El Gobierno comenzó a investigar si las grandes mineras que operan en la Argentina para extraer oro, plata y cobre están triangulando exportaciones para evadir el pago de ganancias. La operatoria les permitiría, además, evitar la obligación de liquidar en el país la totalidad de las divisas provenientes de las ventas al exterior, como lo estableció un decreto de fines de octubre del 2011 (1). Se trata de unos u$s6.000 millones anuales, que permiten compensar lo que se paga por importaciones para cubrir el déficit energético.
La triangulación que se investiga se realizaría vía Suiza, donde un traider de los mismos grupos económicos involucrados en la transferencia factura la mercadería comprada, pero el mineral se enviaría por barco a China o a la India. «La exportación es por 97, pero en Suiza se refactura por 100. Eso permite pagar menos impuestos en Suiza y, al mismo tiempo, dejar la diferencia de divisas en el exterior», señaló una fuente oficial que conoce el curso de la investigación que lleva adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La operatoria –indicaron en la administración central– es similar a la que instrumentan grupos concentrados en el sector petrolero y exportadores de granos. Según los datos que manejan los investigadores, la triangulación de exportaciones corresponde en un 60% a las cerealeras, 15% a petroleras y 15% a mineras. En todos los casos se trata de grandes empresas, que integran la cúpula de las quinientas mayores firmas que operan en el país, que en su amplia mayoría son extranjeras.
Los casos que tienen mayor grado de avance son los de las cerealeras, que desde hace dos años investiga la AFIP. Por ese motivo, esta semana el organismo volvió a suspender a Bunge del registro de exportadores de cereales. Fue después de que la Justicia no hiciera lugar a un recurso de amparo presentado por la multinacional, que está acusada de evasión fiscal. Además, existen otras tres cerealeras bajo análisis por la misma causa: Molinos, Cargill y Vicentín, indicaron fuentes oficiales.
«Hasta ahora no hay judicializado ningún caso de mineras, pero se solicitó información a varios paraísos fiscales», señalaron las fuentes consultadas, y explicaron que determinar la situación de cada una de las multinacionales investigadas podría llevar hasta dos años. Ése fue el plazo que llevó determinar la situación de algunas cerealeras.
En forma paralela a la investigación tributaria, el equipo económico que encabeza Axel Kicillof mantiene en estudio la situación del sector minero. Lo que está en discusión es si se pueden o no realizar cambios en la estructura tributaria para captar parte de la renta diferencial que generan la explotación y exportación de oro, plata y cobre. Se trata de un sector extremadamente complejo y heterogéneo que aprovechó como pocos el impulso que tuvieron los precios internacionales de los metales en los últimos años.
El tema genera, además de preocupación entre las principales operadoras mineras, tensiones hacia adentro del oficialismo: no todos están de acuerdo en modificar el esquema actual que se trazó durante los ’90 y que permitió un desarrollo acelerado del sector. Pero entre los empresarios de las grandes empresas –todas de capitales extranjeros– hace tiempo que están evaluando la posibilidad de que se cambie el esquema tributario. Varios de ellos aceptarían «perder algunos puntos de rentabilidad para trabajar sin conflicto», reconocieron a BAE. Otros ya plantearon críticas a varias medidas económicas.
Anticipándose a esta discusión, desde el año pasado las mineras hacen circular un trabajo elaborado por la consultora de negocios Abeceb, donde se detalla que la carga tributaria nacional, antes del pago de impuestos, es del 44,3% para las extractoras de oro y plata, y del 49,9% para cobre y otros metales. Pero un trabajo del investigador de Flacso y Conicet Federico Basualdo tiene otros cálculos: las mineras que extraen oro en la Argentina se apropian del 82,3% de la renta diferencial y las que exportan cobre se quedan con el 55,2% de ese concepto.
Pero más allá de la discusión tributaria, que no termina de saldarse en el oficialismo, el Gobierno dio muestras en los últimos meses del respaldo político al sector: en medio de los conflictos sociales en Famatina contra la apertura de un nuevo yacimiento conformó la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que empoderó más a las provincias y generó un ámbito de discusión con las empresas. Esa decisión la suele levantar el secretario de Minería, Jorge Mayoral, ante cualquier queja de los representantes de las multinacionales y completa: «La minería es una actividad que llegó para quedarse».
Por la distorsión del mercado de divisas
La obligatoriedad de liquidar en el país «la totalidad de las divisas» para productoras de hidrocarburos y empresas mineras fue restituida en octubre del año pasado (1). La decisión restableció el primer artículo del decreto 2.581 del 10 de abril de 1964, que lleva la firma del entonces presidente Arturo Íllia.
Ese decreto alcanza a las «empresas productoras de petróleos crudos o de sus derivados, gas natural y gases licuados y de empresas que tengan por objeto el desarrollo de emprendimientos mineros».
Allí se fundamentó en la necesidad de dictar medidas tendientes a evitar la distorsión del mercado de divisas, pero el texto que entró en vigencia el 26 de octubre pasado planteó, además, la necesidad de terminar con un régimen diferencial que se aplica sólo a dos sectores en toda la economía: hidrocarburos y minería.
La posible evasión de las mineras, entrevista
El periodista Pablo Waisberg habló en La Tijereta sobre la investigación de AFIP por posible evasión impositiva de las empresas megamineras. Sin embargo, Waisberg detalló que el control más avanzado está centrado en las cerealeras, que desde hace dos años investiga la entidad. Tras aclarar que el minero es un sector que cuenta con el respaldo del gobierno nacional, explicó cómo investigan administrativamente a las multinacionales que operan en la Argentina (extrayendo oro, plata y cobre) para triangular exportaciones y evadir así el pago de ganancias.
Escuchá el Extracto de la nota a Pablo Waisberg
(1) Nota de la redacción: En el marco de las medidas cambiarias establecidas en abril de 2012 y a pedido de las propias empresas mineras, el Gobierno extendió a las grandes empresas mineras el plazo para que liquiden exportaciones en el sistema financiero local. El lapso pasó de 30 a 120 días. Ver Mega mineras festejan otra concesión del gobierno