24/09/2020
Es necesario reflexionar sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – conocido como “Acuerdo de Escazú”, pues los acuerdos supranacionales fortalecen la institucionalidad y el bienestar principalmente de los más vulnerables en el Perú, según nos lo recuerda la Conferencia Episcopal Peruana.
Recordemos que el gobierno peruano ya firmó el acuerdo en el 2018 con la aprobación de varios ministerios competentes en el tema. Ahora se espera que sea ratificado por el Congreso de la República, que tiene hasta el 26 de setiembre para hacerlo.
El acuerdo debe entrar en vigor el 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo suscribieron. De momento ha sido ratificado por nueve países. Países como Colombia, Perú, México o Argentina no han puesto su firma final de momento, pero el reciente caso de Chile resulta paradójico por rechazarlo abiertamente tras ser uno de sus impulsores principales.
Firmado en 2018 por 22 países de la región, el propósito del tratado es, según recoge la CEPAL, «garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados».
En nuestro país algunos gremios empresariales y grupos conservadores han desplegado una campaña de desinformación sobre el acuerdo, señalando que nos quitaría soberanía sobre la Amazonía y en algunos temas judiciales. Sin embargo, este acuerdo precisamente se firmaría en tiempos en que los defensores ambientales en nuestro país se ven expuestos a grandes riesgos. La Defensoría del pueblo ha reportado hasta la fecha 5 defensores ambientales asesinados por defender sus territorios de actividades como el tráfico de tierras, la minería ilegal y el narcotráfico.
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