Abel Gilvonio 16/11/2021
Imagen: Minjus
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) es un marco que sirve para concretar las políticas públicas que lleven a las empresas y al estado a hacer efectivos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Plan en Perú se aprobó el día 11 de junio con el Decreto supremo n°009-2021-JUS en un proceso que duró casi 2 años en donde el estado, empresarios, pueblos indígenas, sindicatos e instituciones de derechos humanos se pusieron de acuerdo para aprobar 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos y 97 acciones[1] que ayuden a la reducción de la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas.
Este proceso, que ha sido inédito por el nivel de participación e involucramiento de diversos actores de la sociedad civil, nos ha permitido discutir diagnósticos[2] – que son documentos formales del estado– que muestran la vulneración de derechos en relación con varias de las actividades empresariales visibilizando dos narrativas en tensión: una que niega la vulneración de derechos y otra que afirma la existencia de estas vulneraciones en relación con las actividades empresariales. Este proceso de diálogo nos ha permitido también reconocer algunas buenas prácticas empresariales que deberían ser ejemplo, porque marcan la ruta de lo que deben ser las actividades empresariales en el país.
En este proceso el Ministerio de justicia, a pesar de las presiones, ha jugado un rol fundamental pues ha intentado reducir las asimetrías de poder existente entre los actores empresariales y las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y los actores que han participado de este proceso, tratando de buscar los mayores consensos. Pero a pesar de esto, no podemos dejar de mencionar que hubieron temas que no se abordaron, como las actividades relacionadas con las personas afectadas por metales tóxicos, el pedido de ratificación del acuerdo de Escazú para la protección de defensores, la consulta previa a los pueblos indígenas, así como colocar como resultado la aprobación de una ley general del trabajo.
También es importante recordar que el PNA ha logrado aprobarse a pesar de las crisis políticas y los cambios ministeriales, dejando claro una voluntad política de estado para poder generar las condiciones para que las empresas incorporen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en toda la cadena de valor de las actividades empresariales.
Por eso es importante subrayar que iniciamos la implementación del Plan Nacional de Acción en el inicio del gobierno democrático del Presidente Pedro Castillo Terrones, en donde las aspiraciones de miles de trabajadores, comunidades originarias y pueblos indígenas, así como usuarios y consumidores, está centradas en mejorar sus condiciones de vida, laborales, evitar que se siga contaminando el ambiente. En resumen, en tener de verdad derechos humanos para todos.
En ese marco, a pesar de algunas voces nos acusen de antimineros, antidesarrollo, antiinversión, nos ratificamos que en estos momentos es primordial reactivar la economía, más aún en un periodo de precios altos de las materias primas. Pero esta no puede ser sin el respeto irrestricto de los derechos humanos y los estándares internacionales, seguir con la incorporación de los principios rectores de Naciones Unidas y continuar con el proceso de implementación del Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos.
En ese contexto, los retos y las expectativas en la implementación son grandes, principalmente por la presión por derechos que tienen los actores sociales sobre los distintos sectores empresariales (minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.) Por eso, este nuevo proceso nos debe seguir ayudando a profundizar en esos consensos entre sindicatos, pueblos indígenas, instituciones de derechos humanos y los sectores empresariales representados en la mesa multiactor. En ese sentido la ejecución de los lineamientos, objetivos y acciones debe servirnos para seguir fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en relación con la actividad empresarial, lograr conseguir mejores políticas públicas que obliguen a las empresas a mejorar su conducta empresarial. También iniciar los procesos de debida diligencia con participación de los afectados y tener en el mediano plazo una ley nacional de debida diligencia, así como buscar remediar los daños ocasionados es fundamental para juntos construir una nueva convivencia social y las empresas mejoren su conducta empresarial.
Cabe reafirmar que como Plataforma de la Sociedad civil sobre Empresas y Derechos Humanos[3], continuaremos participando en el proceso del PNA acompañando a las organizaciones, pueblos indígenas, comunidades originarias, sindicatos. Vamos a seguir aportando técnicamente, para que esta implementación respete los estándares internacionales de derechos humanos, continúe la ruta de la implementación de los principios rectores, busque una debida diligencia por parte de las empresas y podamos entre todos construir una mejor convivencia que ayude a seguir mejorando el desarrollo económico y social del Perú.
[1]https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025
[2]https://drive.google.com/drive/folders/1-He6i8CtEfqJi8m1HPgmZqRGUPFjeDOc
[3]La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP,BroederlijkDenle,Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.
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