Gerente regional de la compañía manifestó que se está trabajando en la preparación de un recurso de reclamación.

Mediante un comunicado de prensa de Minera Invierno, el gerente regional Guillermo Hernández manifestó que si no llega a ser factible revertir -en el corto plazo- la determinación de rechazo a la incorporación de tronaduras como método de extracción mecánica de material estéril, haría que la operación no pueda ser proyectada más de dos años.

“Estamos trabajando en la preparación de un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tenemos la convicción de que la evaluación ambiental del proyecto de tronaduras cuenta con suficientes y sólidos argumentos que avalan la incorporación de esta técnica de fracturamiento de la roca, ampliamente utilizada en la minería nacional e internacional. Así quedó demostrado en el pronunciamiento favorable de todos los organismos sectoriales, incluyendo al Consejo de Monumentos Nacionales que se pronunció conforme respecto de las materias de arqueología y paleontología, en las respuestas que se dieron a las consultas ciudadanas y en el hecho que se contara con un informe de evaluación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, que recomendaba su aprobación sin condiciones”, enfatizó el encargado de la compañía en Magallanes.

Igualmente, Minera Invierno agregó que el rechazo de las tronaduras ha postergado de forma indefinida el hecho de contratar a 103 personas que iban a ser parte de la empresa a partir del primer semestre de 2018. Sin embargo, aseguran que si no se revierte la situación legal, comprometen la continuidad laboral de mil personas, de las cuales casi el total de ellos son de Magallanes.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/minera-invierno-dice-que-el-rechazo-definitivo-a-la-incorporacion-de-tronaduras-determinaria-el-cierre-de-sus-operaciones-2/

Tras dos rechazos formales y oficiales al proyecto de Minera Dominga –primero, por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, y después, por el Comité de Ministros- hoy se presentan los alegatos frente al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Por lo mismo, comunidades de la zona se alinearon y se hicieron parte ante este organismo, ya que para ellos la instalación de las dos minas a rajo abierto y el megapuerto sería “nefasto” y el supuesto desarrollo que traería sería a costa de la rica biodiversidad de uno de los lugares más únicos del mundo que ha sido declarado sitio prioritario para la conservación por el Estado de Chile.

La Higuera, 23 de enero.- Distintas asociaciones y vecinos de la comuna de La Higuera se hicieron parte ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta buscando que se confirme el rechazo técnico ambiental al proyecto minero portuario Dominga, el cual ya fue calificado desfavorablemente por el Comité de Ministros y por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Es importante destacar que el asunto que se discutirá en los alegatos tiene que ver con la reclamación que hizo Andes Iron al rechazo que se dio al Proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros en octubre pasado, si éste fue ajustado en Derecho o no.

Por tanto, lo que está en juego es si en este caso en particular, el rechazo del Proyecto Dominga  ha cumplido o no con la Ley. En otras palabras, no se trata de oponerse o no a un Proyecto, si no que la discusión está dada por el Respeto a la Institucional Ambiental  y el Cuidado al Medioambiente contenido en sus principios inspiradores.

Marcela Rey, abogada de Geute Conservación Sur, señala que “como Organización, realizamos múltiples observaciones técnicas al proyecto y somos reclamantes ante el Tribunal Ambiental, porque estas persisten. Es inaceptable concebir que un proyecto tan mal evaluado y con una línea de base deficiente sea aprobado. El riesgo es demasiado alto, considerando que se emplaza en una zona de alta biodiversidad y que –además- el titular omite señalar que el puerto se pretende utilizar más y por mayor cantidad de años que lo señalado en su estudio».

Por otra parte, Pablo Sanguinetti en representación de la vocería del Movimiento Chao Pescao, comentó que, «Hoy en día estamos acá y nos interesan los alegatos porque queremos comprender los motivos técnico ambientales por cual el comité de ministros rechazó el proyecto. Debido a que al ser deficiente la línea base ambiental y no dejar en claro los impactos de la planta desaladora, no se garantiza el cuidado del medio ambiente, entonces estaríamos en un absurdo de estar aprobando proyectos que en su proceso de calificación ambiental está afirmando que no se hacen cargo de los impactos ambientales y que más que hacerse cargo proponen monitoreos a futuro, lo cual a todas luces no garantiza el cuidado del medio ambiente.

De igual forma, la abogada de Oceana Chile, Javiera Calisto,  se refirió a los alegatos, «Nos hicimos parte del procedimiento judicial, apoyando los argumentos del Comité de Ministros que rechazaron el proyecto dominga. Este rechazo se llevó a cabo conforme a la ley, ya que el proyecto no contemplaba los requisitos básicos contemplados en la normativa y en definitiva, presentó una línea de base deficiente», «Un proyecto que considera dos minas de rajo abierto y un megapuerto es incompatible con el medioambiente de uno de los lugares con mayor biodiversidad de Chile», sentenció Calisto.

Finalmente, la manera en que las 13 partes del alegato de este 23 de enero se configuran ante el Tribunal  Ambiental de Antofagasta de la siguiente manera:

• 2 principales (Andes Iron – SEA)

• 2 amicus curiae científicos a favor del rechazo  (Andres Moreira y Armando Mujica)

• 3 terceros coadyuvantes a favor de Dominga (Claudio Galleguillos – Sindicato Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo Norte – Asociación Gremial Minera de La Higuera)

• 4 terceros coadyuvantes del SEA a favor del rechazo (Cristóbal Díaz de Valdés- Movimiento Chao Pescao – Oceana – Marcela Rey y Javiera Calisto)

• 2 terceros independientes a favor del Rechazo (Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de los Choros – Andrés Álvarez – MODEMA)  

Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del Pueblo Mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa.

Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el Pueblo Mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.

Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.

Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

Territorios y corporaciones

Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.

Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del Pueblo Mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.

Colonización tardía

Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el Pueblo Mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.

Tras la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de decretar el cierre definitivo del proyecto minero Pascua-Lama y de cursarle a la empresa a cargo de las obras, Barrick Gold, una sanción de $7 mil millones, su posible reconfiguración como mina subterránea ya genera rechazo entre los habitantes de la Provincia del Huasco, en la región de Atacama.

En conversación con El Mercurio, director ejecutivo de la empresa canadiense en Chile, René Muga, señaló que el rediseño de la iniciativa binacional debe considerar una minimización total de los impactos sociales y medioambientales y que, además, debe “incorporar necesidades de comunidades”, motivo por el cual no descartó un cambio de nombre.

En esa línea, Muga precisó que dentro de la gama de opciones que tienen en evaluación destaca la alternativa de una mina subterránea, la cual “tiene mucho mérito y está corriendo con ventaja”.

Muga también indicó que en los próximos meses se deberá decidir cuáles son los estudios que más se ajustan a sus necesidades, lo que generará una modificación a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) debido a que todas las opciones tienen “desarrollos mineros distintos”.

La opción de soterramiento ya cuenta con apoyos, como el del presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien -en conversación con Diario El Día, detalló que la alternativa podría ser “ser más grande y más rentable” a hacerlo con tajo abierto.

Sin embargo, “con todos los problemas que han tenido, hacerlo en forma subterránea en una minería más selectiva y probablemente tratando menos mineral, pero de mejor ley, sí puede ser una solución para ese proyecto”, sostuvo Hernández.

Rechazo categórico

La mañana de este lunes, la vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, Constanza San Juan, manifestó que pese a todo lo anterior, los vecinos de la zona afectada rechazarán cualquier forma que tome el ya cerrado proyecto, acusando que los daños que dejó Pascua-Lama fueron irreparables.

San Juan dijo que, como comunidad, celebran el fallo judicial, ya que el dictamen aseguró que el proyecto era inviable y contaminador, especialmente en vegas altoandinas, ecosistemas que limpian y decantan las aguas que llegan a la cuenca de 70 mil habitantes.

A juicio de la vocera, otro de los daños que ha perpetrado la empresa tiene que ver con los monitoreos a glaciares, a lo que se sumó que la minera norteamericana contaminó aguas con metales pesados, como manganeso, y que la población más afectada fue aquella entre los 0 y los 4 años.

Aún así, San Juan valoró el cierre definitivo decretado por la SMA, pero si clarificó que gran parte del trabajo contra Barrick se logró gracias a la comunidad y a la presión que se puso sobre el superintendente, Cristián Franz.

“La resolución si bien es una buena resolución, la cual vamos a defender, hay infracciones que se han absuelto. También hay que recordar a todo el mundo una cosa que hemos denunciado: acá el Estado con Barrick Gold cambiaron la RCA en julio de 2016 para viabilizar el proyecto (…), pero está quedando oculto porque se realizó un cambio que subió los índices o los límites que puede lanzar la empresa de metales pesados en el río”, acusó San Juan.

Ante la posibilidad de realizar un nuevo proyecto, con nuevas directrices y que tiene que pasar por todas las instancias medioambientales de rigor, San Juan negó aprobar tal iniciativa.

“Para nosotros el proyecto nombre nuevo que tenga, como venga, va a ser Pascua-Lama igual. Es la misma fuente, el mismo metal y la mina subterránea va a contaminar igual y peor de lo que ya hicieron”, añadió.

“Nosotros como comunidad no vamos a parar de estar en contra de este proyecto y de cualquier megaproyecto en la naciente de nuestras aguas y sobre nuestros ecosistema glaciar”, disparó San Juan.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2018/01/22/posible-reconfiguracion-de-pascua-lama-como-mina-subterranea-ya-genera-rechazo.shtml

«La amenaza que representan este tipo de proyectos mineros altamente contaminantes sobre ecosistemas frágiles, únicos y de gran valor para sus habitantes, continúa, amparada por la legislación ambiental chilena, que permite su ingreso al país, y en muchos casos, como éste, las sanciones interpuestas llegan cuando el daño ambiental es ya irreversible», señalaron.

La Comunidad Agrícola de Diaguitas Huasco Altinos difundió un comunicado en el que si bien valoran el procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de la compañía Minera Nevada SpA, por el proyecto Pascua Lama, indicaron tener “la certeza” de que se trata sólo de un triunfo “pasajero”,“La amenaza que representan este tipo de proyectos mineros altamente contaminantes sobre ecosistemas frágiles, únicos y de gran valor para sus habitantes, continúa, amparada por la legislación ambiental chilena, que permite su ingreso al país, y en muchos casos, como éste, las sanciones interpuestas llegan cuando el daño ambiental es ya irreversible. En efecto, el daño originado por Pascual Lama ya está hecho; los glaciares, el agua y las vegas alto andinas no volverán a su estado original”, expresa el comunicado.

“Alertamos sobre la necesidad de no bajar la guardia ante esta noticia que ha salido a la luz pública con un titular que puede dejar a muchos ciudadanas y ciudadanos de este país contentos, conformes y tranquilos, pero que debemos analizar considerando la experiencia que nos deja la irrupción de otros proyectos de la misma naturaleza. Lo que está pasando con las alianzas entre gigantes mineros como Gold Corp y Teck, quienes han decidido enterrar el proyecto El Morro pero reactivándolo como “Proyecto Nueva Unión”, con los mismos dueños, en el mismo lugar, pero con otro nombre, es un claro ejemplo de ello”, añade el texto.

Un punto importante que se toca en el comunicado es la existencia de otro proyecto minero cerca de Pascua Lama: la mina El Encierro, que está a punto de ser de propiedad de Antofagasta Minerals (Luksic) junto a su aliada la empresa Barrick Gold, ambos titulares y con un extenso prontuario de contaminación ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Ante la decisión de las autoridades chilenas de clausurar de manera definitiva el megaproyecto minero “Pascua Lama”, compartimos la declaración del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Sociales (OLCA):

Declaración OLCA

CLAUSURA TOTAL Y DEFINITIVA DEL PROYECTO PASCUA LAMA:

EL PODER DE LA CONVICCIÓN Y LA PORFIA

Durante más de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su construcción.

Desde las primeras reuniones de participación ciudadana en que los arrieros dijeron que en la zona que querían hacer el proyecto estaban los glaciares y nada de eso hablaban los estudios, se desató, en condiciones de brutal asimetría, y ante el descrédito del sentido común impuesto que establece que nada se puede hacer contra una minera transnacional, uno de los conflictos socioambientales más relevantes de nuestro país: el caso Pascua Lama.

Como OLCA acompañamos el proceso desde sus inicios, fuimos testigos de todas las estrategias de división, cooptación, intervención, hostigamiento, desprestigio, servilismo funcionario (incluido el financiamiento de las campañas de alcaldes y diputados de parte de Barrick), retroceso estatal para que la minera se hiciera indispensable en el cotidiano local (becas, ambulancias, Junji, Prodesal, por nombrar algunos ejemplos), todas cuestiones que a su debido tiempo se fueron denunciando y neutralizando en sus alcances, pero que produjeron procesos de desgaste, cansancio, vulnerabilidad de hondos impactos en el territorio.

Sin embargo, el carácter colectivo del proceso de defensa, permitió que cuando algunos se replegaran, surgieran otros y otras que fueran tomando el relevo e implementando las estrategias que más se ajustaban a las nuevas capacidades, pero siempre con la voz de doña Tina de fondo que hablaba de la necesidad de proteger los bancos perpetuos, el amor a la tranquilidad y a la vida que enseñaron los abuelos, y la certeza de que un proyecto de esta naturaleza solo podía ser aprobado mediante corrupción y violación de derechos humanos y eso había que demostrarlo para que se restableciera el respeto y el estado de derecho en este valle transversal de la región de Atacama, que entre otras funciones ecosistémicas imprescindibles, ayude a frenar el avance de la desertificación.

Los científicos pagados por la empresa, porque así lo estable el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, no supieron escuchar a la naturaleza, y entonces ella habló más fuerte, como la comunidad del Valle sabe que a veces sucede, y se sucedieron aluviones que arrasaron con todo valle abajo, y aquí lo que no había querido ser atendido, tuvo que considerarse. 5 años de investigación en los que se acumularon más de 30 denuncias comunitarias de violación de la Resolución de Calificación Ambiental RCA, dieron como resultado este fallo hoy en la Superintendencia de Medio Ambiente: Clausura Definitiva del proyecto Pascua Lama.

Si se hubiera oído desde un comienzo a los arrieros, a las campesinas, a las voces locales, toda la división, el daño, la pérdida patrimonial, la afectación ecosistémica, no se hubiera producido, pero gracias a la convicción y la porfía del territorio, y las múltiples muestras de solidaridad en todo Chile y desde muchos otros lugares del mundo, hoy se cuenta con un fallo histórico, que reivindica la voz local como fuente imprescindible, e impele a las comunidades a creer en sus saberes y capacidades y defenderlos, pese a la asimetría reinante.

Para que esta resolución fuera posible, tuvieron que converger cientos de miles de voluntades, desde el primer correo electrónico que alertó de la situación, las diversas intervenciones callejeras, las marchas y carnavales, las misas, los procesos rigurosos de fiscalización comunitaria, la difusión por todos los medios, las tesis, documentales, libros, creaciones, las campañas internacionales, las denuncias que provocaron el bloqueo de financiamientos al proyecto, las denuncias a los servicios con competencia ambiental, los procesos judiciales, el trabajo de funcionarios probos, pero sobre todo, la existencia de una comunidad que ama tanto su territorio y su forma de vida, que logró movilizar todas estas voluntades en defensa del bien común.

La lucha sigue, sin duda, el extractivismo minero galopa sobre nuestra cordillera con botas de siete leguas, pero digan lo que digan, mientras existan comunidades dispuestas a valorarse a sí mismas y a defender ese valor ante cualquier precio, el poder de la vida seguirá gestando maravillas en nuestro suelo, y contará con la solidaridad y apoyo de muchas comunidades de Chile y el mundo. Gracias Valle del Huasco.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/18/chile-impone-clausura-definitiva-del-proyecto-minero-pascua-lama/

Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, presidida por el intendente Jorge Flies Añón en el salón Nelda Panicucci, dio a conocer su rechazo para que Mina Invierno (controlada por los grupos Angelini y Von Appen) pueda hacer uso del método de tronaduras para extraer carbón desde su yacimiento en isla Riesco.

Cabe recordar, que en este intenso y polémico “voto a voto”, quienes se inclinaron por la negativa a esta idea fueron los seremis de Agricultura, Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el intendente Jorge Flies. Por contraparte, los votos a favor fueron expresados por el director regional (s) del  Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería (Manuel Aravena), Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía (Alejandro Fernández) y Economía (Christian García).

De igual manera, esta determinación tomó por sorpresa a la compañía en mención, toda vez que en la mesa que se conformó el 26 de julio de 2016, 9 votos estuvieron a favor de las tronaduras y dos en contra.

En su visita ayer a Punta Arenas, el presidente del directorio de Mina Invierno, Marcos Büchi Buc, en entrevista concedida a La Prensa Austral, lamentó el rechazo al mecanismo de tronaduras y adelantó que están estudiando la situación para poder apelar a nivel central y así ejecutar el tan ansiado método de extracción de carbón. En la misma línea, criticó con dureza al director de Greenpeace Chile, Matías Asún por señalar que si la Comisión hubiese aprobado el proyecto “iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo”, y también al seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, quien manifestó en entrevista a este diario, que “estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile”.

– Hace una semana que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el uso de tronaduras. ¿Cuál es su primera mirada sobre esta decisión?

– “Lo primero es que hay que reconocer que nos impactó que se tomara esa decisión. Nosotros creíamos, que dado que se hizo un trabajo de muy buena calidad, por parte de los servicios y la empresa, entregando respuestas a las inquietudes, nosotros dábamos casi por hecho que iba a haber una aprobación de esta declaración de impacto ambiental que entró el año 2015 como solicitud. Entonces nos impactó porque las consecuencias inmediatas son que esa actividad que es poder explotar hacia el mediano-largo plazo no lo podemos realizar. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto de una manera distinta mediante se pueda aprobar esta operación. Cuando una empresa minera usa o plantea que va a contratar a cien personas de forma directa, se tiene que 2,5 veces hay empleo indirecto que se genera. Entonces para nosotros era una muy buena noticia para empresa y como región, porque íbamos a tener un crecimiento, de volver a cierta capacidad productiva que significaba contratar a cien personas adicionales y sin duda es uno de los impactos inmediatos”.

– Con respecto a la Comisión de 2016 que mantuvo otra postura, ¿qué cree que pasó en este lapso y cuál es su lectura sobre lo ocurrido?

– “Nosotros no tenemos la explicación. En este momento estamos tratando de analizar qué pudo haber ocurrido, porque el informe consolidado de evaluación que se presenta ante este comité, es un informe que es muy laborioso; recoge todas las opiniones y consultas de los servicios, fue resuelto favorablemente, entonces si horas antes del comité nos hubiesen preguntado qué iba a pasar, hubiésemos dicho que iba a ser igual a lo ocurrido en el año 2016; incluso 5 minutos antes de la votación hubiese dicho que sí se va a aprobar. Esto, porque se cumplió con todo tipo de regulación, incluso lo que solicitó la Corte Suprema, quien nos dijo que es necesario que haya una participación ciudadana la cual se hizo con toda rigurosidad. Si se tiene acceso a la presentación que hizo el director del Servicio Medio Ambiental regional, es una explicación en la que recomendó aprobar”.

– El voto del intendente Jorge Flies fue determinante en esta resolución, ¿qué opinión tiene sobre este pronunciamiento concreto? ¿Cree que fue un voto político?

– “Yo nunca califico ni descalifico la opinión de nadie. A mí no me gustaría referirme al voto de alguien específico, pero la votación de la comisión en su total a mí me sorprende y creo que está equivocada. Yo creo que no siguió la recomendación técnica que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental. El comité debió haber aprobado esto, porque el informe técnico así se lo decía y porque la empresa quiere cumplir hasta el más mínimo detalle que la regulación le impone ante cualquier elemento de actividad dentro de su proyecto”.

– Pero aquí hay una comisión que está designada para decidir la votación…

– “No hay una predefinición que las comisiones no deben seguir el informe o la recomendación técnica. Yo no conozco el número de hojas que generamos de preguntas y respuestas pero son miles. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es hacer que la institución ambiental por parte de la autoridad y la empresa ocupen años para no optimizarlo. Es decir, hay una atribución de ir más allá del informe, pero cuáles son las razones que justifican ir más allá del informe técnico. ¿Cuál es la razón?”.

Próximos pasos

– ¿Cuál será el proceso que llevará adelante Mina Invierno en base a esta determinación?

– “Las institucionalidades indican que podemos apelar y estamos estudiando los pasos a seguir. Existe el recurso de reclamación que se hace ante el director del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Tenemos que considerar e indudablemente es el recurso lógico y lo estamos verificando porque hay un plazo. Creemos que los argumentos técnicos una vez más avalan lo que estamos planteando. Como respuesta definitiva, esto está en proceso de análisis”.

– ¿Pretenden llegar hasta las últimas instancias?

“Nosotros y en caso de los empresarios que hay detrás, las palabras no son llegar hasta las últimas instancias. Yo lo invierto. Hay una convicción de que es una actividad que genera valor y genera beneficios para la región y el país; la voluntad es hacer que esa operación se mantenga, se expanda la forma que está considerada en el proyecto y de volver a los cauces de producción que había originalmente. La convicción es que este proyecto sea lo que se definió en su momento y para eso mismo vamos a estudiar los recursos que existen dentro de la regulación. Para nosotros no es un conflicto, queremos que la operación se proyecte al máximo al cual fue definido en su origen porque genera bienestar, proyección y es necesario para el país”.

Greenpeace

– Según el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, además de valorar la decisión que se tomó, señaló que el hecho que si la Comisión hubiese aprobado las tronaduras, iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo. ¿Qué le parecen sus declaraciones?

– “No estoy de acuerdo por una razón muy simple: la generación termoeléctrica, usando en algunos casos combustibles fósiles como el gas, petróleo o carbón, por ahora y algunas décadas, uno sabe que son necesarias las generaciones a partir de centrales termoeléctricas, por lo tanto el gran triunfo que ahí se menciona, es decir, van a generar igual pero van a usar carbón importado. Ni siquiera entiendo cuál es el mensaje que hay de fondo, si la producción de carbono en Chile no es que disminuya las emisiones de CO2 las centrales termoeléctricas, lo que estamos haciendo es darle trabajo a chilenos. Matías Asún, si usa un auto que utiliza combustible líquido produce CO2, pero quizás utilice auto eléctrico, pero ese vehículo requiere que genere energía y la verdad que soy muy cercano de los métodos renovables; estos son un tremendo avance y van cumpliendo más necesidades, pero requieren un balance de energías de base y eso aún no está resuelto. Lo de él es un planteamiento dicho desde el vacío, es muy bonito decirlo pero se requiere esa energía de base y además si no se produce con el carbón chileno, es porque la estás trayendo de otra parte. Prefiero favorecer el trabajo a los chilenos”.

– En la pasada edición de La Prensa Austral, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, planteó que se está previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile.

– “Hay que cuidar ese patrimonio y estoy de acuerdo. Ese patrimonio hay que entender dónde está y por qué se cree que la región que se está trabajando es privilegiada. El suelo vegetal, la zona más cercana en tiempos de antigüedad, es la que contiene los restos arqueológicos, es la zona que habitantes hace miles de años dejaron vestigios de su sociedad. La obligación que nosotros tenemos y que la seguiremos teniendo si es que hay tronaduras, es inspeccionar las zonas que serán desplazadas de tierra vegetal, porque se saca para volverse a usar. Entonces hay una obligación de supervisar y entender para usar nuevamente ese terreno. Por otra parte, la parte de más abajo, son capas más antiguas y después vienen las otras capas de donde está el carbón.

“Yo no entiendo bien lo que planteó el seremi, por si bien se va a lo que fue el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, que fue un oficio emitido el 15 de diciembre, ese documento dice que estamos conforme con lo que se ha planteado. Entonces no se qué cosa del punto arqueológico podría estar perdiéndose si están todas estas salvaguardas”.

– ¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a lo sucedido?

– “Quiero rescatar cuatro ideas muy importantes. Lo primero es que creo que hay que entender que la energía en base a lo termoeléctrico es base por algún tiempo y ese tiempo puede ser algunas décadas. Si se ven las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía o a nivel mundial, los fósiles son necesarios. Por lo tanto, si bien nos gustaría a todos que terminen mañana, hay que ser realistas, porque requieren plazos de tiempo. Lo segundo, ese carbón y esos combustibles fósiles, son necesarios en un país como el nuestro que está en desarrollo y tiene que tomar una decisión. Yo creo que esa actividad bien hecha, se realice aquí o si se quiere importar esos productos, si nuestras regulaciones es exigente y nos exige altos estándares de operación y medio ambiente, mi respuesta es categórica: hagamos esto aquí y démosle empleo a chilenos para que tengan un nivel socioeconómico que les permita proyectarse.

“Lo otro es entender que es una operación minera como lo hay en el norte. Tal vez en su origen se consideró que el tipo de capas iba a ser posible enfrentar de una manera distinta. Hoy en día que estamos con los frentes abiertos es claro que se necesitan tronaduras, las mismas que usa la minería pero con una capacidad de carga muy baja y por lo tanto es necesario incorporar; no es un capricho o una alternativa.

“Finalmente, nuestra propuesta a la comunidad magallánica y al país, es que nosotros queremos llevar el proyecto a nivel que se pensó principalmente, si no hay posibilidad de usar tronaduras, nos quedan pocos espacios para seguir produciendo. Entonces, cuando se habla de amenazas, hay un tiempo para enfrentar las areniscas o se deja de producir. Nosotros estamos convencidos que en un plazo más corto, seremos capaces de revertir esa decisión, porque es una empresa que tiene estándares altísimos a nivel ambiental, esto tiene un impacto medido por la autoridad y por lo tanto no se justifica rechazar el uso de tronaduras”.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/presidente-del-directorio-de-minera-invierno-tras-rechazo-a-la-utilizacion-de-tronaduras-si-no-hay-posibilidad-de-usar-tronaduras-nos-quedan-pocos-espacios-para-seguir-produciendo/

También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.

Santiago, 17 de enero de 2018. La Superintendencia del Medio Ambiente finalizó el procedimiento sancionatorio y dictó sanción contra Compañía Minera Nevada SpA, titular de las RCA´s “Pascua Lama” (RCA N°39/2001) y “Modificaciones Proyecto Pascua Lama” (RCA N° 24/2006). El procedimiento sancionatorio comprende un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves; cuatro cargos fueron absueltos debido a que no pudo determinarse su configuración con los antecedentes disponibles. Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva. A su vez, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumadas alcanzan a la cifra de 12.360 UTA, equivalentes a $ 6.973 millones.

Este procedimiento sancionatorio significó un enorme esfuerzo de investigación y análisis llevado adelante por un equipo multidisciplinario de la SMA, incluyendo la revisión de miles de páginas de documentación e informes, fiscalizaciones en terreno, visitas del fiscal instructor al sitio, solicitud de informes especializados a diversos peritos y solicitudes de información a servicios públicos tales como la DGA, Sernageomin y Conadi, entre otras diligencias.

Entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva de la faena minera se encuentra la intervención de vegas altoandinas; la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes; la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado.

Historia del proceso sancionatorio

Cabe recordar que en junio de 2016 se acumularon en un único expediente dos procedimientos de sanción contra la minera. El primero, Rol A-002-2013, fue iniciado el año 2013 y concluyó con una sanción de 16.000 UTA, pero luego de reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, éste determinó que la resolución sancionatoria de la SMA del año 2013, adolecía de diversos vicios que la hacían ilegal y le ordenó dictar una nueva resolución sancionatoria que se ciñera estrictamente al marco legal. Entre las ilegalidades detectadas por el tribunal, se identificaron la falta de fundamentación de la sanción y la utilización de la figura del concurso infraccional, todo lo cual fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 2014.

De esta forma, la SMA reabrió el referido procedimiento en abril de 2015. El mismo mes, y producto de una serie de nuevas denuncias y fiscalizaciones se abrió un segundo proceso, Rol D- 011-2015, con cargos relacionados a incumplimientos a las obligaciones establecidas en las RCA del proyecto respecto de flora y vegetación, monitoreo de glaciares y monitoreo de variables socio-culturales, entre otros.

En junio de 2016 ambos procesos de sanción se agruparon en un único expediente, el cual incluyó a más de 100 interesados y/o denunciantes, entre los que se incluyen asociaciones de regantes, comunidades indígenas, personas naturales, ONG, además de la propia empresa minera.

Cabe mencionar que las partes interesadas en este proceso, realizaron todo tipo de presentaciones, solicitudes y requerimientos ante la SMA los cuales de acuerdo a la ley, obligaron a la institución a examinar y ponderar cada una de ellas en detalle y tener que pronunciarse pormenorizadamente a su respecto en la resolución sancionatoria que hoy se ha dictado.

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz afirmó que, “dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso”.

El Superintendente Franz subrayó además, que “esta resolución es el fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales de distintas áreas, el cual con dedicación exclusiva durante muchos meses, examinó y analizó en detalle cada una de las infracciones, cada una de las pruebas y cada uno de los antecedentes recabados durante el proceso, para arribar, en definitiva, a una decisión contundente, pero sobretodo objetiva y proporcional, a los incumplimientos cometidos, tal y como ha sido la tónica de nuestra institución en estos años”.

Fuente:http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/911-sma-sanciona-a-pascua-lama-2018

Como se ha hecho público en los medios, CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera no metálica SQM (Soquimich). Esto, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente a 180.000 toneladas anuales.

Los términos de este acuerdo se dan a conocer a la opinión pública sólo a pocos días de su firma, y en un contexto de dudas y desconfianzas respecto a los efectos que la extracción sistemática de salmuera (agua con alta concentración de sal) del Salar de Atacama, tendría sobre el ecosistema y las comunidades que en ella habitan. Estas dudas se fundan principalmente en los informes de la Comisión Investigadora del Litio y en una serie de trabajos académicos que dan cuenta de la falta de fiscalización tanto de las actividades extractivas como de los convenios firmados entre CORFO, Albemarle y la misma SQM. A lo anterior se suma el hecho de que la multinacional Albemarle, aún bajo el nombre de Rockwood Lithium, consiguió triplicar sus derechos de extracción de salmuera gracias a un convenio firmado con el Consejo de Pueblos Atacameños en 2016, y que, entre otras cláusulas, estipula una participación de las comunidades en las ventas de la empresa.

Adicionalmente, surgen dudas y cuestionamientos a la forma en que este “fin de conflicto” ha sido socializado al interior de las comunidades, toda vez que el propio Eduardo Bitrán habría sostenido reuniones por separado con algunas de las comunidades que se encuentran geográficamente más cercanas a las operaciones de SQM, para luego sostener reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños y el Municipio, como consta en la cuenta twitter de la CORFO. Los argumentos giran en torno al tono autoritario de las intervenciones de vicepresidente ejecutivo del organismo estatal, quien además habría comunicado a dirigentes sobre el proyecto de creación de una fundación que canalizaría los dineros que SQM pondría a disposición, como parte de una cláusula de “Responsabilidad Social Empresarial”, al más puro estilo BHP Billiton – Fundación Minera Escondida.

Esto pone en evidencia no sólo la urgencia con que el gobierno busca asegurar la salida de Ponce Lerou del control de SQM antes del fin de mandato de Bachelet, sino que también la nula consideración tanto del efecto que estas intervenciones están generando en el tejido social de las comunidades, como de las devastadoras consecuencias que la extensión de las operaciones de SQM tendrían sobre el frágil y ya amenazado ecosistema del Salar de Atacama. Al respecto cabe recordar que el turismo no regulado ya está generando desabastecimiento de agua entre la población, y que los ríos San Pedro y Vilama, principal fuente de agua para la agricultura, han sido declarados agotados.

Frente al anuncio de que la firma de este acuerdo se materializaría este miércoles 17 en las oficinas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, las reacciones desde diversos sectores tanto del propio territorio como del resto del país no se han hecho esperar. Desde las propias comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, a Organizaciones Socio-Ambientales del Salar y del Norte Grande, el rechazo es total, ya que para ellos este acuerdo redactado entre cuadro paredes estaría, una vez más, hipotecando la supervivencia del ecosistema de la Cuenca del Salar de Atacama.

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107111#.Wl6OHiEwFFI.twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=1a15f2fefa2d42f1829b3eed1dbb4d17&uid=576512048&nid=244+289476616

Se espera que la sanción sea millonaria y marque un precedente en el país, sin embargo lo que los vecinos y ambientalistas buscan es el cierre definitivo del proyecto.