Habitantes de la comunidad Tequesquitlán bloquearon por segundo día consecutivo el acceso a la mina Gan-Bo Minera Internacional, propiedad de empresarios chinos.
Los inconformes advirtieron a regidores y al director del departamento jurídico de Cuautitlán de García Barragán, Alejandro Brambila, que este martes ingresarán a la mina, sacarán a los trabajadores y los entregarán a la policía.
MÉXICO, D.F. (apro).- Con inversión nacional y extranjera, la proliferación de complejos mineros ha detonado numerosos conflictos en la mayor parte del país: la vulneración de derechos agrarios, indígenas, ambientales y sociales de las comunidades en las que se asientan.
Con la complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno e incluso de diplomáticos extranjeros, la impunidad campea en los ilícitos que envuelven las operaciones mineras. Un ejemplo es el caso del líder indígena Mariano Abarca, opositor a la operación de una mina de barita, propiedad de la firma canadiense Blackfire.
Parte I: En 2 años, Calderón otorgó 5 mil nuevas concesiones mineras
Parte II: En México, 35 focos rojos por minería
⇒ Parte III: Empresarios mineros, los más ricos de México
Los tres hombres más ricos de México: Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y German Larrea Mota-Velasco han conformado parte de su riqueza de la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata. Una industria que tiene más de 31 mil concesiones y que deja a su paso conflictividad social y despojo
Por una parte, el sector minero ha dejado comunidades saqueadas y contaminadas. Por la otra, ha contribuido a la riqueza de trasnacionales y de empresarios mexicanos.
Mariano Abarca, líder indígena.
Días antes de su asesinato, Mariano Abarca denunció que lo habían amenazado con “quebrarle la madre a plomazos” para que dejara de inconformarse con la presencia de la mina La Revancha en Chicomuselo, Chiapas; aunque la Embajada de Canadá estuvo enterada de los hechos decidió encubrir a la empresa Blackfire, propietaria de la mina, e incluso después de que le dispararon a quemarropa al líder indígena el 27 de noviembre de 2009.
El oro y la plata significan riqueza… pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite. Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería. La voracidad de las compañías dedicadas a la minería –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos– pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite.
Organizaciones indígenas de Oaxaca y entidades de derechos humanos de México pidieron la intervención de Human Rights Watch (HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cesar el atropello y represión contra los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios.
Asímismo, exigen que se cumpla con la normatividad internacional que señala el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado ante las medidas que los afectan.
Por Sergio Ferrer
TLAPA, Guerrero.- Activistas y afectados por la actividad minera en el país criticaron la iniciativa de ley presentada por el senador del PRD Armando Ríos Píter en materia minera, porque dijeron es una muestra de la falta de claridad de los grupos parlamentarios acerca de lo que la nación requiere, además de ser un retroceso a la ley actual.
Una comisión integrada por miembros del PRD y del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Metales Preciosos solicitará a alcaldes que modifiquen su programa de reordenamiento territorial, para poner un candado legal que impida la minería a cielo abierto en sus territorios.
De acuerdo con Ignacio Suárez Huape, militante perredista, expondrán la medida a 15 alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se reunirán el sábado en un balneario ubicado al sur del estado.
Napoleón Gómez Urrutia
La Cámara de Diputados aprobó en su sesión plenaria del jueves 25 de abril diversas modificaciones fiscales que en teoría implican crear una nueva y más alta contribución económica de las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, que de atenerse a los postulados de la iniciativa legislativa aprobada, darían por resultado una mayor aportación de esas compañías a la Federación, así como a los estados y municipios donde se realiza la explotación de los recursos minerales, lo cual ocurre en concesiones que abarcan más de 26 por ciento del territorio nacional.
La minera Peñasquito, propiedad del consorcio canadiense Goldcorp, opera entre la animadversión de ejidatarios del municipio de Mazapil, a quienes debe devolver por orden judicial más de 600 hectáreas, y si bien prevé producir un promedio de 500 mil onzas de oro anuales en los 22 años que operará, también causa grave contaminación con la tierra y los sedimentos que deja en la atmósfera debido al uso de explosivos y el transporte de miles de toneladas de tierra las 24 horas del día.
El gerente de operaciones extractivas de Peñasquito, Carlos Almanza, asegura que los caminos hacia la mina se riegan cada día con miles de litros de agua para evitar la polución. No obstante, una gris y densa nube de polvo está permanentemente sobre el complejo.