Una de las propuestas, en el debate sobre la nueva Ley Minera, busca que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se quede con el 55% de las ventas de minerales y que el 45% restante sea para los operadores o contratistas, con lo cual la participación pública o Goverment Take en la renta minera llegará a un 91%.
Si se confirman estos porcentajes, la participación del Estado, que hoy llega al 66,9%, subirá a un 91%, afirman los expertos Dionisio Garzón, Henry Oporto, Jorge Espinoza y Pedro Portugal en la obra Los dilemas de la minería, publicada con el auspicio de la Fundación Vicente Pazos Kanki. En la actualidad no hay una tasa sobre la venta de minerales.
Con las normas en vigencia, los operadores mineros deben pagar un 6% de regalías mineras, un 37,5% Impuesto a las Utilidades, un 12,5% del Impuesto a las Remesas al Exterior y un 2% de otros tributos; adicionalmente, se realizan ajustes por la inflación y la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda. Todo suma un 66,9% de participación estatal o goverment take en la renta minera.
Los mineros medianos, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, la Asociación de Mineros Medianos y el Gobierno debaten desde la anterior semana los impuestos y regalías que incluirá la norma sectorial.
El secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, Francisco Montaño, informó que una de las propuestas consiste en que un 55% de los ingresos por ventas se destine a Comibol. “Actualmente, las participaciones son diferentes, porque se han suscrito contratos con los gobiernos neoliberales; queremos revisar esos contratos para que las empresas privadas le den a Bolivia lo que le pertenece”, dijo el dirigente.
Añadió que, con la nueva norma, Comibol operará en todas las concesiones nacionalizadas luego de 1952, las futuras y las que estén bajo reserva fiscal.
Sin embargo, de quedarse la Comibol con el 55% de las ventas, si suben las regalías e incluso el Impuesto a las Remesas de Dividendos, de 12,5% a 25%, el Government Take llegará a 91%, incluso en operaciones con un costo de 70% de los ingresos.
En el libro Los dilemas de la minería, los expertos afirman que “si éste es el tratamiento tributario que se va a imponer a los operadores privados, será difícil, si no imposible, hallar quién quiera venir a Bolivia a realizar inversiones en la minería”.
El nuevo contrato que Comibol negociaba con Sinchi Wayra contemplaba un 55% de las ventas para el Estado.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), Saturnino Ramos, dijo que su sector, al igual que el de los medianos y el de los cooperativistas, coinciden en no elevar las regalías y mantenerlas entre 5% y 6%, pero el Gobierno quiere ajustes. Resta encontrar un consenso en cuanto a impuestos.