Las organizaciones sociales comunitarias, campesinas, indígenas, ambientales y de Derechos Humanos de diverso tipo que hoy nos manifestamos en las calles de Tegucigalpa, exigimos la realización de nuestro Derecho a la Alimentación y demandamos que el Estado de Honduras agilice la ruta para el logro de nuestra Soberanía Alimentaria.
El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1966, su Protocolo Facultativo ha sido aprobado por el Estado de Honduras y publicado en el diario oficial la gaceta el pasado 4 de agosto de 2017.
Estos pactos y protocolos manifiestan que todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, tienen derecho a la alimentación adecuada y a vivir libres del hambre.
Por lo anteriormente expuesto la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) y demás organizaciones sociales que velamos por el cumplimiento del Derecho a la Alimentación y el respeto de los Derechos Humanos en Honduras nos manifestamos de la siguiente manera:
DENUNCIAMOS:
Que hoy más que nunca el pueblo hondureño sufre una inmensa vulnerabilidad alimentaria, esta situación se agrava por la falta de ingresos permanentes en los hogares y por el desempleo y subempleo que golpea duramente a casi dos millones de personas de las denominadas económicamente activas.
Que más de 5 millones de hondureños no encuentran la manera de alimentarse con seguridad, pues sus ingresos diarios no alcanzan para satisfacer ni siquiera la mitad de canasta básica de alimentos.
La política extractiva que impulsa el gobierno de la república por medio de la secretaría del ambiente y otros órganos del Estado ha otorgado inconsultamente concesiones y licenciamiento ambiental a empresas mineras metálicas y no metálicas violentando el derecho que tienen los pueblos a ser consultados y a decidir su propio desarrollo.
El otorgamiento de licencias ambientales que dan lugar a concesionamientos de proyectos hidroeléctricos en zonas productoras de agua, áreas protegidas que garantizan el derecho humano al agua de las poblaciones y por ende su derecho a la alimentación.
La vigencia de la ley de Obtentores Vegetales aprobada en el 2012, que privatiza el uso y propiedad de las semillas para controlar la producción nacional e internacional de alimentos agrícolas.
La existencia de un proyecto de ley de semillas, impulsado por el Estado de Honduras, en contubernio con la FAO y el PMA, mismo que también pretende privatizar y criminalizar el uso y tránsito de las semillas criollas por parte de los campesinos e indígenas que son los que han mantenido y cuidado de las mismas ancestralmente.
El Uso expansivo de tierras para monocultivos orientados a la producción de agrocombustibles, en un país que carece de tierras para la producción de alimentos para los seres humanos. Es decir que se privilegia los negocios de los ricos de Honduras por sobre las necesidades de alimentación de los pobres. La concesión de territorios que ancestralmente han sido ocupados por poblaciones hondureñas, campesinas, indígenas y mestizas, para efectos de saciar la voracidad insaciable de los acumuladores de capital, amparados en una ley de turismo que principalmente beneficiará a los ricos de este y país y de otras latitudes.
La persecución, criminalización, denigración, encarcelamiento y asesinato de las y los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que luchan por la defensa de los territorios y demás bienes naturales.
La denigración de que están siendo objeto nuestras organizaciones, nacionales e internacionales, por el simple hecho cruzarnos en los intereses de los ricos cuando intentamos defender las poblaciones empobrecidas y sus territorios.
EXIGIMOS:
1. El cese de concesiones territoriales para minería metálica, incluyendo las explotaciones de óxido de hierro.
2. El Cese de concesiones hidroeléctricas, especialmente cuando estas afectan las áreas protegidas y fuentes de agua de las comunidades.
3. La investigación urgente de la situación patrimonial de los funcionarios de Estado involucrados en los concesionamientos, especialmente de MI AMBIENTE e INHGEOMIN.
4. Que el ministerio público investigue de oficio a todos los empresarios y funcionarios de Estado que están involucrados en el caso de DESA, lo cual ocasionó el asesinato de Berta Cáceres.
5. Que se derogue La Ley de Escuchas, el articulado del Código Penal y demás leyes que criminaliza la protesta social.
6. Que se derogue la Ley de Obtentores Vegetales y que se detenga la discusión de la ley de Semillas y la Ley de la Consulta Previa Libre e Informada hasta que exista suficiente participación de los propios sujetos interesados, campesinos e indígenas.
7. Que no se utilice el territorio nacional para la producción de agrocombustibles, antes bien que estas tierras sean sujetas de reforma agraria.
8. Que se derogue la Ley de Turismo y que sea consultada debidamente con los pueblos que están siendo afectados.
9. Que se publique de inmediato en el diario oficial la Gaceta el reciente fallo, de junio de 2017, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la inconstitucionalidad de 7 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos la prohibición del método de explotación de minería a cielo abierto y el referido a la forma de consulta a las poblaciones.
10. Que cese el otorgamiento de concesiones y licencia ambientales a favor de empresarios camaricultores y de otro tipo que ponen en riesgo la alimentación de los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca.
Tegucigalpa M.D.C. 19 de octubre de 2017
Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE)
Movimiento Madre Tierra (MT)
Comités de Defensa de la Naturaleza (CDN)
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Honduras (CONFEREH)
Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMOH)
Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH)
Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (RENACAMIH)
Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (APAGOLF)
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)
Comité Ambientalista del Noreste de Comayagua (CAMNECO)
Central Nacional de Trabajadores del Campo, La Paz (CNTC)
Comité Ciudadano para la Protección del Medio Ambiente, La Unión (CAMNECO)
Empresa Asociativa Campesina, Unión y Fuerza, Suntule, (EACPUYF)
Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB)
Familia Franciscana (JPIC)
Comité para la Defensa de la Fauna y Flora del Golfo de Fonseca (CODEFFAGOLF)
Red de Desarrollo Sostenible (RDS-HN)
Fian Honduras (FIAN)
Juntas de Agua de San Francisco, Atlántida
Juntas de Agua de El Porvenir, Atlántida
Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS)