A mediados de la década del 90, el Perú firmó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y tribales. El 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa: la norma fue aprobada por 113 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
Durante el debate y como pocas veces ha ocurrido en el país, hubo consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas sobre la importancia y la necesidad de aprobar la ley. Además, luego de la aprobación y la promulgación de la ley por el presidente Humala en la localidad de Bagua, el Perú fue reconocido por las Naciones Unidas como un país líder en la protección de los derechos de los pueblos originarios.
Sin embargo, ya han pasado 20 meses de la aprobación de la ley y casi 20 años desde la ratificación del convenio 169 y hasta ahora nada de nada. Peor aún, se comienza a identificar retrocesos preocupantes. La reciente renuncia del vice ministro de Interculturalidad, Iván Lanegra y su equipo, es uno de los tantos indicadores de la falta de voluntad política del Gobierno y de un proceso que peligrosamente se ha estancado desde hace un buen tiempo.
Las discrepancias siguen trascendiendo pese a que algunos funcionarios del gobierno intentan negarlas. En su última presentación televisiva, el presidente peruano señaló que «en la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria», marcando así distancia de la base de datos de pueblos indígenas que todavía no ha sido publicada y que incluiría a comunidades aymaras y quechuas de Apurímac, Ancash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se ubican los principales proyectos mineros. De esta manera, el presidente Humala respaldaba públicamente la posición del Ministerio de Energía y Minas.
Esta nueva interpretación de lo que se entiende como pueblo indígena contradice lo que señala el propio Convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un despropósito borrar del mapa de las poblaciones que tienen derecho a la consulta previa a las más de seis mil comunidades campesinas reconocidas por el propio Estado peruano. Como lo ha señalado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el Perú existen pueblos indígenas no sólo en la Amazonía, también en zonas andinas y de la Costa.
Por lo tanto, más allá de la etiqueta jurídica que el Estado peruano les asigne, comunidades indígenas, luego campesinas y nativas, rondas, etc., éstas tienen el derecho vigente, fundamentalmente en base a la autoidentificación y a los criterios objetivos que establecen el propio convenio 169 y la ley, y que deben ser evaluados en cada caso: descendencia directa de las poblaciones originarias; estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente ocupan; instituciones sociales y costumbres propias; patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional (artículo 7).
El ministro del Ambiente ha señalado que no habrá marcha atrás en el tema de la consulta y por otro lado el ministro de Cultura ha declarado que ya no se publicará la base de datos de pueblos indígenas, pese a que ya ha sido elaborada y que se trabajará a pedido. Lo cierto es que se ha generado un gran desconcierto con los aplazamientos, las renuncias y las marchas y contramarchas.
Sería un tremendo error retroceder en un tema crucial para el país. La consulta previa es un instrumento que deberá ayudar a canalizar los conflictos por vías institucionales, pacíficas y democráticas, sin que esto quiera decir que sea el remedio milagroso que terminará con todos los conflictos. No es cierto lo que dice un ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que la ley de consulta es una «bomba de tiempo» y que paralizará todas las inversiones. Al contrario, los conflictos han aumentado en el país en la última década, entre otros aspectos, precisamente por la ausencia de mecanismos de consulta y de participación ciudadana.
Un país serio tiene que cumplir con los convenios internacionales que firma, con sus compromisos y sus leyes. Eso es bueno para todos, incluso para los inversionistas. Seguir retrasando la implementación de la ley de consulta o implementarla con bajos estándares, excluyendo por ejemplo a poblaciones que tienen pleno derecho, provocará un efecto negativo a la imagen del país y mayores conflictos.