Entre las reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en lo que se refiere a la iniciativa de prohibición del desarrollo de proyectos mineros en la entidad que utilicen el proceso de lixiviación de cianuro o mercurio para la obtención del mineral, “nosotros, como Congreso del Estado elaboraremos un dictamen que presentaremos al pleno de la XIV Legislatura, por el cual las empresas mineras no nos puedan controvertir legalmente. “Presentaremos un documento que sirva a la sociedad sudcaliforniana, que defienda los derechos de miles de mujeres, hombres y niños que ven amenazado su futuro”, aseguraron diputados locales al reunirse con representantes de asociaciones de ciudadanos que se oponen a la denominada minería toxica en el estado.
Encabezados por los legisladores Alfredo Zamora y Rodolfo Davis Osuna, presidentes de la comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Ecología, respectivamente, instancias que elaborarán el dictamen correspondiente, y con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno, diputado Marco Antonio Almendáriz Puppo, y la diputada Guadalupe Rojas Moreno, en la reunión se pusieron de manifiesto una vez más los problemas que traería para la entidad la puesta en marcha de proyectos de minería tóxica.
La iniciativa, presentada semanas atrás por diputados de la fracción del Partido Acción Nacional, busca blindar al estado de Baja California Sur de la presencia de empresas que se dedican a la explotación de la minería que utiliza procesos químicos que contaminan el medio ambiente, y se encuentra en este momento en el proceso de allegarse información para la elaboración del dictamen correspondiente que el pleno de diputadas y diputados habrá de votar próximamente.
La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Guadalupe Rojas señaló que para ella, como representante popular, “es preocupante el tema de la minería tóxica”, y señaló que se tiene que elaborar un dictamen “bien fundamentado que no tenga por dónde sea rechazado en términos jurídicos”.
En el mismo sentido, el diputado Alfredo Zamora García comentó que la iniciativa presentada por la XIV Legislatura tiene como finalidad la defensa de los intereses de los sudcalifornianos: “Vamos a elaborar una reforma que sirva a nuestra gente, a la actual y a las futuras generaciones de habitantes de Baja California Sur. Nos asesoraremos con especialistas nacionales en el tema para tomar las mejores decisiones en este aspecto tan importante para todos nosotros”.
A su vez, el presidente de la Junta de Gobierno, Marco Antonio Almendáriz Puppo, comentó que en el proceso legislativo “consultar a la sociedad en el tema que sea, siempre es un ejercicio sano para tomar las mejores decisiones para los ciudadanos de Baja California Sur”, puntualizando que lo que respecta a la minería tóxica “es un tema que preocupa a la sociedad sudcaliforniana, y por ello, el Congreso del Estado, haciendo eco de esta preocupación, defenderá los derechos de la sociedad a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental”.
La profesora Blanca Trasviña pidió a los diputados que el Congreso del Estado “haga una respetuosa solicitud” a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que esta visite Baja California Sur “y podamos exponerle de viva voz la urgencia de modificar leyes federales en esta materia para proteger el medio ambiente de nuestro estado y proteger a sus habitantes”.
Señaló que es necesario dar la batalla legal contra estas empresas, “pues si dejamos que entre una a operar, se vienen como cascada otras más, ya que solamente en el municipio de La Paz existen más de 240 mil hectáreas concesionadas. No hay que concentrarse solamente en Los Cardones, sino en otros proyectos similares también”.
Blanca Aguilar comentó que en la zona de Los Planes hay datos comprobados de la afectación a personas por utilizar agua contaminada en los 60 pozos existentes en la región, y precisó que quienes se dedican a la siembra de productos orgánicos “acaban de recibir la noticia de que sus productos están contaminados y ya no podrán ser comercializados, todo ello a causa del agua contaminada”.
Los asistentes reconocieron que la batalla legal contra las mineras no será nada fácil, y dieron a conocer esquemas locales en los que se puede legislar, como es el imponer, por parte del estado, altas fianzas para resarcir daños que hagan incosteable la operación, tal como ha sucedido en otras entidades federativas.