La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?
La minería extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel se convirtió a mitad de legislatura en uno de los asuntos medioambientales más polémicos del Gobierno de Emiliano García-Page. La declaración de impacto ambiental fue negativa sin paliativos: el proyecto que quería llevar a cabo la empresa Quantum tenía graves afecciones a la flora y fauna de la zona y contó además con un gran rechazo ciudadano. Desde entonces, han aflorado en la provincia proyectos mineros de menor envergadura pero que también han sido contestados por los ecologistas en unos casos y por los ciudadanos en otros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué se quieren construir? ¿Son “minería especulativa” o responden a la necesidad de impulsar el empleo y el desarrollo en zonas despobladas de la provincia de Ciudad Real?
La inversión inicial de la sociedad empresarial en este paraje de Ciudad Real ronda los 30 millones de euros, una iniciativa para la que estima una producción anual de 500.000 toneladas de concentrado de wolframio y oro que podría llevar a convertirla en la explotación más importante de Europa de este mineral estratégico.
La mayor mina de Europa
El proyecto fue autorizado en diciembre de 2015 después de que comenzara a tramitarse en la anterior legislatura, y en agosto de 2016 recibió la primera concesión para la explotación minera. Cuenta también con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y en abril de 2017 recibió además su calificación urbanística para la construcción de un acceso desde la carretera comarcal. Fue en este último trámite cuando la Consejería de Fomento ofreció algunos detalles de la iniciativa, entre los que destacó la creación de 175 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Para el Gobierno regional, según comenta el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, es importante esta apuesta por la industria como “sector que posibilita la creación de empleo, el crecimiento económico y la fijación de población».
Hace unos meses se publicó la expropiación forzosa de los terrenos que albergará la mina, pero el proceso para su construcción se ha visto alterado por su suspensión cautelar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha admitiera el recurso de uno de los propietarios de las fincas que tienen que ser expropiadas. Se trata de un trámite ordinario, pero con ello han arreciado las críticas que desde el pasado mes de enero ha ido aglutinando este proyecto. Al margen de las expropiaciones, Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) instando no solo a que se negara esa moratoria, sino también a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que expuso este colectivo se referían a la falta de agua, a los riesgos de contaminación y a la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.
El Gobierno castellano-manchego niega este extremo. Agustín Espinosa resalta que la Consejería de Medio Ambiente es “muy escrupulosa” en estas cuestiones y que si la medición del impacto fue positiva es porque no existe ninguna afección ambiental. A partir de ese momento, la Junta considera que el proyecto debe seguir delante de la misma forma: “Cumpliendo con la transparencia y con todos los trámites previstos».
A unos 70 kilómetros de Abenójar se fragua por su parte la mina de fosfatos a cielo abierto de Fontanarejo, con una vida útil de 35 años. Entre sus numerosos componentes, la obtención de fósforo juega actualmente un papel esencial en la formación de semillas y el crecimiento de las raíces, es decir, un componente esencial en la agricultura, aunque también tiene otras propiedades de carácter industrial. Este proyecto recibió recientemente la Declaración de Impacto Ambiental positiva tanto para su explotación como para la planta de tratamiento del mineral.
El objetivo es obtener roca fosfórica que se comercializará en forma de concentrado. Ocupará más de 1.200 hectáreas y sería la única existente en la Unión Europea, ya que se trata de un mineral que actualmente se compra a otros países. En este documento también se apunta que la inversión sería de 3 millones de euros y que su construcción generaría unos 45 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, y sería una medida para combatir la despoblación.
La mina de fosfato, promovida por Alcudia Mining S.L. -que comparte domicilio fiscal con Minning Hill’s-, se ha planteado asegurando el «vertido cero» de aguas contaminantes que afecten a los recursos hídricos de la zona, para lo que se ha proyectado más de una decena de balsas para contener aguas ácidas, salmueras, precipitados de lodos espesados o lixiviados, entre otros elementos. Y otro dato: la necesidad total de agua en la explotación minera para cubrir todos los procesos y labores se ha estimado en 214.552 metros cúbicos al año.
La ofensiva ecologista también ha llegado hasta aquí, y sus últimas acusaciones se han dirigido directamente hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha: consideran un “fraude” y un posible delito de prevaricación administrativa haber dado luz verde a esa DIA. En este caso, organizaron recientemente una marcha senderista reivindicativa desde Arroba de los Montes. La declaración de impacto considera que el territorio afectado por el proyecto no presenta una especial relevancia para la conservación de la fauna silvestre, a pesar de encontrarse a menos de 10 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros. Pero el colectivo apunta que se trata una zona de campeo y alimentación de buitres negros y leonados, águilas imperiales y perdiceras y cigüeña negra, zona de invernada de milano real y, lo que es más importante, una zona «recientemente recolonizada» por el lince ibérico, según el informe del año 2017 del programa Iberlince financiado por la Unión Europea.
«Un espacio geográfico de gran importancia ambiental»
Añaden que la zona afectada por la mina de Fontanarejo se encuentra en un “espacio geográfico de gran importancia ambiental”, considerado un importante corredor ecológico para especies en peligro de extinción como el lince ibérico, tal y como ha demostrado WWF en su informe sobre autopistas salvajes. El director provincial del Gobierno regional no lo ve así. Insiste que toda la tramitación, al igual que en el proyecto de wolframio, se ha realizado con “garantía de ley”. “Hemos estado y siempre estaremos comprometidos con el cumplimiento de las normas. Aunque un proyecto tenga beneficios económicos y genere empleo, si tiene afección ambiental, no sale adelante. Y si no lo tiene, sí. Actuamos con el mayor rigor”.
A estas dos iniciativas se suma una tercera mina a cielo abierto: la de titanio, zircón y turilo, entre Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, es decir, también en el entorno de Cabañeros, y en esta ocasión su promotor es Explotaciones Mineras de Titanio. Las aleaciones de titanio se utilizan también en el ámbito industrial, principalmente en los aviones y también en helicópteros, blindaje, buques de guerra, naves espaciales y misiles.
Actualmente, su estudio de impacto ambiental se encuentra en información pública, un documento donde se recoge el objetivo de aprovechar estos recursos minerales en el yacimiento ‘Pochico’, ubicado en el monte público de Riofrío. El proyecto supone una inversión de más de 8 millones de euros y contempla la implantación de una planta mineralúrgica. El dato más significativo es que el área de extracción está a cuatro kilómetros por el oeste de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes”.
La de titanio es la mina «mas compleja»
Agustín Espinosa reconoce que es “la más compleja” por el entorno en el que se encuentra y por otras muchas circunstancias. El estudio de la promotora incluye una inversión de unos 13 millones de euros y empleos directos para 70 personas. Insiste en que estos puestos de trabajo redundan directamente en los términos municipales donde se ubican, pero deja claro que en el caso de este último proyecto aún no hay DIA y por lo tanto, no hay respaldo de la Administración regional. “Nunca pondremos una prioridad por encima de la otra”.
También se ha incluido esta mina en el listado de proyectos ‘non gratos’ de los ecologistas. Insisten en que ninguno de los documentos incorpora las consecuencias que ocasionarán en el conjunto en la comarca y en el corredor ecológico identificado, recordando que todos ellos se encuentran en un radio de 30 kilómetros poniendo como centro de gravedad la mina de Arroba.
“Estamos ante una oleada de minería especulativa, ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros. Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a nivel autonómico, quienes han puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa”, recalcan.
Concluye por su parte el Gobierno castellano-manchego que todos estos proyectos se encuentran en zonas con gran índice de despoblación y altos niveles de desempleo desde hace tiempo, y recuerda que la apertura de minas no es una novedad en la provincia. “Aquí hay una tradición minera. El hombre ha explotado la minería siempre, porque no es algo que se pueda deslocalizar. Es un área económicamente más deprimida y es necesario contar con recursos propios para la generación de desarrollo económico. Es algo que está aquí, y que siempre se ha hecho y se hará con garantías de protección al medio ambiente y con acuerdo a la ley”.
Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Wolframio-fosfatos-Ciudad-Real-proyectos_0_843066432.html