30 de Agosto de 2012
Diversos grupos de mexicanos –campesinos, indígenas, profesionistas y académicos, entre otros– se han manifestado recientemente por que se modifiquen las leyes que regulan las actividades mineras en el país.
Muchas y variadas son las razones en que fundan sus propuestas; entre ellas, que en las dos décadas recientes el gobierno ha concesionado a las empresas mineras, la mayoría de capital extranjero, alrededor de la tercera parte del país, y que éstas, al actuar como enclave, han minado la soberanía del país en ese territorio; que los beneficios por la entrega de los recursos minerales del país a dichas empresas sólo le han dejado las migajas que por derechos de concesión pagan cada semestre –de cinco a 111 pesos por hectárea–; que, en cambio, causan grandes daños al medio ambiente, ocupan el agua que debería servir para consumo humano y para la producción de alimentos y, en general, violentan los derechos de los mexicanos todos y de los pueblos indígenas en particular.
La demanda de que se reforme la legislación en materia minera tiene razones y causas justas que la sustenten. Además de las económicas y sociales que exponen quienes se han manifestado públicamente en ese sentido, existen otras, de naturaleza jurídica, a las que aquí quiero referirme. En primer lugar está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 27 establece el derecho de la nación mexicana de regular el aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio social, distribuir equitativamente la riqueza pública, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos. El artículo 25, por su parte, regula la rectoría del Estado en el desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable y fortalezca la soberanía nacional. Finalmente, el 26 mandata al gobierno la organización de un sistema de planeación democrática cuyo objetivo sea la equidad en el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
El mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se cumple; por eso las denuncias de los daños que provoca la actividad minera abundan cada día. Las causas son múltiples, entre ellas que las leyes se han apartado de los preceptos constitucionales para favorecer la libre penetración del capital en actividades que antes desarrollaba el Estado. Así, mientras la Carta Magna asienta como garantía constitucional el derecho a la alimentación, al agua y a un ambiente sano, la ley minera declara esa actividad como preferente y de utilidad pública con lo cual la producción de alimentos pasa a un nivel secundario, lo mismo que el uso del agua para consumo humano. En materia de medio ambiente, lo que se ha visto hasta ahora es que de todas las consultas públicas que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emprendido donde ha habido rechazos a la actividad minera, ninguna ha sido favorable a las empresas; no obstante, las empresas se instalan porque tales consultas no son vinculantes. La opinión popular sólo sirve para cumplir un requisito de procedimiento.
Es claro que una reforma a la legislación minera debe modificar varias leyes, la minera, por supuesto, pero también la General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la de Aguas Nacionales, la Federal de Derechos, la de Inversión Extranjera, la Agraria y la General para la Prevención y Gestión Integral de Recursos Naturales, entre otras. Tratándose de pueblos indígenas se deben atender los derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, pues, por disposición de la propia Constitución, éstos forman parte del bloque constitucional y una disposición de menor contenido que aquéllos sería violatoria de la Carta Magna. En fin, debemos pensar una reforma para que el país recupere su soberanía, los derechos de los mexicanos no sean conculcados por el capital y los recursos naturales sirvan al desarrollo de México y el bienestar de los mexicanos. Esto nos pone el reto de comenzar a pensar los contenidos de dichas reformas y la manera de impulsarlas para que se lleven a cabo.