Imagen: OCM
Al cierre del segundo semestre del año, el número de conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el país ha mostrado una moderada tendencia de incremento y se ubica muy por debajo de los picos de conflictividad registrados en años como el 2009 y el 2014. Así lo revela el 29° reporte del segundo semestre del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides.
De estos 198 conflictos, 142 se categorizan como activos y siete de ellos han sido registrados como casos nuevos. Ana Leyva, abogada de CooperAcción, explicó que dichos conflictos se registran en zonas donde el actual Gobierno tuvo un alto respaldo electoral.
“Los picos de conflictividad durante los Gobiernos de los ex presidentes Ollanta Humala y Alan García no se han vuelto a manifestar. Existe una tendencia de crecimiento, pero moderada”, comentó.
Leyva también comentó que, en su mayoría, estos conflictos son de convivencia más que de oposición a las empresas mineras. Asimismo, se encuentran más ubicados en las regiones de la Macro Norte y Macro Región Sur. Sin embargo, es en esta última macro región donde los conflictos son de mayor intensidad.
“En la Macro Norte y Macro Centro, los conflictos son de baja intensidad frente a la Macro Sur. En esta zona hay una mayor necesidad por darle atención desde la agenda pública. Sin embargo, en todas las zonas encontramos conflictos de larga data, que tienen años sin resolverse pese a tener mesas de diálogo”, aseveró y agregó que resulta necesario mejorar la institucionalidad de estos mecanismos para lograr soluciones.
Leyva se refirió al caso de la minera MMG Las Bambas, empresa de capitales chinos que anunció una posible paralización de su producción por las protestas y continuos cortes de la carretera en las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas. “El conflicto empieza cuando se hacen las modificaciones del EIA (estudio de impacto ambiental) y se cambia el mineroducto, que era un medio de transporte de alta tecnología, por una carretera que no reunía las condiciones mínimas”, explicó. “Allí hay una responsabilidad del ente evaluador, y desde ahí se arrastra ese problema. Además, no se estableció zona de influencia ni se determinaron impactos o medidas de mitigación. Allí el sistema ha fallado”, agregó.
Por su parte Giselle Huamaní, secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien participó en la mesa de presentación, señaló que “el manejo de los conflictos y los acuerdos a los que se llegan debe ser una tarea de todos los actores y de todos los niveles de Gobierno. Es un trabajo delicado, crear buena voluntad, animar y promover a la gente de que a pesar de las dificultades que hemos mencionado, podamos seguir apostando por el diálogo”, señaló.
Desde el sector público, Huamaní aclaró que el enfoque del actual Gobierno es el de estar presente con la población y fomentar el diálogo sin utilizar la represión. “Hay una variable más importante que la debilidad institucional y son las expectativas y la insuficiente comunicación del sector público. Coincidimos en varias de estas causas, pero también hay otra variable que es el enfoque de las instituciones para atender los conflictos. Con un gobierno represivo, se polariza aún más la conflictividad”, agregó.
A su turno, David Velazco, director de Fedepaz, recordó que en los últimos años se ha priorizado las soluciones de fuerza, así como la criminalización de la protesta mediante el derecho penal para abrir procesos penales a miembros de las comunidades.
“Aún no hay una clara política para abordar la problemática de criminalización de la protesta social. No observamos voluntad del Ejecutivo, ni del Ministerio Público. A fines de octubre, en la localidad de Huarmey, durante las protestas de los campesinos contra un proyecto minero, se le abrió proceso a 58 personas que reclamaban contra la contaminación. Es más, se ordenó la prisión preventiva de seis personas que pasaron detenidas casi un mes”, explicó.
Finalmente, Mirtha Villanueva, de Grufides, denunció los impactos que tiene la minería artesanal e informal en regiones como Cajamarca. “La ley les permite que se inscriban y manifiesten que están en proceso de formalización para que sigan haciendo lo que quieren. Un defensor fue ante las autoridades con una botella de agua anaranjada a reclamar por la salud de su familia y de sus cultivos; denunciando la actividad minera informal y fue reprimido. Los pueblos del Perú y de América Latina estamos sufriendo sobre este modelo perverso”, remarcó.
Puede revisar el video de la presentación oficial del reciente reporte en el siguiente enlace: https://bit.ly/3DUFFTG
El reporte completo se puede descargar de: https://bit.ly/3yqkNm8