La disputa por la operación de la mina de San José «El Progreso», ha dejado un saldo de seis muertos, entre ellos el activista el líder opositor antiminas Bernardo Vásquez Sánchez por dos sujetos que le dispararon a distancia desde un vehículo en movimiento.
En tanto la delegado de la Secretaría de Economía (SE) Beatriz Rodríguez, adelantó que ante las presiones que realizan diversas organizaciones sociales y profesores, se revisará el permiso de extracción y concesión otorgado a la mina de plata de San José «El Progreso» denominada «Blue Silver».
En contra parte unas 16 comunidades y municipios indígenas emitieron una declaratoria para impedir la operación de empresas mineras de origen canadiense en su territorio.
Se trata de los poblados de Magdalena Teitipac, Capulalpam de Méndez, San José «El Progreso», San Juan Guelavia, San Bartolomé Quialana, Santa Cruz Papalutla, San Pablo Guila, San Marco Tlapazola, Teotitlán del Valle y Maguey Largo, quienes signaron la declaratoria de «Lugar Prohibido para la Explotación Minera».
Con la determinación exigen al gobierno federal, y estatal intervenga para cancelar los contratos de concesión y explotación minera que tienen asignado varias empresas de origen extranjero.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Magdalena Teitipac, cuya asamblea comunitaria determino cancelar la operación de un yacimiento de plata que realizaba una empresa de origen canadiense.
Las autoridades municipales de las localidades, reprocharon que se haya autorizado las concesiones de explotación de diferentes yacimientos minerales sin previa consulta de los ciudadanos y sin hacerse valer estudios de impacto ambiental correspondiente.
Afirmaron que a parte del acuerdo firmado el respeto a las decisiones de los pueblos deberá ser parte fundamental en una nueva relación con los estados-gobiernos pasara impulsar nuevos esquemas de explotación de los recursos naturales de las comunidades.
Exigieron se respeten los procedimientos de consulta comunitaria -sustentados en el convenio 169, firmado por México con la OIT en 1992-, que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones.