Las trasnacionales mineras secan los veneros del país. Grupo México y Goldcorp encabezan la lista de las que más litros de agua ocupan para la extracción de los minerales. Además, la empresa de Germán Larrea, uno de los más ricos del país, se encuentra en la lista de “presuntos evasores fiscales”, elaborada por la Auditoría Superior.

Grupo México y Goldcorp son las dos mineras que mayores cantidades de agua consumen en el país, señala el Debate sobre grandes consumidores de agua: El caso de las mineras en México, informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, publicado el 27 de abril pasado.

Catorce empresas han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Y otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan.

“La mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan sólo tres estados: Sonora (107.9 millones de metros cúbicos anuales), Zacatecas (55.8 millones de metros cúbicos anuales) y Michoacán (44.4 millones de metros cúbicos anuales), indica la información documentada por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica.

Y es bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, SA de CV; Compañía Industrial Minera México, SA de CV; Industrial Minera de México, SA de CV; Mexicana de Cananea, SA de CV y Mexicana del Cobre, SA. de CV; que el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua, como se documentó en la edición 487 de Contralínea.

En tanto que la minera canadiense Goldcorp, Inc, es la segunda en acaparamiento de recursos, mediante sus filiales Camino Rojo, SA de CV; Compañía Minera Nukay, SA de CV; Desarrollos Mineros de San Luis, SA de CV, y Minera Peñasquito, SA de CV, que ocupan más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales, según la información de CartoCrítica.

Grupo México también ha sido identificada por la Auditoría Superior de la Federación dentro de las 59 que “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

Mineras, causantes del deterioro

El estudio del CESOP apunta que la inversión extranjera en el sector minero en México no ha representado necesariamente una mejora económica en las poblaciones marginadas. “Más bien, parece que, al contrario, algunas veces son causantes de deterioro en la vida de los pobladores. Puede mencionarse, el caso de la mina concesionada por el gobierno federal a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, cuya filial es la Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca”.

San José del Progreso es el tercer municipio más pobre de ese estado y se estima una ganancia de 360 millones de pesos de la minera canadiense, en 2012, con la extracción de miles de onzas de oro y plata. En contraste, el pago por esas concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

La Constitución dice que el uso de los recursos naturales los debe impulsar el Estado y sólo excepcionalmente los particulares. Esto es algo que no se está haciendo ni con la minería ni con el agua, dice en entrevista Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida. La legislación Minera en México.

Pareciera que la industria minera dentro de la economía es de suma importancia, pues es el cuarto sector que más ingresos genera, pero eso no quiere decir que el país sea rico porque los beneficios van a dar a las arcas de los que están explotando los recursos.

“Lo que dejan al Estado es un mínimo y lo que queda como la anuencia para el desarrollo del país es nada. Ése es el esquema que se tiene que revisar, porque los efectos secundarios que tiene son muchos: peligro en las condiciones laborales, contaminación, explotación de recursos hídricos y evasión de impuestos”, comenta el especialista.

Las grandes consumidoras

Las empresas mineras son grandes consumidoras de recursos hídricos. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez Jiménez, indica que el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.

En su investigación Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, la académica enlista 14 empresas que han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran; así como el acaparamiento del recurso por parte de siete empresas y otras tres con “amenaza de impacto”.

Entre ellas se encuentran la empresa Peña Colorada, filial de Ternium. Según la investigadora, indica que en Colima diferentes comunidades han reportado desecación de manantiales y contaminación del Río Marabasco. Contrario a ello, información de la empresa dice que el agua es un insumo estratégico de los procesos mineros de Ternium, por lo cual “se han aplicado diversos sistemas para cuidar la cantidad y la calidad del recurso”.

Herrero de la Bufa, en Durango, de la empresa Grupo Minero Bacis, ha sido denunciada por organizaciones de pescadores, que indican que hay contaminación del agua por derrames de las presas de jales de la misma empresa. Por su parte, la información del consorcio minero se enorgullece de que en la última década ha logrado una producción de 1 mil 500 toneladas métricas, que produce un concentrado “Bulk” (plata-oro).

Minera Plata Real (filial de la canadiense Linear Gold) es otra de las empresas cuyos trabajos de exploración, en Oaxaca, “han causado grave contaminación en el río y en los mantos freáticos”, documenta la geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el acaparamiento o agotamiento de agua, Pérez Jiménez expone que la minera Sundance Minerals, disecó manantiales y contaminó arroyos en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Éste “había sido un pueblo minero. La escasez de agua y contaminación del suelo hizo a los pobladores buscar la manera de expulsar a la empresa canadiense, que explotaba a cielo abierto el oro de esta comunidad” (Contralínea 339).

La empresa Peñasquito, de GoldCorp, ha generado el agotamiento del agua, ya que en varios ejidos los pozos se han secado por completo. La compañía está instalada en Mazapil, Zacatecas.

La mina El Arco, de Grupo México, en Baja California, afectaría el acuífero del Vizcaíno. Éste se encuentra proyectado en un área natural protegida, denominada Reserva del Valle de los Cirios, en el municipio de Ensenada.

El proyecto Paredones Amarillos, de Vista Gold, “afectaría la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos”, explica la investigadora.

En el proceso extractivo se emplea habitualmente cianuro y los residuos minerales contienen naturalmente compuestos de sulfuro, que cuando se exponen al agua y al oxígeno, forman ácido sulfúrico.

En un fenómeno denominado drenaje de ácidos provenientes de minas, el ácido sulfúrico se filtra a través de los residuos de las minas y libera sustancias tóxicas como el cadmio y el arsénico de la roca. Esta mezcla venenosa puede escurrirse a la capa freática u otras fuentes de agua locales y, al ser consumida, puede causar daños al sistema nervioso, cáncer, enfermedades hepáticas y otros efectos adversos para la salud de los seres humanos, como se explica en el informe Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Repercusiones de la minería

Los impuestos que pagan estas empresas no están retribuyendo en la devastación ambiental (incluyendo el uso excesivo del agua) que está dejando la industria, dice Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

El CESOP menciona que en el país se tienen identificadas seis zonas donde la sobreexplotación del agua es generada principalmente por actividades mineras circundantes o que transportan el recurso de estas áreas acuíferas a su campo de trabajo. “Los casos más notorios de sobreexplotación, relacionada con la actividad minera, se localizan en los acuíferos de Valle de Ixtlahuacan (Colima), Los Juncos (Chihuahua), Campo Mina (Nuevo León), Villa Hidalgo (San Luis Potosí), San Simón (Baja California) y en Guadalupe de las Corrientes (Zacatecas)”.

Entre los aspectos que analiza el Centro de la Cámara de Diputados se encuentra sobre la actividad minera en el país es la contaminación que deja en los recursos hídricos, indica que en el caso de Grupo México “ha dejado en el municipio daños ecológicos fuertes, con la contaminación de los mantos acuíferos de la zona (por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora).

“La empresa en cuestión utiliza miles de litros de agua y mercurio para separar el oro; por consiguiente, el líquido queda contaminado y ya no se puede aprovechar, ni para consumo humano ni para riego”, indica el estudio del CESOP.

El CESOP identifica que “el suelo de las regiones mineras no sólo recibe los desechos sólidos y líquidos derivados del uso humano; también aguas ácidas que contienen metales pesados de mineralizaciones sulfuradas aflorantes. También se trata de contaminación por la minería a cielo abierto y por el alto consumo de agua que demanda la explotación de los minerales”.

También, dice el Centro de la Cámara de Diputados, innumerables estudios de especialistas han documentado de manera exhaustiva que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.

Sin garantías laborales

La seguridad laboral es otra de las aristas que no cumple la industria minera en México. Pedro Vargas, trabajador de la minera Autlán, en Puebla, dice que las condiciones de trabajo para los mineros son muy reducidas, pues ante cualquier evento no hay garantía de una atención debida.

“Los riesgos que tenemos están en la misma operación de la mina, el manejo de los hornos y la contaminación a la que estamos expuestos. Hablamos con los patrones para que mejore nuestra situación: necesitamos medidas de seguridad más específicas para evitar cualquier accidente; pero no nos hacen mucho caso”, dice el integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Industrial Minera México, filial de Grupo México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 Pasta de Conchos, hace 11 años.

En enero pasado dos trabajadores de la minera Gold Resource Corporation perdieron la vida. En tanto, la canadiense Panamerican Silver fue acusada de despojo por habitantes de la comunidad zacatecana La Colorada, municipio de Chalchihuites.+

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/16/mineras-acaparan-contaminan-y-sobrexplotan-el-agua-de-mexico/

Regeneración, 16 de mayo de 2017, Huauchinango, Puebla.- La agresión de Almaden Minerals contra pobladores de Ixtacamaxtitlán y miembros del Consejo Tiyat Tlalli que se oponen a sus actividades se inscribe en una campaña de difamación, criminalización, estigmatización y amenazas para “concretar sus acciones de despojo” en la Sierra Norte, consideró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Mediante un comunicado, la REMA explicó que el ataque a las resistencias y a quienes acompañan a estos procesos, además del despojo a los pueblos, son las “otras actividades” que realizan las empresas mineras en la región y en el país.

Las mineras “de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos”, precisó.

Luego de que el pasado 1 de Mayo empleados de Almaden Minerals incursionaran por la fuerza a terrenos de propiedad privada en Ixtacamaxtitlán, tanto los dueños de los lotes, como sus asesores fueron amenazados y citados a declarar ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, situación por la que han denunciado el inicio de acciones de hostigamiento en su contra, además de la violación a sus derechos humanos.

La REMA indicó que la persecución contra los opositores a la minería, se realiza desde diferentes frentes, por ejemplo: “utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancia federales y la misma empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango; o como hace apenas unos días le pasó a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Acacoyagua Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V”.

Precisó que de la misma forma ocurrió con “la organización Bios Iguana y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V, recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra. Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa Hudbay haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de Miningwatch y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá”.

En todos estos casos, añadió, hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería.

La REMA se solidarizó con los pobladores de la Sierra Norte y con las organizaciones Tiyat Tlalli y FUNDAr a las que consideró han sido víctimas de las campañas difamatorias y amenazas “simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía y el uso de la fuerza y la intimidación”.

La organización denunció que ante esta situación el gobierno ha sido omiso y lo hizo responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial a los defensores del territorio.

Fuente:http://regeneracion.mx/agresiones-de-almaden-minerals-en-ixtacamaxtitlan-campana-de-despojo/

La industria extractiva, a través de proyectos mineros, ha logrado concesiones federales para explotar 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano en 48 municipios, que representan el 5.3 por ciento de la superficie total del estado, informó la Secretaría de Economía (SE).

Actualmente se encuentran vigentes 240 proyectos a través del mismo número de concesiones, que fueron otorgadas de 1971 a 2015, para explotar los recursos naturales por medio siglo, aunque la más antigua data de 1961, autorización que es también la de mayor duración pues verá su fin hasta 2061, proyecto ubicado en el lote denominado Lagunillas de Rayón, en Chietla.

Existen además nueve proyectos vigentes que terminarán su concesión hasta el año 2065, que ocupan una superficie de 136 mil 476 hectáreas, pero que los comparten los estados de Veracruz, Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca, sin que se detalle el área total que le corresponde a cada entidad federativa.

Desde 1930, el Gobierno Federal ha otorgado 26 mil 179 concesiones en todo el país. En Puebla desde el último registro se han dado 299 títulos, cifra que representa el 1.1 por ciento del total que existen en México, entre los que se encuentran los vigentes, los compartidos y los que han finalizado.

El Producto Interno Bruto (PIB) minero en el estado representa 2 mil  48 millones de pesos, mientras que el metalúrgico 13 mil 226 millones, ambos concentran el 3.5 por ciento del PIB estatal y solo la actividad minera el 0.5 por ciento. La industria minero-metalúrgico genera más de 35 mil puestos directos de trabajo y 7 mil 143 indirectos, de acuerdo con los últimos datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

En Puebla, la superficie más grande concesionada a un solo proyecto es la que se encuentra con el número 243617, de Construcciones Santino, que trabaja en el lote llamado Arcángel Miguel en el municipio de Albino Zertuche pues tiene una superficie de 29 mil 168 hectáreas, siguieron con 20 mil 85 hectáreas el proyecto Mixteca Suprema en Piaxtla y con 13 mil 47 hectáreas el proyecto Oriental 1.

Por otro lado, con base en información del Servicio Geológico Mexicano (SGM) son las arcillas, arena, agregados pétreos, basalto, caliza, yeso, grava o feldespato algunos materiales que producen las minas ubicadas en el estado, aunque el organismo señala que en los últimos 50 años la producción de oro, cobre, plomo o zinc ha registrado actividad, pero esporádica.

A través del “Panorama Minero del Estado de Puebla”, el Servicio destaca que hasta 2015 se otorgaron 448 títulos de concesión que representan una superficie de 333 mil 73 hectáreas, que da como resultado una superficie de 9.79 por ciento del estado, propiedad de las minas, y que incluirían  los proyectos que han perdido vigencia y los que comparte Puebla con otras entidades del país.

Cabe destacar que de 2011 a 2015, la superficie concesionada del estado a proyectos mineros casi se duplicó, ya que pasó de 5.37 a 9.79 por ciento, esta última cifra que representa casi una hectárea de cada 10 del territorio, informó el documento del SGM.

LA MINERÍA

Desde antes de la conquista se explotaba en la región de Tepeaca ónix que servía de ornato al palacio de Moctezuma, y en Chiautla de Tapia y Tetela de Ocampo se extraía oro. Después de la independencia, en 1897 fue el último año en el que se trabajaron las minas en la zona de Jolalpan, al sur del estado, después de eso, en 1950 inició de manera formal la explotación minera en territorio poblano, aunque ya se realizaban trabajos de explotación en yacimientos de perlita del Cerro Pinto en Tepeyahualco, de arena sílica en Oriental, además de pómez en Libres, Guadalupe Victoria y Tlachichuca, y cal también en Tepeyahualco, según datos del SGM.

MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD MINERA

La SE detalla que se realiza actividad minera a través de una o más concesiones en los municipios de Jolalpan, Chietla, Chiautla, Tlachichuca, Xicotlán, Teopantlán, Izúcar de Matamoros, Tecomatlán, Zapotitlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Guadalupe Victoria, Piaxtla, Libres, Oriental, San Jerónimo Xayacatlán.

Además de Totoltepec de Guerrero, Huehuetlán El Grande, Acatlán, Tehuitzingo, Albino Zertuche, Tulcingo, Chignahuapan, Xicotepec, San José Chiapa, San Salvador el Seco, Tehuacán, Ixcamilpa de Guerrero, Tlacuilotepec, Zacatlán, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zongozotla, San Nicolás Buenos Aires, Zaragoza.

Asimismo, en Teotlalco, Tetela de Ocampo, Huehuetlán El Chico, Cuayuca de Andrade, Aquixtla, Santa Inés Ahuatempan, Tochtepec, Nicolás Bravo, Hueyapan, Huauchinango, Chiconcuautla y Tzicatlacoyan.  Estos municipios representan el 22 por ciento de los 217 que existen en el estado de Puebla, por lo que, los proyectos mineros estarían ubicados prácticamente en todas las regiones del territorio.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/concesionadas-mas-de-182-mil-hectareas-para-proyectos-mineros-en-puebla

“Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la Rema [Red Mexicana de Afectados por la Minería] y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios”, denunció una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) ante Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

La reunión, que se llevó a cabo el pasado 10 de mayo, la mujer expuso al relator “la grave situación que estamos viviendo en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde la explotación de titanio afecta la calidad de nuestras fuentes de agua y por lo tanto nuestro derecho al agua potable”.

El relator de la ONU escuchó de la mujer que los sistemas de agua municipales de Escuintla y Acacoyagua agarran agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta y que sus tomas de agua se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la empresa El Puntal S.A. de C.V.

También denunció que desde el 2004, la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su representante Amado Ríos, empezó a aprobar una serie de cinco proyectos mineros en la zona de influencia de la Reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de sus mantos acuíferos, por lo que empezaron a tener serios problemas. “Esos problemas afectan tanto los habitantes conectados a las redes municipales como a los de las rancherías y comunidades de Acacoyagua que tienen sus pozos de agua:

“Desde que se implementaron los proyectos mineros, hemos observado que el agua de la llave sale de color amarillo oxidado y que el agua de los pozos sale con lodo y grasa. Hemos notado la presencia de enfermedades en la piel por el contacto con el agua que usamos en nuestros hogares, tanto la del sistema de agua municipal como la de los pozos. Tenemos comezón, resequedad, agrietamiento, manchas y ronchas en la piel, así como enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos. Además, estas mismas enfermedades aparecen cuando los habitantes se meten a los ríos”.

“Hemos observado también un aumento de cáncer en el colón, el estómago, el hígado y los riñones en los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Notamos que los habitantes sufren de pérdida de cabello y de abscesos en la parte de los brazos, los glúteos. Las mujeres embarazadas presentan abortos y partos prematuros y sus bebés presentan malformaciones”, dijo la representante del FPDS.

Indicó al relator de la ONU que la organización ha solicitado varias investigaciones a las autoridades en el marco de “mesas de trabajo” con el gobierno de Chiapas; entre ellas, un estudio epidemiológico por daños a la salud y al agua por la minería (al Instituto de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. VII) y estudios de calidad del agua (a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, con representación en Chiapas). Ninguna de estas investigaciones se ha realizado, por lo que nos salimos de las “mesas de trabajo” en febrero 2017.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/12/mineria-contamina-el-agua-de-acacoyagua-chiapas-denuncian-ante-relator-de-la-onu-leo-heller/

El Fuerte, Sin.- “No hay que sembrar maíz en zonas donde existan residuos generados por una actividad minera”, afirma la doctora María Aurora Armienta Hernández.

La investigadora integrante del Colegio de Sinaloa impartió ayer en la UAIS Unidad Mochicahui la conferencia “Efectos de la minería en el cultivo del maíz”.

¿Cuáles son los aspectos importantes en esta investigación?
En que en muchas zonas mineras de México hay residuos de minería que quedaron de tiempo atrás y la gente que vive en los alrededores siembra maíz, que es el principal cultivo de México, y lo que nosotros estudiamos fue si esos residuos que se encuentran presentes en el suelo están afectando tanto el crecimiento del maíz como a las plantas y con el riesgo de que después puedan llegar a la gente al consumir este producto.

¿Y qué encontraron en estas investigaciones?
Los resultados que arrojaron nuestras investigaciones es que los residuos de minería en estas zonas sí afectan el crecimiento, y aunque no en toda la proporción se va al maíz, sí una parte, por lo que la conclusión general es que no hay que cultivar maíz en suelos que puedan estar afectados por esos residuos.

¿Qué tan grave es la afectación causada por residuos mineros?
En realidad al grano no pasa mucho, pues pasa más al tallo y a la raíz, pero el rastrojo si se le da a los animales es lo que pudiera afectar más, además de que el crecimiento de las plantas también se ve un efecto importante porque las plantas contaminadas con este tipo de residuos crecen menos y, en consecuencia, también producen menos.

¿En esas condiciones cuál sería la recomendación a los productores?
Que no siembren ahí y que se vayan a buscar otras zonas y que ahí cultiven otro tipo de plantas que no sean comestibles.

¿Qué plantas recomendaría para este caso?
Para este caso, estaríamos recomendando plantas que se utilicen para la elaboración de textiles por citar un ejemplo, pero nunca para producir algo que se le vaya a dar al ganado.

¿Estos estudios dónde se elaboraron?
Los hicimos en el centro del país, particularmente en la zona de Taxco, Hidalgo, y de Guerrero, pero la recomendación que hacemos de no sembrar maíz en terrenos de este tipo es porque aquí tenemos municipios en donde se tiene actividad minera y lo que se busca es evitar riesgos.

Fuente:https://www.debate.com.mx/mazatlan/No-hay-que-cultivar-maiz-en-zonas-mineras-20170513-0119.html

Huauchinango, Pue.- La agresión de Almaden Minerals contra pobladores de Ixtacamaxtitlán y miembros del Consejo Tiyat Tlalli que se oponen a sus actividades se inscribe en una campaña de difamación, criminalización, estigmatización y amenazas para “concretar sus acciones de despojo” en la Sierra Norte, consideró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Mediante un comunicado, la REMA explicó que el ataque a las resistencias y a quienes acompañan a estos procesos, además del despojo a los pueblos, son las “otras actividades” que realizan las empresas mineras en la región y en el país.

Las mineras “de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos”, precisó.

Luego de que el pasado 1 de mayo empleados de Almaden Minerals incursionaran por la fuerza a terrenos de propiedad privada en Ixtacamaxtitlán, tanto los dueños de los lotes, como sus asesores fueron amenazados y citados a declarar ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, situación por la que han denunciado el inicio de acciones de hostigamiento en su contra, además de la violación a sus derechos humanos.

La REMA indicó que la persecución contra los opositores a la minería, se realiza desde diferentes frentes, por ejemplo: “utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancia federales y la misma empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango; o como hace apenas unos días le pasó a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la Policía Estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V”.

Precisó que de la misma forma ocurrió con “la organización Bios Iguana y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V, recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra. Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica…”

En todos estos casos, añadió, hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería.

La REMA se solidarizó con los pobladores de la Sierra Norte y con las organizaciones Tiyat Tlalli y FUNDAR a las que consideró, han sido víctimas de las campañas difamatorias y amenazas  “simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía y el uso de la fuerza y la intimidación”.

La organización denunció que ante esta situación el gobierno ha sido omiso y lo hizo responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial a los defensores del territorio.

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2017-05-14/huauchinango/minera-amenaza-y-criminaliza-para-instalarse-en-ixtacamaxtitl%C3%A1n-rema

Pobladores de Coahuila cuentan que decenas de microempresas viven del millonario negocio de sacar carbón; denuncian daños ambientales

Leee la nota original acá: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/11/saqueo-y-contaminacion-danos-que-dejan-megaminas

Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo bienes de la nación a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, le compró tres concesiones mineras: una en Zacatecas y dos en Sonora.

Poco antes, Jenaro Garza Guerra adquiró 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a diversos consorcios. Entre 1999 y 2007 se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso a las condiciones de los polígonos que compró para luego vender.

La Constitución mexicana establece que las concesiones mineras (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) deben otorgarse a empresas o particulares que las utilicen en beneficio de la nación. Pero los particulares, que muchas veces no tienen la capacidad económica para montar una mina, las están pidiendo —explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro El mineral o la vida— para después venderlas, en un sistema que funciona como una especie de apartado del subsuelo, para luego lucrar con él.

El contrato de compra-venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía transparencia por este equipo de investigación, muestran que Jenaro Garza Guerra le traspasó a la compañía Macocozac, que forma parte del grupo Materiales Industrializados, propiedad de la familia Guadiana, los lotes Concha I, con una superficie de 16 mil 709 hectáreas, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y dos ubicados en Pitiquito, Sonora: Aguirre, con superficie de 3 mil 639 hectáreas, y El Viejo, con 16 mil 23 hectáreas.

El ex perito Garza Guerra es la segunda persona más beneficiada, por extensión, con títulos de concesión minera en el sexenio de Vicente Fox, aunque también obtuvo permisos durante la administración de Felipe Calderón. Tan sólo los tres títulos juntos que le vendió a Macocozac abarcan 36 mil 368 hectáreas, un área similar a la de siete delegaciones en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los tres lotes tienen potencial para oro, plata y cobre. El precio del traspaso de las concesiones fue suprimido en la copia del contrato, pero la cantidad abarca dos renglones y medio.

Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión”.

¿Y el Estado cuánto gana de eso? Mijangos calcula que Garza Guerra debió pagar, de acuerdo con los impuestos vigentes para concesiones mineras entre 2007 (cuando entró en vigencia) y 2009 (cuando la vendió), 613 mil 552 pesos por la concesión de 16 mil 709 hectáreas, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, que luego transfirió a Macocozac.

El candidato comprador

El candidato minero nos recibe con camaradería en su oficina de Materiales Industrializados, el grupo empresarial del que forma parte Macocozac. Dos medios nacionales quieren entrevistarlo en plena contienda por la gubernatura. Luce contento, relajado, cordial.

Guadiana Tijerina es consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, una asociación civil que pugna por la transparencia. Su frase de batalla es: “Alto total a la corrupción y a la impunidad”, misma que acompaña con un manotazo en el escritorio. Sin embargo, tanto Macocozac como Materiales Industrializados y Compañía Minera Caopas, empresas de las que es socio, han enfrentado juicios fiscales e investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico.

—¿Usted le compró a Jenaro Garza títulos de concesión minera en Sonora y Zacatecas?

—No, nosotros tenemos diversas concesiones mineras tanto en metálicos como en los no metálicos. Pero me interesa más hablar de la problemática del proceso electoral en el que estamos inmersos para Coahuila. Eso me interesa más ahorita —responde, al tiempo que su semblante pierde el gesto de amabilidad.

—Pero, siendo usted un empresario minero, queremos que nos ayude a entender por qué hay particulares con títulos de concesión y por qué las empresas se los compran.

—Bueno, si yo quiero transmitir los derechos de una concesión [minera] particular o de una sociedad, se hace con el permiso de la Secretaría de Economía, que se maneja a través de la Coordinación Minera y la Dirección General de Minas, regulado [todo] por la Ley Minera.

—¿Eso no genera como un sistema de “apartado” de la tierra para luego venderla?

—Pero así está la ley, y si no, le negarías el derecho… acuérdate que cualquier ciudadano puede denunciar un área que esté libre, o una compañía, para que la actividad minera se desarrolle. Pero sí se pueden propiciar algunas de las cosas que tú mencionas.

El perito vendedor

La primera vez que Jenaro Garza Guerra pidió un título de concesión fue en 1995, aunque se lo otorgaron hasta el año 2000. Desde esa primera fecha y hasta 2011 obtuvo 28 títulos de concesión en Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila. Al mismo tiempo que obtenía concesiones, se desempeñó —de 1999 a 2007— como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

De los 28 títulos que Garza Guerra obtuvo, tres se los vendió a Macocozac, 12 aparecen en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera (SIAM) como cancelados, nueve los tiene todavía en su poder (cuatro en sociedad con otras personas), tres los cedió a Carbonífera La Esperanza, empresa de la que él es socio, y tiene uno más a su nombre, el 221233, que aparece como cancelado y sustituido por el 225181, aunque cuando se busca éste en las tarjetas de registro del SIAM resulta que no existe en el sistema.

Pero el título existe. Este equipo de investigación ubicó su rastro, en el manifiesto de impacto ambiental del tajo (mina a cielo abierto) El Cometa, presentado por la empresa Minerales Monclova, hoy MIMOSA, de Grupo Acerero del Norte (GAN).

El documento asienta que el título 225181 es propiedad de Jenaro Garza Guerra y que la empresa, después de explorar las áreas de El Cometa, en Abasolo, Coahuila, encontró buen potencial económico. Minerales Monclova estimó extraer 3 mil 640 toneladas de carbón, con una mina a cielo abierto, cuya inversión ascendería a 76 millones de dólares.

El proyecto, asienta el manifiesto de impacto ambiental, permitiría cubrir la demanda de carbón de la planta siderúrgica Altos Hornos de México, SA de CV (AHMSA), ubicada en Monclova, Coahuila. En el mismo documento se asienta que a Jenaro Garza Guerra se le otorgarían 6 mil 699 dólares por regalías (por una concesión de sólo 500 hectáreas).

Durante nuestra visita a Coahuila tratamos de ubicar a Garza Guerra para entrevistarlo, pero no logramos encontrarlo. Este equipo de investigación lo buscó más tarde vía telefónica, al cierre de esta edición, pero no atendió llamadas.

La asociación civil Familia Pasta de Conchos registra a Carbonífera La Esperanza (la empresa de Jenaro Garza, a quien en 2007 la Secretaría de Economía le canceló su registro como perito por no haber hecho ningún trabajo pericial en años) en la lista de mineras que obtienen lo que ellos llaman “carbón rojo”, extraído por empresas clandestinas, ilegales, o que aun siendo legales ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros con tal de obtener un mayor margen de ganancias.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)

Fuente::http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/10/las-megaminas-del-candidato-de-morena-en-coahuila​

Oaxaca.-La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) en acuerdo con comunidades de Ejutla y Ocotlán, convocamos a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, dicha reunión tendría como sede la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años hemos defendido nuestro territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM).

Previo a esta reunión, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.

Además, entregó oficios a las autoridades de la región exhortando a “abstenerse a la participación de dicho acto, ya que en los años anteriores hemos tenido amargas experiencias”.

Debido al riesgo generado por estas amenazas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al gobierno del estado de Oaxaca, medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos de las diversas organizaciones civiles y comunitarias que asistirían a dicha reunión, las cuales fueron aceptadas, por lo que hubo presencia de la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación durante el 06 y 07 de mayo en la comunidad; es importante mencionar que la Policía Estatal también estuvo protegiendo al proyecto minero con elementos de seguridad durante estas fechas.

Frente a esta situación, queremos manifestar que la COPUVO forma parte de un proceso organizativo a nivel regional contra la minería. Este proceso está respaldado por las asambleas de comunidades de Ejutla y Ocotlán, a través de sus autoridades agrarias y municipales quiénes hemos denunciado la actuación de la empresa minera FSM. De igual forma nuestra lucha está sustentada en los marcos internacionales y nacionales de derechos humanos, por ende, nuestra lucha siempre ha sido pacífica.

Nos preocupa en sobre manera la actuación de Servando Díaz, ya que en lugar de abonar a la paz del municipio, está violentando y amenazando a las personas de la comunidad y autoridades agrarias de otras comunidades.

Denunciamos que detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y ha cambio ha generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos.

En este sentido la COPUVO exige lo siguiente:

1. Cancelación de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en las comunidades de Ejutla y Ocotlán.
2. Cancelación del proyecto minero “San José” impulsado por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
3. Alto a la criminalización de la defensa comunitaria y a la criminalización de organizaciones en el estado de Oaxaca.
4. Justicia para los compañeros asesinados y agredidos con armas de fuego en la comunidad, a raíz de la entrada de dicho proyecto minero.
5. Responsabilizamos a la empresa minera Fortuna Silver Mines y a las autoridades municipales de San José del Progreso ante cualquier acto de violencia o agresión hacia las defensoras y defensores del territorio en la región.
6. Manifestamos nuestra solidaridad con organizaciones civiles y comunidades que luchan por la defensa del territorio en Oaxaca.

La COPUVO anima a construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región.

¡Sí a la Vida, NO a la Minería!

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO

San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. 9 de mayo de 2017

Fuente:http://ciudadania-express.com/2017/05/09/denuncia-la-copuvo-amenazas-de-empresa-minera-canadiense/