Ana Beatriz Hernández Barquero
Cuando una empresa, unos intereses particulares y unas influencias políticas de personajes reconocidos tratan de pisotear el interés público, la salud humana, la vida misma, además de la democracia, la autonomía y la jurisprudencia de un país, se ha llegado a un punto en el cual reaccionar es un asunto de supervivencia. Afrontamos una de las situaciones más vergonzosas en los últimos 40 años en Costa Rica: la violación a un proceso legal en uno de nuestros Tribunales, y el no haber sepultado aún el Proyecto Minero en Crucitas, un proyecto de minería a cielo abierto saturado de irregularidades e inconsistencias, y promovido por la transnacional canadiense Infinito Gold.
Durante más de 17 años, agrupaciones como el Frente Regional de Oposición a la Minería a Cielo Abierto, Balbina Torres se han enfrentado a este nefasto proyecto. A esta resistencia se han sumado grupos de la sociedad civil como jóvenes de secundaria o amas de casa, y Universidades públicas, que a través de un proceso de concientización e información han sabido leer con claridad las verdades ‘a cielo abierto’.
El 11 de Noviembre de 2011 salió a relucir en la prensa que el borrador de sentencia del controversial caso Crucitas había sido filtrado hacia una de las partes interesadas, precisamente la de la empresa en cuestión. La Sala Primera interpuso la denuncia correspondiente. El exvocero de Industrias Infinito, William Méndez, hizo declaraciones acerca de esta filtración a los medios, y el país entero se volvió testigo de una situación que más bien parece un juego de mesa, con trampa incluida. Al menos eso preferiríamos que fuera. La empresa Infinito Gold, y unas autoridades que al parecer le son afines, violentaron los Tribunales, es decir, amenazaron la convivencia democrática y el sistema legal costarricenses.
La empresa, en un intento desesperado por rescatar una situación que fue evidenciada ante los medios masivos, intentó recusar a los Magistrados de la Sala Primera de un crimen que evidentemente ha sido cometido, pero hay que tener cuidado al señalar por quién. Podríamos vincular la imagen de esta acción con la de alguien que lanza una escupa al aire, y que le cae justo en la propia frente.
Llama la atención uno de los últimos acontecimientos. En un conocido noticiario apareció una nota donde se quiere vincular al señor Álvaro Sagot con la sucia maroma de la filtración del borrador de sentencia. El señor Sagot es uno de los abogados de la parte demandante contra el Proyecto Minero Crucitas, y ha entregado de manera voluntaria, sin reconocimiento económico alguno, su empeño y su dedicación al caso.
La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 es lo que actualmente debería respetarse. Cada día se vuelve más evidente lo deshonesto detrás del caso Crucitas. No es fortuita la aplicación de la campaña del miedo que esta empresa ha empleado, conforme a la cual diputados, abogados y un profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica de la más alta calidad, han sido demandados por sumas exorbitantes con la finalidad de silenciarlos. Lo que no han considerado los ejecutores de estas demandas es que las personas que han puesto su tiempo y su trabajo en el caso Crucitas, lo hacen sin más interés que el amor a la verdad y a la vida. No son cobardes y mucho menos criminales, y tienen el respaldo de más del 85% de la población.
La recomendación del Tribunal Contencioso Administrativo es clara: abrir una causa judicial a los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas, y de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) vinculados con la declaratoria de interés público de la mina Crucitas, así como al ex presidente Oscar Arias Sánchez por esta misma declaratoria. El actuar de Oscar Arias, muy lejano a cualquier signo de Paz con la Naturaleza, lo hace más bien acreedor del reconocimiento popular como promotor de una Guerra contra la Naturaleza.
El Tribunal Contencioso Administrativo, además, ordenó a Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona. ¿Con qué autoridad interpone la empresa demandas intimidatorias e infundadas a costarricenses, quienes lo único que están haciendo es defender su patrimonio natural, el recurso hídrico, el marco legal que podría mantener una imagen de Costa Rica como país verde, y el respeto a sus Tribunales? No es exageración lo que dice uno de los compañeros abogados al decir: “Si ellos ganan, este país se acabó”.
Causa vergüenza además que la Procuraduría General de la República interpusiera, junto a la empresa, parte de la casación. ¿Qué hace la Procuraduría General de la República costarricense defendiendo a una empresa foránea y sus intereses económicos particulares por sobre los intereses comunes? No hay una lógica dentro de explicaciones éticas que pueda resolver esa incógnita.
La intromisión de influencias políticas y los intereses de la empresa dentro del orden jurisdiccional han llegado a tal grado que se hace intolerable seguir permitiendo la permanencia de Industrias Infinito en nuestro país. La lucha en oposición al Proyecto Minero Crucitas, además de tener un carácter de denuncia ambiental, refleja una legítima defensa de la Institucionalidad costarricense en general. Este 22 de Noviembre, los y las costarricenses marcharán durante la mañana hacia los Tribunales de Justicia, para acompañar a los abogados ‘por la vida’ a entregar las respuestas a casación, y se esperaría que en la primera semana de diciembre se tenga una sentencia firme.
Estamos ante dos escenarios: o se sostiene el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, o se sentirá en las calles la presencia de todos y todas aquellos quienes desde años atrás vienen diciendo: “Sí a la Vida, No a la Minería”. Muchos y muchas estamos dispuestas a mantenernos en las calles hasta que la corporación minera abandone el país.
http://revista-amauta.org/2011/11/esta-cruz-no-sera-infinita-basta-ya/