El Barzón Chihuahua denuncia la muerte de sus dirigentes que defendían los acuíferos contra la explotación minera
CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 24, 2012.- Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, fueron asesinados en el municipio de Namiquipa, Chihuahua. Ambos eran defensores del agua de la zona del semidesierto en la entidad así como de la conservación de los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales.
En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Alfonso Poiré Romero, y al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el Comité Ejecutivo Nacional de El Barzón señaló que los dirigentes de la organización en Chihuahua también peleaban por evitar la violación de la ley por parte de la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver, que, de acuerdo con El Barzón, realiza perforaciones a pesar de carecer de los permisos correspondientes y de la oposición de las autoridades ejidales.
De acuerdo con la Alianza Nacional Agropecuaria Comercializadores y Consumidores, AC (ANACC?Barzón), Solorio y Solís, ya habían sido agredidos por los grupos que están explotando el agua, además de contaminar y destruir las parcelas y los cultivos de toda la región de San Buenaventura, Chihuahua.
Los agricultores aseguran que el gobierno de Chihuahua y las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) «nunca quisieron intervenir para solucionar el conflicto y castigar a quienes de manera permanente, han pasado por encima del Estado de derecho».
La Compañía de Servicios Mineros Cascabel ha realizado más de 400 perforaciones, y según estimaciones de la ANACC?Barzón, una vez iniciada la explotación, utilizarán materiales altamente contaminantes que provocarán graves daños en la salud de los habitantes, destrozando los cultivos de la zona y contaminando los acuíferos.
Por ello, la asociación manifestó su repudio a las autoridades de la Conagua, quienes, apuntó, «toleraron y estimularon la explotación ilegal de los sistemas de riego, cambiaron el uso del suelo, permitiendo que los pozos funcionaran con certificados y concesiones apócrifas, mediante la corrupción y la complicidad con grupos de menonitas, que ponían en peligro los acuíferos y la producción de maíz y frijol», así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por su negativa a clausurar las perforaciones de la minera, a pesar de que recientemente la Procuraduría Agraria había emitido un dictamen dando la razón a los ejidatarios.