Firmas mineras con operaciones en la provincia de Santa Cruz dijeron ayer que resistirán judicialmente un nuevo impuesto creado por el Gobierno provincial, urgido por necesidades financieras, que grava las reservas bajo tierra de las empresas. Según la agencia Reuters, el nuevo tributo afecta a productores de oro y plata como Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti; Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano-canadiense Hochschild. Las empresas reaccionan afirmadas en sus enormes beneficios fiscales, arancelarios y territoriales, y con la acostumbrada complacencia de los gobiernos locales y nacional.
«Los abogados de las empresas están analizando la norma para presentar un recurso en la justicia federal para pedir su anulación», dijo el presidente de una de las mineras afectadas que habló en condición de anonimato.
La Legislatura santacruceña aprobó la semana pasada la creación del «Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera» que establece una alícuota de un 1 por ciento. La valuación económica de las reservas se determinará por la cotización que resulte mayor del mercado nacional o internacional, al último día hábil de cada año calendario.
La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) repudiaron la decisión de la Legislatura provincial. Con el impuesto «definitivamente se espanta a las nuevas inversiones y se condena a las existentes.
Acostumbradas a los grandes beneficios fiscales y las ganancias siderales de la actividad, las empresas lanzan una amenaza refiriendo que se «ven en riesgo 5.000 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos en más de 200 empresas que dependen de la actividad minera en la provincia».