Los ingresos de la minería permiten realizar obras en los cantones donde se desarrolla esta actividad.
El debate sobre las reformas a la Ley de Minería no concluyó con la aprobación de las nuevas reglas en la Asamblea, pues en los Municipios todavía hay incertidumbre por temas como el manejo de las regalías.
“Ahora el Gobierno nos pretende quitar hasta las regalías mineras y manejar a su manera lo que por ley nos corresponde”, confirma Patricio Sánchez, alcalde de, Camilo Ponce Enríquez, un cantón minero del Azuay.
Este personero no sólo critíca que se establezca un techo y un piso a las regalías, sino también el hecho de que el Gobierno podrá “utilizar el 60% de las regalías señaladas para obras realizadas por éste en las respectivas localidades”.
Sánchez considera que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberían manejar directamente esos recursos ya que, de lo contrario, el poder central realizaría obras a dedo o por conveniencias políticas. “Nosotros somos quienes conocemos las realidades del cantón, los que vivimos la cotidianidad y priorizamos lo que se invierte”, acota.
Visión oficial
Ximena Ponce, asambleísta de Alianza PAIS, manifiesta que los GAD no tienen de qué preocuparse ya que las regalías administradas por el Estado se distribuirán en base a lo que establece el Código de Ordenamiento Territorial.
“En términos de los ingresos por regalía minera, lo que haremos es la recuperación para el Estado y la distribución de recursos se hace mediante una fórmula que va a los gobiernos autónomos para su ejecución en necesidades básicas y otro porcentaje al presupuesto central”, puntualiza.
La realidad
Jorge Tapia, concejal del Municipio San Juan Bosco de Morona Santiago, donde se desarrolla el proyecto minero San Carlos Panantza, considera que para que lleguen las obras del Gobierno a su localidad se requiere de mucho tiempo, mientras que por ejecución directa se realizan con celeridad porque conocen las necesidades de sus pobladores.
Sánchez añade que para realizar los proyectos a través del Gobierno central, estos deben pasar por la autorización del Banco del Estado para que verifique su viabilidad, lo que significa un obstáculo más en la dotación de servicios básicos o de infraestructura.
Pero la asambleísta considera que una de las funciones del Estado es darle coherencia y racionalidad al uso de los recursos. “Este dinero se invertirán en las zonas de explotación minera que tendrán 100% de cobertura en sus necesidades básicas, ya que son zonas privilegiadas en recursos naturales y se verán beneficiadas”.
Solución de problemas ambientales
El alcalde de Camilo Ponce Enríquez, Patricio Sánchez asegura que la explotación minera conlleva otros problemas como la deforestación, devastación, pérdida de fuentes hídricas y pone como ejemplo que de cinco ríos que atraviesan su cantón, cuatro están “casi muertos por la actividad minera”.
Para remediar estos daños ambientales, reitera que son los municipios de las zonas mineras los que deben manejar directamente los recursos que generen la actividad y no el gobierno central.
DATO
La regalía sobre la venta de minerales no será menor al 5% y no mayor al 8%, señala la reforma propuesta.