Toronto – Las indígenas guatemaltecas que acusan de negligencia a la firma Hudbay Minerals ante la supuesta violación sufrida en 2007 a manos de personal de seguridad de la empresa esperan que la Justicia canadiense desestime este viernes la petición de la compañía minera en contra de su demanda.
Se trata de un caso histórico en este país, pues la demanda es la primera que aceptan los tribunales de Canadá por las presuntas acciones de una empresa nacional en el extranjero, un caso que los activistas defensores de los derechos humanos consideran «la punta del iceberg».
Hudbay Minerals, que ha dejado de operar en Guatemala, rechaza todas las acusaciones y asegura que «se defenderá con fuerza» en los tribunales.
Los hechos se remontan a 2006 cuando los indígenas quechí empezaron a protestar contra las actividades de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN) en la mina Fénix, en la comunidad de El Estor, a orillas del lago Izabal y a unas cinco horas y media por carretera de la ciudad de Guatemala.
En 2007, poco antes de que CGN fuese incorporada a Hudbay Minerals como parte de la compra de otra compañía, Skye Resources, soldados, policías y personal de seguridad de la mina que participaron en el desalojo de manifestantes fueron acusados por once mujeres indígenas de violación.
Y en 2009, tras la adquisición de CGN por Hudbay Minerals, el líder comunitario Adolfo Ich Chamán fue asesinado mientras en un ataque diferente otro activista, Germán Chub, fue tiroteado, resultó gravemente herido y perdió la movilidad en sus piernas.
ACUSACIONES DE ABUSOS
La familias han acusado al personal de CGN del asesinato de Ich y del tiroteo contra Chub y han presentado en los tribunales canadienses tres demandas contra Hudbay Minerals por negligencia por las violaciones, la muerte de Ich y el atentado contra Chub.
Las tres demandas son parte de una causa general y ahora Hudbay quiere que el caso de las violaciones sea rechazado por los tribunales.
«Hudbay cree que estas acusaciones no son ciertas y que serán resueltas en nuestro favor en el juicio. En 2014, retiramos la moción para que las demandas sean juzgadas en Guatemala. Hudbay está satisfecha de que los tribunales de Ontario (Canadá) dicten la sentencia», ha señalado la compañía.
Grahame Russell, un defensor de los derechos humanos y fundador de la organización Rights Action, declaró a Efe que la decisión de Hudbay de solicitar ahora, nueve años después de que el caso llegase a los tribunales, la eliminación de la demanda de las violaciones «es increíble».
«El problema es que los 20.000 documentos internos que Hudbay tuvo que entregar a los abogados revelan que la compañía CGN pagaba cientos de miles de dólares en efectivo a los soldados y los policía para participar en la planificación y ejecución de los desalojos», declaró.
TÁCTICAS DILATORIAS
«A mi juicio, es increíble que gasten más de un año de nuestro tiempo y dinero con este argumento. Legalmente tienen el derecho, pero en mi opinión es una táctica dilatoria, especialmente cuando tenemos sus documentos internos. Los pagos no son alegaciones, está probado por sus propios documentos», añadió.
A la vista de hoy en Toronto, y en representación de las once mujeres que acusan de violación al personal de seguridad, ha acudido Angélica Choc, viuda de Ich.
«Ya llevamos diez años en esta búsqueda de justicia. Hemos caminado un camino tan largo, con tantos obstáculos, pero aquí estoy presente nuevamente porque estoy esperando justicia por los daños que se nos ha causado», dijo a Efe.
«Lo que espero es que el tribunal en Canadá escuche nuestras voces. Está tardando para una respuesta. Ojalá nos den una respuesta lo más pronto. Que se haga justicia es lo que queremos», continuó.
Choc añadió que el único recurso que les quedá es la justicia canadiense porque las autoridades guatemaltecas nunca les han defendido.
«El Estado guatemalteco no nos da la seguridad que deberíamos tener como ciudadanos guatemaltecos. Y el estado de sitio que ya llevamos desde hace dos meses nos recuerda mucho lo que pasó en el conflicto armado en los años 80. Ellos apoyan más las empresas que nuestros derechos como comunidades legítimas», explicó.
Choc se refería al estado de sitio decretado en varios municipios del este del país para combatir una supuesta proliferación del narcotráfico y que ha motivado la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Guatemala de la ONU.
PUNTA DEL ICEBERG
Russell, que a través de Rights Action está proporcionando asistencia a los quechí de la zona de El Estor, lo consideró «la punta del iceberg» porque «es el primer caso, pero ojalá que en 5-10 años haya cientos de demandas en los tribunales canadienses tratando de responsabilizar a nuestras compañías de los delitos que cometen en otras jurisdicciones».
Por su parte, Choc declaró que, a pesar de los retrasos y tácticas dilatorias, tanto ella como las otras demandantes aguantarán lo que haga falta.
«Estoy muy tranquila, a mi no me han podido callar la voz. Sigo trabajando para defender nuestros derechos y territorio. Me duele mucho traer el mensaje de mis hermanas porque lo que ellas vivieron duele mucho. Y a uno le enojan cuando no son escuchados y tomados en cuenta. Ojalá tengamos algo positivo para el día de mañana. Aquí nosotros seguimos caminando siempre», concluyó. EFE