San José, (EFE).- La mina Las Crucitas, un polémico proyecto para la extracción de oro a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica, está «condenada a pasar muchos años en los estrados judiciales» del país, debido a la fuerte oposición que hay para su operación, admitió hoy su propietaria, Industrias Infinito.
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En una entrevista con corresponsales extranjeros, el gerente de la firma en Costa Rica, Juan Carlos Obando, explicó que, aunque el proyecto se encuentra actualmente en la etapa final de un juicio en el Tribunal contencioso administrativo, la batalla legal para poder extraer el oro es aún larga.
Industrias Infinito, filial de la canadiense Vanessa Ventures, inició la exploración en la zona de las Crucitas en 1995, y cuenta con todos los permisos necesarios para operar, pero no ha podido hacerlo debido a los múltiples recursos legales a los que han acudido grupos ambientalistas opositores al proyecto.
Hasta ahora, de acuerdo con Obando, la empresa ha invertido 127 millones de dólares en el país y no ha podido extraer ni una de las 1,2 millones de onzas de oro para las cuales recibió una concesión de diez años por parte del Estado.
Las Crucitas recibió en abril pasado el visto bueno de la Sala Constitucional, máximo órgano jurídico costarricense, que rechazó 19 recursos de amparo en contra de la mina, y aseguró que tiene todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.
No obstante, enfrenta actualmente un juicio, el cual, según Obando, están convenidos de ganar, pero también saben que los ambientalistas presentarán una apelación.
La estimación de la empresa es que los litigios en tribunales consumirán al menos tres años más.
Hasta ahora, la mina no ha podido construirse, pues las medidas cautelares del juicio en el Tribunal contencioso administrativo lo han impedido.
No obstante, si obtienen una sentencia favorable el próximo 6 de diciembre, Obando indicó que esperan iniciar el próximo mes la construcción de la planta de procesamiento, que estaría lista a inicios del 2012.
En total, Crucitas espera construir dos tajos de 50 hectáreas, de donde sacarán el oro, pero la mayoría de la población, liderada por organizaciones ambientalistas, se opone rotundamente a la mina por el uso de cianuro y la tala de árboles que conlleva, en una zona que consideran ecológicamente frágil.
Marchas, manifestaciones y hasta huelgas de hambre se han realizado para combatir el proyecto en los últimos meses.
Incluso esta semana el Congreso aprobó una reforma al Código de Minería para prohibir en el país, a futuro, la minería metálica a cielo abierto.
De acuerdo con Obando, la oposición a Crucitas no obedece a una real conciencia ambiental, sino simplemente a una posición «político-ideológica en un país polarizado entre una centro izquierda y una centro derecha».
«Para cierto sector somos el estandarte del modelo imperialista», admitió.
En caso de que la mina no pueda construirse, Industrias Infinito demandaría al Estado costarricense, que debería acudir a un panel arbitral y podría verse obligado a indemnizar a la empresa con hasta 1.500 millones de dólares, según estimaciones de la compañía.