A balazos quieren gobernar en zonas mineras.
Las muertes en Espinar (Cusco, Perú) son consecuencia de la
continuidad del neoliberalismo extractivista.
Cuatro muertos en Espinar, Cusco, donde una huelga cumple nueve días,
y el inicio de un paro el 31 de mayo en Cajamarca, la declaración del
estado de emergencia y la represión como única respuesta a la tenaz
defensa de los derechos a la vida, al agua, al territorio por parte de
las comunidades indígenas afectadas por los impactos de la minería.
Ese es el panorama de hoy en el Perú al que le ofrecieron una gran
transformación y no recibe más que la continuidad del neoliberalismo
extractivista.
Espinar es una provincia que convive con la minería desde hace más de
treinta años y no ha logrado resolver sus problemas sociales y
económicos. Por el contrario, los niveles de despojo territorial de
las comunidades Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Alto Huarcca, Huanu
Huanu, entre otras, se han agravado y la contaminación de tierras y
aguas es mayor. Producto de ello hay una población empobrecida
Además, producto del Convenio Marco y los acuerdos del diálogo, a
través de la Fundación Tintaya se manipula a los alcaldes, dirigentes
y hasta a las organizaciones con ofertas de empleo, donaciones y
obras, manteniendo una dependencia frustrante para quienes no son
parte del círculo de amistades de la empresa Xstrata. La Fundación
Tintaya se ha constituido en un poder en la provincia, porque no
consulta ni a las autoridades municipales ni a las comunidades para
decidir sus pequeños proyectos sociales.
Los resultados del diálogo del 2006 con la empresa minera no se han
cumplido y sin llegar a nuevos acuerdos Xstrata pretende implementar
un nuevo proyecto minero en territorios comunales. Hay un embalse de
mentiras y agresiones en los pueblos indígenas y no es gobernando con
balas como van a detenerlo.
No es un fenómeno aislado: en toda la Región Andina la minería
continúa expandiéndose sin ningún ordenamiento económico ni ambiental,
sin cumplir el requisito de la consulta y el consentimiento previo,
libre e informado, vulnerando derechos, y causando la criminalización
de los líderes, dirigentes y autoridades indígenas, demostrando una
vez más que no importa cuál sea el discurso de los gobiernos porque el
modelo económico se mantiene intacto.
En nombre de un desarrollo sustentado en la extracción de los recursos
naturales que condena a nuestros países a un una economía
primario-exportadora, en nombre de un crecimiento económico que
profundiza las brechas de la pobreza, se vulneran los derechos y se
reprime a los pueblos indígenas y sus organizaciones. Los Estados
brindan seguridad a los proyectos mineros, militarizando territorios,
en lugar de garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Las muertes en Espinar son, pues, producto de la continuidad de ese
modelo depredador y represivo, de la sumisión de los Estados a las
corporaciones multinacionales.
Es momento de levantar nuestras voces, de unir nuestras manos, de
demandar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas, de decir basta de persecución, estigmatización,
represión y muerte. Los pueblos indígenas de la Región Andina, del
continente y del mundo debemos pronunciarnos. Convocamos al conjunto
de movimientos sociales a acompañarnos en esta tarea. Exigimos a los
organismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos que cumplan una efectiva labor de vigilancia del cumplimiento
de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados.
Expresamos nuestra firme solidaridad con todos los pueblos indígenas y
sus organizaciones que defienden sus derechos y los Derechos de la
Madre Tierra, que defienden el agua y la vida.
Lima, 29 de mayo del 2012.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI