Lucio Cuenca
09/06/2026
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío aprobó de manera unánime este lunes el proyecto minero de tierras raras que la empresa canadiense Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara dar luz verde a la iniciativa.
La votación se realizó en medio de manifestaciones frente a la Delegación Presidencial Regional, en pleno centro de Concepción, donde organizaciones ambientales, comunidades mapuche, vecinos y vecinas del territorio expresaron su rechazo al proyecto extractivo y denunciaron sus impactos sobre el agua, los ecosistemas, la economía local y la vida comunitaria de la zona.
La instancia fue presidida por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, María Eliana Vega, directora regional del SEA, y en la votación también participaron los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Transportes, Henry Campos; Vivienda, Luis Villagra; Obras Públicas, José Piña; Desarrollo Social, Daniel Manchileo; Energía, Javier Salamanca; Salud (subrogante), Ernesto Bravo, Jefe de Acción Sanitaria; Medio Ambiente, Mario Delannays; Minería, Daniel Escobar; Agricultura, Francisco Lagos; y Economía, Christian Cifuentes. Todas autoridades designadas por el gobierno de José Antonio Kast, administración que había manifestado respaldo público a la expansión de la minería de tierras raras.
La masiva marcha que antecedió la votación
La aprobación ambiental ocurrió apenas dos días después de una masiva marcha realizada desde Penco a Lirquén, donde cientos de personas recorrieron las calles bajo consignas contra la minería, el extractivismo y la instalación de industrias contaminantes en la Bahía de Concepción.
La movilización, convocada por organizaciones territoriales y ambientales, volvió a evidenciar el persistente rechazo ciudadano al proyecto impulsado por la transnacional Aclara Resources, cuya tramitación ambiental ya había enfrentado cuestionamientos. Diversas agrupaciones recordaron además que en una consulta ciudadana efectuada en 2022 la comunidad manifestó mayoritariamente su oposición a la iniciativa.
Comunidades anuncian ofensiva legal y territorial
Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras” —espacio conformado por organizaciones territoriales y ambientales, la Cámara de Comercio, el gremio gastronómico y turístico, juntas vecinales y asociaciones campesinas— señaló que las comunidades ya preparan una estrategia de oposición que combinará acciones legales, administrativas y movilización social sostenida en el territorio.
“La reclamación ante el director ejecutivo del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y también las acciones ante el Tribunal Ambiental son las vías legales y administrativas que continúan después de esta aprobación, y nosotros vamos a avanzar en esos procesos”, afirmó.
La dirigenta sostuvo que las organizaciones también buscarán fortalecer la articulación territorial y aumentar la presión social contra el proyecto. “Vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas. También vamos a articularnos como movimiento para ejercer toda la presión social que se requiera”, señaló.
En esa línea, anunció que las comunidades impulsarán nuevas movilizaciones y evalúan avanzar hacia medidas de mayor alcance. “Vamos a convocar manifestaciones y todas las acciones que sigan expresando nuestro descontento frente a esta aprobación, incluso avanzar hacia un paro comunal e intercomunal para construir una oposición más firme y sostenida en el tiempo”, indicó.
OLCA: “La aprobación no garantiza que el proyecto se construya”
Para Javier Arroyo Olea, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la aprobación unánime del proyecto se enmarca en una política gubernamental orientada a acelerar inversiones extractivas impulsadas en distintos territorios.
“El escenario actual responde a una presión por acelerar proyectos cuestionados ambiental y socialmente, como parte de la agenda del gobierno y de los intereses de empresas extractivas transnacionales”, señaló.
Arroyo destacó que en Penco-Lirquén existe una resistencia territorial sostenida desde hace más de una década contra la iniciativa minera de Aclara Resources, impulsada por comunidades y organizaciones que han buscado fortalecer alternativas ligadas al comercio local, la defensa ambiental y la vocación productiva del territorio.
El investigador de OLCA afirmó además que la aprobación ambiental no garantiza la concreción del proyecto, recordando experiencias previas de resistencia territorial en la Bahía de Concepción.
“La decisión de los representantes regionales de Kast es un elemento importante, pero no significa que el proyecto vaya a construirse. Penco-Lirquén y la Bahía de Concepción tienen referencias históricas de defensa territorial, como ocurrió con GNL Talcahuano y GNL Penco, proyectos que, pese a contar con aprobación ambiental, no lograron instalarse debido a la persistencia de las comunidades”, indicó.
Asimismo, destacó que la reciente movilización entre Penco y Lirquén refleja solo una de las múltiples formas de organización que han desarrollado las comunidades para enfrentar el proyecto extractivo. “La marcha da cuenta de una de las expresiones que ha desarrollado el movimiento en defensa del territorio, pero no es la única. En esta nueva etapa, la intención es seguir abriendo caminos y estrategias que fortalezcan el rol comunitario y la oposición territorial al proyecto”, concluyó.
Cuestionamientos a la evaluación ambiental
Camila Arriagada afirmó que, aunque la aprobación era esperable debido a la postura de las autoridades regionales, persisten graves cuestionamientos sobre la evaluación ambiental del proyecto.
“No era sorpresa la votación de estas Seremis, pero aun así existen muchas inconsistencias en la evaluación ambiental. Las medidas de mitigación y compensación son insuficientes y el SEA no presentó los riesgos ni los impactos más significativos del proyecto, especialmente en aspectos críticos como los elementos radioactivos presentes en el estudio”, advirtió.
La vocera agregó que durante la exposición realizada en la sesión de la COEVA quedó en evidencia una defensa institucional de la inversión privada por sobre las comunidades afectadas. “Lo que vimos hoy es cómo estos organismos del Estado están más preocupados de defender los intereses de la inversión privada que los intereses de las comunidades”, cuestionó.
En la misma línea, Valeria Sepúlveda, integrante de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras”, criticó la decisión adoptada por la COEVA y la falta de respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadanía y el municipio durante la evaluación ambiental.
“Es muy decepcionante que, por ejemplo, la Seremi de Salud califique este proyecto como solo molesto. No se dio respuesta a las observaciones ciudadanas ni a las de la municipalidad, y aun así se sostuvo que el proyecto cumple técnicamente con las disposiciones ambientales”, señaló.
Sepúlveda indicó además que las organizaciones continuarán desplegando acciones institucionales y jurídicas para impedir la instalación de la minera en el territorio.
“Vamos a seguir haciendo reclamaciones y utilizando todas las herramientas legales y jurídicas posibles. Que este proyecto haya sido aprobado no significa que nos vayamos a cruzar de brazos”, afirmó.
“Vamos a seguir luchando hasta el final”
Durante la marcha previa a la votación, María Flores Quilapán, mujer mapuche e integrante de la organización Koñintu Lafken Mapu, sostuvo que las comunidades seguirán movilizadas pese a la aprobación institucional del proyecto.
“Como ciudadanía que habita el territorio de Penco, decimos no a la minera porque conocemos la contaminación y el impacto que genera esta megaempresa. No solo será impactada la comuna de Penco, también Tomé, Talcahuano, Santa Juana, Florida y las comunas vecinas”, señaló.
Asimismo, advirtió que “aunque el proyecto se apruebe, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final para impedir que esta minera se instale en esta comuna histórica y turística, una comuna que todavía tiene agua limpia”.
30 días para presentar reclamaciones
Tras la aprobación ambiental, se abrió un plazo de 30 días para que las personas y organizaciones que participaron con observaciones ciudadanas presenten recursos de reclamación. En caso de interponerse reclamaciones, el Comité de Ministros tendrá 60 días para pronunciarse.
Las organizaciones sociales y ambientales anunciaron que continuarán desplegando movilizaciones, acciones legales y presión territorial para impedir la ejecución del proyecto, insistiendo en que la aprobación ambiental no garantiza viabilidad social en una zona marcada por conflictos socioambientales y resistencia comunitaria frente al extractivismo.
Comunicaciones OLCA www://olca.cl