Perú

UNA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON INCERTIDUMBRES

Luis Gárate
Imagen: Prensa Perú
El pasado 3 de mayo el gobierno oficializó la reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, de forma gradual, incorporando algunas medidas de protección para prevenir los contagios del Covid-19. Sin embargo se presentan varias interrogantes sobre la aplicación de lineamientos y protocolos, tomando en cuenta que el Estado peruano se encuentra contra las cuerdas enfrentando la pandemia.

Esta preocupación aumenta en la medida que, a más de 50 días de cuarentena, son notorias las serias limitaciones para gestionar la seguridad de la población ante los contagios. Eso se puede apreciar en el descontrol que se presenta en regiones como Loreto, Piura o Lambayeque, lo que ocurre en los grandes mercados y centros de abasto, así como en el propio sistema de salud que está casi colapsado ante el incremento de contagios de la población.

Recordemos que la medida de reactivación se ha dado a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano. El decreto contempla que la fase 1 de “Reanudación de Actividades” y se inicia en el mes de mayo de 2020, con actividades en el sector de minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes y comercio.

Los sectores competentes de cada actividad deben tener en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones). Además, los Protocolos Sanitarios Sectoriales deberán ser aprobados mediante Resolución Ministerial y publicados en su respectivo portal institucional, en un plazo máximo de cinco días calendario.

Previo al reinicio de actividades, las empresas o personas naturales o jurídicas deben observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19, los protocolos sectoriales para elaborar su “Plan para la Vigilancia” y proceder con su registro en el Sistema Integrado para el Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

La norma también establece que las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones emitidas. Para las acciones de fiscalización laboral a cargo de la Sunafil, el Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, debe asignar los recursos adicionales que se puedan requerir para su implementación.

Frente a estas normas no ha tardado en reaccionar la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, quien ha señalado que los protocolos de seguridad «están llenos de requisitos y parecen hechos para un país europeo”. Este tipo de declaraciones revelan la indolencia de los sectores empresariales frente al drama que vivimos todos los peruanos y peruanas, sobre todos los sectores más vulnerables y de manera particular los trabajadores.

Por otro lado, nos parece legítima la duda que tanto los trabajadores y sus organizaciones representativas o instituciones de derechos humanos han expresado, en el sentido si estos planes y protocolos van a implementarse con la eficacia que la situación de emergencia requiere. Hemos visto que el gobierno permitió que la minería opere bajo ciertas restricciones desde el inicio de la cuarentena y sin embargo en este sector ya se han registrado 260 casos de contagio en todo el país.

Asimismo conociendo las serias dificultades por la que está atravesando el sector salud, cabe preguntar si su personal podrá fiscalizar eficazmente el inicio de las actividades. En estos momentos, las instituciones del Estado están desbordadas por la expansión de la epidemia a nivel nacional y no se cuenta con capacidad para fiscalizar actividades.

Es comprensible la preocupación del gobierno por reiniciar la reactivación gradual de las actividades económicas; sin embargo no se puede correr el riesgo que los trabajadores se reincorporen a las labores sin tener la seguridad que van a ser adecuadamente protegidos y que los casos positivos se sigan incrementando.
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