Entró a la recta final el conflicto legal entre la compañía minera Pacific Rim y el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con sede en Washington DC.
Los equipos legales de la defensa de El Salvador, a cargo del bufete Foley Hoag, y de la parte demandante, representada por Crowell & Morring, están listos para iniciar la mañana del lunes 15 de septiembre los alegatos ante los tres árbitros que forman el tribunal.
La audiencia durará seis días continuos para concluir la tarde del sábado 20 de septiembre, según el calendario previsto por el CIADI.
Pacific Rim reclama 301 millones de dólares como indemnización del Estado salvadoreño por no permitirle la explotación minera en el departamento de Cabañas.
La empresa minera alega que hubo razones políticas en El Salvador para no permitírsele la explotación de la mina de El Dorado, así como en otros yacimientos en los que proyectaba obtener permisos para extracción.
La defensa de El Salvador mantiene su postura de que la empresa canadiense no cumplió los requisitos legales establecidos en la Ley de Minería de El Salvador -aprobada en 1995 y con algunas reformas hechas en 2001- para tener derecho a extraer metales preciosos del país. Tampoco tuvo aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental presentado en 2007, el que correspondía darle visto bueno al Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales.
La compañía Pacific Rim, de origen canadiense, fue comprada a finales de 2013 por la transnacional Oceana Gold, de Australia, luego que entrara en quiebra y vendiera sus acciones y la marca a la gigante australiana por 12.5 millones de dólares.
El caso
Previo a solicitar la concesión para extraer metales preciosos, el Ministerio de Economía y la Dirección de Hidrocarburos de El Salvador le habían permitido una preautorización para explorar si era factible hacer inversiones con el tema minero en el país, según rezan los documentos de las partes para sus alegatos.
El abogado Luis Parada, uno de los expertos contratados por la Fiscalía General de El Salvador para defender al Estado en este caso, sostiene que el equipo tiene suficientes evidencias y argumentos para demostrar ante los tres jueces V. Vender, británico que funge como presidente; Brigitte Stern, de Francia, y Guido Santiago Tawil, de Argentina, que la empresa minera no cumplió los requisitos para tener derecho a la concesión y que «no había un derecho ganado» con el previo permiso de exploración.
«Hay una carga importante de evidencias que demuestran que Pacific Rim no cumplió los requisitos de ley para tener derecho a la concesión de El Dorado, y en esta audiencia se expondrán con amplitud y testigos todos estos aspectos», explica Parada.
Este arbitraje entró al tribunal en 2009 bajo el indicativo: «Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12».
Para esta última etapa Oceana Gold ha puesto a disposición todo su arsenal y recursos para lograr un fallo a su favor y amparando su reclamo bajo el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
El tribunal CIADI desestimó en 2012 que la querella se ventilara bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), al demostrar la defensa que la compañía minera había trasladado -después de iniciada la disputa en el país- una oficina a EE.UU. para ampararse a un beneficio del acuerdo comercial.
Pacific Rim busca que jueces reinterpreten derechos legales
En las rondas de escritos de los últimos meses en preparativos a la llegada de la audiencia del lunes 15, los abogados litigantes de Crowell & Morring, Timothy McCrum, George Ruttinger, Ian Laird, Kassi Tallent y Ashley Riveira instan a los tres jueces para revisar a profundidad los preceptos legales de la Ley de Inversiones y los alcances del proceso iniciado por la compañía minera para la concesión, el que empezó con el derecho a exploración.
En un denso documento de 241 páginas al que tuvo acceso El Diario de Hoy, los querellantes dicen que «La misma concesión de una licencia de exploración crea un nuevo derecho de presentación de su titular, que no se poseía anteriormente, y que consiste en el uso exclusivo del subsuelo para la exploración de sustancias minerales. Este derecho es real en la naturaleza, ya que supone una relación directa de sujeto-cosa, cuyo respeto es exigible a cualquier persona, y pertenece a la categoría de los derechos administrativos reales debido a la naturaleza pública especial de la propiedad a la que se aplica», indica en el documento.
Durante la tasación de sus acciones y el potencial de explotación de la mina de El Dorado en Cabañas, Pacific Rim indica en sus documentos para finalizar la transacción con Oceana Gold, que, según sus estudios de exploración en esa mina, hay unos 1.3 millones de onzas de oro de alto quilate.
También asegura que en El Dorado hay yacimientos de plata de hasta 9.4 millones de onzas, en seis depósitos encontrados en 2008, sobre una extensión de suelo y subsuelo de 14 mil 400 hectáreas.
A ese primer lote se sumarían otras 558 mil onzas de oro de baja calidad y más de 1.2 millones de onzas de plata de categoría inferior que están en esa mina, por la que la empresa argumenta que invirtió millones de dólares en capital para abrirla y hacer los descubrimientos.
El abogado Parada, defensor de El Salvador, dice que este es otro punto medular en la postura del Estado, ya que la misma Ley de Minería exige que para otorgar una concesión la empresa que sustraerá los metales debe poseer el derecho de propiedad sobre la superficie total de suelo que cubre la mina, y en el caso del Dorado, Pacific Rim solo ha podido comprar un pequeño terreno cerca de la boca de extracción.
En el poblado de San Isidro y otras jurisdicciones sobre las que correría la vena de naturaleza caliente e hidrotermal donde la empresa minera ha descubierto los ricos depósitos hay más de un millar de propietarios, muchos de ellos opuestos al proyecto minero y otros sin interés en vender sus terrenos para mudarse a otras zonas.
Cuando los roces iniciaron en El Salvador durante la administración presidencial de Elías Antonio Saca, organizaciones no gubernamentales de la zona de Cabañas, enfocadas con el tema del medio ambiente, fueron las primeras en reaccionar en contra del proyecto minero y de ahí se activó la presión para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que para entonces dirigía el exministro Hugo Barrera.
Según consta en las referencias del caso, el Estado ya había autorizado a Pacific Rim explorar los suelos donde podría haber yacimientos de oro y plata. Sin embargo, no le había otorgado el derecho de explotar y lucrarse de los minerales encontrados.
Con el descubrimiento hecho, luego de tres años de estancia en el país, la empresa minera empezó en 2004 los trámites para obtener los permisos de extracción de oro y plata, pero el proceso se detuvo en 2006 al no tener respuesta de sus estudios de factibilidad ambiental ni pasar el visto bueno de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, de ahí en adelante fue creciendo el choque con las autoridades del país hasta llegar a solicitar la intervención del CIADI a mediados de 2009.
Cuando la audiencia finalice, este 20 de septiembre, el tribunal arbitral podría tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir un fallo definitivo, se explicó.
En su sitio web oficial Oceana Gold explica que sus Inversiones en El Salvador están concentradas en la mina del proyecto El Dorado que pasó a ser parte ahora de su portafolio de negocios como los que tiene en Filipinas, Nueva Zelanda y Australia. Agrega que está trabajando en las comunidades y los numerosos grupos de interés en El Salvador para establecer una hoja de ruta con la que se pueda desbloquear los conflictos y abrir una oportunidad para las inversiones en esa región.