Este miércoles (30), Costa Rica alcanzó una importante victoria para todo el país. La Sala I de la Corte confirmó la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), que el 24 de noviembre de 2010 dejó sin efecto la concesión minera de la transnacional canadiense Infinito Gold. Así, la explotación aurífera de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, está definitivamente cancelada y la empresa será obligada a pagar indemnización por los perjuicios ambientales ocasionados.
La decisión fue celebrada en todo el país. En las calles, casas y, principalmente, en las redes sociales fue posible constatar la satisfacción de la población costarricense por esta decisión. Frente al edificio central del Poder Judicial también se realizaron manifestaciones de apoyo a la decisión.
Durante todo el período de lucha contra la mina, la población participó activamente. Fueron realizados desde petitorios hasta huelgas de hambre.
La decisión de presentar una demanda judicial pidiendo la cancelación de la mina Crucitas fue de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflolas) y de la Asociación Unión Norte por la Vida (Unovida), que buscaban evitar que las investigaciones realizadas hace más de 20 años para implantar la mina se volvieran realidad. Después de esta iniciativa, muchas otras organizaciones ambientales, abogados, ambientalistas y medios de comunicación se unieron a la lucha contra la minería a cielo abierto.
El proceso contra Crucitas estuvo marcado por polémicas y denuncias de corrupción. Hace dos semanas, la presidenta de la Sala I de la Corte, magistrada Anabel León, ordenó que se investigue la desaparición del bosquejo de la decisión del Tribunal. Se cree que el documento fue robado para ser entregado a los dirigentes de la Infinito Gold.
Esta situación acarreó la renuncia del magistrado suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler. Actualmente, el caso está siendo investigado por el Ministerio Público.
La decisión de ayer de la Sala I de la Corte, protagonizada por cinco magistrados del Alto Tribunal, estableció la anulación de un decreto del ex-presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que declaraba a Crucitas como un proyecto de Interés Público y Conveniencia Nacional. También se decidió que Arias y su ex-ministro del Ambiente, Roberto Dobles, sean investigados sobre el decreto que favorecía a la empresa, ya que no había estudios técnicos que asegurasen la viabilidad de la mina.
En la red social Facebook, el ex-presidente afirmó que está a la orden de todos los costarricenses, como siempre lo estuvo en toda su vida. «No conozco a fondo la sentencia de la Sala I en el caso Crucitas. Sin embargo, éste es un tema que la Fiscalía ha venido indagando desde hace mucho tiempo. Si eventualmente se considera que yo pueda ayudar a esclarecer sus investigaciones, como siempre, estaré en la mejor disposición de hacerlo”, dijo.
La empresa Infinito Gold también se pronunció y dijo lamentar la decisión y que no descarta la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales. La intención es recuperar los 127 millones de dólares invertidos en la mina Crucitas, que estimaba conseguir explotar por un millón de onzas de oro.
A pesar de esto, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, uno de los que estuvo presente en el juzgamiento ante la TCA y participó de la casación en la Sala I, afirmó que la decisión tomada agota todas las posibilidades, pues la nulidad fue absoluta. Rodríguez aseguró que los tres abogados que participaron de la decisión están dispuestos a colaborar con el gobierno, en el caso que Infinito Gold busque instancias internacionales.
A partir de ahora, el próximo paso es exigir que la empresa pague indemnización por los daños ambientales causados en la región. Estado y Sistema de Áreas de Conservación también tendrán que destinar recursos para recuperar el equilibrio ambiental.
Traducción: Daniel Barrantes –[email protected]