“Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la Rema [Red Mexicana de Afectados por la Minería] y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios”, denunció una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) ante Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

La reunión, que se llevó a cabo el pasado 10 de mayo, la mujer expuso al relator “la grave situación que estamos viviendo en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde la explotación de titanio afecta la calidad de nuestras fuentes de agua y por lo tanto nuestro derecho al agua potable”.

El relator de la ONU escuchó de la mujer que los sistemas de agua municipales de Escuintla y Acacoyagua agarran agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta y que sus tomas de agua se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la empresa El Puntal S.A. de C.V.

También denunció que desde el 2004, la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su representante Amado Ríos, empezó a aprobar una serie de cinco proyectos mineros en la zona de influencia de la Reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de sus mantos acuíferos, por lo que empezaron a tener serios problemas. “Esos problemas afectan tanto los habitantes conectados a las redes municipales como a los de las rancherías y comunidades de Acacoyagua que tienen sus pozos de agua:

“Desde que se implementaron los proyectos mineros, hemos observado que el agua de la llave sale de color amarillo oxidado y que el agua de los pozos sale con lodo y grasa. Hemos notado la presencia de enfermedades en la piel por el contacto con el agua que usamos en nuestros hogares, tanto la del sistema de agua municipal como la de los pozos. Tenemos comezón, resequedad, agrietamiento, manchas y ronchas en la piel, así como enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos. Además, estas mismas enfermedades aparecen cuando los habitantes se meten a los ríos”.

“Hemos observado también un aumento de cáncer en el colón, el estómago, el hígado y los riñones en los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Notamos que los habitantes sufren de pérdida de cabello y de abscesos en la parte de los brazos, los glúteos. Las mujeres embarazadas presentan abortos y partos prematuros y sus bebés presentan malformaciones”, dijo la representante del FPDS.

Indicó al relator de la ONU que la organización ha solicitado varias investigaciones a las autoridades en el marco de “mesas de trabajo” con el gobierno de Chiapas; entre ellas, un estudio epidemiológico por daños a la salud y al agua por la minería (al Instituto de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. VII) y estudios de calidad del agua (a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, con representación en Chiapas). Ninguna de estas investigaciones se ha realizado, por lo que nos salimos de las “mesas de trabajo” en febrero 2017.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/12/mineria-contamina-el-agua-de-acacoyagua-chiapas-denuncian-ante-relator-de-la-onu-leo-heller/

El Fuerte, Sin.- “No hay que sembrar maíz en zonas donde existan residuos generados por una actividad minera”, afirma la doctora María Aurora Armienta Hernández.

La investigadora integrante del Colegio de Sinaloa impartió ayer en la UAIS Unidad Mochicahui la conferencia “Efectos de la minería en el cultivo del maíz”.

¿Cuáles son los aspectos importantes en esta investigación?
En que en muchas zonas mineras de México hay residuos de minería que quedaron de tiempo atrás y la gente que vive en los alrededores siembra maíz, que es el principal cultivo de México, y lo que nosotros estudiamos fue si esos residuos que se encuentran presentes en el suelo están afectando tanto el crecimiento del maíz como a las plantas y con el riesgo de que después puedan llegar a la gente al consumir este producto.

¿Y qué encontraron en estas investigaciones?
Los resultados que arrojaron nuestras investigaciones es que los residuos de minería en estas zonas sí afectan el crecimiento, y aunque no en toda la proporción se va al maíz, sí una parte, por lo que la conclusión general es que no hay que cultivar maíz en suelos que puedan estar afectados por esos residuos.

¿Qué tan grave es la afectación causada por residuos mineros?
En realidad al grano no pasa mucho, pues pasa más al tallo y a la raíz, pero el rastrojo si se le da a los animales es lo que pudiera afectar más, además de que el crecimiento de las plantas también se ve un efecto importante porque las plantas contaminadas con este tipo de residuos crecen menos y, en consecuencia, también producen menos.

¿En esas condiciones cuál sería la recomendación a los productores?
Que no siembren ahí y que se vayan a buscar otras zonas y que ahí cultiven otro tipo de plantas que no sean comestibles.

¿Qué plantas recomendaría para este caso?
Para este caso, estaríamos recomendando plantas que se utilicen para la elaboración de textiles por citar un ejemplo, pero nunca para producir algo que se le vaya a dar al ganado.

¿Estos estudios dónde se elaboraron?
Los hicimos en el centro del país, particularmente en la zona de Taxco, Hidalgo, y de Guerrero, pero la recomendación que hacemos de no sembrar maíz en terrenos de este tipo es porque aquí tenemos municipios en donde se tiene actividad minera y lo que se busca es evitar riesgos.

Fuente:https://www.debate.com.mx/mazatlan/No-hay-que-cultivar-maiz-en-zonas-mineras-20170513-0119.html

Huauchinango, Pue.- La agresión de Almaden Minerals contra pobladores de Ixtacamaxtitlán y miembros del Consejo Tiyat Tlalli que se oponen a sus actividades se inscribe en una campaña de difamación, criminalización, estigmatización y amenazas para “concretar sus acciones de despojo” en la Sierra Norte, consideró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Mediante un comunicado, la REMA explicó que el ataque a las resistencias y a quienes acompañan a estos procesos, además del despojo a los pueblos, son las “otras actividades” que realizan las empresas mineras en la región y en el país.

Las mineras “de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos”, precisó.

Luego de que el pasado 1 de mayo empleados de Almaden Minerals incursionaran por la fuerza a terrenos de propiedad privada en Ixtacamaxtitlán, tanto los dueños de los lotes, como sus asesores fueron amenazados y citados a declarar ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, situación por la que han denunciado el inicio de acciones de hostigamiento en su contra, además de la violación a sus derechos humanos.

La REMA indicó que la persecución contra los opositores a la minería, se realiza desde diferentes frentes, por ejemplo: “utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancia federales y la misma empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango; o como hace apenas unos días le pasó a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la Policía Estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V”.

Precisó que de la misma forma ocurrió con “la organización Bios Iguana y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V, recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra. Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica…”

En todos estos casos, añadió, hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería.

La REMA se solidarizó con los pobladores de la Sierra Norte y con las organizaciones Tiyat Tlalli y FUNDAR a las que consideró, han sido víctimas de las campañas difamatorias y amenazas  “simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía y el uso de la fuerza y la intimidación”.

La organización denunció que ante esta situación el gobierno ha sido omiso y lo hizo responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial a los defensores del territorio.

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2017-05-14/huauchinango/minera-amenaza-y-criminaliza-para-instalarse-en-ixtacamaxtitl%C3%A1n-rema

Pobladores de Coahuila cuentan que decenas de microempresas viven del millonario negocio de sacar carbón; denuncian daños ambientales

Leee la nota original acá: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/11/saqueo-y-contaminacion-danos-que-dejan-megaminas

Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo bienes de la nación a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, le compró tres concesiones mineras: una en Zacatecas y dos en Sonora.

Poco antes, Jenaro Garza Guerra adquiró 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a diversos consorcios. Entre 1999 y 2007 se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso a las condiciones de los polígonos que compró para luego vender.

La Constitución mexicana establece que las concesiones mineras (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) deben otorgarse a empresas o particulares que las utilicen en beneficio de la nación. Pero los particulares, que muchas veces no tienen la capacidad económica para montar una mina, las están pidiendo —explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro El mineral o la vida— para después venderlas, en un sistema que funciona como una especie de apartado del subsuelo, para luego lucrar con él.

El contrato de compra-venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía transparencia por este equipo de investigación, muestran que Jenaro Garza Guerra le traspasó a la compañía Macocozac, que forma parte del grupo Materiales Industrializados, propiedad de la familia Guadiana, los lotes Concha I, con una superficie de 16 mil 709 hectáreas, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y dos ubicados en Pitiquito, Sonora: Aguirre, con superficie de 3 mil 639 hectáreas, y El Viejo, con 16 mil 23 hectáreas.

El ex perito Garza Guerra es la segunda persona más beneficiada, por extensión, con títulos de concesión minera en el sexenio de Vicente Fox, aunque también obtuvo permisos durante la administración de Felipe Calderón. Tan sólo los tres títulos juntos que le vendió a Macocozac abarcan 36 mil 368 hectáreas, un área similar a la de siete delegaciones en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los tres lotes tienen potencial para oro, plata y cobre. El precio del traspaso de las concesiones fue suprimido en la copia del contrato, pero la cantidad abarca dos renglones y medio.

Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión”.

¿Y el Estado cuánto gana de eso? Mijangos calcula que Garza Guerra debió pagar, de acuerdo con los impuestos vigentes para concesiones mineras entre 2007 (cuando entró en vigencia) y 2009 (cuando la vendió), 613 mil 552 pesos por la concesión de 16 mil 709 hectáreas, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, que luego transfirió a Macocozac.

El candidato comprador

El candidato minero nos recibe con camaradería en su oficina de Materiales Industrializados, el grupo empresarial del que forma parte Macocozac. Dos medios nacionales quieren entrevistarlo en plena contienda por la gubernatura. Luce contento, relajado, cordial.

Guadiana Tijerina es consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, una asociación civil que pugna por la transparencia. Su frase de batalla es: “Alto total a la corrupción y a la impunidad”, misma que acompaña con un manotazo en el escritorio. Sin embargo, tanto Macocozac como Materiales Industrializados y Compañía Minera Caopas, empresas de las que es socio, han enfrentado juicios fiscales e investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico.

—¿Usted le compró a Jenaro Garza títulos de concesión minera en Sonora y Zacatecas?

—No, nosotros tenemos diversas concesiones mineras tanto en metálicos como en los no metálicos. Pero me interesa más hablar de la problemática del proceso electoral en el que estamos inmersos para Coahuila. Eso me interesa más ahorita —responde, al tiempo que su semblante pierde el gesto de amabilidad.

—Pero, siendo usted un empresario minero, queremos que nos ayude a entender por qué hay particulares con títulos de concesión y por qué las empresas se los compran.

—Bueno, si yo quiero transmitir los derechos de una concesión [minera] particular o de una sociedad, se hace con el permiso de la Secretaría de Economía, que se maneja a través de la Coordinación Minera y la Dirección General de Minas, regulado [todo] por la Ley Minera.

—¿Eso no genera como un sistema de “apartado” de la tierra para luego venderla?

—Pero así está la ley, y si no, le negarías el derecho… acuérdate que cualquier ciudadano puede denunciar un área que esté libre, o una compañía, para que la actividad minera se desarrolle. Pero sí se pueden propiciar algunas de las cosas que tú mencionas.

El perito vendedor

La primera vez que Jenaro Garza Guerra pidió un título de concesión fue en 1995, aunque se lo otorgaron hasta el año 2000. Desde esa primera fecha y hasta 2011 obtuvo 28 títulos de concesión en Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila. Al mismo tiempo que obtenía concesiones, se desempeñó —de 1999 a 2007— como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

De los 28 títulos que Garza Guerra obtuvo, tres se los vendió a Macocozac, 12 aparecen en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera (SIAM) como cancelados, nueve los tiene todavía en su poder (cuatro en sociedad con otras personas), tres los cedió a Carbonífera La Esperanza, empresa de la que él es socio, y tiene uno más a su nombre, el 221233, que aparece como cancelado y sustituido por el 225181, aunque cuando se busca éste en las tarjetas de registro del SIAM resulta que no existe en el sistema.

Pero el título existe. Este equipo de investigación ubicó su rastro, en el manifiesto de impacto ambiental del tajo (mina a cielo abierto) El Cometa, presentado por la empresa Minerales Monclova, hoy MIMOSA, de Grupo Acerero del Norte (GAN).

El documento asienta que el título 225181 es propiedad de Jenaro Garza Guerra y que la empresa, después de explorar las áreas de El Cometa, en Abasolo, Coahuila, encontró buen potencial económico. Minerales Monclova estimó extraer 3 mil 640 toneladas de carbón, con una mina a cielo abierto, cuya inversión ascendería a 76 millones de dólares.

El proyecto, asienta el manifiesto de impacto ambiental, permitiría cubrir la demanda de carbón de la planta siderúrgica Altos Hornos de México, SA de CV (AHMSA), ubicada en Monclova, Coahuila. En el mismo documento se asienta que a Jenaro Garza Guerra se le otorgarían 6 mil 699 dólares por regalías (por una concesión de sólo 500 hectáreas).

Durante nuestra visita a Coahuila tratamos de ubicar a Garza Guerra para entrevistarlo, pero no logramos encontrarlo. Este equipo de investigación lo buscó más tarde vía telefónica, al cierre de esta edición, pero no atendió llamadas.

La asociación civil Familia Pasta de Conchos registra a Carbonífera La Esperanza (la empresa de Jenaro Garza, a quien en 2007 la Secretaría de Economía le canceló su registro como perito por no haber hecho ningún trabajo pericial en años) en la lista de mineras que obtienen lo que ellos llaman “carbón rojo”, extraído por empresas clandestinas, ilegales, o que aun siendo legales ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros con tal de obtener un mayor margen de ganancias.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)

Fuente::http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/10/las-megaminas-del-candidato-de-morena-en-coahuila​

Oaxaca.-La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) en acuerdo con comunidades de Ejutla y Ocotlán, convocamos a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, dicha reunión tendría como sede la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años hemos defendido nuestro territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM).

Previo a esta reunión, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.

Además, entregó oficios a las autoridades de la región exhortando a “abstenerse a la participación de dicho acto, ya que en los años anteriores hemos tenido amargas experiencias”.

Debido al riesgo generado por estas amenazas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al gobierno del estado de Oaxaca, medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos de las diversas organizaciones civiles y comunitarias que asistirían a dicha reunión, las cuales fueron aceptadas, por lo que hubo presencia de la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación durante el 06 y 07 de mayo en la comunidad; es importante mencionar que la Policía Estatal también estuvo protegiendo al proyecto minero con elementos de seguridad durante estas fechas.

Frente a esta situación, queremos manifestar que la COPUVO forma parte de un proceso organizativo a nivel regional contra la minería. Este proceso está respaldado por las asambleas de comunidades de Ejutla y Ocotlán, a través de sus autoridades agrarias y municipales quiénes hemos denunciado la actuación de la empresa minera FSM. De igual forma nuestra lucha está sustentada en los marcos internacionales y nacionales de derechos humanos, por ende, nuestra lucha siempre ha sido pacífica.

Nos preocupa en sobre manera la actuación de Servando Díaz, ya que en lugar de abonar a la paz del municipio, está violentando y amenazando a las personas de la comunidad y autoridades agrarias de otras comunidades.

Denunciamos que detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y ha cambio ha generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos.

En este sentido la COPUVO exige lo siguiente:

1. Cancelación de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en las comunidades de Ejutla y Ocotlán.
2. Cancelación del proyecto minero “San José” impulsado por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
3. Alto a la criminalización de la defensa comunitaria y a la criminalización de organizaciones en el estado de Oaxaca.
4. Justicia para los compañeros asesinados y agredidos con armas de fuego en la comunidad, a raíz de la entrada de dicho proyecto minero.
5. Responsabilizamos a la empresa minera Fortuna Silver Mines y a las autoridades municipales de San José del Progreso ante cualquier acto de violencia o agresión hacia las defensoras y defensores del territorio en la región.
6. Manifestamos nuestra solidaridad con organizaciones civiles y comunidades que luchan por la defensa del territorio en Oaxaca.

La COPUVO anima a construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región.

¡Sí a la Vida, NO a la Minería!

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO

San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. 9 de mayo de 2017

Fuente:http://ciudadania-express.com/2017/05/09/denuncia-la-copuvo-amenazas-de-empresa-minera-canadiense/

Organizaciones opositoras a la minería en San José del Progreso, Oaxaca, y Acacoyagua, Chiapas, denunciaron acoso e intimidación por parte de las autoridades de sus municipios, en el marco de reuniones para manifestarse en contra de los proyectos mineros en ambas regiones.

La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) informó que las comunidades de Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, habían acordado reunirse en la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Previo a la reunión, el presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con ‘no permitir la entrada a la población para la realización de un foro’”, denunció Copuvo a través de un comunicado.

Además, dice la organización, la autoridad municipal instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que el 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” y mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.

El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Copuvo fue asesinado en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán (Contralínea 327).

La Copuvo denunció que “detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos”.

Reciben a pobladores con policías y soldados

En tanto, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) denunció que el pasado 8 de mayo, cuando llegaban a la reunión a la que los había citado el presidente municipal de Acaoyagua, Chiapas, Patricio Eli Matías Salas, fueron “recibidos” por policías vestidos de civil.

Informaron que poco después de la hora de la cita, mientras las puertas de la presidencia permanecían cerradas, “llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí”.

Denunciaron que esta intervención de la policía y del ejército “constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Éramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía ‘No a la minería’”.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/09/mineras-generan-conflictividad-en-oaxaca-y-chiapas/

– Gian Carlo Delgado Ramos, investigador de la UNAM, sostuvo en una conferencia magistral, que es falso que la minería produzca desarrollo económico y empleo para México, aseguró que la minería sustentable no existe y las empresas mineras más grandes de México no pagan los daños ambientales que producen, que equivalen aproximadamente a 40% de la riqueza mineral que dejan a sus dueños.

Indicó que según cifras oficiales, en 2014 la industria minero metalúrgica generó 34 mil 817 empleos en México, equivalentes a 0.65% de la población económicamente activa. Sin embargo, 67.5% de esos empleos se produjeron en la industria metalúrgica, y menos de 33% en la minería, a pesar de que en esta última los consorcios Peñoles, Grupo Frisco y Grupo México se adjudicaron 73.1% del valor generado en la extracción de metales.

Agregó que hay una oleada de persecución criminal en México y América Latina contra líderes comunitarios y ecologistas que se oponen a la minería, lo que ha propiciado los asesinatos de dirigentes como Isidro Baldenegro López, Berta Cáceres, Ismael Solorio y Manuela Solís.

Delgado Ramos, sostuvo que la minería sustentable existe sólo en el imaginario y en el contexto de la economía convencional. Pensar que la eficiencia nos va a llevar a un acople, es soñar. Expuso que en México y a escala global, antes que revertirse, se producirá un aceleramiento del extractivismo, debido a la alta demanda de minerales metálicos y no metálicos.

Señaló, sólo China e India demandan 40% de todo el acero y el cemento que se producen en el mundo.

En México la riqueza de los 4 hombres más ricos del país, los 4 con inversiones mineras, equivale a 10% del producto interno bruto. Ellos son Alberto Bailleres, de Peñoles-Fresnillo PLC; Carlos Slim Helú, de Grupo Frisco; Germán Larrea Mota Velazco, de Grupo México, y Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, acotó.

Fuente:http://regeneracion.mx/mineria-no-produce-desarrollo-ni-empleos-en-mexico-investigador-de-la-unam/

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía “No a la minería”.

Denunciamos que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matías Salas, no cumplió con su deber de realizar una reunión de cabildo abierto en la que todos los y las habitantes de Acacoyagua tenemos derecho a participar y pedir la palabra para dar a conocer nuestras demandas.

Queríamos expresar nuestra oposición a la actividad minera en el municipio y exigirle que respete la Declaratoria de territorio libre de minería que él mismo firmó en agosto 2016. Queríamos también plantearle que ni la Comisión nacional del Agua (CONAGUA) ni el sector salud han cumplido con su promesa de realizar estudios sobre la calidad del agua y la salud de los habitantes de Acaoyagua solicitados por el FPDS para investigar los impactos de la actividad minera.

Informamos al público en general que el presidente nos citó de nuevo el lunes 15 de mayo a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que esté al pendiente de la manera en la que seremos recibidos. Exigimos al presidente municipal que se presente junto con cabildo para que nuestro diálogo sea democrático y transparente.

Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos.

¡Fuera las mineras de Acacoyagua!

¡Vida sí, Mina no!

FIRMA:

El FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fuente:http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/05/opositores-a-la-mineria-de-la-costa-de-chiapas-son-intimidados-por-policias-y-militares/

Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.

Uno de los aspectos fundamentales que ha atraído a las trasnacionales al Estado de Oaxaca deriva de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el Gobierno Federal como “uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en las regiones”, acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras, no obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en 2017 se reunieran más de 7 mil firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan.

La comunidad de Santiago Laollaga, es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial ojo de agua de la región ante las transnacionales, sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias, han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales.

La evidente contaminación y desabasto en los manantiales, van de la mano con la sequía extrema en 28 de los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec según datos de Conagua en abril de 2017, no obstante, el Gobierno Federal junto con el Gobierno del Estado de Oaxaca mantienen un amplio compromiso con la ampliación de las concesiones mineras a cielo abierto, las cuales han aumentado a 47,717 hectáreas en la región del Istmo de Tehuantepec y a 12,462 hectáreas en Santiago Laollaga, de acuerdo con el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio.

La Asociación Civil Carto Crítica, detalla que entre las principales empresas mineras en la región de Santiago Laollaga, se encuentra la compañía Cementos Apasco, S.A. de C.V; Minera Plata Real, S. de R.L. de C.V. y Cooperativa la Cruz Azúl, S.C.L con más de 1 millón de metros cúbicos extraídos, esto a pesar de que en noviembre de 2015 diversos pueblos se declararan como “Territorio Prohibido para la Minería” debido a las irregularidades y a partir de la exploración sin los permisos de SEMARNAT.

Pobladores de Santiago Laollaga han denunciado la construcción de un proyecto ecoturístico, ya que la zona cuenta con dos ojos de agua y ha sido considerada como una de las zonas de vestigios arqueológicos bajo el Catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que de acuerdo con pobladores, “el origen de estos sitios arqueológicos se puede llegar a perder si no se preserva en la memoria de los habitantes”.

“En la Cueva del Diablo (nombre otorgado por los habitantes), no se ha realizado un estudio de continuidad y se encuentra en riesgo de ser destruida por empresas de construcción y de mineras”, agregan.

En 2016, pobladores de Santiago Laollaga, revirtieron la entrada en cuatro sitios ocupados por una empresa minera e hidroeléctrica que pretendía ingresar en la comunidad, donde se instaló por parte de los habitantes un anuncio en contra el proyecto en el que se menciona “No a la presa, no a la mina… Sí a la vida”.

Así, diversos colectivos y organizaciones han impulsado a través del arte visual, la preservación del territorio y la cultura, articulando la problemática actual de la zona, e informando a los habitantes de las consecuencias que trae consigo la entrada de megaproyectos a la zona.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/laollaga-oaxaca-contra-el-despojo-minero/