Ixtacamaxtitlán, Pue.- La justicia federal dio un revés a la empresa canadiense Almaden Minerals que, a través de la división de sus concesiones, pretendía dejar sin efecto el amparo promovido por indígenas de la comunidad de Tecoltemi en Ixtacamaxtitlán, para evitar dos de sus proyectos extractivos.

Con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en Puebla, dentro del Recurso de Queja 184/2017, queda firme la orden de suspensión de las actividades de la minera en sus concesiones Cerrón Grande y Cerrón Grande II, además de que el juez Cuarto de Distrito tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, hecha valer por los pobladores.

Luego de que el juez ordenó en 2015 que Almaden Minerals frenara sus trabajos en Ixtacamaxtitlán, la firma, con el apoyo de la Secretaría de Economía, manipuló las concesiones con la finalidad de quitarles el derecho a los pueblos para impugnarlas y además seguir sus trabajos en esta región.

Entre los argumentos que los ixtacamatlecos expresaron contra la minera está el de que las concesiones de Almaden Minerals fueron otorgadas aplicando la “anticonstitucional” Ley Minera  expedida en 1992, violando sus derechos al territorio y la consulta.

Por ello, la empresa trató de evitar que se discutieran esas normas y renunció a las licencias de explotación al dividirlas o recortarlas, todo para dejar fuera al territorio de los pueblos que recurrieron al amparo.

Los pobladores se inconformaron e interpusieron el recurso de queja, cuya resolución representa un revés para la canadiense pues debe acatar la orden de suspender cualquier actividad que tenga que ver con las concesiones. También obliga a la Secretaría de Economía a anular los cambios que hizo para favorecer a los inversionistas.

El juez Cuarto de Distrito en el estado deberá pronunciarse acerca de las violaciones a los derechos de los nahuas de Tecoltemi, cometidas al conceder las licencias de exploración y explotación de su territorio en contra de lo establecido por la Constitución y el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

Sin embargo en el juicio de amparo interpuesto por los nahuas, el Estado mexicano consideró a la minería como de “utilidad pública” y alegó violaciones a su derecho de explotar “bienes públicos”. Cuestionó la identidad indígena de las comunidades y aseguró que las afectaciones por las actividades extractivas no impactarían en el “suelo, porque las concesiones fueron otorgadas sobre lo que hay en el subsuelo y lo que se va a afectar es propiedad de la nación”.

GJ

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2018-02-26/interiores/reitera-juez-suspensi%C3%B3n-proyectos-mineros-en-ixtacamaxtitl%C3%A1n

Empresas de la industria energética y mineras mantienen con comunidades y pueblos indígenas casi mil disputas por el derecho al agua a lo largo del territorio nacional.

José Luis Abarca y organizaciones que acompañan la demanda contra la embajada de Canadá en México recorren oficinas y universidades para mostrar las pruebas de una acción sistemática de la diplomacia canadiense para apoyar violaciones de sus empresas contra los pueblos mexicanos.

Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/canada-protege-y-encubre-las-violaciones-de-sus-mineras-en-mexico/

OAXACA, Oax. (apro).- En el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, rechazaron programas del gobierno federal como Procede y Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-Fanar), debido a que, con ellos, acusaron, se pretende privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades.

De igual forma, en su pronunciamiento, condenaron el hostigamiento desarrollado por la Procuraduría Agraria que, a través de los visitadores agrarios, pretende imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.

“Desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal y estatal, a las empresas extractivas y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que no aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros”, añadieron.

Y advirtieron que “no aceptaremos la implementación de ningún trabajo de prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna”.

Igual explicaron que “el agua, los bosques y las semillas, entre ellas el maíz, así como los demás bienes naturales presentes en el territorio, son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos”.

El encuentro se realizó en Magdalena Teitipac, Tlacolula, donde el tema central fue su lucha por la defensa de la tierra y el territorio y en contra de la imposición del modelo extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el amparo de las leyes mexicanas.

Durante tres días, los pueblos, comunidades y organizaciones intercambiaron experiencias para continuar fortaleciendo sus procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios.

También mencionaron que “los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales, como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de tres mil mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto les dan sentido de pertenencia.

En su pronunciamiento, denunciaron “el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado”.

Incluso consideraron que “la militarización y presencia de la Gendarmería son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio”.

Por consiguiente, “nos hermanamos como pueblos para seguir de manera organizada defendiendo nuestra madre tierra desde nuestras comunidades y en las regiones, ya que la tierra la reconocemos como nuestra madre que nos da vida y después nos recoge con su manto para guardarnos en su seno”.

Finalmente, reconocieron a las mujeres como guardianas de la tierra y una pieza fundamental en los procesos de resistencia en esta lucha por la vida ante los “proyectos de muerte” que han significado los megaproyectos en sus territorios.

En el encuentro se solidarizaron con las diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia, como Magdalena Teitipac, Tlacolula, San José del Progreso; Pasta de Conchos, Coahuila; Chicomuselo, Chiapas, así como con Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) y Comunidades del Istmo de Tehuantepec, entre otras.

También se sumaron a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones entregadas en Enriqueta y El Doctor, en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso, y Los Ocotes, en Ejutla de Crespo.

Así como en Los Ocotes I, Reducción Taviche Oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute II, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán I en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el gobierno federal “sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos”.

Por último, exigieron el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que se “respete nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones como pueblos y comunidades”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/524054/en-encuentro-estatal-comunidades-repudian-proyectos-mineros-en-oaxaca

La minería en el mundo y en particular en nuestras tierras ha arrojado un enorme saldo negativo. Lo que dejan en forma de empleos, menos los costos ambientales y humanos, representa un cálculo objetivo fuera de dudas. Ahora vivimos un caso que no trata lo que en otro momento hemos comentado en esta misma tribuna periodística, el consumo de agua o la devastación de suelo o la nula aportación en impuestos de la minería.

Ahora observamos un caso donde la actividad propia de la explotación de las entrañas de la tierra afecta el espacio más íntimo y vital de las personas: su hogar. En el municipio de Chalchihuites hay varios enclaves mineros, dos de ellos muy cuestionados que afectan a la comunidad de La Colorada y la propia cabecera municipal.

Varias viviendas se resienten de la actividad minera, y la empresa canadiense argumenta que es una actividad sísmica normal ajena a su explotación. En contra de esa hipótesis, los pobladores organizados responden que pueden demostrar que no es así a través de un estudio de una institución neutra y de prestigio como el Instituto de Geología de la UNAM. Los pobladores están seguros de que esa no es una zona sísmica y, por tanto, la destrucción de las viviendas es causada por la mina. Lo relevante que tenemos que resaltar es la actitud del responsable de la dirección de Minas de Godezac, Juan de Dios Magallanes, quien no encontraba la manera de beneficiar a las empresas canadienses contra los intereses de los pobladores zacatecanos, de igual manera Héctor Ramírez, enviado de la Secretaría de Gobierno estatal. Afortunadamente las mesas de negociación estuvieron asistidas por personal de la delegación federal de la Secretaría de Economía y de Protección Civil local; además de la participación de habitantes de la comunidad vecina de La Colorada y de la Sociedad Civil, porque de no ser así, los habitantes estarían en enorme desventaja frente a First Majestic.

Los habitantes de Chalchihuites exigen que se paren las obras de la mina hasta que se pueda hacer el estudio de la UNAM sobre la causa de la afectación de sus viviendas. La pregunta es, ¿de qué lado está el gobierno de Zacatecas? Al principio, estaba claro: del lado de la empresa, dadas las expresiones del Ingeniero Magallanes de la dirección de Minas; pero ahora, con las declaraciones del gobernador Tello, parece que cambiaron de opinión y dan oportunidad a los derechos de la gente de Chalchihuites. La declaración de Alejandro Tello desautoriza la actuación de su director de Minas y da una esperanza a los habitantes de tener justicia en la afectación de sus viviendas. Ojalá y se sostenga en la postura de poner por delante la vida e integridad de la población antes que los intereses de dichas empresas. Pero con ello, esperaríamos también relevos en el personal que no trabaja para los zacatecanos, sino para las empresas extranjeras que se hacen ricas con los recursos de nuestro territorio. Estaremos atentos sobre cómo se resuelve este caso, porque además, es una minera donde los trabajadores pertenecen al sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, y será importante observar cómo se conducen en este tema.

Fuente:http://ljz.mx/2018/02/27/la-minera-first-majestic-y-las-dos-actitudes-contrarias-de-godezac/

First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.

La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

Del total de los proyectos mineros en el país, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.

Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.

LOS ABUSOS DE FIRST MAJESTIC

Apenas en octubre pasado cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

Resulta pertinente compartir con los lectores algunas precisiones en torno a ciertas afirmaciones vertidas recientemente sobre la minería a tajo abierto por metales. Es en esta tónica que queremos responder a la confusión creada al mezclar al movimiento social contra la minería a tajo abierto con el tema del crecimiento económico del estado. En efecto, se necesitan alternativas ante el estancamiento económico que atraviesa Morelos. Sin embargo, esa necesidad no anula en absoluto las implicaciones nocivas, previsibles, múltiples e irreversibles de iniciativas que hablan de una minería “sustentable” a todas luces inviable, como la de la minería a tajo abierto por metales .

Resulta ingenuo suponer que el estancamiento económico del estado de Morelos lo va a resolver la minería a tajo abierto por metales. Esa actividad, en curso en diversas regiones del país, ciertamente promueve el bienestar económico… pero solamente el de sus dueños e inversionistas. Las concesiones del subsuelo que obtienen esas empresas son otorgadas sin consulta alguna a las poblaciones afectables. A pesar de su gravedad y de encontrarse ampliamente documentados, los efectos nocivos sanitarios, ambientales, económicos, sociales y culturales se ocultan. El volumen y valor económico de los metales extraídos no tiene nada que ver con lo que esas empresas, nacionales y extranjeras, dejan en las comunidades y al país, no sólo en términos económicos, sino de afectaciones a los territorios donde operan.

A quienes denunciamos los peligros de la minería a tajo abierto por metales ahora se nos exige en la prensa, de paso, nada menos que plantear alternativas económicas para sacar al estado de Morelos de su estancamiento económico. Es claro que se han de buscar esas iniciativas y esa tarea compete no sólo a quienes denunciamos a la megaminería tóxica; no sólo eso: su búsqueda debe hacerse con el concurso de la población y no a sus espaldas, y menos a costa de ella, de su salud y de su territorio.

La denuncia de la megaminería tóxica es una responsabilidad ineludible y colocar como alternativa económica valedera a ese tipo de explotación minera no sólo forma parte central de las campañas de desinformación sistemática de las empresas dedicadas a esa actividad, sino que elude la realidad de esas afectaciones, y pasa por alto para quién es ese desarrollo económico y cuál puede ser su costo. Basta, por ejemplo, darse una vuelta al municipio de Eduardo Neri y visitar la comunidad de Carrizalillo, en el vecino estado de Guerrero, para constatar lo que implica este tipo de minería para los territorios y poblaciones afectados por dichas explotaciones, incluyendo la violencia hacia la población, su desplazamiento, el daño a la salud, la seguridad de las empresas encargada al narcotrtáfico y a bandas criminales. Quienes han vivido sus efectos no tienen acceso a los medios de comunicación ni pueden pagar campañas publicitarias.

Hay inocentadas que pueden resultar muy caras. Es decir, no resolvamos la apetencia económica de las empresas a costa de nuestra integridad territorial, económica, cultural, ambiental y sanitaria, y tampoco a costa de nuestra dignidad. Por si todavía no se ha entendido, nuestra lucha no es por perpetuar la miseria, ni la dependencia, ni la falta de alternativas económicas, al contrario: es para responder a una situación inmediata de peligro que pone en riesgo nuestros territorios mismos, que son la fuente de toda actividad económica valedera. No hay “crecimiento económico” alguno cuando se pierde el territorio y se pierde la dignidad.

Hay que enfatizar que incluso si se generan riquezas, eso de ninguna manera significa que se vayan a repartir, es decir, “generación” no es “distribución”. ¿Qué tipo de contrataciones va a generar la empresa canadiense? ¿A qué se le llama “sustentabilidad” y cómo se usa esa palabra para imponer proyectos inconsultos? ¿Cómo se hacen cargo las empresas de las externalidades negativas ambientales y del daño a la salud de sus trabajadores y de las poblaciones? Esas y otras muchas preguntas de corte ético no son planteadas, ni resueltas, y ello no es casual, porque las respuestas contravienen a los intereses empresariales.

Los daños a la salud no son inmediatos, y el sueldo de un trabajador minero no le alcanza para el tratamiento contra el cáncer ni la insuficiencia renal, ni siquiera de él, y menos de su familia. Si nos preocupa el crecimiento económico, para no ser ingenuos, hay que ver más allá del inmediatismo y de la desinformación deliberada.

Y si de alternativas económicas se trata, la alternativa es simple: empecemos por reactivar el campo mexicano en toda su dimensión, con apoyos y reestructuración basados en una visión de soberanía, y que los bienes naturales sigan siendo bienes naturales y no elementos de negocios, de despojo y de daños al ambiente y a la salud…

Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
Red Mexicana de Afectados por la Minería

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/los-problemas-economicos-no-se-resuelven-vulnerando-a-la-poblacion-y-a-su-territorio/

Para el biólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Óscar Dorado Ramírez, la explotación de la minería en la zona Sur del estado podría traer graves consecuencias para el medio ambiente, sobre todo si se hace a cielo abierto, por lo que se sumó al reclamo de los pobladores para que antes de reactivar los trabajos se efectúe un estudio de impacto ambiental en el lugar.

Si bien dijo no ser especialista en minería ni en geología, consideró que lo primero que se tiene que hacer es una serie de estudios para conocer el proyecto y determinar la factibilidad de lo que se pretende hacer.

“Se nos está haciendo una costumbre en el país estar en contra de casi todo y sin estar a favor de este proyecto, debemos esperar a conocer el dictamen para que gente verdaderamente especialista en casos de esta naturaleza pueda opinar a favor o en contra, sin sesgos”, opinó el biólogo.

Sin embargo, dejó en claro que si la mina es a cielo abierto por supuesto que afectará el entorno ecológico, aunque se establezcan medidas de mitigación; “no es lo mismo una minería a cielo abierto que a profundidad”, refirió.

En términos generales, expuso que afectaría el entorno y los alrededores, toda vez que el cianuro que se utiliza para el procesamiento de los materiales es un químico nocivo para la diversidad ambiental y los seres humanos, además de que el daño llegaría hasta la Sierra de Huautla y a otros espacios verdes.

Asimismo, fue claro al mencionar que en todo proyecto se deben establecer medidas de mitigación para aminorar sustancialmente las posibilidades de una contaminación mayor.

Calificó como una labor adecuada que los ciudadanos empiecen con la defensa de la tierra y de los recursos ecológicos.

Fuente:https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/necesario-estudio-de-impacto-ambiental-en-proyectos-mineros

El secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, dijo que la administración de Graco Ramírez no ha permitido el trabajo de los proyectos mineros en Temixco o en ninguna parte de la entidad, si bien el Gobierno estatal no tiene facultades para cancelar la concesión, como a la empresa “Álamos Gold”, al ser un permiso federal, sí puede evitar que trabajen.

“Se canceló la autorización de la operación, no la concesión, eso no depende de nosotros, ésta se la dio la Secretaría de Economía a nivel federal el proyecto por ahora está cancelado”, precisó.

Incluso, el 15 de febrero, el gobernador confirmó que a su llegada, todos los proyectos mineros a cielo abierto que concesionó el Gobierno federal, serían cancelados debido al impacto que implicaría al medio ambiente.

En su lugar se construyeron plantas de remediación, pues su mayor preocupación era la minera en Temixco, donde la empresa canadiense “repartió” dinero a la gente con el fin de exigir al Gobierno estatal su aprobación para cortar el cerro. Sin embargo, debido a la información que se entregó a la gente, aceptaron que ésta fuera cancelada.

Cabe decir que, aunque la embajadora de Canadá en México intervino a favor de la empresa, por la gran inversión que representaba; “nos mantuvimos firmes y no permitimos que se siguiera afectando el entorno ecológico”.

Por eso, MacBeath aclaró que la empresa aún posee la concesión, y eso no se ha podido revocar; “lo que ellos metieron fue la autorización para extracción”, agregó.

Puntualizó que la política del mandatario estatal es no permitir durante su Gobierno la extracción de minerales a cielo abierto, en tanto han estado informando al gente de esta situación; “pero nosotros no autorizaremos esa mina, ni ninguna otra, porque hay como 33 concesiones de mineras en el estado de Morelos en diferentes puntos que otorgó en su momento la Secretaría de Economía”.

Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/no-habra-mineria