15 de abril de 2016, se ha dictado sentencia para los dos acusados, trabajadores mineros de la empresa minera china Ecuacorriente SA, por el asesinato del líder shuar antiminero José Tendetza. El Tribunal de Garantías Penales de Zamora, declaró la inocencia de los dos imputados en el asesinato de José Tendetza.
El asesinato de José Tendetza continúa impune y el Estado ecuatoriano ahora más que nunca tiene una responsabilidad esencial en la resolución de tan terrible crimen contra un defensor de derechos humanos y de la naturaleza.
Son múltiples las irregularidades que se han dado en el caso a lo largo de todo el proceso, tanto por acción como por omisión. La familia de José Tendetza, así como las organizaciones sociales presentamos nuestra disconformidad en la manera en que se ha procedido por parte de las autoridades públicas ecuatorianas a llevar el caso.
Los jueces han dictaminado que no existen indicios de responsabilidad de los procesados, a pesar de las múltiples evidencias que fueron justificadas para la imputación penal de los sospechosos. Se han omitido declaraciones testimoniales claves. Así mismo de especial relevancia es que tampoco se ha tenido en cuenta el registro de llamadas emitido por la operadora de telefonía Claro y el informe pericial que confirmaba la ubicación de los sospechosos en el lugar del asesinato así como la llamada de uno de los sospechosos a un testigo, anunciando la muerte de José Tendetza, días antes de la aparición del cuerpo, a pesar de que el sospechoso no desmintió que se realizó esa llamada. Claro, por motivos hasta ahora incomprensibles, retiró estas pruebas aduciendo un error. Lo que ameritaría una correcta investigación de lo que ocurrió para que la operadora de telefonía Claro retire las pruebas fundamentales para el esclarecimiento del caso y que permitieron, supuestamente, la detención de los sospechosos.
Durante el juicio se han emitido falsos testimonios por parte de familiares de los acusados que han sido demostrados y sin embargo el Tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.
Existe una falta de investigación a profundidad durante el proceso de instrucción fiscal, no se ha procedido a investigar de manera adecuada y por tanto no ha existido un esclarecimiento de los hechos. Si bien los informes aportados a pedido de la Fiscalía General del Estado, como el peritaje psicológico y social post-mortem, dan cuenta de posibles autores intelectuales, así como el carácter violento de uno de los acusados, estos documentos no han sido utilizados para establecer la responsabilidad de los procesados.
Desde Acción Ecológica y el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, denunciamos que no se han llevado a cabo los estándares establecidos por organismos internacionales, para graves violaciones de derechos humanos, como es el caso de José Tendetza.
La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha indicado que cuando es asesinado un defensor o defensora de derechos humanos lo primero que deben hacer las autoridades es investigar los intereses que albergaba esa persona, las luchas en los que estaban inmersos. Es preciso develar tanto la autoría material como la intelectual”
Cabe preguntarse, por tanto, por qué no se ha procedido a abrir investigaciones que permitan esclarecer si hubieron o no vinculaciones de la empresa Ecuacorriente SA con el asesinato, máxime cuando han sido dos de sus trabajadores los únicos detenidos hasta el momento, como presuntos asesinos de José Tendetza.
La impunidad de este caso, tal como denuncia la CIDH “fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y defensores, debido a que genera la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin obtener castigo” y llama a los Estados a que se emprendan investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por defensoras y defensores, así como la sanción a sus autores para prevenir la ocurrencia de estos hechos. También la CIDH hace un llamado para “fortalecer sus mecanismos de administración de justicia y garantizar su independencia, condición necesaria para el cumplimiento de su función de investigar, procesar y sancionar a quienes atentan contra los derechos humanos”.
Desde el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial y Acción Ecológica manifestamos nuestra profunda decepción respecto a la obligación de Estado ecuatoriano de investigar de manera oportuna y eficaz, denunciamos contundentemente la impunidad en la que se encuentra el asesinato de José Tendetza, sentando un terrible precedente en el país, y exigimos una adecuada investigación y aclaración de los hechos de manera inmediata.
Para más información puede consultar el informe del caso José Tendetza https://accionpsicosocial.files.wordpress.com/2016/04/informe-caso-josc3a9-tendetza.pdf Para más información: mineria@accionecologica/[email protected] Teléfono: (02) 3211 103
Fuente: http://www.accionecologica.org/component/content/article/1924-2016-04-16-03-54-57