ENCUENTRO. El pleno del Legislativo conocerá el tema.
El presidente, Rafael Correa, mandó la propuesta de reformas a la Ley Minera con el caracter de urgente y en la Asamblea se lo tomaron al pie de la letra. Con cambios más de forma que de fondo, el proyecto económico será discutido este viernes en primera instancia.
El titular de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Oswaldo Larriva (PAIS), confirmó que ese organismo se reunirá hoy para elaborar el informe para primer debate, lo cual ratifica la expectativa que tenía la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.
Esa Comisión se reunió ayer para escuchar los puntos de vista de los representantes del sector minero y de la viceministra de Ambiente, Mónica Hidalgo.
Luego, el organismo evaluó las observaciones supuestamente realizadas por la población durante la socialización del proyecto en cuatro provincias y avanzó en la discusión de todas esas inquietudes.
Antes de la sesión de ayer, Larriva destacó como un punto de cambio la posibilidad de que sea incluida una norma que impida que quien inició un trámite de concesión no pueda cambiarse a otras categorías para disminuir las obligaciones por cuestión de regalías.
Precisamente el plazo que se tiene para el tratamiento de este texto ha sido criticado por sectores de oposición, especialmente tras una reunión que mantuvo la dirigencia de Pachakutik en Zamora, el fin de semana. Ahí, el asambleísta Cléver Jiménez aseguró que fue un error haberla mandado como urgente, porque impedía una verdadera socialización.
Cámara plantea cambios
El presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, presentó un documento y sintetizó en cinco puntos lo que consideran un aporte para mejorar la iniciativa. El directivo habló de legalizar la minería pequeña, pero no en áreas ya concesionadas, lo que sí permite la normativa al fijar ciertas salvedades.
También planteó la necesidad de fijar límites en la exploración de la mediana minería, en unas 7.500 toneladas/día. Puso de ejemplo el caso del proyecto Mirador, que en sus picos produciría 60.000 toneladas, lo que en Chile es considerado mediana minería.
Igualmente, mencionó la necesidad de eliminar los procesos de subastas, que no han tenido éxito en el país y en la posibilidad de generar una normativa a través de la Superintendencia de Compañías que permita domiciliar en el país a empresas mineras que radican en paraísos fiscales.
De su parte, Hidalg, destacó el planteamiento de que el proceso de entrega de licencias ambientales se reduzca de 18 meses a seis. Además, explicó que el Ministerio está en una fase de “cero mercurio” que se aplicará de forma progresiva en un plazo de un año.
Sin consulta
El bloque legislativo de PAIS fue convocado para las 18:00 de ayer. Uno de los puntos por resolverse es el pedido de Pachakutik y varios sectores indígenas de que la Ley sea sometida a una consulta prelegislativa. La posición de las autoridades legislativas de esa bancada ha sido contraria a ese solicitud, con lo cual se da por descontado que será rechazado.
Discrepancias
° El presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, dijo que sí hay un acuerdo de ese sector con el Gobierno, pero en el hecho de trabajar de manera conjunta, con lo cual desestimó las críticas que hablan de un pacto. “Si eso es un pecado (trabajar coordinadamente), yo soy el primer pecador”, acotó.
Precisamente, ayer la Conaie y su filial de la Sierra, Ecuarunari, ratificaron su oposición al proyecto de reformas por considerar que con esta iniciativa el Gobierno está entregando los recursos a las trasnacionales.
Para el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, la aprobación de esta reformas “parece ser una estrategia, pues al concesionarse zonas mineras en áreas sensibles también se estaría entregando el agua”.