LIMA — La tranquilidad volvía a la región de Cajamarca, en el norte de Perú, luego que el presidente Ollanta Humala decretara desde este lunes el estado de emergencia por 60 días en esa zona, una medida política que busca imponer orden en la región convulsionada por una huelga que se opone a un proyecto minero.
El ministro del Interior, Oscar Valdés, quien se encuentra en esa ciudad, a 850 km al noreste de Lima, dijo que en un recorrido por sus calles este lunes comprobó que la actividad comercial se reanudó, así como las labores escolares y el tránsito vehicular, y que las carreteras se encuentran libres de acceso.
Grupos de soldados salieron a resguardar los servicios públicos esenciales, como el suministro de agua y electricidad, los puentes y las carreteras.
Valdés aclaró que la policía tiene a su cargo el resguardo del orden público y que el ejército «no tiene contacto con la población». Además informó que «no hay indicios de violencia».
Por su parte, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, uno de los líderes de la protesta, afirmó a la AFP que «las actividades se normalizaron desde el viernes, todo se desarrolla con normalidad», y señaló que es innecesario que se haya decretado la emergencia en esa parte del país.
La medida de excepción se implantó luego que sectores conservadores de oposición señalaron que se advertían «signos de debilidad» y «falta de liderazgo» en el presidente Humala ante una huelga que el domingo cumplió once días y que protesta contra una inversión de la minera estadounidense Newmont.
El estado de emergencia entró en vigencia luego que el presidente Humala lo decretara la noche del domingo en un mensaje al país, argumentando que «existe una situación de perturbación de la paz y el orden interno».
El mandatario acusó a los líderes de la protesta de «intransigencia» y lamentó que no se haya «logrado alcanzar acuerdos mínimos que permitan que retorne la paz social», tras la reunión, el domingo, de los dirigentes del movimiento opositor con el primer ministro Salomón Lerner y otros cuatro ministros.
La emergencia implica la intervención de las fuerzas armadas para colaborar con la policía en mantener el orden público.
Contempla además la suspensión de las garantías constitucionales de inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión, derecho de libre tránsito y la detención de una persona sólo por mandato judicial.
Lerner pidió a la población cajamarquina «calma y tranquilidad» y estimó que la emergencia podría ser levantada antes de los 60 días si los dirigentes levantan el paro y acceden a firmar un acta sobre puntos que se consensuaron en la reunión del domingo.
Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, refirió al respecto que, en la práctica, la protesta terminó el viernes porque ese día comenzó el desbloqueo de las rutas regionales.
En la medianoche del domingo, Saavedra pidió a la población «volver a sus actividades normales para evitar el derramamiento innecesario de sangre para no caer en el juego macartista de los que quieren solucionar el conflicto con balas y sangre».
El presidente regional Santos dijo que se habían logrado avances en las conversaciones con Lerner, pero que los dirigentes fueron «chantajeados» y se les quiso obligar a firmar un acta en que se comprometían a levantar la paralización.
Según dijo, los huelguistas pidieron un plazo de «unas horas» para consultar con sus bases, pero que ese pedido no fue aceptado por los funcionarios del gobierno.
En la otra orilla, el ministro Valdés refirió que la posición de los dirigentes de hacer consultas «no era muy seria».
El 24 de noviembre, Cajamarca inició una huelga contra el proyecto minero Conga, de la estadounidense Newmont, que supone secar cuatro lagunas para proceder a la extracción de oro y cobre.
El proyecto supone el transvase de cuatro lagunas en los Andes para dar paso a la explotación de oro y cobre.
Aunque las cuatro lagunas serían reemplazadas por otras artificiales, la población se opone, argumentando que eso significará destruir el ecosistema de lagunas de Cajamarca y le quitará las fuentes de agua necesarias para la agricultura y ganadería.