Perú

Proyecto de Aramayo le abre la puerta a la trata y a la explotación infantil

Si se excluye a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado, tal como pretende el fujimorismo mediante el proyecto de ley N° 1095, se cedería posición ante el incumplimiento de normas ambientales, explotación infantil, trata de personas, evasión tributaria, entre otras situaciones que lindan con lo penal.

Así lo advirtió el experto en temas mineros, Rómulo Mucho, quien añadió que también se restaría importancia a los avances significativos alcanzados en la materia, sobre todo en las minas auríferas de la selva, donde se han conformado cooperativas y asociaciones para emprender el camino a la formalización.

“Es un tema muy delicado, todos somos peruanos, y al igual que en el resto de actividades económicas, en la minería la informalidad campea, pero lo ilegal es ilegal y no se puede admitir porque invade áreas reservadas”, comentó.

En la justificación del proyecto de ley 1095-2016, presentado por la congresista Alejandra Aramayo, se menciona que el Ejecutivo no ayudaba en el proceso de formalización minera, sin embargo, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, consideró que “están mal informados”.

“Los mineros formalizables difícilmente van a caer en el caso de minería ilegal y los mineros ilegales de ninguna manera van a poder ser formalizados”, indicó.

Solano también explicó por qué la minería ilegal tiene las características de crimen organizado.

“Hay mafias, hay una cantidad de dinero impresionante, mayor que el del narcotráfico, hay trata de personas, hay formas de esclavitud. Tiene todos los atributos del crimen organizado”, sostuvo.

Añadió que los motivos por los cuales no ha avanzado la formalización no tienen nada que ver con la criminalidad de los mineros ilegales.

Son delitos

El ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave explicó que el 28 de febrero de 2012 se publicó el Decreto Legislativo N° 1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal.

El artículo 307°-A del mencionado Decreto especifica que el delito de minería ilegal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años al que realice actividad de exploración, extracción o explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause daño al ambiente, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que en su artículo 2 diferencia a la minería informal de la ilegal, definiéndola como la actividad que se realiza en zonas no prohibidas.

Se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

“Por lo tanto, cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista pretenden seguir confundiendo?”, dijo el economista de Cooperación.

Recordó que en plena campaña electoral del 2016, Keiko Fujimori firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, en Puno, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera.

Fue la Federación Minera de Madre de Dios el único gremio que mostró su posición favorable al Proyecto de Ley.

En comunicado, reclamaron que la actual ley de formalización no ha permitido integrarlos a la legalidad, ya que en los cinco años de vigencia solo logró formalizar a 115 de los 72 mil mineros que se inscribieron con ese fin.

Cabe indicar que La República se intentó comunicar con la congresista Alejandra Aramayo sin éxito. Sus asesores indicaron que quizá el lunes podríamos recoger su versión del tema.

Una actividad altamente rentable

En 2016, las organizaciones criminales en Perú ganaron US$ 2.6 millones por la producción y venta de oro obtenido de forma ilegal; mientras que las redes dedicadas al narcotráfico tuvieron rentabilidad de hasta US$ 1.000 millones, según cifras de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.
La subdirectora de la INL, Heidi Gómez, dijo que el avance de la minería ilegal y su alta rentabilidad, lamentablemente, ayudan a financiar a las redes criminales, generando un círculo vicioso.

 

 

 

Cabe destacar que en febrero de este año, los gobiernos de Perú y Estados Unidos firmaron un acuerdo de entendimiento para combatir la minería ilegal.
 Entre las actividades para enfrentar el problema se prevé cómo promover el oro sostenible, puesto que el 28% de la producción total de oro en el país tiene procedencia ilegal.
Devastación. La denominada «pampa», en Madre de dios, donde miles de hectáreas fueron arrasadas por la codicia de la minería ilegal.

La clave

Si bien no hay cifras oficiales del número de hectáreas invadidas por la minería ilegal, se estima que hay unas 25 millones de hectáreas en manos de mineros informales e ilegales. Están presentes sobre todo en Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, regiones que albergarían 60% del total.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/economia/873097-proyecto-de-aramayo-le-abre-la-puerta-la-trata-y-la-explotacion-infantil