25 de Julio 2011
Mirtha Vásquez
Una de las principales políticas que ha tenido el gobierno saliente durante todo su mandato, ha sido la protección de las mega inversiones en el país, en la minería, el petróleo, la energía hidroeléctrica, entre otras; la que se ha dado con el uso de la fuerza pública imponiéndose sobre la población afectada que múltiples veces ha reclamado contra proyectos que modifican y anulan sus posibilidades de vida. Mientras el gobierno usaba el garrote en una mano, con la otra usaba al propio aparato del Estado con el que ha intentado legitimar sus acciones con normas “seudo” legales.
Aquí solo algunos ejemplos para rememorar el manejo de conflictos del gobierno de García. En julio del 2007, nos sorprendió con 11 decretos legislativos que criminalizaban la protesta social, incrementando las penas por delitos de disturbios hasta con 25 años de prisión y declarando inimputables a policías y militares que usaran sus armas para reprimir protestas sociales. Por si fuera poco, en el 2010 reforzó estas normas con la publicación de otro grupo de Decretos de Urgencia, como el 1095 y el 1097 que legitimaban la fuerza letal en los conflictos e intentaban, además, aplicar la figura de prescripción a juicios por delitos de lesa humanidad.
Mientras tanto, casi desapercibidamente, el propio Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se encargaba de cerrar las puertas a cualquier intento institucional por colocar frenos a las mega inversiones; así en 2007 cuando los gobiernos locales intentaban proteger zonas amenazadas en su valor natural, se emitió el D.S. 015-2007- AG que eliminó la facultad municipal de declarar Áreas de Conservación. En el 2009 y en el 2010 se publicaron el Plan Director de Áreas Naturales Protegidas y la Resolución 205-2010-SERNAMP, respectivamente, para regular la no creación de Áreas Naturales Protegidas en lugares con concesiones, a menos que “el titular de las mismas las autorizara”.
A un mes de irse, el gobierno por intermedio del MINAM ha emitido el 25 de junio, dos normas de extrema importancia para el país, una de las cuales tiene que ver con la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE). Se pretende anular los procesos de ZEE que se han realizado hasta el momento y reevaluar su aplicación en zonas de concesiones y mega proyectos. Esta es la herencia en gestión ambiental que se deja. Dos opciones: derogar estas normas por inconstitucionales, o muchos nuevos conflictos que enfrentar.
Artículo publicado en la revista de análisis político VOCES Nro. 35-36. Cajamarca. Julio 2011. Asociación SER.