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Chile

Hidroaysén: ¿un síndrome político chileno?

ch_aysen_rio_backer12015 de Mayo de 2011
A pesar de que Hidroaysén ha sido lanzado con una gigantesca propaganda, las encuestadoras dan un 61% de desaprobación a su puesta en práctica. Las movilizaciones en el Sur de Chile no han cesado después de la aprobación del proyecto. Estudiantes, grupos ecologistas, religiosos, intelectuales, así como campesinos y sectores de la población mapuche, se manifiestan en su contra.

1. Como una gran cantidad de lectores no son chilenos será conveniente comenzar este análisis con una sumaria presentación de algunos hechos.

Hidroaysén es un mega-proyecto que plantea la construcción y puesta en práctica de cinco centrales hidroeléctricas en la región sureña de Aysén, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, y su principal objetivo será trazar una línea que transportará energía desde la región de Aysén hasta Santiago. El complejo tendrá una potencia instalada de 2.750 MW y una capacidad de 18.430 GWH de energía media anual y el costo de estimación es US $3.200 millones. El proyecto cubrirá una demanda del 21% de la demanda del SIC (Sistema Interconectado Central). La administración estará a cargo de un «duopolio» constituido por las dos más grandes empresas generadoras de energía eléctrica del país, ENDESA y Colbún.

El día 9 de mayo del 2011 el proyecto fue aprobado mediante un procedimiento extremadamente autoritario, desatendiendose así todas las críticas que ha traído consigo su implementación. Se trata, en fin, de uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos de los muchos que han tenido lugar en América Latina. Y si bien sus orígenes hay que encontrarlos en los planes de los gobiernos de la Concertación, el gobierno Piñera pasará a la historia como el fundador de Hidroaysén.

Sin embargo, ni la Concertación ni Piñera esperaban el enorme grado de oposición que ha traído consigo Hidroaysén. A pesar de que Hidroaysén ha sido lanzado con una gigantesca propaganda, las encuestas dan un 61% de desaprobación a su construcción. Más aún: las movilizaciones en el sur de Chile no han cesado después de su aprobación y estudiantes, grupos ecologistas, religiosos, intelectuales, así como campesinos y sectores de la población mapuche, se manifiestan en contra. A ellos se han sumado algunos personajes de la oposición quienes pese a haber tenido una actitud favorable al proyecto durante el reciente pasado, no escabullen la posibilidad de obtener capitales electorales. «Fiesta de disfraces» fue el término utilizado por el popular comentarista Tomás Mosciatti (Radio BíoBío) para referirse a los políticos neo-ecológicos provenientes de la Concertación.

El mismo Tomás Mosciatti ha presentado en su programa radial cinco razones por las cuales no debe ser aceptado el proyecto. Son las siguientes:

1) Su aprobación no fue democrática

2) No hay una política social adicional al proyecto

3) No hay autoridades gubernamentales competentes en materia energética y mucho menos en política ambiental

4) La mayoría de los informes técnicos dejan deducir que no hay ninguna urgencia que haga necesario su implementación y

5) No es integral, creándose así un desnivel energético a lo largo del país.

Los personeros del gobierno de Piñera, como también algunos representantes de la oposición, han rebatido los argumentos de los grupos anti- proyecto con argumentaciones puramente económicas demostrando una vez más que de materias medioambientales no tienen la menor idea. El principal argumento es que la producción hidroeléctrica resulta más barata que generar energía eólica o térmica. En términos mercantiles tienen quizás razón. El problema es que los criterios que usa la Ecología Política para definir lo que es caro o barato son muy diferentes a los de la Economía «pura».

De acuerdo a criterios ecológicos, el valor de un producto no está determinado por los costos inmediatos sino, primero, por su proyección en el tiempo; segundo, por el costo social que implica su elaboración y, tercero, por el nivel de desgaste de la naturaleza. De este modo, algo que es «caro» puede resultar desde un punto de vista ecológico más «barato» aunque su precio sea más alto. También ocurre así a la inversa. Pongamos un ejemplo: en Alemania, frente al clamor de la población después de la desgracia de Fukushima, el gobierno se ha visto en la obligación de acelerar el desmantelamiento de diversos reactores atómicos, hecho que en términos puramente monetarios –ni hablemos de los sociales- costará mucho más que lo que se gastó en su producción.

Desde un punto de vista de la Economía «pura» la producción de energía atómica ha resultado un fiasco. ¿Quién dice que no ocurrirá lo mismo con las grandes represas hidroeléctricas? No nos olvidemos que el campeón mundial en dichas materias fue el Brasil de los generales y precisamente bajo el «milagro económico» que tuvo lugar durante el gobierno de Lula, las faraónicas represas comenzaron a ser reemplazadas por formas de producción energética más «amigables». Conociendo a los chilenos no me extrañaría nada que sus políticos estén convencidos que han descubierto la pólvora.

2. Una de las mejores expresiones de la contestación política generada por Hidroaysen se encuentra en una carta dirigida por Max Neef al presidente Sebastián Piñera. Max Neef es académico en la Universidad Austral y, como es sabido, fue galardonado con el premio Nobel de Economía Alternativo el año 1982. Neef, quien en una alocución en Radio Santa María calificara a Hidroaysén como el proyecto «más aberrante y monstruoso de la historia de Chile» ha articulado de un modo discursivo el malestar creciente de la población

En la carta de Neef a Piñera podemos leer lo siguiente:

«¿Imagina usted el infierno de impacto social y cultural que significará para los asentamientos humanos de la región vivir diez o doce años rodeados de megamaquinarias y de miles de trabajadores no locales destruyendo y devastando su entorno, su cotidianeidad, sus costumbres y su tranquilidad familiar?

«¿Está usted dispuesto a cargar eso en su conciencia?

«¿Piensa usted que una línea de transmisión de 2.300 kilómetros con torres de 70 metros de altura (equivalentes a edificios de 20 a 25 pisos) cada 400 metros, que, según análisis preliminares basados en peticiones mineras realizadas por y para los interesados, fragmentaría 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas, es algo liviano como para cargas en su conciencia?

«¿Ha pensado usted que una franja de 2.300 kilómetros de largo por 100 metros de ancho para instalar las torres, significan 23.000 hectáreas de total deforestación? Cuatro veces más que las presuntas hectáreas que serán inundadas por las represas ¿En adición a lo anterior, ha reflexionado usted sobre la descomunal destrucción de naturaleza que significará trasladar, desde unos pocos puertos, 5.750 torres de esa magnitud a su lugar de emplazamiento? ¿Vale la pena eso en la conciencia?»

De concretarse la construcción de dicha línea, Chile podrá sentirse «orgulloso» de haber generado la cicatriz más grande del planeta. ¿Cabría tal «orgullo» en su conciencia?

3. Más allá del dramatismo retórico de Max Neef, las manifestaciones en contra de la construcción de Hidroaysén han puesto de manifiesto que el espectro político de Chile no es autosuficiente para atender la suma de las demandas sociales, culturales, y no por último medio-ambientales que genera el «modelo» de desarrollo. Como ha sido ampliamente divulgado, dicho «modelo» se basaba originariamente en dos pilares: diversificación de las exportaciones y disminución del rol económico del Estado. La Concertación, a su vez, agregó un tercero: «economía social de mercado». El gobierno de Sebastián Piñera, por su parte, ha demostrado ser un consecuente seguidor de ese «modelo» el que dado su alto grado de funcionalidad seguirá prevaleciendo hacia el futuro inmediato. Por lo tanto, más allá de divergencias ideológicas lo que está en juego en Chile no es el supuesto «modelo» pero sí su dinámica correctiva, su capacidad para integrar las exclusiones que el mismo genera y, sobre todo, el formato político en donde reposa. Lo más probable entonces es que Hidroaysén terminará imponiendose –son muchos los grandes intereses que están en juego- pero el precio que pagará «la clase política chilena», no será muy bajo. En política, imponer intereses en contra de las mayorías, no es broma.

La formación política chilena no es bi-partidista en el sentido norteamericano del término, pero sí es «bi-frentista». Los frentes en contienda, a su vez, no representan intereses sociales extremos, prevaleciendo el centro como eje regulador de los conflictos. Más aún, e independiente a lo que imaginan los dirigentes políticos chilenos, en Chile tampoco hay una dicotomía entre «la izquierda» y «la derecha» en el sentido como tales denominaciones eran entendidas en el pasado inmediato. En breves palabras, la chilena es una política con un bajísimo nivel de conflicftividad, situación que ocultan sus exponentes mediante el uso de un lenguaje agresivo basado en mútuas descalificaciones personales.

Llevando el razonamiento hacia su expresión extrema, podría afirmarse que los dos frentes no obedecen a ideologías ni a proyectos ni siquiera a intereses divergentes. Parodiando un poco es posible decir que en Chile la mayoría de los políticos son «progresistas». Todos creen en el progreso, imaginan que sin crecimiento económico no hay progreso y que sin grandes proyectos, como el de Hidroaysén, no hay crecimiento económico. La política chilena es, paradojalmente, anti-política. Ese apoliticismo (bajo nivel de conflictividad real) puede ser a la larga peligroso. Ya sabemos por ejemplo lo que está ocurriendo en Perú donde pese a los innegables éxitos económicos de un gobierno economicista, esa nación debe elegir entre dos populismos, los que ocuparon el espacio político abandonado por el propio gobierno.

En Chile hay, al igual que en Perú, diversas demandas sociales sin representación política. Pero además de eso hay demandas que buscan nuevas formas de representación política. Ya la candidatura de Enriquez- Ominami, MEO, sin proponer nada extraordinario concitó una alta votación en las elecciones pasadas sólo porque era algo «nuevo» sin que nadie, más allá de la juventud del candidato pudiese decir en que consistía la novedad. MEO, a su vez, mostrando una falta de originalidad que asusta, ha fundado hoy un partido que se llama «progresista». ¡Otro progresista más en un país tan progresista!

La resistencia a Hidroaysén muestra, en cambio, que hay diversos temas, entre otros los ambientalistas, que no están ocupados políticamente aunque su potencial conflictivo sea enorme. Ese espacio de «demandas sin ofertas» – reitero- puede ser muy peligroso si de pronto es ocupado por un demagogo de turno como ya ha ocurrido en otros países de América Latina. Pero puede ser también una chance si es que de allí surgen nuevas formas que incorporen temas ignorados por la política establecida. Uno de esos temas -sobre todo en países en donde existen todavía proyectos económicos destructivistas, y tal vez Chile es uno de ellos- es el tema ambiental. En algunos países europeos ese tema ha probado ser un excelente articulador de diversas demandas, tanto sociales como culturales. Por supuesto, ello implica correr ciertos riesgos. Pero sin riesgos no hay política. Ni aquí ni en la quebrada del ají.