliche hoy comuna de San Juan de la Costa en la Región de los Lagos, declara a la opinión pública lo siguiente:

Kiñe: Desde hace algunos días, personas ajenas y extrañas sin identificarse previamente, ingresaron a varios de nuestros terrenos, aduciendo que estos eran mandatados por la Municipalidad de San Juan de la Costa a específicamente medir puntos de aguas (tanto de pozo, con las que nos abastecemos) como los pequeños esteros y partes altas de los cerros de nuestra Ñuke Mapu. Estas personas además llevaban aparatos tecnológicos que aplicaban sobre el suelo sin ningún permiso por nuestra parte.

Epu: Sabemos que estas incursiones corresponden a las empresas mineras que desde hace algún tiempo amenazan todo el territorio de San Juan de la Costa, con su industria de muerte para la ñuke mapu y las personas que habitamos este territorio ancestral. (más información en https://futawillimapu.org/2017/07/29/informe-indh-2015-concesiones-mineras-en-la-futawillimapu-y-eventuales-derechos-afectados/)

Küla: Somos una comunidad ancestral mapuche-huilliche que sabe y mantiene sus saberes con la ñuke mapu, los cuales fueron dejados por nuestros antiguos, por ello y bajo el kimün y el srakizuam mapuche (propias formas de conocimiento ancestral) entendemos a la mapu como una sola, y por tanto rechazamos la subdivisión de esta por la ilegítima constitución del estado chileno de 1980, la cual permite la entrada de las mineras que solo quieren acumular riquezas a partir de nuestros territorios.

Meli: Defenderemos nuestra ñuke mapu de la invasión capitalista-extractivista para proteger el territorio que nos sostiene la vida desde tiempos antiguos. La vida en nuestro Willimapu está siendo amenazada y ante esto no nos podemos quedar con los brazos cruzados. De enfrentar entre las lamien y los peñi de la comunidad y sus vecinos, y las comunidades aledañas a estas, depende el futuro de nuestras hijas, hijos, y toda la ñuke mapu del territorio Kunko.

Kechu: Llamamos a todos los peñis, lamien, wenuy, amigos de la causa mapuche a estar atentos a ante nuestra situación y a presionar desde distintos ámbitos a estas empresas que, con la venia del Estado chileno, solo vienen a destruir nuestra forma ancestral de vida.

Comunidad Malalkawello de Pulotre

Territorio Kunko Mapuche-Huilliche

actual San Juan de la Costa

Por dos años, minera sueca mandó a la periferia de Arica más de 20 mil toneladas de residuos mineros, que incluyeron plomo, arsénico y mercurio, desechos que fueron transportados por la empresa chilena Promell. Por lo mismo, un grupo de 796 demandantes acusó daños a su salud por la recepción de estos residuos y exigieron una indemnización de $7.500 millones. Pese a eso, la Corte del distrito de Skellefteå absolvió a la empresa de pagar este monto.

Desde la fábrica de fundición, la empresa minera sueca Boliden envió unas 20.000 toneladas de residuos que incluyeron plomo, arsénico y mercurio. Estos desechos fueron transportados por la empresa chilena Promell, que los depositó en la periferia de Arica.

Un grupo de 796 demandantes acusó daños a su salud por la recepción de estos residuos y exigieron una indemnización de $7.500 millones. Pese a eso, la Corte del distrito de Skellefteå absolvió a la empresa de pagar este monto.

Parte de la demanda documenta relatos de pobladores chilenos, los cuales en la década siguiente a la recepción de desechos tóxicos empezaron a constatar daños en la salud, como cáncer, tos crónica y dolores en articulaciones y huesos.

En esta ocasión, el juicio incorporó declaraciones de afectados desde tribunales en Chile, los cuales a través de videoconferencias dieron a conocer su testimonio, con la ayuda de traductores.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/03/12/lamentable-tribunal-sueco-falla-a-favor-de-minera-que-envio-toneladas-de-residuos-toxicos-a-arica/

A más de un año del fallo histórico, que condenó a minera vinculada al Grupo Errázuriz a cumplir 11 medidas reparatorias tras colapso de relave luego del terremoto de 2010, ninguna de éstas se ha cumplido. Cabe destacar que este colapso mató a una familia completa y contaminó gran cantidad de hectáreas alrededor de la zona afectada por el derrame.

En un pequeño valle de Talca hacia la costa, una comunidad de cinco casas se ubicaba en las cercanías de una mina abandonada llamada Las Palmas, vinculada al Grupo Errázuriz. Nadie sospechaba que el cerro junto a la mina fuera un tranque relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos. Durante el terremoto de 2010, el tranque colapsó y sepultó una de las casas, matando a los 4 integrantes de la familia Gálvez-Chamorro y contaminando una gran extensión de terrenos de la provincia.

Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que SERNAGEOMIN había considerado el Tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro tranques con mayor riesgo de colapso del país.

Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, cuenta que “donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera “Peligro” o “Tóxico”, y eso estaba todo envenenado. En efecto, SERNAGEOMIN había estado 7 meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso”.

Como consecuencia del derrame del relave, se generó una emergencia sanitaria que hizo necesario adoptar medidas urgentes, las que -pese a la obligatoriedad de ser realizadas por SMC Tambillos- fueron llevadas a cabo en su totalidad a cargo y costo por la Autoridad pública.

FALLO HISTÓRICO

De esta forma, y debido a que el derrame no sólo costó la vida de 4 personas sino que también produjo un colapso medioambiental de proporciones, el 15 de diciembre de 2014, el abogado ambientalista Iván Poklepovic junto a Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves (que nace tras el hecho), presentaron una demanda de reparación de daño ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental, en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos.

Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primer fallo ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias destinado a remediar el daño causado.

Esta sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.

“También es histórico porque se condenaron las conductas y omisiones reiteradas y negligentes de SCM Tambillos. Por otro lado, se acreditó la relación de causalidad próxima y necesaria existente entre los hechos, conductas y omisiones culposas en que incurrió SCM Tambillos y el daño ambiental generado”, explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves.

INCUMPLIMIENTO

Sin embargo, la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica Poklepovic, quien asegura que “a la fecha, la empresa no ha cumplido con ninguna de las medidas de corto y mediano plazo que debía ejecutar. El tema es que hay medidas de reparación cuyo plazo de ejecución aún no se vence, y, por ello, hay que evaluar la posibilidad de pedir al Tribunal un incumplimiento forzado parcial del fallo”.

En ese mismo sentido, Juan Pablo Sanguinetti explica que “se deben distinguir las obligaciones que se encuentran vencidas y aquellas que aún Las Palmas SpA tiene plazo para realizar. De esta forma, se podría solicitar al Tribunal un cumplimiento incidental parcial de las obligaciones del PRA vencidas que el titular no hubiera realizado, lo cual es un procedimiento de apremio para hacer cumplir a la empresa con las obligaciones contenidas en la sentencia”.

Entre las medidas de reparación más importantes que se exigió a la empresa llevar a cabo para remediar la situación, se encuentran:

– Efectuar un análisis de estabilidad del actual tranque y del área afectada por el derrame.
– Asegurar la total impermeabilidad de la carpeta HDPE existente y presentar un proyecto para implementar un sistema de recolección, conducción y descarga de aguas lluvia que escurran por la carpeta, con un programa de monitoreo de calidad del agua y medidas de control.
– Desmantelar todos los restos de instalaciones existentes y completar la disposición final de materiales y chatarra con autorización de las autoridades competentes.
– Plantar una franja arbórea con especies tolerantes a los relaves y de rápido crecimiento.

“Cabe esperar que la Minera en cuestión tome conciencia, y comience a cumplir con lo que dicta el fallo, para dar una señal potente de que la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 sí les importa, que sí se hacen responsables. Porque no hay que cerrar los ojos ante una realidad evidente: en Chile existen cientos de relaves mineros abandonados, y sabiendo que es uno de los países más sísmicos del mundo, esta tragedia podría volver a suceder. Sin embargo, está en manos de las autoridades y de las empresas mineras privadas poder evitarlas”, finaliza Henry Jurgens.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/02/27/minera-scm-tambillos-no-cumple-con-sentencia-ambiental-tras-colapso-de-tranque-de-relaves-el-2010/

Con respecto a las dos últimas noticias que han salido respecto de Pascua Lama– la entrevista al Superintendente de Medio Ambiente y la que destaca una inversión de 180 millones de dólares del proyecto Pascua Lama en mantención y en estudios para el deseado emprendimiento subterráneo, a la opinión pública decimos:

1-Entendemos que ambas noticias son parte de una estrategia comunicacional que busca dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas así como a los sectores privados y políticos pro-extractivistas del país. Sabemos que la empresa está desesperada por dar vuelta el fallo de la Superintendencia de Medio Ambiente y tratar de limpiar su imagen que ha sido devastada tras los daños irreparables confirmados por la misma así como por su accionar irrespetuoso y conscientemente destructivo (doloso) el cual también ha quedado confirmado.

2- En ese sentido, no nos parece que el Superintendente de Medio Ambiente a un mes de impartir una de las sanciones más gravosas a una de las empresas más infractoras e irresponsables en el país, este dando declaraciones que la favorecen en términos comunicacionales y que no se concentre mejor en lo que su cargo lo obliga – que es resguardar el medio ambiente y las personas- dando a conocer mejor entonces en todos los espacios posibles, lo grave de los daños provocados por esta empresa, en su mayoría irreparables y que tienen en riesgo inminente al valle del Huasco tal como el mismo lo confirma en su sanción: “es necesario resguardar al medio ambiente, porque tal como se ha venido gestionando hasta el momento, sobre la base de pronunciamientos judiciales, y las propias conclusiones arribadas por este servicio, existe una hipótesis de daño grave e inminente a causa de incumplimientos graves a las normas, medidas y condiciones previstas en la autorización Ambiental del proyecto Pascua Lama, por lo que, en caso que este último volviera a funcionar sobre la base del escenario que actualmente existe, dicho riesgo se podría materializar en una situación de afectación, como incluso ya ha sucedido a la fecha”.

3- No obstante lo anterior, lamentablemente lo que afirma el Superintendente respecto de que el territorio donde estuvo emplazado el proyecto no está cerrado para la presentación de una nueva iniciativa económica, es cierto, y esto lo permite nuestra débil institucionalidad ambiental la cual ha sido moldeada en función del modelo económico extractivista que se defiende a sangre en nuestro país. Es contra esta institucionalidad ambiental que nos violenta, esta vez con la posibilidad de que una de las empresas más irresponsables del mundo que ya cometió daños irreparables a todos los chilenos pueda presentar nuevamente el proyecto por medio el cual las cometió en el mismo territorio ya dañado, contra el que también debemos luchar.

4- Y si bien el sistema lo permite, sepan todos que el Valle del Huasco no permitirá que el proyecto Pascua Lama subterráneo se efectué y nunca daremos licencia social a este proyecto y a cualquier otro en la naciente de las aguas y sobre ecosistema glaciar.

5- Por último, respecto de los dineros a invertirse en dicho proyecto anunciadas recientemente por la trasnacional, no hacen más que seguir el camino de esta cruzada comunicacional de la empresa. Sin embargo cabe aclarar que gran parte de esta supuesta inversión es mentira, ya que la trasnacional desde que fue paralizada en el año 2013 ha tenido que seguir cumpliendo con todos los seguimientos ambientales (que son muchos y muy caros), los cuales tras la nueva resolución de la SMA también debe seguir cumpliendo.

6- Seguimos atento a todo lo que esté pasando en el Tribunal Ambiental luego de la Resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente. Barrick ya reclamo y como comunidad no dejaremos que deje la resolución que los castiga con clausura definitiva se modifique. Por su parte, en paralelo a esto, el Tribunal Ambiental ha declarado visita inspectiva para este lunes 26, 27 y 28 de febrero al proyecto Pascua Lama, insumo con el cual decidirá si confirmará la sanción de clausura definitiva al proyecto impuesta por la SMA o no. Esperamos que este Tribunal sea lo suficientemente responsable para poder comprender que la Resolución de la SMA está fundada en una investigación de 5 años que no se deben tirada por la borda; y que sea capaz de comprender que efectivamente el proyecto es inviable y nos tiene en peligro inminente y en afectación constante.

Asamblea por el Agua del Guascoalto

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/comunicado-asamblea-del-huasco-alto-denuncia-estrategia-comunicacional-tranquilizar-los-inversionistas-barrick/02/23/

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

La reciente conciliación alcanzada entre Corfo y SQM respecto a la explotación de litio en el Salar de Atacama es un asunto profundo y complejo que invita a reflexionar en temas tales como corrupción, participación y desarrollo industrial en Chile. El vicepresidente de Corfo Eduardo Bitrán ha hecho grandes despliegues para convencer al país que el acuerdo no solo sería bueno, sino que se trataría del “mejor contrato del mundo”. También algunos funcionarios de gobierno y columnistas –aún sin conocer los términos precisos del acuerdo (recordemos que es confidencial)- se han sumado a esta celebración. Asombran las argumentaciones expuestas. En general alaban el acuerdo por los beneficios económicos que se obtendrían, pero hacen caso omiso a que fue alcanzado con una empresa corrupta, sin participación de los pueblos atacameños involucrados ni discutido con otros órganos del estado, y que, finalmente, no contribuye a un desarrollo industrial soberano. En tal sentido, hay al menos tres asuntos que son que son cruciales a la hora de evaluar tal acuerdo.

1. Ética y corrupción versus beneficios económicos

¿Por qué se debiera celebrar un acuerdo entre un Estado soberano y una empresa que ha corrompido las bases mismas del sistema político de ese Estado? Es que trae beneficios económicos al Estado, se responde. En vez de castigar ejemplarmente a un agente que ha corrompido -como nunca nadie antes- a la política chilena, se la premia con un aumento de la cuota de extracción de litio por sobre el doble de la actual y por varios años más.

No será fácil explicar a las futuras generaciones el por qué un gobierno hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Contra la Corrupción y prefiere supuestos beneficios económicos de corto plazo por sobre el combate ejemplarizador contra la corrupción. De hecho, el acuerdo se cierra con una empresa que incumple resoluciones ambientales, que mantiene rentas impagas y lo más grave, que corrompe poderes del Estado, poniendo en serio riesgo el ordenamiento institucional y la propia democracia de nuestro país. Ciertamente, dentro de nuestro estado de derecho existían alternativas diferentes a la transacción recién realizada y el ejecutivo cuenta con herramientas eficaces para enfrentar estas situaciones.

2. Participación y políticas públicas

El acuerdo suscrito está muy lejos de constituir un modelo sobre cómo abordar la toma de decisiones en una sociedad diversa y compleja, que avanza hacia un desarrollo sustentable. Nunca se consultó a los principales incumbentes, las comunidades de Atacama La Grande representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños, ni al organismo técnico que el Estado se ha dado para ello, el Consejo de Minería No Metálica de Corfo.

En efecto, el Consejo de Pueblos Atacameños manifestó un “total rechazo” al acuerdo. Señalan que se deja “una vez más en la impunidad a esta empresa que ha explotado en forma desmedida los recursos hídricos del Salar de Atacama”. Y agregan que, con este acuerdo, Corfo “es irresponsable con el patrimonio territorial y en especial el ambiental de nuestras comunidades y también de todos los chilenos.” Denuncian asimismo que el “Vicepresidente de Corfo Sr. Eduardo Bitrán ha socializado este acuerdo CORFO-SQM con algunas de nuestras comunidades, ya que a pesar de que él fue informado que el Consejo de Pueblos Atacameños es la única institución representativa del territorio, se sostuvieron reuniones individuales con algunas de las comunidades más cercanas a las faenas SQM generando una afectación a nuestro tejido social”. O sea, un alto funcionario del Estado usando la premisa “dividir para reinar”. En tal sentido, no es sorprendente conocer la notica de que pocos días atrás la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de las comunidades de Atacama contra el acuerdo entre Corfo y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

Tampoco este acuerdo fue siquiera informado al Consejo de Minería No Metálica, el organismo creado por Corfo a instancias de la Presidenta Bachelet para precisamente aconsejar sobre estas materias.[1] El Senado y la Cámara de Diputados también desconocían que se estaba alcanzando este acuerdo. Menos se habló con la comunidad que desarrolla ciencia y tecnología: ni las sociedades científicas, ni los colegios profesionales, ni las universidades e institutos de investigación, ni las organizaciones de científicos jóvenes, es decir ningún organismo técnico colegiado fue considerado. Tal vez la razón sea que el acuerdo se consumó, como lo ha declarado el propio E. Bitrán, en sólo un mes (a pesar que desde hace muchos años se sabía de la importancia del litio y se podía prever el boom de la electro-movilidad). Con mayor razón entonces surge la pregunta: ¿es esa la forma cómo se construye una política pública seria y responsable, con mirada de futuro?

3. Recursos naturales y desarrollo científico-tecnológico

Vamos ahora al fondo de la conciliación. Sin duda lo más cuestionable del contrato para el Estado de Chile es haber aumentado la cuota de litio para SQM, hasta el año 2030, sin exigir un grado sustantivo de agregación de valor. Es increíble que una Corporación de Fomento permita que una empresa, SQM, pueda vender entre el 85% (al comienzo) y 75% (al final, el 2030) de la mayor producción mundial de litio, simplemente como carbonato de litio, que es el material básico, sin elaboración, obtenido del salar. Sólo un 15%-25% se deja para atraer industrias, nacionales o extranjeras, que agreguen valor en el país. Pero se trata, por desgracia, de una agregación de valor donde nuestros institutos de investigación y universidades no son protagonistas, sino ayudantes o espectadores. Corfo, en vez de aprovechar la oportunidad de usar el litio para entrar en la grandes ligas de la tecnología –y la ciencia- mundial y conversar como Estado de igual a igual con empresas y países líderes en electromovilidad y baterías, energías renovables no-convencionales, aleaciones livianas, fusión nuclear, se conformó con recibir las rentas del litio, como quien recibe dinero de arriendos detrás de un mostrador.

La línea de razonamiento principal para justificar el acuerdo se basa en que es muy superior al contrato anterior de los años 1993-1995. Se presenta como una astucia el haber logrado que ahora se tengan más regulaciones de tipo administrativo y ambientales, así como una modificación en el gobierno corporativo. Pero es evidente que un contrato de esta naturaleza, casi 25 años después, recogerá de modo natural las preocupaciones principales del siglo XXI: regulaciones ambientales, transparencia y medidas anticorrupción. Más si se negocia con SQM. Recíprocamente, al contrato de 1995, y coincidiendo en que era un pésimo acuerdo para el Estado, no se le podía exigir por ejemplo “monitoreo en línea” pues técnicamente en esos años aquello no existía todavía.

El punto principal que se omite es el siguiente: El litio -y las salmueras de los salares- no lo aprovechamos cuando dejamos que lo vendan como materia prima, por muy alta que sea la cantidad de dinero que recibamos a cambio. El litio es hoy día un material clave en la energía, y como tal cobra importancia en la medida que nosotros mismos hacemos los productos tecnológicos que multiplican su valor: pastas, cátodos, celdas, baterías… y por qué no, autos eléctricos. Teníamos ahora la oportunidad de crear un Silicon Valley del litio en Chile, con encadenamientos productivos que involucraran a científicos e ingenieros jóvenes, técnicos, emprendedores,  chilenos talentosos y audaces, deseosos de empujar a nuestro país hacia el desarrollo, y que los beneficios de nuestras riquezas sean para toda la gente. La aprobación de este acuerdo posterga –sino sepulta- este programa de trabajo por años. Ojalá que la oportunidad no sea frustrada. Es de esperar que nuestras máximas autoridades confíen en las capacidades de sus ciudadanos, y podamos al fin superar  la tragedia del salitre, esta vez usando nuestros recursos naturales como palancas para desarrollos productivos que tengan incorporada la inteligencia de los chilenos.

[1] Como miembro del Directorio de este Comité, al enterarme del acuerdo por la prensa, tuve que exigir por escrito a la ministra de Minería que E. Bitrán se dignara a informar al respecto, lo cual hizo solo parcialmente invocando “confidencialidad”.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2018/02/28/corfo-y-sqm-adios-a-la-posibilidad-de-un-silicon-valley-del-litio-en-chile/

Desde Calgary, Richard D. Downey, vice president, Investor Corporate Relations de Nutrien, mantiene absoluta discreción respecto de los detalles del proceso de venta del 32% que la firma -ex Potash- tiene del capital accionario de SQM. “Es un proceso confidencial, sólo puedo decirle que esperamos que la venta finalice antes de fin de año (2018)”.

Hace unos días, el presidente, CEO y director de Nutrien, Charles V. Magro, comentaba a analistas -en el marco de la entrega de resultados de la firma- que “de acuerdo con los valores de mercado actuales, creemos que la venta de estas tres participaciones de capital (SQM, Arab Potash e Israel Chemical) podría generar ganancias después de impuestos de entre US$ 4,5 mil millones y US$ 5 mil millones”.

Por el 14% de Israel Chemical, la firma recaudó US$ 685 millones, y se prevé que por el 28% de Arab Potash sumaría a sus arcas otros US$ 600 millones. Por tanto, las estimaciones es que por el 32% de SQM, Nutrien espera recaudar a lo menos US$ 4 mil millones, lo que le da a la minera no metálica un valor de mercado cercano a US$ 13.000 millones. La cifra podría ser aún mayor: SQM tenía una capitalización bursátil esta semana que rozó los US$ 15 mil millones.

Si el deal se concreta en esos niveles, se convertirá en la segunda mayor operación del mercado de los últimos 30 años, ubicándose tras los cerca de US$ 10 mil millones que pagó Enel a Endesa España por el 60,62% de Enersis en 2014. Las apuestas apuntan a más. Un informe de Inversiones Security pone a la acción de SQM un precio objetivo de $ 38.500, lo que da una capitalización de casi US$ 16 mil millones, niveles que no parecen tan alejados si se observa que a mediados de enero la acción llegó a cotizarse en $ 38.393.

El banco respalda sus apuestas en la alta y constante demanda de litio, cuyo crecimiento se estima entre 12% y 16%, “equivalente a 775 mil toneladas para 2025. Sólo en China se espera una demanda de 560 mil toneladas de carbonato de litio equivalente para esa fecha”, indica el informe.

Otro factor de optimismo es el déficit en la oferta de litio, que se mantendrá en 2018, “en un mercado altamente concentrado (…), SQM tiene actualmente casi el 25% del mercado, rango que podría mantener gracias a la ampliación de la cuota de extracción de litio del Salar de Atacama”.

El factor chino

A mediados de 2016, cuando Julio Ponce estaba en pleno proceso de búsqueda de interesados por Pampa Calichera, trascendió que uno de ellos había planteado la posibilidad de desembolsar cerca de US$ 3.000 millones por el 20% de SQM (Oro Blanco tiene el 88,6% de la propiedad de Pampa Calichera, la cual, a su vez, controla el 37,5% de las acciones serie A de SQM).

En ese minuto, los papeles de SQM estaban en cerca de la mitad de lo que están hoy ($ 32.489 al cierre del viernes), por lo cual los cálculos de Charles V. Magro, CEO de Nutrien, son incluso considerados “prudentes” por algunos analistas.

Actores del mundo financiero, que en estos días están siendo sondeados por eventuales interesados para que los asesoren en la compra del 32% de Nutrien, explican que hay tres grupos que están mirando la compañía.

El primero lo conforman los productores propiamente tales de litio, en particular, el Estado chino. “Las empresas chinas que están interesadas tienen el mandato de aglomerar material para el mercado de baterías y son ellos quienes están corriendo con mayor interés y con muchas ganas de pagar lo que sea necesario”, explica una fuente.

Según analistas, los inversionistas chinos ya tienen un track record en este tipo de transacciones. Basta ver lo que pasó hace unos años cuando Glencore y Xstrata decidieron fusionarse. En ese minuto, el Estado chino autorizó la operación con la condición de que vendieran activos. Uno de los más atractivos fue el proyecto Las Bambas, que Glencore tenía en Perú.

En un momento se habló de que la mina podría ser vendida en US$ 4 mil millones o US$ 5 mil millones. Para sorpresa del mercado, se vendió en US$ 7 mil millones a MMG, una empresa listada en Australia, pero cuyo accionista principal es el Estado chino.

El punto no es menor, porque el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ha planteado abiertamente su preocupación si una empresa como Tianqi adquiere SQM. Tras la firma del acuerdo Corfo-SQM, en entrevista con La Tercera, fue enfático al señalar que “afecta el interés público que Tianqi o Albemarle compren las acciones de PCS en SQM”. A juicio de Bitran, esto daría una mayor concentración al mercado del litio, ya que ambas tienen un joint venture -Talison Lithium- que posee el 24% de participación en la producción mundial de carbonato de litio -al igual que SQM-, mientras que la posición en solitario de Albemarle llega al 17% a nivel global.

Las empresas chinas, a su vez, tienen el 14% de la producción mundial, excluyendo a Tianqi y su participación en Talison.

Ante este escenario, analistas que están atentos a “la operación del año” estiman que el Estado chino podría utilizar otros mecanismos para ingresar a la propiedad de SQM, por ejemplo, que una empresa que no esté vinculada a la extracción de litio o que esté listada en otro país sea quien haga la oferta.

“Hay mucha gente que documentándose sobre las compañías que estuvieron viendo SQM cuando Oro Blanco tenía a la venta su participación en Pampa se dieron cuenta de que algunas de las que aparecieron como interesadas no eran compañías de litio. En un momento había una compañía de plásticos y una textil, por ejemplo, que si uno miraba el perfil financiero de la empresa no hacía sentido que estuvieran interesadas en SQM, salvo por un elemento en común, que eran vehículos de inversión del Estado chino”, explica un analista.

A la fecha, han aparecido cuatro compañías chinas interesadas por el paquete de Nutrien: GSR Capital, Tianqi, Ningbo Shanshan y la gigante estatal Sinochem.

GSR Capital es un fondo con sede en Beijing, Hong Kong y Palo Alto, que se ha propuesto asegurar el suministro de litio en China para la producción de baterías. De hecho, en agosto del año pasado llegó a un acuerdo con Nissan Motor para comprarle las operaciones de producción de baterías eléctricas, operación que se realiza en Estados Unidos y Reino Unido.

“El mandato que tienen las empresas chinas es comprar todo tipo de commodities, porque están creando un nuevo polo de desarrollo de automóviles eléctricos”, explica un analista.

Paralelamente, hay tres firmas chinas que participaron en la convocatoria realizada por Corfo e Invest Chile para generar manufactura de litio en el país, y cuyo resultado se dará a conocer probablemente la primera semana de marzo. Estas son Sichuan Fulin Industrial Group, Gansu Daxiang Energy Technology, Jiangmen Kanhoo Industry y Shenzheng Matel Tech.

Esta posición de los chinos, a juicio de quienes siguen el proceso de desinversión de Nutrien en SQM, podría provocar que el valor del paquete sea aún mayor al que ha estimado el CEO de la firma, dejando así fuera de la carrera a otros interesados.

Las mineras

Otro grupo que ha intentado competir por el paquete de Nutrien son las empresas mineras.

Se trata de conglomerados mineros que buscan integrarse a este producto, el litio, porque ven que junto al cobre tiene un gran potencial en la elaboración de baterías.

Este es el caso de la anglo-australiana Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, que ha mostrado su interés en explorar y desarrollar proyectos a gran escala en Chile. De hecho, ya ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto para realizar sondajes cerca de Arica, proyecto denominado Palmani.

Rio Tinto participa en Escondida, donde tiene el 30% de la propiedad.

Este año, trascendió que la firma volvió a la carrera por SQM, para lo cual estaría trabajando con dos asesores financieros: Credit Suisse y Rothschild.

También están en este grupo las mineras o firmas de la industria automotriz que buscan integrarse. Ejemplos ya hay dando vuelta. De hecho, en enero Toyota anunció la compra de la minera australiana Orocobre, para acceder a la producción de litio, lo cual golpeó el precio de la acción de SQM.

Private equity

El tercer grupo que ha estado mirando el desarrollo del proceso de venta de SQM son los fondos de inversión.

Habría varios de origen estadounidense sondeando el tema, pero que tendrían una limitante: al no ser operadores, sino inversionistas, no estarían dispuestos a pagar precios fuera de mercado.

A ellos se sumarían también fondos de origen árabe, que han estado mirando opciones de inversión en Chile, buscando empresas que les garanticen retornos futuros y que estén en mercados con alto potencial de crecimiento.

Las primas a pagar

Si bien Nutrien tiene plazo hasta abril del próximo año para desinvertir en SQM, por su acuerdo con autoridades de India y China, la apuesta es que los bancos de inversión que los asesoran en esta operación, Goldman Sachs y Bank of American Merrill Lynch, tengan una definición antes de que concluya el año, aproximadamente en septiembre. Si es así, será la operación de venta más relevante del año. “Las primas que se podrían pagar son difíciles de estimar, porque puede haber inversionistas que paguen lo que quieran. Aquí hay dos ángulos y esto vale distinto dependiendo de quién quiera comprar. Para un inversionista financiero, es lo que va a pagar el mercado y es el número que está dando Nutrien. Sin embargo, para alguien que le quiere dar desarrollo vale mucho más. El valor va a depender de lo estratégico que sea para quien compre. Y en ese sentido, el orden de prioridad parte por los chinos, luego las mineras y en tercer lugar fondos de inversión”, explica un estratega de inversión.

Un analista agrega que para quien más tiene valor esta compra es para un productor, “porque convertirán al litio en algo más y puede que ese productor tenga una situación comercial que hace el negocio aún más atractivo”.

En los próximos meses todos los ojos en Chile y el mundo estarán puestos en quien se quedará finalmente con el 32% de SQM. Tras el acuerdo con Corfo, varios bancos de inversión locales, así como internacionales, hicieron sus apuestas, indicando que el ADR de SQM puede llegar a los US$ 70. Veremos si aciertan.

Fuente:http://www.latercera.com/negocios/noticia/sqm-los-movimientos-tras-la-venta-del-ano/71431/