Habitantes de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, manifestaron simultáneamente en el Parlamento de Ottawa, Canadá, y en la entidad mexicana su rechazo a la instalación de una mina a cielo abierto de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, actualmente en fase de exploración avanzada, ya que violaría su derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

De acuerdo con una evaluación de impacto realizada desde septiembre de 2014 por especialistas, y respaldada por organizaciones civiles como PODER, la minera ha mentido a sus inversionistas al asegurar que la zona donde planean operar está deshabitada y que el uso de suelo es nulo. Además omitió la existencia de un juicio de nulidad, así como una solicitud de cancelación emitidos por la población afectada.

La empresa –dueña de 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla– tiene un historial de violaciones a derechos humanos. Almaden ha participado directamente o como accionista en otros proyectos mineros como Caballo Blanco y White River que resultaron nocivos para el medio ambiente y derechos humanos, por lo que fueron suspendidos.

También contrató a Knight Piésold Engineering para redactar su declaración de impacto ambiental, a pesar de que esa compañía trabajó para la presa de relaves canadiense Mount Polley, la cual estuvo involucrada en el desastre ambiental de 2014 en Columbia Británica, cuando se derramaron 8 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos al lago Polley, al arroyo Hazeltine y al lago Quesnel.

En mayo el diario local Central reportó que empleados de Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión se adueñaron de predios privados en la comunidad de Loma Larga, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, con amenazas y el uso de la fuerza. El Presidente Municipal Eleazar Hernández Arroyo ha negado haber recibido sobornos de la minera Almaden Minerals y rechazó haber otorgado licencias de uso de suelo para la extracción.

Las mineras canadienses son objeto de quejas en comunidades de todo el mundo”, destacó Benjamín Cokelet, director de la organización PODER. En México violan derechos humanos sin que el gobierno canadiense ni mexicano las controlen. El diario The Ottawa Citizen reportó a inicios de año que “las compañías extractivas canadienses han estado involucradas en los ejemplos más notorios de abusos contra los derechos humanos”.

Un informe del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa encontró que, entre 2000 y 2015, murieron 44 personas a raíz de incidentes con mineras canadienses y 403 resultaron heridas, además de que hubo 709 casos de criminalización, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos relacionados con conflictos mineros.

En México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

El 25 de abril de 2016, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibió una carta de más de 180 organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero, pero la ignoró.

LAS PROTESTAS

En Ixtacamaxtitlán, realizaron un cierre simbólico de las oficinas de la minera canadiense para protestar por el avance del proyecto de exploración. En Ottawa, cuatro representantes de la comunidad poblana dieron una conferencia de prensa en el Parlamento para exponer los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos con autoridades gubernamentales, inversionistas y diversos aliados de la sociedad civil. Exigieron la cancelación o suspensión del proyecto.

La creación de una mina a cielo abierto en la zona generará daños definitivos a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región”, concluyó el análisis.

La empresa ha argumentado que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades mexicanas aseguran que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia.

El proyecto minero, que recibió la concesión desde 2003, se ubica en la cabecera de la cuenca del río Apulco, a unos metros de la población de Santa María, por lo que afectaría las tierras de cultivo de la población de Loma Larga. En caso de un derrame, afectaría 200 kilómetros desde la presa de jales.

Aunque el proyecto se encuentra apenas en fase de exploración, la empresa ha violentado la normatividad mexicana y el derecho al agua de los habitantes de la región al realizar 236 barrenos más de lo permitido y con mayor profundidad. Además, perforó pozos de agua, sin contar con un permiso para utilizar agua con fines industriales, lo que pone en riesgo la calidad del agua que consume la población, según el estudio.

De acuerdo con los reportes de la empresa para sus inversionistas, la evaluación de impacto encontró que ha mentido al afirmar que la zona donde planea hacer la mina se encuentra deshabitada: en el municipio de Ixtacamaxtitlán viven 25 mil 326 personas en 126 localidades con menos de 2 mil 500 habitantes y poco más de 60 localidades con menos de 100 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La compañía tampoco comunicó a sus inversionistas los procedimientos jurídicos iniciados por los opositores al proyecto y que están actualmente en marcha. Existe un juicio de nulidad que busca cancelar el permiso de exploración en el área que posee la empresa por haber violado las regulaciones ambientales mexicanas y también hay una solicitud de cancelación de las concesiones que posee esta empresa realizada ante la Secretaría de Economía, alertó el documento.

En este marco, del 5 al 12 de diciembre una delegación de habitantes de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y defensores de los derechos humanos visita Canadá para pedir al Gobierno canadiense y a los inversionistas prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con el proyecto de Almaden Minerals en su comunidad.

Los poblanos esperan detener el proyecto minero actualmente en la fase de exploración, y promover una mayor rendición de cuentas para las mineras canadienses que operan fuera de su país de origen.

Acompañados de PODER, los habitantes Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona estarán en Ottawa, Vancouver –ciudad sede de la minera– y Kamloops para reunirse con funcionarios del gobierno, comunidades indígenas e inversionistas mineros.

Benjamín Cokelet, de PODER, destacó que esta visita es de carácter preventivo, ya que la operación de la minera se encuentra en la fase de exploración.

Las palas aún no están trabajando, por lo que estamos a tiempo de prevenir los abusos a los derechos humanos y al medio ambiente. Vamos a pedir a los canadienses a todos los niveles, a las empresas y al gobierno que promuevan una conducta comercial responsable y protejan la diversidad ambiental y cultural. El proyecto minero de Almaden Minerals en México no hace ninguna de esas cosas”, aseguró.

Hacia el final de su visita, la delegación de mexicanos planea manifestarse frente a las oficinas centrales de la minera Aladem Minerals, en Vancouver, junto con aliados de organizaciones civiles de esa ciudad.

La manifestación en Canadá coincide con una discusión que hay en ese país gobernado por Justin Trudeau sobre la necesidad de contar con un “ombudsperson” que vigile el respeto a los derechos humanos dentro de las industrias extractivas.

En verano de este año, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos y empresas manifestaron durante su visita a ese país que, teniendo en cuenta “la significativa huella” de las operaciones extractivas de Canadá en el extranjero, existe una función para una institución como un “ombudsperson” para proporcionar un remedio efectivo de manera oportuna y barata. Para ser eficaz, el gobierno debe establecer una entidad independiente, bien dotada de recursos y con poder para investigar denuncias, llevar a cabo hallazgos de hechos y hacer cumplir sus órdenes, de acuerdo con otras instituciones similares en Canadá.

Canadá es el hogar de más de la mitad de las compañías mineras del mundo que operan a nivel internacional. La industria extractiva (minería y extracción de petróleo y gas) representa alrededor del 7 por ciento del PIB del país norteamericano y el sector minero emplea a unas 375 mil personas, de acuerdo con Naciones Unidas.

Fuente:http://www.periodicocentral.mx/2017/nacional-seccion/item/23055-poblanos-piden-cerrar-mina-ante-parlamentarios-de-canada-aqui-no-los-oyen

ESPAÑA.-La explotación minera de litio en Cáceres produciría un «cráter» de más de un kilómetro de ancho y más de medio kilómetro de profundidad, según la Plataforma Salvemos la Montaña, que ha denunciado hoy el «grave» impacto «irreversible» que provocaría la mina en la zona. Ha editado un vídeo y un folleto explicativo sobre las posibles consecuencias de la mina a cielo abierto sobre la ciudad.

Así, ha editado un vídeo y un folleto explicativo sobre las posibles consecuencias de la mina a cielo abierto sobre la ciudad, ilustrados por este «gran cráter» en un montaje de la zona de extracción, de escombreras de rocas y tierras estériles y la balsa de evaporación para las aguas y los desechos contaminados.

Según recoge en un comunicado, Cáceres sería «la única ciudad en el mundo» en estar a «tan poca distancia» de este tipo de mina, pues la potabilizadora de agua de la ciudad quedaría a unos 300 metros, el Santuario de la Montaña a unos 600 metros, el Residencial Universidad a un kilómetro, la Residencia Asistida a 1,2, y el nuevo Hospital y el Campus universitario a 1,5 kilómetros.

«Actualmente solo existe una mina de características similares en Europa que se encuentra en Portugal, ¡pero dista unos 40 kilómetros de la ciudad más cercana!», ha apuntado la Plataforma, quien ha asegurado que extrae esos datos de las publicaciones en internet de la empresa australiana promotora del proyecto, Plymouth Minerals.

A esto ha añadido las amenazas sobre las aguas subterráneas y sobre el Calerizo, en el que, según ha explicado, se asentará la balsa de evaporación donde se vierten las aguas ácidas del lavado del mineral, «poniendo en peligro el acuífero y el agua de la Ribera del Marco».

Para la Plataforma, la explotación provocaría voladuras y explosiones «continuas», que «causarán molestias y vibraciones»; nubes de «polvo tóxico y partículas en suspensión que pueden ser desplazadas hasta la misma ciudad por el viento»; y un «trasiego continuo de vehículos, maquinaria pesada y convoyes con explosivos y mercancías peligrosas».

El ingente consumo de agua que necesita esta instalación, el efecto negativo sobre el turismo, la pérdida de atractivo de Cáceres como destino cultural, o que los recursos extraídos sean procesados fuera de España son otras de las consecuencias que recoge el comunicado.

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) ha firmado en Cuenca una declaración exigiendo el cierre de la nucleares, las minas de uranio, el ATC y el abandono de la energía nuclear. Han participado 11 platafomas en las que se integran más de 100 organizaciones, pertenecientes a Francia y Portugal y España.

La declaración

Reunida la III asamblea anual del Movimiento Ibérico Antinuclear, integrado por las plataformas que luchan contra las diversas amenazas nucleares en la Península Ibérica a las que pertenecen unas 100 organizaciones españolas y portuguesas, declaramos:

Reclamamos el cierre escalonado de las centrales nucleares españolas, empezando por la central de Almaraz (Cáceres), según vayan expirando sus actuales permisos de explotación, de tal forma que nos veamos libres de esta amenaza y reduzcamos al máximo la generación de residuos radiactivos. La radiactividad no conoce fronteras, por lo que un hipotético escape de Almaraz podría contaminar tierras portuguesas bien a través del aire o a través del río Tajo, lo que supone un impacto transfronterizo. Y el cierre escalonado puede no ser suficiente si se producen fallos de seguridad como el que ha tenido lugar en Cofrentes en Valencia, a escasos 14 km de Castilla-La Mancha, con la rotura de una válvula de uno de los lazos de refrigeración que pone en cuestión la continuidad de la central.

Para la ampliación del funcionamiento de las centrales nucleares, la industria nuclear necesita la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), el cementerio nuclear donde se depositarían residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales españolas. Esta instalación está planeada en Villar de Cañas (Cuenca) en unos terrenos que están protegidos ambientalmente pues están en la ZEPA de la Laguna de El Hito y son inapropiados desde el punto de vista geológico, según reconoce el Área de Ciencias de la Tierra del propio consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la consultora URS. El proyecto del ATC no debe continuar y debe ser suspendido, permitiendo la apertura de un debate político, técnico y ciudadano sobre la gestión de los residuos radiactivos.

Las centrales nucleares necesitan de la minería del uranio para funcionar. Esta minería es muy impactante y muy negativa para el medio ambiente y las poblaciones cercanas, como demuestran varios estudios epidemiológicos. La empresa australiana Berkeley tiene un proyecto de mina en Retortillo-Santidad (Salamanca), que sería la única mina a cielo abierto de uranio de Europa si finalmente se abriera. Esta mina está junto al río Yeltes, que es un afluente del Huebra y, finalmente, del Duero. Si finalmente se explota la mina, el polvo radiactivo contaminará el río Yeltes y llegará a tierras portuguesas, suponiendo de nuevo un impacto transfronterizo. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués ha tomado posición por unanimidad y ha mostrado su preocupación. El yacimiento de Retortillo-Santidad no tiene suficiente concentración de uranio para ser rentable con los actuales precios del uranio.

Por todo ello el MIA reclama el abandono definitivo de la energía nuclear por ser ésta cara, peligrosa, impactante y antidemocrática. Y así librarnos de las amenazas que implica sobre el territorio y las personas.

Plataformas Presentes

Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca

Plataforma contra el cementerio nuclear de Guadalajara

Tanquem Cofrents

Tanquem las Nuclears

Foro Extremeño Antinuclear

Foro contra Garoña

Plataforma contra la Mina de Retortillo

MIA de Catalunya

MIA de Madrid

MIA de Portugal (Quercus, Zero, FAPAS, Bloco de Esquerda)

Red Sortir du Nucléaire

Fuente:http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2017_11_26/35

España.- La Audiencia Nacional ha desestimado las alegaciones previas presentadas por la empresa Berkeley al recurso de grupos ecologistas contra la declaración de impacto medioambiental de la mina de uranio, proyectada en la localidad salmantina de Retortillo.

El auto judicial al que ha tenido acceso Efe se ha notificado después de que la empresa australiana presentara el pasado 22 de septiembre alegaciones contra un recurso de abril de 2016 de Ecologistas en Acción y Equo, que consideran que la declaración de impacto medioambiental no incluye que el proyecto puede ser nocivo al dedicarse al procesamiento del uranio y a ser un almacén de residuos radiactivos.

En el documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, los magistrados consideran que las alegaciones planteadas por la empresa son «idénticas» y una «mera reiteración» de las presentadas -y también ya desestimadas- por la Abogacía del Estado y que iban en la misma línea: pedir a la Audiencia Nacional que no admitiera el recurso de los ecologistas.

Además, la Audiencia Nacional advierte de que «las costas del incidente se impondrán a la codemandada Berkeley» y de que no cabe recurso a esta decisión.

La empresa hacía hincapié, según han revelado a Efe fuentes jurídicas, en que la declaración de impacto medioambiental era firme y no podía ser recurrida ante los tribunales y, al mismo tiempo, negaba legitimidad a Equo para personarse en la causa.

Los grupos ecologistas han celebrado la decisión y han considerado que la Audiencia Nacional les ha dado «la razón», lo que en palabras del coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, supone «un paso más en el trabajo» para «demostrar todas las ilegalidades en las que incurre este proyecto».

En declaraciones a Efe, López de Uralde ha calificado esta mina como «la mayor agresión ambiental que está sucediendo ahora en España», y ha recordado que «el defensor del pueblo de Castilla y León ya emitió un informe en el que reconocía que el estudio de impacto medioambiental de esta mina no cumple las condiciones necesarias».

Por su parte, la empresa Berkeley se ha mostrado confiada en que la Audiencia Nacional aceptará la declaración de impacto medioambiental y rechazará los argumentos que Equo y Ecologistas en Acción incluyeron en sus recursos al proyecto.

A través de un comunicado, Berkeley ha considerado que este órgano judicial «aún no se ha pronunciado» y ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de los ecologistas, sino que se limitó a pedir «alegaciones previas» que, según su criterio, es lo que ahora ha desestimado.

Por esta razón, la empresa cree que existen «fundamentos más que suficientes» para confiar en que la Audiencia Nacional desestimará la demanda realizada por Ecologistas en Acción y Equo contra el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto en la localidad salmantina de Retortillo.

El presidente del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado al cumplimiento de la legalidad y los trámites preceptivos: «si se cumplen los trámites normales y de otro tipo dentro de la normativa europea, estatal y autonómica, no hay nada más que decir», ha resumido. EFE.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20171122/433085590114/desestimadas-alegaciones-de-berkeley-sobre-impacto-ambiental-de-mina-uranio.html

Tres ambientalistas brasileños, del grupo de 22 detenidos en Mutare – Zimbabue, fueron liberados hoy, después de un día de encarcelamiento y el pago de 100 dólares americanos de multa, cada uno. Así lo dio a conocer el equipo de la Pastoral de la Tierra de Uberlândia – Brasil.
Por su parte, el diputado brasileño Durval Ángelo, confirmó la liberación de su hija María Julia Gomez Andrade y Jarbas Vieira, ambos militantes del Movimiento de Afectados por la Minería y del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería y también del franciscano Frei Rodrigo Peret, miembro de la Red Iglesias y Minería y activo militante da Comissão Pastoral da Terra de Uberlândia.

De acuerdo con la información del diputado Durval, los tres brasileños y demás prisioneros extranjeros estaban en el país africano participando de una vista a una región de minas de diamantes en Mutare. “No hay información del destino de los otros 19 activistas. Tampoco detalles del motivo de la prisión, según el diputado. Solamente la información preliminar de que los activistas habrían sido detenidos dentro de una área de propiedad privada que pertenece a una minera china que extrae diamantes en la región”.

En la liberación de los ambientalistas se contó además de la intervención y presión del gobierno brasileño, con el apoyo del Vaticano y del ex presidente Luis Ignacio da Silva.

“Sabemos que la misión de ellos (los ambientalistas) es grande porque tiene que ver con la solidaridad, pero, tiene riesgos en un país con un gobierno anti democrático.”, dijo el diputado Durval Ángelo.

Los 19 activistas ambientalistas que también deben ser liberados, son militantes miembros de la Secretaría del Comité en Defensa de los Territorios Frente a la Minería. Junto a los tres ya liberados, fueron arrestados el viernes 10 noviembre.

La ciudad de Mutare se encuentra a 270 kilómetros de la capital, Harare, en la frontera con Mozambique.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=9839

ESPAÑA:- Charra es la cultura, charra es la gente. Así se le llama al conjunto de tradiciones locales que caracterizan la región rural de Salamanca. Charro es el campo, zona de almendros y de encinares centenarios, tierra de ovejas y pastores, de ganado y ganaderos.

Al oeste de la provincia salmantina, en Villavieja de Yeltes, el pasado 28 de octubre se reunían alrededor de mil personas en una manifestación. Vecinos y vecinas, activistas ecologistas y representantes de partidos políticos están luchando contra la apertura de una mina de uranio a cielo abierto. El proyecto minero, impulsado por la empresa australiana Berkeley, se emplazaría a unos poco metros de este municipio, justo a lado del patio de la escuela primaria.

“El riesgo es altísimo”, explica Verónica, activista de la Plataforma Anti-Nuclear de Salamanca. “Las colas, o sea los restos de la extracción del mineral, en las que queda el 80% de la radiación, pueden ser transportadas en polvo que viaja por el aire a través del gas radón por una extensión de hasta mil kilómetros”.

La mina, la más grande de Europa en cuanto a extracción de uranio, se instalaría en un área que ha sido protagonista de varios proyectos de recuperación ambiental financiados con dinero público y se encuentra dentro de la red de protección Natura 2000. El proyecto afecta a una zona considerada clave para los ecosistemas fluviales, con un microclima mediterráneo único. Un lugar de interés comunitario (LIC) caracterizado por la presencia de bosques de encinas centenarias, alcornoques y robles, hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como la cigüeña negra, la sarda salmantina, el águila real y el galápago leproso.

“Era un bosque maravilloso, lleno de encinas centenarias. Siempre llevaba a los grupos por aquí porque era muy impresionante”, explica Mati, apasionado de la botánica y la micología, experto conocedor de la flora y de la fauna del área, que suele acompañar grupos al monte como guía desde hace años para enseñarles la belleza de los alrededores. Sin embargo, cuenta con tristeza que “ya han cortado miles de encinas y pretenden llegar a talar casi treinta mil ejemplares”.

A juicio por alertar del proyecto

“Es inaudito lo que ha conseguido Berkeley hasta ahora, nadie se lo explica”, afirma con energía Jesús Cruz, habitante de Retortillo y activista de la Plataforma Stop Uranio. Desde el principio, Jesús se posicionó en contra de la mina, informando a los vecinos de lo peligroso que sería abrirla tan cerca de los núcleos habitados. A causa de expresar sus opiniones en El blog de Jesus y compartir informaciones sobre el proyecto, ha sido denunciado por Berkeley y acusado de injurias.

El martes 31 de octubre fue llamado a declarar en los juzgados de Ciudad Rodrigo, donde contó con el apoyo de vecinos y activistas de la Plataforma Anti-Nuclear de Salamanca y de la Plataforma Stop Uranio. Desde esta última señalan que “Berkeley utiliza todos los recursos que tiene para evitar oposiciones y callar quien se opone a su proyecto”.

La empresa, que no tiene ninguna experiencia minera pero sí acciones en bolsa, ya ha llevado a cabo el desvío de una carretera, además de la tala de encinas y los movimientos de tierra consecuentes, para abrir una balsa en los terrenos destinados a la extracción del mineral radioactivo. “Es un proyecto que no cumple con la legalidad y que está denunciado en distintos ámbitos judiciales”, apuntan desde Stop Uranio, ya que las obras preparatorias se habrían realizado sin los permisos necesarios y sin respetar los estándares de excelencia medioambiental de la zona. “Es puro chanchullo”, continúan.

Varios concejales del Ayuntamiento de Retortillo, otro pueblo afectado por la mina, trabajan directamente para Berkeley. Uno de ellos se encargó de talar, trocear y luego vender las encinas centenarias por el valor de un millón de euros. Además, ha denunciado haber recibido una carta postal con la imagen de un ahorcado y ha inculpado a los vecinos contrarios a la mina de amenazas y presiones. En la postal aparecía una pegatina con el símbolo de la empresa minera. Al haber destacado el detalle, apuntan los activistas, no se volvió a hablar del tema.

familias divididas

“Éstas son mezquindades propias de gente sin alma interesada en destruirlo todo”, comenta Vitorino Calderon, habitante de Retortillo. Son muchas las divisiones que se están generando, sobre todo en su pueblo, con al menos ocho familias divididas irremediablemente. “El aspecto humano es el más doloroso”, sigue con lágrimas en los ojos: “Mi familia ha sido destruida entre quien está a favor de la mina y quien se opone. Como con las encinas, esto va durar generaciones”.

Pareciera que la compañía esté aplicando el famoso divide et impera, creando brechas para destruir el tejido social y jugando con las necesidades económicas de las familias. En una región pobre, donde se vive sobre todo del sector primario, y casi despoblada, con una densidad de población menor de 10 habitantes/km2, la empresa promete prosperidad y puestos de trabajo por diez años, el tiempo estimado que duraría el funcionamiento de la mina hasta que se extraiga la totalidad del metal.

Y después, ¿qué quedaría? “Todo se iría a pique y en unos años nuestros pueblos desaparecerían”, asegura Jenara Moro Tapia, trabajadora del balneario de Retortillo, ubicado a unos metros de donde se proyectan las explosiones mineras. “Están pillando para trabajar a los maridos desempleados de muchas mujeres del balneario, con lo cual toda la familia queda pillada por Berkeley y ya no se opone a la mina”, continúa. “Están comprando voluntades y callando oposiciones”.

portugal reclama información

Los afectados por las consecuencias de la apertura de una mina de uranio a cielo abierto, con planta de concentrado de minerales y almacenamiento de residuos radioactivos, única en Europa, no serían solamente los habitantes de los alrededores. Portugal, limítrofe al área afectada por la mina, está reclamando información sobre el proyecto en cuanto a la afectación de las aguas del Duero, en el cual confluye el río Yelte. El país luso, junto con Francia, ya ha abandonado este tipo de actividad minera por su alto impacto ambiental y su escasa rentabilidad actual.

La minería de uranio es una de las actividades industriales más contaminantes y controvertidas. Después de la fase de extracción del material, y dependiendo de su concentración, el uranio pasa al proceso de lixiviación, que consiste en disolverlo con diferentes compuestos ácidos y/o microorganismos y mantenerlo a reposo. En ambos procesos se utiliza una gran cantidad de agua que queda gravemente contaminada y que, o bien permanece en la mina si el proceso se hace in situ, o bien queda almacenada en “lagos” donde contamina el terreno y el subsuelo por generaciones. El producto de la lixiviación se manda inmediatamente a lavado y la pulpa restante se pulveriza sobre una corriente de aire caliente, secándolo y enfriándolo para obtener un polvo con una altísima concentración de uranio, que se almacena en bidones.

Uno de los grandes problemas resultantes es el agua residual de los “lavados” de la lixiviación, ya que contienen compuestos radioactivos y muchos metales pesados. Si no se tratan adecuadamente –o son almacenadas en lugares donde poco a poco van filtrándose al subsuelo– a la larga producen problemas relacionados con la alta toxicidad de uranio en el agua y la posibilidad de que se creen alteraciones cromosómicas que tienen una gran relación con la exposición al radón que aparece en forma gaseosa.

Las últimas de Europa

A excepción de República Checa y Rumania, todas las minas de uranio han sido clausuradas en Europa. A pesar de que sea un proyecto anacrónico y de que se carezca de los permisos oportunos –y de la oposición que ha encontrado–, el proyecto salmantino sigue en marcha. Pese a todo, el único periódico en papel de la zona, La Gaceta de Salamanca, sigue sin informar de las múltiples manifestaciones que ha habido en la capital de la provincia en contra del proyecto.

“Es que lo han comprado. La Gaceta no informa verdaderamente de lo que está pasando y si no sale en el periódico la gente no se lo cree. No es noticia, entonces no es verdad, no existe”, cuenta una vecina de Boada, pueblo cuyos habitantes se han declarado en mayoría contrarios al proyecto minero. “Se ha dado más visibilidad al tema a nivel nacional que en Castilla y León. La Junta está favoreciendo en todo a Berkeley, mucho más que a los de aquí de toda la vida”, prosigue. “Para arreglar un roble para olivar o para cerrarlo para hacer leña hay que pedir permisos que son muy difíciles de obtener. Pero los de la empresa pueden hacer todo lo que quieren, como cortar miles de encinas y solicitar la expropiación forzosa de los terrenos que entran en su proyecto”.

Una gran parte de la oposición que se está generando en contra de la mina proviene de los propietarios de las tierras que la empresa necesita y que ellos se niegan a vender. “Para que accedas al precio que ellos imponen, te presionan amenazándote de expropiación forzosa”, señalan desde las plataformas contrarias al proyecto. Algunos han vendido por sobreprecio, como el antiguo alcalde de Retortillo, cuyas tierras son hoy en día sede de las oficinas de Berkeley, y otros están cediendo a cambio de otras tierras. “Quien no quiere vender, no vende”, afirma Jenara. “Para la gente que ha vivido de la zona, de la agricultura o de la ganadería, y tiene el recuerdo de sus padres trabajándola, esa tierra ya tiene sentimientos, tiene memorias. No solo vendería las tierras, sino también el recuerdo de su familia. Dime dónde está la justicia aquí”.

Fuente:https://elsaltodiario.com/peninsula/salamanca-mineria-habitantes-campo-charro-uranio

Veintidós activistas de Brasil, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Kenia, Uganda y Zimbabue fueron arrestados en la tarde del viernes en este último país por “entrar en un área protegida sin permisos del Gobierno”.

Los activistas se encontraban en el país en el marco de un encuentro sobre la minería “informal” en Zimbabue organizado por Diálogo de los Pueblos, una red africana y latinoamericana de movimientos de mujeres rurales, pequeños campesinos, agricultores, trabajadores y organizaciones feministas y académicas.

El viernes, los activistas acudieron a la localidad de Marange, conocida por la minería de diamantes, para recordar el noveno aniversario de la masacre de 200 personas por parte del Ejército cuando el Gobierno tomó el control de los campos de diamantes de esa zona.

Ha trascendido que los brasileños detenidos son Rodrigo Peret, de la Comisión Pastoral de la Tierra de Uberlandia, y Maria Júlia Gomes Andrade y Jarbas Vieira, del Movimiento de Afectados por la Minería.

Según ha explicado la sudafricana Mercia Andrews, del movimiento Diálogo de los Pueblos, a la BBC Brasil, “estábamos conversando con los habitantes de la zona, que están siendo expulsados de sus casas y relataban abusos y restricciones a su derecho de movimiento” cuando llegaron policías al local y trasladaron a los detenidos a la prisión de la ciudad en un autobús. Al parecer, muchos habitantes de la región han sido obligados a abandonar sus viviendas y trasladarse a otras regiones en los últimos tiempos.

violaciones de Derechos humanos

Las detenciones se producen en un contexto de crisis económica y política en el país, en el que gobierna Robert Mugabe, de 93 años, en el poder desde 1987, y donde se celebrarán elecciones el año que viene.

Según el informe de 2016/2017 de Amnistía Internacional, “activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se movilizaron para hacer rendir cuentas al Gobierno por el aumento de la corrupción, el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Ante el aumento del activismo, las autoridades intensificaron la represión contra quienes criticaban al Gobierno, impusieron prohibiciones generales de las protestas en el centro de la capital, Harare, y recluyeron a periodistas y activistas, que en algunos casos fueron torturados”. Además, “el Gobierno intentó acallar la publicación de informaciones críticas en los medios de comunicación de titularidad privada”, “hubo actos de hostigamiento, detenciones y agresiones contra periodistas mientras cubrían protestas”, se ha intentado acallar a las redes sociales y activistas y defensores de derechos humanos fueron objeto de intimidación, hostigamiento y detención por parte de las autoridades.

[Actualización: los activistas acaban de ser puestos en libertad]

Fuente:https://elsaltodiario.com/mineria/activistas-internacionales-antimineria-detenidos-zimbabue