El décimo cuarto Observatorio de Conflictos Mineros criticó hoy al gobierno de Perú por haber aprobado un paquete de normas económicas, que «apunta a debilitar regulaciones ambientales» establecidas en los últimos años para responder a la conflictividad social en el país. En su reporte del primer semestre del 2014, el Observatorio indicó que el paquete económico «tiene un peligroso aroma a los decretos legislativos del gobierno aprista (del expresidente Alan García 2006-2011), que estuvieron en la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua». El gobierno de García intentó promover las inversiones privadas «a como dé lugar» y aprobó un conjunto de medidas que afectaban directamente los derechos de los pueblos indígenas, recordó el Observatorio, formado por las organizaciones no gubernamentales CooperAcción, Grufides y Fedepaz. En el conflicto de Bagua murieron 33 personas, entre ellas policías e indígenas, y desapareció un agente policial en medio de una violenta manifestación de organizaciones indígenas contra un paquete de normas que afectaba sus derechos sobre la tierra y el agua. Durante el gobierno de García, los conflictos sociales alcanzaron un pico de 272 en 2009, mientras que Ollanta Humala tuvo su peor momento en 2012 con 245 conflictos y esa cifra ha bajado hasta 211 en marzo pasado, de acuerdo a las cifras de la Defensoría del Pueblo citadas por el reporte. El Observatorio añadió que el paquete del actual gobierno le quitó facultades al Ministerio del Ambiente en materia de creación de áreas naturales protegidas, en ordenamiento territorial y estándares de calidad, entre otras, para ser refrendadas ahora por el Consejo de Ministros. Además, el informe remarcó que el paquete económico contradice el compromiso asumido por el Estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dado que ese acuerdo estableció que ambas partes reconocieron que era inapropiado promover el comercio y la inversión mediante el debilitamiento de las protecciones ambientales. El Observatorio de Conflictos Mineros señaló que hasta marzo pasado los conflictos sociales se redujeron a 211, respecto a junio del año pasado en que hubo 223 conflictos en el país. «Habrá que observar si es coyuntural o es una tendencia que se mantendrá en la segunda mitad del año», indicó. La región Apurímac, al sureste de Perú, lidera el mapa de los conflictos por regiones, seguido por Cuzco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, lugares donde se concentra más del 50 % de la cartera de nuevos proyectos mineros, anotó el reporte. (Agencia EFE)
