El presidente Rafael Correa no quiere más concesiones a la minería ilegal. En la objeción parcial del jefe de Estado al proyecto reformatorio de la Ley de Minería, que fue socializado ayer a los asambleístas, Correa vetó dos artículos del texto aprobado el 13 de junio pasado por la Asamblea Nacional.
Uno de los puntos objetados fue la disposición transitoria sexta, que está relacionada con los plazos para la regularización de esta actividad.
Los legisladores establecieron que en el plazo de 90 días el Ministerio Sectorial legalizará a las personas que realicen minería artesanal, y que en tiempo no mayor a los 180 días actualizará el registro con la incorporación de las personas que demuestren que antes del censo minero, que se realizó el 2010, se dedicaban a esta actividad.
No obstante, el jefe de Estado propuso, en el veto, que solo las personas que fueron identificadas en el censo podrán ser regularizadas en 180 días.
A su juicio, lo aprobado en la Asamblea contradice uno de los objetivos de la Ley de Minería, que es combatir la ilegalidad.
Otro tema vetado fue el segundo innumerado del artículo 27 de la reforma, en el que Correa plantea que los manifiestos de producción y las declaraciones de los concesionarios, efectuados mediante declaración juramentada y notariada, deberán constar en los documentos que presenten dentro de los procesos mineros.
La Asamblea tiene hasta el 24 de julio para aceptar los criterios del jefe de Estado con 67 votos (mayoría absoluta) o ratificarse en lo aprobado por los legisladores con 102 votos (las tres cuartas partes del pleno). Si no hay pronunciamiento, pasará por el ministerio de la ley.