Angélica Enciso L. | jueves, 28 feb 2019
Durante la presentación de resultados de la investigación financiada por la British Academy con apoyo de la Fundación Heinrich Böll y CartoCrítica. Imagen @valguarn
En el país se han identificado 879 conflictos socioambientales a causa de proyectos mineros y energéticos. Los hechos más violentos reportados en relación con la minería corresponden a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Puebla. Mientras que en relación con la gasoductos están Puebla, Tlaxcala y Morelos.
En el proyecto Conversando con Goliat, coordinado por Montfort University con financiamiento de British Academy y apoyo de la Fundación Heinrich Böll y CartoCrítica, se encontraron 304 proyectos, en los cuales se presentaron 879 hechos conflictivos. Esto indica que por cada proyecto se presentan varios conflictos, y en los que se presentan más es en los de gasoductos, con cinco en promedio, mientras que en la minería ocurren 2.7.
En la base de datos se identifican las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas, así como el papel de los mecanismos de participación, como la consulta previa, las consultas públicas y las asambleas ejidales y comunales.También reveló que las comunidades que se oponen a un megaproyecto generalmente recurren a juicios y recursos de amparo, combinado con toma de instalaciones, oficinas públicas o empresas.
Por otro lado, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en un análisis planteó que la normatividad minera se debe modificar, ya que durante los últimos años en territorio nacional se ha dado un auge en las actividades de exploración, extracción y beneficio minero, debido a la desregulación del sector.
En un análisis señaló que los proyectos mineros se han impuesto en contraposición con los intereses y aspiraciones de desarrollo de las comunidades rurales que habitan los territorios, dejan irreversibles afectaciones en ecosistemas, cuencas, orografía, clima, suelos, sistemas económico-culturales y derechos.
Recordó que la Ley Minera vigente fue decretada en 1992, al mismo tiempo que se daba el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y permite que capitales trasnacionales obtengan concesiones para realizar actividades mineras, siempre que lo soliciten a través de una filial registrada en México.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/28/identificados-879-conflictos-socioambientales-a-causa-de-proyectos-mineros-2515.html