Respecto a la minería y a su relación con el desarrollo humano y social, algunas consideraciones:
La inversión minera no se ha detenido, pese a los conflictos sociales, pero no ha venido acompañada de desarrollo social. Del 2010 al 2011 la inversión minera pasó de 4068 millones a 7202 millones de dólares. Queda claro que estas se incrementan. Sobre el desarrollo social, o el desarrollo entendido en un sentido más amplio, este no está restringido a indicadores económicos, a pesar de que los argumentos de algunos vengan acompañados usualmente con dicho tipo de indicadores, obviándose otros indicadores relevantes como los relacionados a la valoración económica de recursos naturales, que bien podrían ser considerados en el análisis, de modo que se amplíe la perspectiva. Por ejemplo está el estudio de Herrera y Millones (2011), que mide el costo de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos en el Perú (ver). Según el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Cajamarca –departamento minero– entre el 2000 y 2005, pasó de 0,49 a 0,54, y el ingreso familiar per cápita se incrementó en sólo S/. 18 (de S/. 198 a 216). Para profundizar el análisis, hay estudios pasados, como el realizado por De Echave y Torres (2005), donde se aprecia una relación negativa entre la preponderancia de la actividad minera –en los departamentos considerados mineros por su participación en el PBI departamental– e indicadores sociales como Índice de Desarrollo Humano, Esperanza de Vida, entre otros.
Respecto a las concesiones mineras, me parece relevante destacar que la política actual del Gobierno en lo que a dichas concesiones se refiere, es de promoción de la inversión sin tener en consideración otros procesos que definen la configuración del territorio de las comunidades, distritos, provincias y regiones, como son la Zonificación Ecológica Económica, y el Ordenamiento Territorial. Resulta contradictorio que la provincia de San Pablo en Cajamarca esté concesionada en un 99,55%, o que la provincia de Cotabambas en Apurímac esté concesionada en un 83,53%; y que por otro lado el Gobierno hable de Ordenamiento Territorial. Cajamarca, por su parte, en el 2007 cuenta con un Índice de Densidad del Estado de 0,53, ubicándose en el puesto 21 (PNUD), es decir, entre los últimos cinco departamentos a nivel nacional. Este indicador contempla el rol del Estado frente al desarrollo humano, entendido como la entrega de servicios que contribuyan a las capacidades más elementales de las personas. Considera las variables: identidad, salud, educación, saneamiento y energía.
Respecto a Apurímac, esta región cuenta con un 59,8% de su territorio concesionado, y proyectos mineros por 8000 millones de dólares. La información de pobreza y desnutrición sirve como referencia para que las políticas públicas del Estado –en los tres niveles de Gobierno– se orienten a disminuir dichas brechas. Pero sumado a esto, es relevante considerar cuales son las actividades preponderantes –no solo por el porcentaje del PBI, sino por personas que se dedican a las mismas y por una visión de desarrollo a mediano y largo plazo– en las zonas donde se han planteado inversiones mineras. De modo que estas cuantiosas inversiones se enmarquen dentro de una lógica, que debe de ser liderada por el Gobierno. He acompañado, brindado asistencia técnica y facilitado planes de desarrollo concertado en zonas de influencia minera en Apurímac, donde el grueso de pobladores tiene como visión de desarrollo dedicarse a la actividad agropecuaria. Las políticas orientadas promovidas desde el Estado tienen que ver las necesidades y expectativas de las poblaciones involucradas, al igual que promover una institucionalidad orientada a promover el bienestar de la población, en una relación armoniosa con el ambiente.
El debate nacional respecto a las políticas públicas que permitan desarrollar un modelo extractivo que respete al medio ambiente al igual que al ejercicio de derechos humanos, económicos, políticos y sociales, es algo que nos concierne a todos, y tiene que trascender indicadores económicos como PBI o qué porcentaje de las exportaciones representa el sector minero. Es necesario que el Ministerio de Energía deje de aprobar los EIA, no puede ser juez y parte. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), adscrito al Ministerio de Ambiente, y cuya función principal será revisar y aprobar los EIA, no debería de dejar abierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo es considerado como “estratégico”, la propuesta será debatida en el propio Ministerio de Energía y Minas. Menciono los puntos anteriores como ejemplos puntuales –de otros tantos– para destacar que el debate nacional va más allá de análisis económicos (aunque estos, para que aporten a las políticas públicas, deberían también de valorizar el impacto económico de las actividades extractivas en los recursos naturales), y conciernen tanto a la institucionalidad ambiental, gestión de los recursos naturales, y políticas tanto del Gobierno central como de los Gobiernos locales para promover el desarrollo económico-productivo, social y ambiental, entendiéndolo como algo que debe ser sostenible en el tiempo, y no responder a una política minera que busque el mayor extractivismo posible en el menor tiempo posible.
Estos temas son los que ponemos en agenda, y que deben de ser considerados en su conjunto, de modo que el debate nacional se nutra y se prioricen las necesidades de las poblaciones, y el cuidado del ambiente que, como mencioné, nos concierne a todos.
16 de noviembre de 2012