Perú

La cara amarga del oro

Por Antonio Cerillo
Marco Arana, un sacerdote ecologista candidato a la presidencia de Perú, denuncia la contaminación por cianuro de la minas a cielo abierto en su país. La extracción del oro tiene su cara amarga. La explotación de minerales en minas a cielo abierto está siendo cada vez más cuestionada. El empleo de cianuro mezclado con agua para lavar las tierras y destilar el oro está provocando la contaminación por metales pesados de las aguas subterráneas y los ríos en la provincia de Cajamarca, en los Andes peruanos.

Pero éste es sólo un ejemplo de los problemas que ocasiona la minería a cielo abierto. Así lo indica Marco Arana, un popular sacerdote ecologista peruano candidato a la presidencia de Perú. Arana lleva años denunciando los impactos de la explotación de la mina de Yanacocha a 800 km al noreste de Lima, en la explotación de oro más grande de Sudamérica.


Un trágico accidente

La mina de Yanacocha se ha hizo lamentablemente famosa a raíz del trágico vertido de mercurio (un subproducto secundario extraído de la mina) registrado hace 10 años. El derrame de 150 kilos de mercurio que era transprrtado en camión provocó 1.100 intoxicados en Choropamba, una pequeña localidad a proximadamente 730 kilómetros de Lima. El suceso ocurrió el 1 de junio del 2000, pero todavía hay personas afectadas: vecinos que acudieron a recoger el mercurio con sus manos. Casos de ceguera, pérdida de memoria y otros extraños casos de afecciones renales, oculares y casos del extraño síndrome de Guillain Barré son las secuelas para la población afectada. Arana admite que ha mejorado la seguridad en los transporte de mercurio, pero considera intrínsecamente peligroso el uso de cianuro en las minas, como se vio en el derrame provocado en julio del 2006 Rumanía, que contaminó el Danubio. La empresa Newmont dice, en cambio, en su web que «cumple sistemáticamente con las leyes y reglamentos en temas de cuidado del medio ambiente».

Arana visitó recientemente Barcelona para impartir una conferencia en el Museu Marítim, en donde dejó oír su voz serena y rotunda. «Los proyectos de minería a cielo abierto son hidrocidas, pues generan falta de agua por un lado y contaminación por otro; y a la vez están relacionados con la corrupción, expropiaciones injustas y fraudes en los títulos de propiedad», explica Marco Arana.

En este tipo de minería a cielo abierto, las tierras apiladas son lavadas (con tuberías, riego por aspersión….) mediante una solución de agua y cianuro que permite capturar (atrapar) el oro y otros minerales disueltos en la tierra, de forma que el caudal es transportado hasta tanques para la posterior separación y procesado.

Los impactos ambientales se originan tanto por el movilización de las tierras extraídas como en su depósito (donde son lavadas) así como en los vertidos procedentes de las plantas de tratamiento de aguas.

Fugas de cianuro, alteración de la calidad de las aguas, unos niveles de mercurio en peces por encima de los aceptables y cíclicos períodos de mortandad de las truchas son algunas de las consecuencias de esta minería, dice Arana. Por esta razón, la zona ha resultado contaminada por metales pesados, peligrosos para la salud.

Un primer impacto se debe a los tajos abiertos en la montaña con los que se destruyen las lagunas bajo las cuales se esconde el oro. Ahí se rompe el ciclo hídrico, básico para la vida de las comunidades campesinos. Las fuentes y manantiales se interrumpen. En unos sitios dejan de manar, y aparecen en otros, mientras que las aguas que entran en contacto con la superficie se oxidan y las aguas se vuelven ácidas.

El primer gran foco de contaminación propiamente dicho se produce con la filtración de cianuro bajos las tierras apiladas, dice Arana. La empresa de la mina de Yanacocha (Newmont) ha colocado previamente membranas teóricamente impermeables; «pero disponemos de estudios que demuestran que, dada la magnitud de estas pilas de tierras y su resistencia limitada, se producen fugas y percolaciones en el subsuelo», afirma el sacerdote verde Las filtraciones de cianuros «en la aguas subterráneas explican los procesos de cambios de calidad química de las aguas y su contaminación», dice Marco Arana.

Arana relata que «de vez en cuando, nos avisan de que 50 kilómetros más abajo hay comunidades locales que se quejan de que los animales no bien el agua, o nos llegan noticias de que se mueren las truchas».

La empresa propietaria de la mina intenta reducir esas fugas subterráneas por la cuenta que le trae; pero en cambio no puede evitar un segundo foco de contaminación derivado de las descargas de agua con cianuros y otros metales desde las plantas de tratamiento (inevitables, pues no todas la aguas usadas pueden ser siempre volver al circuito cerrado). Y, aunque los tratamientos de agua han mejorado, según admite Arana, en el proceso se añade cloro para degradar el cianuro, lo que puede ser el origen de las quejas de campesinos, que han denunciado las molestias del exceso de cloro. «Se vuelven los ojos rojos, aparecen ronchas en la piel».

Arana quiere prevenir los impactos que en el futuro pueden ocasionar los vertidos de metales pesados sobre los ríos. «El conjunto de impactos es muy amplio y no están suficientemente monitorizados», dice, preocupado por el futuro de las aguas de Cajamarca, una población de 170.000 habitantes. «Se han muerto las truchas, el ganado no quiere el agua, y la gente se queja de dolores de estómago y alergias», dice el sacerdote.

Arana denuncia la falta de controles oficiales, y el hecho de que la Administración carece de capacidad técnica o coordinación para poder controlar todos estos riesgos. Para él y su ONG (Grifides) una prueba concluyente dede todo lo que está pasando es decisión de ampliar el grosor de las membranas de impermeabilización en los nuevos proyectos mineros.

«Queremos saber qué está pasando realmente, porque los datos del Gobierno son casi secretos, o no son suficientes o se dispone sólo de los datos oficiales de la empresa», agrega, antes de reclamar un modelo de desarrollo «alternativo, que plantee la justicia social de la mano de la justicia ecológica y que dé entrada a otros sectores, como la biotecnología, el turismo o un nueva agricultura». «Debemos poner fecha de caducidad a estos proyectos; remediar sus daños y prohibir el uso de cianuro en las minerías, como ha acordado el Parlamento europeo o Costa Rica», dice el sacerdote.